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Autoridades investigan bienes del coronel dominicano apresado por narcotráfico en Puerto Rico

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SANTO DOMINGO. Tras el apresamiento del coronel del Ejército de la República Dominicana, Rafael Collado Ureña, en Puerto Rico en momentos en que se disponía a realizar una transacción de drogas, los organismos de seguridad del Estado iniciaron una investigación, que incluye determinar si el oficial tiene propiedades en el país.

Asimismo, una fuente vinculada a la investigación reveló que se busca establecer con qué cártel “trabajaba” y la cantidad exacta de droga que llevó a Puerto Rico utilizando su rango de coronel.

El oficial dominicano y los demás integrantes del grupo fueron arrestados en medio de una transacción de 12.9 kilogramos de cocaína.

Ayer, el ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, ordenó la suspensión del coronel Collado Ureña, e informó que se coordina con agentes de la DEA su traslado a la República Dominicana.

Paulino Sem explicó que hay una investigación abierta y que se está profundizando para determinar los alcances de la participación de Collado Ureña. El oficial estuvo un buen tiempo en el Ministerio de Deportes, pero al momento de su detención estaba sin funciones, pero activo.

El coronel Collado Ureña estuvo muy ligado al coronel Amado González González, brazo militar del capo boricua David Figueroa Agosto. “e incluso su amistad era tan profunda que fue de los que cargó el féretro con los restos de González González en el cementerio en el año 2009”.

Una vez ocurrido este episodio, se recomendó su cancelación de las filas castrenses, pero fue rechazada por el Poder Ejecutivo.

Collado Ureña ingresó a la Academia Militar “Batalla de las Carreras” en 1990. Tiene 27 años en el Ejército. Era amigo personal del coronel Amado González González y compañero de promoción, razón por la que investigan “si existen vínculos con una gran red de narcotráfico que podría tener sus orígenes en México, porque ya Colombia desmanteló esas estructuras”.

Después del apresamiento de Collado Ureña, el ministro de Defensa advirtió que será drástico con los militares que cometan actos delictivos.

Este no es el único caso

El 4 de agosto del 2008 se produjo el “tumbe” de narcotráfico más grande del país. Ese día, en la comunidad de Paya, en Baní, siete colombianos fueron asesinados a balazos por una banda integrada por altos oficiales de la entonces Marina de Guerra. En esta operación, los marinos se llevaron 1,300 kilogramos de cocaína pura y una suma de dólares que nunca fue localizada, al igual que la droga.

En esa ocasión fueron acusados del crimen los capitanes de fragata Ricardo Guzmán Pérez y Miguel Peña Figuereo, el capitán de corbeta Roberto Augusto Peña Valdez y los tenientes de navío Jesús Sánchez Piña, Jorge Luis Chalas Jorge y Edward Mayobanex Rodríguez Montero, además del ex alférez de navío Andrés Tapia Balbuena y el sargento Antonio Manuel Roche Pineda. En el 2010, el mayor Miguel Rodríguez, jefe de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís, fue apresado cuando transportaba 400 kilogramos de cocaína.

De igual manera, en el 2009, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó en el municipio Los Llanos, en San Pedro de Macorís, al coronel de la Fuerza Aérea José Luis Peña Segura. A la hora de apresamiento, el oficial estaba en el lugar donde una avioneta dejó caer 1,245 kilogramos de cocaína.

Segura declaró que se encontraba en el lugar porque se detuvo a “orinar”.

Uno de los casos más recientes es el del coronel de la Policía Nacional, Carlos Fernández Valerio, acusado de traficar con 950 kilogramos de cocaína cuando justamente era Director Central Antinarcóticos de la PN.

diariolibre.com

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Legisladores exigen mano dura contra la delincuencia, pero sin violar la ley

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Santo Domingo.– La designación del nuevo director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, reactivó el debate sobre el uso de la «mano dura» para enfrentar la delincuencia y cómo garantizar seguridad ciudadana sin vulnerar los derechos humanos.

¿Qué declararon las autoridades sobre la gestión del nuevo director?

