Opinión
Para entender el presente
Por Miguel Guerrera
En los últimos años, se ha intentado una clonación oficial del Bosch que los educó en las bregas políticas.
El culto póstumo a la personalidad del ex presidente Bosch, que él en vida rechazaba, terminará disminuyendo su estatura histórica y sus aportes a la creación de una conciencia democrática en el pueblo dominicano. Contribuciones que, a mi juicio, ayudaron a desmontar el mito de la tiranía de Trujillo y enseñar a la población la importancia de su presencia activa en la política, entendida esta como una actividad esencial a la preservación de los derechos ciudadanos.
La creación de un Bosch que nunca existió se asemeja a un sentimiento de culpa de parte de sus discípulos, sin vocación muchos de sus dirigentes para aceptar el partidismo como un compromiso social y no como una vía de superación y enriquecimiento individual. En los últimos años, se ha intentado una clonación oficial del Bosch que los educó en las bregas políticas. El resultado es muy distinto de aquél que la sociedad conoció en situaciones muy complejas y en las que él mismo fue víctima de la intolerancia y la sed de poder; herencia de una guerra fría que en el país degeneró en golpes de estado, revueltas civiles, intervención militar extranjera, conatos de guerrillas y otras experiencias sobre las que surgió la democracia dominicana.
A diferencia de muchos de sus alumnos políticos, no todos, Bosch no mostró nunca amor apasionado por el poder y es probable que nunca se sintiera realmente atraído por él. A finales de 1962, cuando todos los indicios mostraban su inevitable triunfo electoral, trató afanosamente de buscar un pretexto para validar históricamente su retiro del proceso, en la predicción, que resultó profética, de que a la postre sería derrocado. Esta idea le obsesionó desde antes de asumir la presidencia hasta la madrugada de aquél trágico 25 de septiembre en que fue derrocado por un golpe incruento, provocado en gran medida por su incapacidad para sobrevivir a las circunstancias imperantes.
La costosa interrupción del proceso democrático iniciado con las elecciones del 20 de diciembre que dieron al triunfo a Bosch sobre las fuerzas conservadoras aglutinadas en la Unión Cívica Nacional, fue el resultado lógico y brutal de una conjugación de factores que el mismo Bosch contribuyó a crear voluntaria e involuntariamente. Se ha discutido mucho desde entonces si él estaba en condiciones de evitar los tristes acontecimientos que trajeron consigo su salida forzosa del poder, pero es poco probable que pueda llegarse a conclusiones que no sean las especulativas derivadas de la pasión que su memoria todavía despierta entre seguidores y detractores.
Lo cierto es que Bosch cometió errores fatales, que no le permitieron hacerse entender de una sociedad apenas salida de tres décadas de oscurantismo y terror, sin experiencia alguna en la práctica democrática, tanto en la esfera económica y cultural como en la política. La obsesión de Bosch por la suerte de su gestión era patética. Su fatalismo le llegó a decir muchas veces que le derrocarían, incluso antes de asumir el cargo. En su libro “Crisis de la democracia de América en la República Dominicana”, escribió un año después del golpe lo siguiente: “Yo tuve que aceptar esa presión de las masas (su postulación como candidato), y si hay algo de que me arrepiento en la vida es de haber aceptado ir a la elección como candidato presidencial sabiendo, como lo sabía sin la menor duda, que el Gobierno que me iba a tocar encabezar sería derrocado quizá antes de que tomara el poder”.
A través de los años, esta afirmación y otras muy similares han contribuido a expandir el criterio de que Bosch le temía a las responsabilidades del poder y que como consecuencia de ello, voluntaria o involuntariamente, para todos los fines lo mismo, creó las condiciones para su derrocamiento y la inestabilidad que vino después.
