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Autoridades investigan bienes del coronel dominicano apresado por narcotráfico en Puerto Rico
SANTO DOMINGO. Tras el apresamiento del coronel del Ejército de la República Dominicana, Rafael Collado Ureña, en Puerto Rico en momentos en que se disponía a realizar una transacción de drogas, los organismos de seguridad del Estado iniciaron una investigación, que incluye determinar si el oficial tiene propiedades en el país.
Asimismo, una fuente vinculada a la investigación reveló que se busca establecer con qué cártel “trabajaba” y la cantidad exacta de droga que llevó a Puerto Rico utilizando su rango de coronel.
El oficial dominicano y los demás integrantes del grupo fueron arrestados en medio de una transacción de 12.9 kilogramos de cocaína.
Ayer, el ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, ordenó la suspensión del coronel Collado Ureña, e informó que se coordina con agentes de la DEA su traslado a la República Dominicana.
Paulino Sem explicó que hay una investigación abierta y que se está profundizando para determinar los alcances de la participación de Collado Ureña. El oficial estuvo un buen tiempo en el Ministerio de Deportes, pero al momento de su detención estaba sin funciones, pero activo.
El coronel Collado Ureña estuvo muy ligado al coronel Amado González González, brazo militar del capo boricua David Figueroa Agosto. “e incluso su amistad era tan profunda que fue de los que cargó el féretro con los restos de González González en el cementerio en el año 2009”.
Una vez ocurrido este episodio, se recomendó su cancelación de las filas castrenses, pero fue rechazada por el Poder Ejecutivo.
Collado Ureña ingresó a la Academia Militar “Batalla de las Carreras” en 1990. Tiene 27 años en el Ejército. Era amigo personal del coronel Amado González González y compañero de promoción, razón por la que investigan “si existen vínculos con una gran red de narcotráfico que podría tener sus orígenes en México, porque ya Colombia desmanteló esas estructuras”.
Después del apresamiento de Collado Ureña, el ministro de Defensa advirtió que será drástico con los militares que cometan actos delictivos.
Este no es el único caso
El 4 de agosto del 2008 se produjo el “tumbe” de narcotráfico más grande del país. Ese día, en la comunidad de Paya, en Baní, siete colombianos fueron asesinados a balazos por una banda integrada por altos oficiales de la entonces Marina de Guerra. En esta operación, los marinos se llevaron 1,300 kilogramos de cocaína pura y una suma de dólares que nunca fue localizada, al igual que la droga.
En esa ocasión fueron acusados del crimen los capitanes de fragata Ricardo Guzmán Pérez y Miguel Peña Figuereo, el capitán de corbeta Roberto Augusto Peña Valdez y los tenientes de navío Jesús Sánchez Piña, Jorge Luis Chalas Jorge y Edward Mayobanex Rodríguez Montero, además del ex alférez de navío Andrés Tapia Balbuena y el sargento Antonio Manuel Roche Pineda. En el 2010, el mayor Miguel Rodríguez, jefe de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís, fue apresado cuando transportaba 400 kilogramos de cocaína.
De igual manera, en el 2009, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó en el municipio Los Llanos, en San Pedro de Macorís, al coronel de la Fuerza Aérea José Luis Peña Segura. A la hora de apresamiento, el oficial estaba en el lugar donde una avioneta dejó caer 1,245 kilogramos de cocaína.
Segura declaró que se encontraba en el lugar porque se detuvo a “orinar”.
Uno de los casos más recientes es el del coronel de la Policía Nacional, Carlos Fernández Valerio, acusado de traficar con 950 kilogramos de cocaína cuando justamente era Director Central Antinarcóticos de la PN.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Nacionales
MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.