Nacionales
Investigación a los evasores fiscales genera amplio apoyo en la sociedad
SANTO DOMINGO. La investigación y sometimiento a la justicia que lleva a cabo la Fiscalía del Distrito Nacional contra evasores fiscales concitó ayer el respaldo del sector industrial, empresarial y comercial del país, quienes entienden que es un paso significativo para frenar lo ilícito en la República Dominicana.
En torno al tema, Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), consideró que todo el que haga lo mal hecho debe ser castigado, sin importar quien sea. “Entendemos que lo ilícito en la evasión no solamente constituye una defraudación contra el Estado, sino que también implica una competencia desleal frente aquel que paga sus impuestos y cumple con sus obligaciones, tanto tributarias como legales”, aseguró.
Saludó que sean sometidos a la justicia cualquier persona o empresa que se compruebe estén violando el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, siempre y cuando se respete el debido proceso.
Abogó por mecanismos tecnológicos eficientes para garantizar que el pago de impuestos se haga de manera efectiva, amén de que se comprueben las exportaciones.
Mientras César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), aunque dijo no tener detalles del caso, también externó su respaldo al proceso abierto por la Fiscalía del Distrito Nacional.
“Abogamos porque se cumpla la ley y todos los mecanismos que se puedan implementar para que esto no suceda, pueden contar con nuestro respaldo”, apuntó.
Sostuvo que “no importa que sea un empresario o funcionario del gobierno, lo que se está procurando es que se acoja y someta al marco y se le siga el debido proceso y en eso cuentan con nuestro respaldo”.
También Ricardo Rosario, vicepresidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana (Fenacerd), respaldó la acción judicial en contra de la defraudación al fisco.
“Esa no es una práctica común, existen algunos contadores públicos o asesores sin responsabilidad que, buscando subterfugios para pagar menos impuestos, meten a los empresarios en problemas”, precisó.
En ese sentido, hicieron un llamado a los empresarios para que no se dejen convencer de incurrir en prácticas engañosas.
Luego de la Fiscalía del Distrito Nacional solicitar apertura a juicio contra el asesor fiscal José Reynaldo Santana Tapia, y las entidades comerciales José Santana Consulting, SRL, Bienes Raíces Ramsés, S.A. y Ramsés Inmobiliaria, S.A., estos fueron enviados a juicio de fondo. A los imputados se les atribuye uso de documentos falsos y lavado de activos en perjuicio de la DGII.
Germania Montás
Especialista en Impuestos Internos
¿Cuáles métodos se utilizan para la evasión?
Los fraudes relacionados con comprobantes fiscales, siempre persiguen que un contribuyente emita comprobantes a otro contribuyente como si le hubiera vendido algo, para que este último sustente un exceso de deducciones y reduzca su impuesto a pagar. De lo que se trata entonces es de crear mecanismos eficientes para el control de la emisión y uso de comprobantes fiscales.
El caso actual en que la DGII acusa unos empresarios y asesores de defraudación, parece ser un caso típico de fraude fiscal o evasión, abusando de comprobantes fiscales o documentos válidos para sustentar operaciones, con la finalidad de reducir los impuestos a pagar.
Según he leído en la prensa, en este caso, las empresas emiten los comprobantes fiscales para sustentar transacciones inexistentes y se ha detectado a partir de validaciones realizadas cruzando información con Aduanas.
¿Por qué es tan difícil detectar las evasiones?
Hay un tipo de evasión, cuya detección puede hacerse usando herramientas tecnológicas y cruce de datos que maneja la propia DGII. De manera que depende de la capacidad de la administración para usar eficientemente la tecnología con la legislación existente. Pero en otros casos no es así, ya sea porque dependen de obtener informaciones de operaciones que son externas a esta institución, o porque se detectan al realizar auditorías fiscales que pueden ser complejas y requieren de más recursos humanos y con mayor preparación técnica para mejorar la planificación de la fiscalización.
¿Hacen falta mayores controles?
Implementar controles es una tarea continua, siempre serán necesarios más. Mejora la tecnología, cambian los métodos de evasión y la forma de hacer negocios. De manera que hay que mantenerse creando y transformando controles para que se mantengan actualizados y puedan cumplir su cometido. La tarea de combatir la evasión debe ser continua y consistente.
diariolibre.com
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nacionales
Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.