Opinión
Las podridas entrañas del cartel dominico-brasileño
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9 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Consumado el viraje al centro-derecha del cogollo dirigencial del Partido de los Trabajadores-PT de Brasil, en el ejercicio de sus funciones gubernamentales, se fue conformando a nivel nacional e internacional una especie de cartel de la corrupción, que articuló enclaves estatales, facciones políticas y grupos empresariales con fuerte gravitación en las políticas públicas y los programas corporativos. En el centro de esa articulación ha operado la política como negocio, pasando el PT a gobernar con los métodos de las derechas tradicionales.
Ese viraje del PT incluyó un pacto de gobernabilidad con sectores del gran empresariado brasileño y de las derechas políticas, relaciones económicas privilegiadas con ODEBRECHT, el uso del emporio PETROBRAS y del financiamiento del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO-BNDES (estatal) a su favor y a favor de otros sectores privados, y el sobredimensionamiento del rol de JOAO CERGUIERA FILHO DE SANTANA y de su firma POLIS-PROPAGANDA, como asesor de imagen e instrumento inicial para abrir mercados políticos afines y también como producto de exportación destinado a favorecer candidaturas presidenciales en el exterior, en interés de futuras negociaciones.
La cúpula del PT de Brasil optó -sobre todo al iniciarse el segundo periodo (2000) del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana-PLD- por una relación política preferencial con la alta dirección de ese partido, que previamente se había neo-liberalizado y corrompido en alianza con el Partido Reformista Social-Cristiano liderado por Balaguer; relación que abrió paso a una fuerte, duradera y rentable CONEXIÓN del corrompido y corruptor cártel brasileño en REPÚBLICA DOMINICANA.
Esta CONEXIÓN se desplegó durante los ocho años siguientes de la presidencia de Leonel Fernández, enlazó con la candidatura presidencial de Danilo Medina en el 2011 y continuó reforzándose durante su actual gestión de gobierno.
• EL GURÚ, EL LOBBISTA, EL IMPERIALISMO EMERGENTE Y SU SOCIO MENOR.
JOAO SANTANA es el “gurù” brasileño del marketing empresarial y electoral, “hacedor de presidentes” y asesor de gobiernos y consorcios; asociado a ODEBRECHT y al presidente Lula. Este personero del marketing ha hecho la delicada función de avanzada brasileña de penetración en otros países en interés de ayudar a “fabricar” conexiones para obtener ventajas empresariales; no siempre alcanzables, por lo variadas de las calidades entre sus interlocutores.
BRASIL, en ese plano, actúa movido por el plan de expansión trasnacional como imperialismo emergente. Y ODEBRECHT, como unas de las principales constructoras a escala mundial, colocándose a la cabeza de ese esfuerzo, sin reparar en escrúpulos.
LULA, desde la presidencia hizo de intermediario y cuando salió de ella se dispuso a hacer de “lobista político”, sin reparar en la consecuencias.
LEONEL fue el primer socio político menor y el principal beneficiario económico en dominicana hasta el 2012, con logros significativos iniciales para ODEBRECHT y para otras empresas dominicanas y brasileñas, destacándose casos como el ACUEDUCTO DEL NORDESTE y los SUPERTUCANOS.
• DANILO POR LEONEL/VINO LULA EN GIRA Y JOAO SE QUEDÒ.
El descarte de LEONEL como referente presidencial dominicano entre el 2011 y 2012, a consecuencia de su descrédito y de su desgaste político, y ante el riesgo brasileño de perder la conexión estatal en República Dominicana; descarte en el que de seguro gravitó la valoración mercadológica de JOAO SANTANA y la POLIS a favor de DANILO, quien visitó BRASIL, ganó el favor de sus líderes y estableció los vínculos con su futuro asesor, con LULA, DILMA y los ejecutivos de ODEBRECH, desplazando a LEONEL como socio menor del CARTEL BRASILEÑO.
