Opinión
Las podridas entrañas del cartel dominico-brasileño
Por Narciso Isa Conde
Consumado el viraje al centro-derecha del cogollo dirigencial del Partido de los Trabajadores-PT de Brasil, en el ejercicio de sus funciones gubernamentales, se fue conformando a nivel nacional e internacional una especie de cartel de la corrupción, que articuló enclaves estatales, facciones políticas y grupos empresariales con fuerte gravitación en las políticas públicas y los programas corporativos. En el centro de esa articulación ha operado la política como negocio, pasando el PT a gobernar con los métodos de las derechas tradicionales.
Ese viraje del PT incluyó un pacto de gobernabilidad con sectores del gran empresariado brasileño y de las derechas políticas, relaciones económicas privilegiadas con ODEBRECHT, el uso del emporio PETROBRAS y del financiamiento del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO-BNDES (estatal) a su favor y a favor de otros sectores privados, y el sobredimensionamiento del rol de JOAO CERGUIERA FILHO DE SANTANA y de su firma POLIS-PROPAGANDA, como asesor de imagen e instrumento inicial para abrir mercados políticos afines y también como producto de exportación destinado a favorecer candidaturas presidenciales en el exterior, en interés de futuras negociaciones.
La cúpula del PT de Brasil optó -sobre todo al iniciarse el segundo periodo (2000) del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana-PLD- por una relación política preferencial con la alta dirección de ese partido, que previamente se había neo-liberalizado y corrompido en alianza con el Partido Reformista Social-Cristiano liderado por Balaguer; relación que abrió paso a una fuerte, duradera y rentable CONEXIÓN del corrompido y corruptor cártel brasileño en REPÚBLICA DOMINICANA.
Esta CONEXIÓN se desplegó durante los ocho años siguientes de la presidencia de Leonel Fernández, enlazó con la candidatura presidencial de Danilo Medina en el 2011 y continuó reforzándose durante su actual gestión de gobierno.
• EL GURÚ, EL LOBBISTA, EL IMPERIALISMO EMERGENTE Y SU SOCIO MENOR.
JOAO SANTANA es el “gurù” brasileño del marketing empresarial y electoral, “hacedor de presidentes” y asesor de gobiernos y consorcios; asociado a ODEBRECHT y al presidente Lula. Este personero del marketing ha hecho la delicada función de avanzada brasileña de penetración en otros países en interés de ayudar a “fabricar” conexiones para obtener ventajas empresariales; no siempre alcanzables, por lo variadas de las calidades entre sus interlocutores.
BRASIL, en ese plano, actúa movido por el plan de expansión trasnacional como imperialismo emergente. Y ODEBRECHT, como unas de las principales constructoras a escala mundial, colocándose a la cabeza de ese esfuerzo, sin reparar en escrúpulos.
LULA, desde la presidencia hizo de intermediario y cuando salió de ella se dispuso a hacer de “lobista político”, sin reparar en la consecuencias.
LEONEL fue el primer socio político menor y el principal beneficiario económico en dominicana hasta el 2012, con logros significativos iniciales para ODEBRECHT y para otras empresas dominicanas y brasileñas, destacándose casos como el ACUEDUCTO DEL NORDESTE y los SUPERTUCANOS.
• DANILO POR LEONEL/VINO LULA EN GIRA Y JOAO SE QUEDÒ.
El descarte de LEONEL como referente presidencial dominicano entre el 2011 y 2012, a consecuencia de su descrédito y de su desgaste político, y ante el riesgo brasileño de perder la conexión estatal en República Dominicana; descarte en el que de seguro gravitó la valoración mercadológica de JOAO SANTANA y la POLIS a favor de DANILO, quien visitó BRASIL, ganó el favor de sus líderes y estableció los vínculos con su futuro asesor, con LULA, DILMA y los ejecutivos de ODEBRECH, desplazando a LEONEL como socio menor del CARTEL BRASILEÑO.