En su propia definición de lo que era saber gobernar, podría decirse que Bosch desconocía cómo hacerlo. En medio de la campaña electoral, Bosch dijo que Trujillo, que había sometido al país a una sangrienta y corrupta tiranía de tres décadas, entendía esos secretos porque había sabido mantenerse en el poder por tantos años. Tal afirmación mostraba un aspecto cuestionable de su formación política e intelectual, fuera hoy de toda discusión racional dado que el inventado Bosch que muchos de sus discípulos reverencian en altares, no tolera indagación alguna sobre aspectos contradictorios de su personalidad.
El temperamento del líder peledeista lo distanciaba de una gran parte del conglomerado nacional que veía en sus posiciones extremas y su apoyo a los movimientos radicales una amenaza al orden social. El golpe generó una transformación ideológica poco común en personas de su edad. De defensor acérrimo de la democracia representativa pasó a ser un ideólogo de un marxismo entendido como instrumento del análisis histórico y de la lucha de clases. Es interesante, sin embargo, observar cómo su apego a valores democráticos fomentaron en una sociedad atrasada como la dominicana de 1963, la aversión a sus métodos, los cuales incluso lo distanciaron de su propio partido, el PRD.
Al momento del golpe, el grueso de la dirigencia de su partido se encontraba alejada del gobierno y muchos de ellos, como era el caso de Ángel Miolán, quien tenía el control de la maquinaria partidista, no visitaba el Palacio y estaba en franco desacuerdo con la forma en que se conducía el gobierno. Bosch, por ejemplo, había amenazado con cerrar los locales del partido, lo que nunca sucedió, para crear allí escuelas de alfabetización, lo que tampoco hizo. En parte todo eso explica porque en los días siguientes al golpe no se produjeran protestas en defensa del orden constitucional.
En la historia oficial del golpe que derrocó a Bosch la madrugada del 25 de septiembre, hacen ya 54 años, se señalan como responsables a la oligarquía, los comerciantes e industriales, los herederos del trujillismo en la esfera militar y, por supuesto, la jerarquía católica y el gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia.
Con respecto a este último, la verdad es que si bien la llamada tolerancia de Bosch hacia las actividades de los grupos emergentes de la izquierda, especialmente el Catorce de Junio que lideraba Manuel Aurelio Tavarez Justo, Manolo, propiciaba creciente desconfianza acerca de sus ideales democráticos en esas esferas, especialmente en los círculos más conservadores de la sociedad de entonces, la Casa Blanca veía en Bosch una esperanza de cambio democrático. Durante los meses siguientes a la asonada militar, el Triunvirato que reemplazó a Bosch no encontró apoyo en Washington hasta días después del asesinato del presidente Kennedy y el alzamiento insurreccional del Catorce de Junio.
Las memorias del embajador John B. Martin y sus relatos de sus vínculos con Bosch, además de los enormes ejemplos de su injerencia en los asuntos internos dominicanos revelan también una manifiesta simpatía hacia él en el plano personal, y a muchas de sus ideas de transformación de la atrasada sociedad dominicana de aquellos lejanos días. Eran tiempos de guerra fría en los que apenas un año antes, el mundo se vio amenazado de una conflagración atómica durante la llamada crisis de los cohetes, debido al emplazamiento de arsenal nuclear soviético en territorio cubano.
El temor a un nuevo ensayo comunista en República Dominicana, tal como había ocurrido ya en Cuba, fue sin duda alguna un factor decisivo en el papel estadounidense en el golpe contra Bosch. En las siguientes entregas veremos el papel de la Iglesia en esos hechos.
Las relaciones de Bosch con la Iglesia Católica fueron desde un principio muy difíciles y siguieron siéndolo hasta el final de sus días. No hubo de ninguna de las partes esfuerzo serio para superar las diferencias y era poco probable que tal posibilidad existiera, por lo menos en la época previa a su presidencia y durante los siete meses en que la ejerció. A los obispos les molestaba que en sus charlas a las masas más pobres, donde radicaba su verdadero poder, Bosch no parecía simpatizar con la fe católica e hiciera en cambio mención de cosas que por lo general consideraban como “herejías” impropias de un cristiano.