Desde ese momento se abrió el proceso hacia una fuerte implantación de JOAO SANTANA y POLIS/CARIBE (sucursal de POLIS-PROPAGANDA establecida discretamente en la calle Helios de Bella Vistas en Santo Domingo)
Un encendido agradecimiento de DANILO a él y a sus patrocinadores, hecho después de la “victoria”, al instante de recibir el certificado de la Junta Central Electoral-JCE como ganador, no dejas dudas sobre la profundidad y los condicionantes de esa asesoría:
…¨he tenido dudas si…si…doy este agradecimiento pero se que no tendré otro escenario para hacerlo es una persona que no está presente aquí, al señor Joao Santana presidente de la institución Polis quien fue nuestro asesor en esta campaña electoral y que nunca dudó de nuestra victoria (aplausos) y en esa institución quiero agradecer también al grupo de personas empresarios y profesionales que hicieron posible que esa institución viniera a la República Dominicana para dirigir esta campaña¨.
Asegurado el triunfo espurio de Danilo Medina, Lula visitó nuestro país y se entrevistó con el “presidente electo” en el 2012, acompañado de ALEJANDRINO ALENCAR, ejecutivo de ODEBRECHT; esto dentro de un recorrido que incluía a Cuba y EEUU, costeado por la Constructora a través de la empresa DAG BAHÌA.
ODEBRECH ha admitido que invitó y financió a LULA a viajar para ayudar en diversos eventos a la expansión de las empresas brasileñas y afirmó que éste ha sido clave para lograr en Cuba su participación en lo del Puerto Mariel, ascendente a 1000 millones de dólares.
• LAS PLANTAS A CARBÓN DE ODEBRECHT: LICITACIÒN AMAÑADA.
Tres meses después de la visita de LULA a República Dominicana, se anunció la LICITACIÒN de las PLANTAS A CARBON de PUNTA CATALINA y en septiembre de ese año se aprobó el financiamiento de 656 millones de dólares a cargo del BANCO estatal de Brasil (BNDES).
Poco después se le asignó el contrato a la empresa brasileña y la STANLEY CONSULTAN en noviembre de ese mismo año declaró que solo la ODEBRECHT clasificaba para:
• Construir dos unidades de 360 mw (720 mw en total).
• A un precio de 2,040 millones de dólares, 540 más que el tope de referencia y 1,140 más que la empresa china competidora: la OAK RIDGE, que ofertó hacerla en 900 millones. Cada kw instalado de la brasileña costaría 2,830, mientras la empresa china lo ofrecía a no más de 1,350 dólares.
En el 2007 otra empresa china, la SICHOUN, ofertó construir dos plantas a carbón en Manzanillo y Palenque para un total de 1250 mw en 1,250 millones de dólares, para vender el KW a 2,8 centavos. Y esa oferta la dejaron en el olvido.
En el 2013 el Senado aprobó al vapor otro préstamo de 632 millones para el financiamiento de las plantas de Punta Catalina, que se le suma al concertado con el BNDES. Esa gestión se hizo con cuatro bancos del exterior: DEUSTCHE, SANTANDER, ING GENERAL y UNICREDIT SPA.
Esto todavía no cubre todo el financiamiento, pero el proceso de construcción continúa en medio de esa incertidumbre.
Inmediatamente después, el 17 de noviembre, vino a entrevistarse con el Presidente Medina, el señor LUIZ DULCI, ex -ministro de la presidencia de Lula y actual director de su instituto, quien a nombre de Dilma se dedicó a darle aliento a los jugosos negocios comunes.
En abril del 2015 el CONGRESO NACIONAL autorizó el préstamo brasileño a favor de ODEBRECH-GRUPO ESTRELLA para las plantas de PUNTA CATALINA.
• JOAO Y LULA: ODEBRECHT EN AMERICA Y AFRICA.