Desde ese momento se abrió el proceso hacia una fuerte implantación de JOAO SANTANA y POLIS/CARIBE (sucursal de POLIS-PROPAGANDA establecida discretamente en la calle Helios de Bella Vistas en Santo Domingo)
Un encendido agradecimiento de DANILO a él y a sus patrocinadores, hecho después de la “victoria”, al instante de recibir el certificado de la Junta Central Electoral-JCE como ganador, no dejas dudas sobre la profundidad y los condicionantes de esa asesoría:
…¨he tenido dudas si…si…doy este agradecimiento pero se que no tendré otro escenario para hacerlo es una persona que no está presente aquí, al señor Joao Santana presidente de la institución Polis quien fue nuestro asesor en esta campaña electoral y que nunca dudó de nuestra victoria (aplausos) y en esa institución quiero agradecer también al grupo de personas empresarios y profesionales que hicieron posible que esa institución viniera a la República Dominicana para dirigir esta campaña¨.
Asegurado el triunfo espurio de Danilo Medina, Lula visitó nuestro país y se entrevistó con el “presidente electo” en el 2012, acompañado de ALEJANDRINO ALENCAR, ejecutivo de ODEBRECHT; esto dentro de un recorrido que incluía a Cuba y EEUU, costeado por la Constructora a través de la empresa DAG BAHÌA.
ODEBRECH ha admitido que invitó y financió a LULA a viajar para ayudar en diversos eventos a la expansión de las empresas brasileñas y afirmó que éste ha sido clave para lograr en Cuba su participación en lo del Puerto Mariel, ascendente a 1000 millones de dólares.
• LAS PLANTAS A CARBÓN DE ODEBRECHT: LICITACIÒN AMAÑADA.
Tres meses después de la visita de LULA a República Dominicana, se anunció la LICITACIÒN de las PLANTAS A CARBON de PUNTA CATALINA y en septiembre de ese año se aprobó el financiamiento de 656 millones de dólares a cargo del BANCO estatal de Brasil (BNDES).
Poco después se le asignó el contrato a la empresa brasileña y la STANLEY CONSULTAN en noviembre de ese mismo año declaró que solo la ODEBRECHT clasificaba para:
• Construir dos unidades de 360 mw (720 mw en total).
• A un precio de 2,040 millones de dólares, 540 más que el tope de referencia y 1,140 más que la empresa china competidora: la OAK RIDGE, que ofertó hacerla en 900 millones. Cada kw instalado de la brasileña costaría 2,830, mientras la empresa china lo ofrecía a no más de 1,350 dólares.
En el 2007 otra empresa china, la SICHOUN, ofertó construir dos plantas a carbón en Manzanillo y Palenque para un total de 1250 mw en 1,250 millones de dólares, para vender el KW a 2,8 centavos. Y esa oferta la dejaron en el olvido.
En el 2013 el Senado aprobó al vapor otro préstamo de 632 millones para el financiamiento de las plantas de Punta Catalina, que se le suma al concertado con el BNDES. Esa gestión se hizo con cuatro bancos del exterior: DEUSTCHE, SANTANDER, ING GENERAL y UNICREDIT SPA.
Esto todavía no cubre todo el financiamiento, pero el proceso de construcción continúa en medio de esa incertidumbre.
Inmediatamente después, el 17 de noviembre, vino a entrevistarse con el Presidente Medina, el señor LUIZ DULCI, ex -ministro de la presidencia de Lula y actual director de su instituto, quien a nombre de Dilma se dedicó a darle aliento a los jugosos negocios comunes.
En abril del 2015 el CONGRESO NACIONAL autorizó el préstamo brasileño a favor de ODEBRECH-GRUPO ESTRELLA para las plantas de PUNTA CATALINA.
• JOAO Y LULA: ODEBRECHT EN AMERICA Y AFRICA.