En un documento titulado “Declaración sobre el momento político de la campaña electoral”, cinco días antes de las elecciones, el 15 de diciembre de 1962, el Episcopado mostró su abierta y franca antipatía hacia el candidato del PRD. Tras resaltar el deber de los católicos de votar “en bien de la sociedad, especialmente en las actuales circunstancias”, la jerarquía eclesiástica ponía en alerta a los feligreses con relación a determinados candidatos, al advertir que “los católicos deben votar por personas honestas que ofrezcan garantías para el futuro de la patria y de la iglesia”.
Bosch había sido acusado por sacerdotes en todo el país de profesar ideas comunistas y el documento de los obispos advertía que los católicos “no pueden votar por partidos que atenten contra el orden cristiano, como son los partidos de tipo marxistas”, lo cual era evidente invitación a votar en su contra. Curándose en salud se señalaba que la posición oficial de la iglesia era dejar “a la conciencia de cada católico la elección de los actuales candidatos por los cuales debe votar”.
El embajador Martin revela en sus memorias que un líder de Unión Cívica le dijo que “los párrocos están diciendo en las iglesias, sin alharacas, que Bosch es malo”.
A pocos días de las elecciones, arreció la campaña antiboschista del clero católico. El 15 de diciembre, hubo una segunda declaración oficial de los obispos en la que hacían mención directa de Bosch y del PRD. Este segundo documento titulado “Sobre incidencias de las elecciones entre el Clero y el PRD”, refería que el hecho de que a sacerdotes se les concediera la indispensable autorización eclesiástica para ser candidatos a las cámaras por otros partidos, lo que no se había hecho con el PRD, se debía a “la clara postura ideológica del partido en cuestión, al conformarse en un mínimo sustancial con la doctrina social de la Iglesia”.
Se respondía a la queja del PRD sobre las advertencias de sacerdotes de que aquellos que votaran por Bosch y sus candidatos al Congreso serían excomulgados, con una clara ironía en el más puro lenguaje pastoral: “Pensar que algunos curas han amenazado con la excomunión a cuantos votaran por el PRD es un infundio que involucra dos cosas separables de por sí. Acaso una explicación algo confusa o una desafortunada inteligencia del oyente mezclaron dos categorías o factores: PRD y comunismo, que si de pronto parecen incomprensibles por tal o tal aspecto, eso no quita que pudieran ser componibles bajo otros puntos de vista en el grado más o menos elevado de acercamiento al comunismo, o el mismo ideario gubernativo del partido, que si no resulta comunista por entero, acusa, sin embargo, un filomarxismo demasiado patente”.
El Episcopado defendía el derecho de “nuestros campesinos y compatriotas” de pedirle consejo a la Iglesia “sobre el voto electoral”, indicando que el que algunos dominicanos “tengan más confianza en los curas que en los políticos, váyase de contrapeso por los que tienen más confianza en los políticos que en los curas”. Este nuevo documento impacientó a Bosch, que amenazó con retirar su candidatura.
La reiterada posición de la jerarquía católica llevó al PRD a plantear una nueva amenaza pública de abstención. Bajo tales condiciones, advertían Bosch y otros dirigentes del partido, era imposible competir en igualdad de condiciones.
En el segundo documento del 15 de diciembre, ya los obispos se habían referido a la posibilidad de un retiro de las candidaturas perredeistas de la manera siguiente: “No somos de la Unión Cívica. Pero sinceramente recomendamos al PRD, aunque este consejo ningún perredeista lo pidió, que continúe terciando en la contienda electoral. Que no se haga la víctima de interferencias fácilmente soslayables, ni dé mayor volumen a las cosas de los curas que de los políticos. Pero que tampoco pretenda nadie establecer en un país libre como la República Dominicana, una Iglesia del Silencio, porque esto recordaría demasiado a cierto sistema (se refería a la tiranía de Trujillo) ya caído en descrédito”.