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, afirmó que el nuevo director de la Policía inició «con el pie izquierdo», porque aunque se comprometió a continuar la reducción de la tasa de criminalidad, según dijo, no se refirió a temas clave como los intercambios de disparos, la depuración policial y la profundización de la reforma estructural.

En la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Interior y Policía, Carlos Sánchez, señaló que no se trata de promover mano dura, sino de fortalecer la institucionalidad y respaldar la reforma que cursa en el Congreso.

Desde la misma cámara baja, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Pedro Martínez, sostuvo que la principal demanda ciudadana es seguridad, pero advirtió que las ejecuciones extrajudiciales y actuaciones fuera del marco legal afectan la imagen del país y vulneran el Estado de derecho.

Acciones y propuestas en el Senado y acto de traspaso de mando

En el Senado, legisladores expresaron que el orden debe imponerse con protocolos claros, tecnología y formación, evitando excesos, y hay quienes defienden la aplicación del régimen de consecuencias contra quienes violen la ley, subrayando que debe hacerse sin irrespetar a la ciudadanía.

Durante el acto de traspaso de mando, el director policial, Andrés Modesto Cruz Cruz, aseguró que dará continuidad a la gestión de su antecesor en la reducción de la criminalidad y que su administración no buscará acumulación de poder, sino fortalecer el trabajo institucional en materia de seguridad.

  • No obstante el debate, legisladores oficialistas instan a la población a otorgar un voto de confianza tras la reciente designación del director de la Policía.

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Caso Medusa: Defensa de Alfredo Solano arremete contra Ministerio Público y denuncia desinformación sobre juicio

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Santo Domingo. – Los abogados del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, rechazaron las afirmaciones del Ministerio Público, que mediante una nota de prensa atribuyó a la defensa la presentación de incidentes con fines dilatorios en el proceso judicial que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.

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Los juristas Manuel Sierra e Ybo René Sánchez Díaz aclararon que, durante la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero, la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, no emitió reproches contra los abogados defensores, sino que exhortó a las partes a sintetizar sus exposiciones con el propósito de agilizar el conocimiento del caso, dada su complejidad y volumen.

“El Ministerio Público miente al denunciar supuestas tácticas dilatorias. Se trata de la exposición de medios de defensa que el propio tribunal autorizó mediante la resolución 00034/25 a favor de los acusados”, expresaron los togados.

Debate sobre la duración del proceso

La defensa recordó que la investigación fue iniciada el 20 de agosto de 2020 y que el caso ha atravesado diversas etapas judiciales desde entonces. Señalaron que la extensión del expediente, que supera las 12 mil páginas, ha incidido en la duración del juicio.

El Ministerio Público, por su parte, ha señalado en comunicaciones públicas que algunos incidentes presentados por las defensas han contribuido a retrasos en el desarrollo del proceso.

Asimismo, insistieron en que no se produjeron los alegados reproches por parte del tribunal y que la magistrada únicamente solicitó mayor síntesis en las exposiciones para facilitar el avance del juicio.

“Por tanto, no es cierto los alegados reproches para que los abogados organicen sus incidentes, y muchos los supuestos retrasos o dilaciones a cargo de los abogados. Se trata de una información distribuida mediante nota de parte del MP, de forma malintencionada con el fin de esconder sus fracasos en el caso Jean Alain Rodríguez”, expresaron Sierra y Sánchez.

Antecedentes procesales

Los juristas recordaron que, durante la audiencia preliminar celebrada en enero de 2023 ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el tribunal rechazó planteamientos similares sobre supuestas tácticas dilatorias atribuidas a la defensa.

El proceso continúa su curso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocen las acusaciones del Ministerio Público y los argumentos de las defensas. Hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.

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Mirna Ortiz recomienda a Gonzalo Castillo «no comer ansias» y asegura que el caso irá a juicio

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Santo Domingo, R-D–La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.

Al responder a los argumentos de los abogados defensores, quienes afirmaron que el expediente está «blindado con algodón» y que el caso no llegará a juicio de fondo, la magistrada Ortiz recomendó al exministro de Obras Públicas «no comer ansias».

Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Gonzalo Castillo, se mantiene sin confirmar sus aspiraciones para los comicios presidenciales 2028.

Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram

La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.

Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.

Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.

El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.

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