Nacionales
Investigación a los evasores fiscales genera amplio apoyo en la sociedad
SANTO DOMINGO. La investigación y sometimiento a la justicia que lleva a cabo la Fiscalía del Distrito Nacional contra evasores fiscales concitó ayer el respaldo del sector industrial, empresarial y comercial del país, quienes entienden que es un paso significativo para frenar lo ilícito en la República Dominicana.
En torno al tema, Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), consideró que todo el que haga lo mal hecho debe ser castigado, sin importar quien sea. “Entendemos que lo ilícito en la evasión no solamente constituye una defraudación contra el Estado, sino que también implica una competencia desleal frente aquel que paga sus impuestos y cumple con sus obligaciones, tanto tributarias como legales”, aseguró.
Saludó que sean sometidos a la justicia cualquier persona o empresa que se compruebe estén violando el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, siempre y cuando se respete el debido proceso.
Abogó por mecanismos tecnológicos eficientes para garantizar que el pago de impuestos se haga de manera efectiva, amén de que se comprueben las exportaciones.
Mientras César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), aunque dijo no tener detalles del caso, también externó su respaldo al proceso abierto por la Fiscalía del Distrito Nacional.
“Abogamos porque se cumpla la ley y todos los mecanismos que se puedan implementar para que esto no suceda, pueden contar con nuestro respaldo”, apuntó.
Sostuvo que “no importa que sea un empresario o funcionario del gobierno, lo que se está procurando es que se acoja y someta al marco y se le siga el debido proceso y en eso cuentan con nuestro respaldo”.
También Ricardo Rosario, vicepresidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana (Fenacerd), respaldó la acción judicial en contra de la defraudación al fisco.
“Esa no es una práctica común, existen algunos contadores públicos o asesores sin responsabilidad que, buscando subterfugios para pagar menos impuestos, meten a los empresarios en problemas”, precisó.
En ese sentido, hicieron un llamado a los empresarios para que no se dejen convencer de incurrir en prácticas engañosas.
Luego de la Fiscalía del Distrito Nacional solicitar apertura a juicio contra el asesor fiscal José Reynaldo Santana Tapia, y las entidades comerciales José Santana Consulting, SRL, Bienes Raíces Ramsés, S.A. y Ramsés Inmobiliaria, S.A., estos fueron enviados a juicio de fondo. A los imputados se les atribuye uso de documentos falsos y lavado de activos en perjuicio de la DGII.
Germania Montás
Especialista en Impuestos Internos
¿Cuáles métodos se utilizan para la evasión?
Los fraudes relacionados con comprobantes fiscales, siempre persiguen que un contribuyente emita comprobantes a otro contribuyente como si le hubiera vendido algo, para que este último sustente un exceso de deducciones y reduzca su impuesto a pagar. De lo que se trata entonces es de crear mecanismos eficientes para el control de la emisión y uso de comprobantes fiscales.
El caso actual en que la DGII acusa unos empresarios y asesores de defraudación, parece ser un caso típico de fraude fiscal o evasión, abusando de comprobantes fiscales o documentos válidos para sustentar operaciones, con la finalidad de reducir los impuestos a pagar.
Según he leído en la prensa, en este caso, las empresas emiten los comprobantes fiscales para sustentar transacciones inexistentes y se ha detectado a partir de validaciones realizadas cruzando información con Aduanas.
¿Por qué es tan difícil detectar las evasiones?
Hay un tipo de evasión, cuya detección puede hacerse usando herramientas tecnológicas y cruce de datos que maneja la propia DGII. De manera que depende de la capacidad de la administración para usar eficientemente la tecnología con la legislación existente. Pero en otros casos no es así, ya sea porque dependen de obtener informaciones de operaciones que son externas a esta institución, o porque se detectan al realizar auditorías fiscales que pueden ser complejas y requieren de más recursos humanos y con mayor preparación técnica para mejorar la planificación de la fiscalización.
¿Hacen falta mayores controles?
Implementar controles es una tarea continua, siempre serán necesarios más. Mejora la tecnología, cambian los métodos de evasión y la forma de hacer negocios. De manera que hay que mantenerse creando y transformando controles para que se mantengan actualizados y puedan cumplir su cometido. La tarea de combatir la evasión debe ser continua y consistente.
diariolibre.com
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.