Todo esto se agregaba a la delicada situación de enfrentamiento que había originado un artículo del sacerdote español Láutico García en la que abiertamente se acusaba a Bosch de profesar ideas marxistas-leninistas y que dio lugar, días después, a un debate difundido por la radio y la televisión estatal que acaparó la atención de todo el país y se prolongó hasta después de la medianoche. En la madrugada, miles de partidarios de Bosch salieron a las calles a celebrar lo que consideraban un triunfo de su líder sobre el sacerdote.
Al final del programa, el moderador Salvador Pittaluga Nivar le preguntó a Bosch si aún insistiría en retirarse ya que el sacerdote retiraba su acusación de comunista. La respuesta dejó pasmado al país, al señalar que lamentaría no hacerlo porque si ganaba “el gobierno que yo presida no podrá gobernar: será derrocado por comunista en poco tiempo”. En ese ambiente de fatal pesimismo ganó la presidencia.
Al analizar el papel de la Iglesia en el golpe de estado que le derrocó, Bosch escribiría después en “Crisis de la democracia de América en República Dominicana”, que aunque el padre Láutico García admitió que él no era comunista, los sacerdotes que “habían tomado la vanguardia en la ofensiva contra el PRD no cejaron un paso”. Al contrario, “pasadas las elecciones organizaron la lucha y no la abandonaron ni siquiera después de caído el gobierno constitucional”.
Bosch entendía, sin embargo, que ya le era imposible renunciar a su candidatura. “Afuera del estudio de televisión”, escribió, “esperaba una multitud regocijada; en los barrios las calles estaban animadas como de día, a pesar de que eran las dos de la mañana; los centenares de millares de perredeístas que lanzaban a esa hora vivas entusiastas en todos los rincones del país, esperaban ir a votar treinta horas después”.
Fue ese escenario lo que según Bosch le decidió a mantener su candidatura, decisión que un año después del golpe considerara como una equivocación, de la cual se hallaba arrepentido.
El triunfo electoral no enfrió la rivalidad, por el contrario la incrementó. En los comicios del 20 de diciembre, los electores habían votado no sólo para escoger un presidente y un vicepresidente de la República. También lo habían hecho para integrar un Congreso bicameral que tenía la responsabilidad adicional de aprobar una nueva Constitución. Muy pronto se hizo evidente que esta tarea generaría mayores conflictos con la Iglesia, que reclamaba a Bosch haber propiciado una Constitución que no reconocía la legitimidad del Concordato y negaba “los derechos de Dios y de la Santa Iglesia”.
Fue a partir de entonces que las diferencias se hicieron irreconciliables, llevando a un rompimiento que Bosch no olvidaría jamás y que perduró hasta el final de sus días, como veremos en las entregas siguientes.
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Antes de Bosch asumir la presidencia y estando de viaje en el exterior, El Caribe publicó un borrador de la nueva Constitución. En ese texto no se mencionaban los derechos otorgados a la Iglesia en virtud del Concordato firmado en la década anterior. La publicación íntegra de ese borrador desató fuertes polémicas.
En el libro ya citado, Bosch diría que como en dicho documento “no aparecía mención alguna del Concordato que había firmado Trujillo con la Santa Sede, se desataron las iras del Averno”. Ocurrieron espectáculos, según Bosch, “dignos de figurar en la historia”, como fue el caso en que niños de escuelas católicas apedrearon el edificio del Congreso rompiendo sus cristales.
La nueva Constitución proponía cambios sustanciales en relación con las anteriores, incluyendo las bases sobre las que se regían las relaciones del Estado con la Iglesia católica. Bosch sostenía que la vida del país “no podía ser organizada en muchos aspectos” por el legado constitucional de Trujillo, a despecho del reclamo de la Iglesia de que los asuntos que le concernían a ella, incluso el de la enseñanza pública, debían continuar rigiéndose por el Concordato, lo que equivalía a decir que no podían ser tocados.
