Nacionales
Investigación a los evasores fiscales genera amplio apoyo en la sociedad
SANTO DOMINGO. La investigación y sometimiento a la justicia que lleva a cabo la Fiscalía del Distrito Nacional contra evasores fiscales concitó ayer el respaldo del sector industrial, empresarial y comercial del país, quienes entienden que es un paso significativo para frenar lo ilícito en la República Dominicana.
En torno al tema, Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), consideró que todo el que haga lo mal hecho debe ser castigado, sin importar quien sea. “Entendemos que lo ilícito en la evasión no solamente constituye una defraudación contra el Estado, sino que también implica una competencia desleal frente aquel que paga sus impuestos y cumple con sus obligaciones, tanto tributarias como legales”, aseguró.
Saludó que sean sometidos a la justicia cualquier persona o empresa que se compruebe estén violando el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, siempre y cuando se respete el debido proceso.
Abogó por mecanismos tecnológicos eficientes para garantizar que el pago de impuestos se haga de manera efectiva, amén de que se comprueben las exportaciones.
Mientras César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), aunque dijo no tener detalles del caso, también externó su respaldo al proceso abierto por la Fiscalía del Distrito Nacional.
“Abogamos porque se cumpla la ley y todos los mecanismos que se puedan implementar para que esto no suceda, pueden contar con nuestro respaldo”, apuntó.
Sostuvo que “no importa que sea un empresario o funcionario del gobierno, lo que se está procurando es que se acoja y someta al marco y se le siga el debido proceso y en eso cuentan con nuestro respaldo”.
También Ricardo Rosario, vicepresidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana (Fenacerd), respaldó la acción judicial en contra de la defraudación al fisco.
“Esa no es una práctica común, existen algunos contadores públicos o asesores sin responsabilidad que, buscando subterfugios para pagar menos impuestos, meten a los empresarios en problemas”, precisó.
En ese sentido, hicieron un llamado a los empresarios para que no se dejen convencer de incurrir en prácticas engañosas.
Luego de la Fiscalía del Distrito Nacional solicitar apertura a juicio contra el asesor fiscal José Reynaldo Santana Tapia, y las entidades comerciales José Santana Consulting, SRL, Bienes Raíces Ramsés, S.A. y Ramsés Inmobiliaria, S.A., estos fueron enviados a juicio de fondo. A los imputados se les atribuye uso de documentos falsos y lavado de activos en perjuicio de la DGII.
Germania Montás
Especialista en Impuestos Internos
¿Cuáles métodos se utilizan para la evasión?
Los fraudes relacionados con comprobantes fiscales, siempre persiguen que un contribuyente emita comprobantes a otro contribuyente como si le hubiera vendido algo, para que este último sustente un exceso de deducciones y reduzca su impuesto a pagar. De lo que se trata entonces es de crear mecanismos eficientes para el control de la emisión y uso de comprobantes fiscales.
El caso actual en que la DGII acusa unos empresarios y asesores de defraudación, parece ser un caso típico de fraude fiscal o evasión, abusando de comprobantes fiscales o documentos válidos para sustentar operaciones, con la finalidad de reducir los impuestos a pagar.
Según he leído en la prensa, en este caso, las empresas emiten los comprobantes fiscales para sustentar transacciones inexistentes y se ha detectado a partir de validaciones realizadas cruzando información con Aduanas.
¿Por qué es tan difícil detectar las evasiones?
Hay un tipo de evasión, cuya detección puede hacerse usando herramientas tecnológicas y cruce de datos que maneja la propia DGII. De manera que depende de la capacidad de la administración para usar eficientemente la tecnología con la legislación existente. Pero en otros casos no es así, ya sea porque dependen de obtener informaciones de operaciones que son externas a esta institución, o porque se detectan al realizar auditorías fiscales que pueden ser complejas y requieren de más recursos humanos y con mayor preparación técnica para mejorar la planificación de la fiscalización.
¿Hacen falta mayores controles?
Implementar controles es una tarea continua, siempre serán necesarios más. Mejora la tecnología, cambian los métodos de evasión y la forma de hacer negocios. De manera que hay que mantenerse creando y transformando controles para que se mantengan actualizados y puedan cumplir su cometido. La tarea de combatir la evasión debe ser continua y consistente.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.