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Autoridades investigan bienes del coronel dominicano apresado por narcotráfico en Puerto Rico

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SANTO DOMINGO. Tras el apresamiento del coronel del Ejército de la República Dominicana, Rafael Collado Ureña, en Puerto Rico en momentos en que se disponía a realizar una transacción de drogas, los organismos de seguridad del Estado iniciaron una investigación, que incluye determinar si el oficial tiene propiedades en el país.

Asimismo, una fuente vinculada a la investigación reveló que se busca establecer con qué cártel “trabajaba” y la cantidad exacta de droga que llevó a Puerto Rico utilizando su rango de coronel.

El oficial dominicano y los demás integrantes del grupo fueron arrestados en medio de una transacción de 12.9 kilogramos de cocaína.

Ayer, el ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, ordenó la suspensión del coronel Collado Ureña, e informó que se coordina con agentes de la DEA su traslado a la República Dominicana.

Paulino Sem explicó que hay una investigación abierta y que se está profundizando para determinar los alcances de la participación de Collado Ureña. El oficial estuvo un buen tiempo en el Ministerio de Deportes, pero al momento de su detención estaba sin funciones, pero activo.

El coronel Collado Ureña estuvo muy ligado al coronel Amado González González, brazo militar del capo boricua David Figueroa Agosto. “e incluso su amistad era tan profunda que fue de los que cargó el féretro con los restos de González González en el cementerio en el año 2009”.

Una vez ocurrido este episodio, se recomendó su cancelación de las filas castrenses, pero fue rechazada por el Poder Ejecutivo.

Collado Ureña ingresó a la Academia Militar “Batalla de las Carreras” en 1990. Tiene 27 años en el Ejército. Era amigo personal del coronel Amado González González y compañero de promoción, razón por la que investigan “si existen vínculos con una gran red de narcotráfico que podría tener sus orígenes en México, porque ya Colombia desmanteló esas estructuras”.

Después del apresamiento de Collado Ureña, el ministro de Defensa advirtió que será drástico con los militares que cometan actos delictivos.

Este no es el único caso

El 4 de agosto del 2008 se produjo el “tumbe” de narcotráfico más grande del país. Ese día, en la comunidad de Paya, en Baní, siete colombianos fueron asesinados a balazos por una banda integrada por altos oficiales de la entonces Marina de Guerra. En esta operación, los marinos se llevaron 1,300 kilogramos de cocaína pura y una suma de dólares que nunca fue localizada, al igual que la droga.

En esa ocasión fueron acusados del crimen los capitanes de fragata Ricardo Guzmán Pérez y Miguel Peña Figuereo, el capitán de corbeta Roberto Augusto Peña Valdez y los tenientes de navío Jesús Sánchez Piña, Jorge Luis Chalas Jorge y Edward Mayobanex Rodríguez Montero, además del ex alférez de navío Andrés Tapia Balbuena y el sargento Antonio Manuel Roche Pineda. En el 2010, el mayor Miguel Rodríguez, jefe de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís, fue apresado cuando transportaba 400 kilogramos de cocaína.

De igual manera, en el 2009, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó en el municipio Los Llanos, en San Pedro de Macorís, al coronel de la Fuerza Aérea José Luis Peña Segura. A la hora de apresamiento, el oficial estaba en el lugar donde una avioneta dejó caer 1,245 kilogramos de cocaína.

Segura declaró que se encontraba en el lugar porque se detuvo a “orinar”.

Uno de los casos más recientes es el del coronel de la Policía Nacional, Carlos Fernández Valerio, acusado de traficar con 950 kilogramos de cocaína cuando justamente era Director Central Antinarcóticos de la PN.

diariolibre.com

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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