La lógica de Bosch era simple pero demoledora: “Si la Constitución dominicana establecía que las relaciones entre la Iglesia y el Estado dominicano serían regidos por el Concordato, ¿por qué no figuraban también en ese o en otros artículos los muchos tratados internacionales que obligaban a la República?” Los muchos intentos por hacerlo cambiar de opinión no dieron resultados. Ante una gestión del Nuncio Enmanuel Clarizio llegó a decirle: “Monseñor, usted sabe lo que es una democracia: una democracia no es un régimen gobernado por un hombre, como lo era el de Trujillo. Yo no tengo ninguna clase de autoridad legal sobre los Diputados Constituyentes”.
La tirantez entre Bosch y la jerarquía eclesiástica alcanzó su nivel más alto el 29 de abril de 1963, con la promulgación de la nueva Constitución sin referencia alguna al Concordato. Al acto de proclamación no asistieron representantes de la Iglesia. Bosch diría después que esa ausencia era “un acto de rebeldía, que la propia Iglesia condenaba”, puesto esta tenía como doctrina el respeto a los gobiernos y a las instituciones legalmente establecidas.
La causa de esa actitud, según Bosch, estaba en que los dignatarios de la Iglesia dominicana “actuaban de acuerdo con el medio en que se movían; y en ese medio, entre la gente de primera y de alta clase media se decía que esa Constitución no tenía validez porque había sido redactada por gente sin importancia, por ignorantes”. Se refería a la extracción social de los miembros de la Asamblea Revisora, entre los cuales había obreros, mujeres, estudiantes, gente cuyos apellidos, según Bosch, no se habían oído nunca en un salón.
Sin embargo, la nueva Carta Magna no era, en palabras de Bosch, “nada del otro mundo”, al no contener ofertas de cambios radicales. Se limitaba a dejar sin efecto el Concordato, a establecer los derechos de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas a las que servían, fijaba límites máximos a la propiedad, condenaba el latifundio y prohibía la deportación de ciudadanos dominicanos.
Bosch insistía ante sus críticos que la Constitución era el fruto del trabajo de una Asamblea Constituyente que nada tenía que ver con él y el gobierno y que su única responsabilidad consistía “en respetarla y hacerla respetar”. En su opinión, aunque se trataba de un paso hacia delante, era una Constitución “tímida, conservadora”, si se la comparaba con otras de la propia área del Caribe, como era el caso de la cubana de 1940. El tema de la Constitución y los derechos de la Iglesia arrinconarían a Bosch.
Cuatro días antes de la promulgación de la nueva ley sustantiva, el Episcopado hizo leer en todos los templos una pastoral condenándola. Los obispos observaban que el texto constitucional no estaba “de acuerdo con los derechos de Dios y de la Iglesia”, por cuanto carecía de fundamento”en las situaciones históricas concretas” del país.
Se quejaban del fracaso de cuantos esfuerzos se realizaran ante la Asamblea Constituyente para lograr soluciones a “los graves problemas planteados” con la nueva Carta Magna, que ignoraba la adhesión de los dominicanos al catolicismo. La Constitución, decía la pastoral, ignoraba esa realidad histórica, por lo que no llenaría su alta finalidad. Para lograr sus objetivos, toda Constitución no podía, como parecía ser el caso, responder al criterio de un hombre o de un solo partido.
El punto crucial del conflicto lo constituía lo que los obispos llamaban “ausencia total de un reconocimiento explícito de los derechos de Dios y de la Iglesia”. La cuestión, sin embargo, seguía siendo qué significaban esos derechos celestiales en medio de una confrontación entre lo que Bosch llamaba tutumpotes, los de arriba, con los hijos de Machepa, los desamparados.