JOAO SANTANA dirigió las campañas de LULA, DILMA, FUNES, DANILO, EDUARDO DOS SANTO (ANGOLA), DOMINGO ARIAS, la ultima de CHAVEZ y la de MADURO. Asesoró los gobiernos de LULA y FUNES y actualmente asesora a DANILO MEDINA, a DOMINGO ARIAS y a los gobiernos de GHANA y ANGOLA.
LULA, en combinación con ODEBRECHT, le puso especial atención a BRASIL, DOMINICANA, CUBA y VENEZUELA, GHANA y ANGOLA, con perfiles distintos.
En BRASIL el tráfico de influencia y la práctica de soborno estalló en el caso de PETROBRAS y el BNDES, forzando al procesamiento de los dueños de ODEBRECHT y ANDRADE; mientras trece senadores del PT, 22 diputados, dos gobernadores, el ahora ex tesorero del PT y ex funcionarios del Poder Ejecutivo son investigados por su presunta participación en una red que habría movido unos 4.000 millones de dólares en la última década.
LULA y JOAO están amenazados de ser investigados si se refuerzan las evidencias de su participación en ese concierto para delinquir.
Al JOAO se le está por investigar una vez se precisen las irregularidades en una operación triangular de envío desde ANGOLA de unos 16 millones de dólares con destino a BRASIL y pasando por Dominicana.
Un punto sensible para LULA es lo relativo a su rol en el otorgamiento de préstamos blandos a ODEBRECHT y otras empresas en el periodo 2011-2014. Solo al exterior se destinaron 8,000 millones de dólares, mil de ellos asignados recientemente a proyectos de ODEBRECHT.
En DOMINICANA explotó el escándalo tocando la figura del PRESIDENTE, mientras algo similar acontece en GHANA.
En PANAMA, una vez proyectado el escándalo general e inmediatamente después de serios problemas en las obras del CANAL, el gobierno de Arias se ha visto forzado a prometer investigar si ha habido sobrevaluaciones y trampas en las contrataciones de ODEBRECHT, que ascienden a los 4,285 millones, entre ellos 1,452 en las obras del METRO.
Las autoridades colombianas se pronunciaron en igual sentido, anunciando fuertes sanciones en caso de comprobarse sobrevaluaciones.
En Cuba y Venezuela no hay denuncias de irregularidades, pero sería conveniente que las autoridades revisen todo lo relativo a ODEBRECHT.
OBRAS ASIGNADAS A ODEBRECHT EN DOMINICANA (2002-2015).
•3 EN EJECUSIÓN:
• Central Termoeléctrica Punta Catalina.
• Carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa: Tramo Ocoa – Piedra Blanca.-Tramo 2: San José de Ocoa – Rancho Arriba – Piedra Blanca.
• Carretera Miches – Sabana de la Mar.
• 12 FINALIZADAS:
• Carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa: Tramo Ocoa – Piedra Blanca.
• Eco-vías de Santiago.
• Corredor Vial del Este.
• Corredor Duarte I
• Corredor Duarte II: Av. Ecológica con Av. Charles de Gaulle.
•Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal.
•Carretera El Río – Jarabacoa.
•Hidroeléctrica de Palomino.
• Carretera Casabito.
• Acueducto Samaná.
• Hidroeléctrica de Pinalito.-
•Acueducto de la Línea Noroeste.
Si nos guiamos por la sobrevaluación de las plantas a carbón, a esos más de mil millones de sobrevaluación, que implica robo y endeudamiento externo a la vez habría que sumarle estafas con porcentajes del 30 al 50% en las obras ejecutadas y por ejecutar. Los funcionarios, que hacen las veces de nuevas alcancías y más poder concentran en la conexión dominicana con el cartel brasileño, ahora al servicio del presidente Medina y su proyecto de reelección, son el ministro de obras públicas y comunicaciones, Gonzalo Castillo y el vice-presidente de la corporación estatal de electricidad, Jiménez Bichara (Santo Domingo, RD. 9-07-2015 Tiro al Blanco No. 32, Julio 2015).
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