JOAO SANTANA dirigió las campañas de LULA, DILMA, FUNES, DANILO, EDUARDO DOS SANTO (ANGOLA), DOMINGO ARIAS, la ultima de CHAVEZ y la de MADURO. Asesoró los gobiernos de LULA y FUNES y actualmente asesora a DANILO MEDINA, a DOMINGO ARIAS y a los gobiernos de GHANA y ANGOLA.
LULA, en combinación con ODEBRECHT, le puso especial atención a BRASIL, DOMINICANA, CUBA y VENEZUELA, GHANA y ANGOLA, con perfiles distintos.
En BRASIL el tráfico de influencia y la práctica de soborno estalló en el caso de PETROBRAS y el BNDES, forzando al procesamiento de los dueños de ODEBRECHT y ANDRADE; mientras trece senadores del PT, 22 diputados, dos gobernadores, el ahora ex tesorero del PT y ex funcionarios del Poder Ejecutivo son investigados por su presunta participación en una red que habría movido unos 4.000 millones de dólares en la última década.
LULA y JOAO están amenazados de ser investigados si se refuerzan las evidencias de su participación en ese concierto para delinquir.
Al JOAO se le está por investigar una vez se precisen las irregularidades en una operación triangular de envío desde ANGOLA de unos 16 millones de dólares con destino a BRASIL y pasando por Dominicana.
Un punto sensible para LULA es lo relativo a su rol en el otorgamiento de préstamos blandos a ODEBRECHT y otras empresas en el periodo 2011-2014. Solo al exterior se destinaron 8,000 millones de dólares, mil de ellos asignados recientemente a proyectos de ODEBRECHT.
En DOMINICANA explotó el escándalo tocando la figura del PRESIDENTE, mientras algo similar acontece en GHANA.
En PANAMA, una vez proyectado el escándalo general e inmediatamente después de serios problemas en las obras del CANAL, el gobierno de Arias se ha visto forzado a prometer investigar si ha habido sobrevaluaciones y trampas en las contrataciones de ODEBRECHT, que ascienden a los 4,285 millones, entre ellos 1,452 en las obras del METRO.
Las autoridades colombianas se pronunciaron en igual sentido, anunciando fuertes sanciones en caso de comprobarse sobrevaluaciones.
En Cuba y Venezuela no hay denuncias de irregularidades, pero sería conveniente que las autoridades revisen todo lo relativo a ODEBRECHT.
OBRAS ASIGNADAS A ODEBRECHT EN DOMINICANA (2002-2015).
•3 EN EJECUSIÓN:
• Central Termoeléctrica Punta Catalina.
• Carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa: Tramo Ocoa – Piedra Blanca.-Tramo 2: San José de Ocoa – Rancho Arriba – Piedra Blanca.
• Carretera Miches – Sabana de la Mar.
• 12 FINALIZADAS:
• Carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa: Tramo Ocoa – Piedra Blanca.
• Eco-vías de Santiago.
• Corredor Vial del Este.
• Corredor Duarte I
• Corredor Duarte II: Av. Ecológica con Av. Charles de Gaulle.
•Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal.
•Carretera El Río – Jarabacoa.
•Hidroeléctrica de Palomino.
• Carretera Casabito.
• Acueducto Samaná.
• Hidroeléctrica de Pinalito.-
•Acueducto de la Línea Noroeste.
Si nos guiamos por la sobrevaluación de las plantas a carbón, a esos más de mil millones de sobrevaluación, que implica robo y endeudamiento externo a la vez habría que sumarle estafas con porcentajes del 30 al 50% en las obras ejecutadas y por ejecutar. Los funcionarios, que hacen las veces de nuevas alcancías y más poder concentran en la conexión dominicana con el cartel brasileño, ahora al servicio del presidente Medina y su proyecto de reelección, son el ministro de obras públicas y comunicaciones, Gonzalo Castillo y el vice-presidente de la corporación estatal de electricidad, Jiménez Bichara (Santo Domingo, RD. 9-07-2015 Tiro al Blanco No. 32, Julio 2015).
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.