Según la Iglesia, la Constitución ignoraba la situación histórica concreta católica del pueblo dominicano, en las premisas siguientes: carecía de todo sentido espiritualista, retrocedía a épocas en que la influencia demagógica pasó sobre la realidad objetiva de la nación y estaba ahogada de pasiones al desconocer los derechos consagrados a la Iglesia en el Concordato, al no respetar el matrimonio de los católicos, ni la enseñanza religiosa.
Por último, la consideraba atentatoria “contra la estabilidad de la familia cuando, en el fondo, equipara el matrimonio a cualquier unión y consagra el divorcio sin reconocer la estabilidad del matrimonio canónico”.
En la pastoral de censura a la nueva Constitución promulgada el 29 de abril de 1963, el Episcopado llamaba a la población a oponerse a la misma, en los términos siguientes: “No podemos terminar, sin hacer un llamado vehemente a nuestro pueblo, profundamente preocupado ante la presencia de ideologías contrarias a Cristo, a la persona humana y a sus derechos; ideologías que siembran la agitación, el terrorismo, y que augurarían el caos moral, social y económico, y finalmente la esclavitud”.
El 31 de julio, la Iglesia reanudó sus ataques al gobierno. En una declaración dirigida a la autoridad pública, dirigentes políticos, laborales y patronales sobre la situación del país, los obispos manifestaban “su profunda preocupación ante la realidad amarga del momento”, signada por “la incertidumbre y la desconfianza” que ponían en peligro las aspiraciones genuinas de la familia dominicana. Era el más duro y directo de los ataques de la jerarquía católica contra el régimen, en el que se hablaba del tortuoso camino que había tomado el gobierno, haciendo mención nuevamente a la ideología comunista que atribuía a la administración de Bosch.
El presidente entendía que toda esa prédica tenía el propósito de hacerlo saltar del poder y que esa intención venía arrastrándose desde mucho antes de asumir el gobierno. En su libro sobre el golpe, señala que “al día siguiente de las elecciones, el capellán de la Fuerza Aérea pidió a los oficiales de la base de San Isidro que me vigilaran estrechamente. Según él, yo era comunista y tan pronto moviera el primer hombre de las fuerzas armadas debía ser derrocado porque si no acabaría destruyéndolas por completo”. Ese capellán era el padre Rafael Marcial Silva, inspirador y principal dirigente de los cursillos de cristiandad, que sirvieron de plataforma a la oposición anti-boschista creándole un ambiente de animosidad.
El padre Marcial Silva era muy popular no sólo entre los oficiales sino en los círculos donde se movían los cadetes y, en un plano bajo, los soldados. Frecuentemente iba al club de oficiales y al cine de alistados a dar charlas. Cuando se le preguntaba qué opinaba de Bosch, respondía con seguridad y sin titubeos: “Es un hombre peligroso”. Bosch era de cuidar, a juicio del sacerdote, por sus ideas marxistas y porque estaba “en contra de la Iglesia”.
En sus charlas insistía en que Bosch era “ateo, anti hispánico y un anticatólico rabioso”, que había bebido de las enseñanzas hostosianas racionalistas. En su opinión, Bosch era el Hostos dominicano “irrespetuoso de la religión”. Sus palabras lograban avivar sentimientos antiboschistas, no sólo entre los oficiales sino, principalmente entre los soldados de la base de San Isidro, la fuente principal del poder militar de entonces.
En su condición de capellán, el padre Marcial Silva cumplía la obligación de dar misa en otros campamentos. Como sus arengas eran del conocimiento de las esferas oficiales, por lo regular a esas actividades asistía dotado de una fuerte escolta, muchas veces integrada por oficiales que se ofrecían voluntariamente en sus días de asueto de fines de semana. El sacerdote no se preocupaba por mantener estas actividades en secreto. Pronto llegaron a oídos de Bosch, que no guardaba simpatía hacia el sacerdote, sabiendo que este era amigo del coronel Elías Wessin y Wessin, cuyas opiniones contra el comunismo eran ampliamente conocidas en todo el ámbito militar. La oficialidad joven veía a Wessin como un líder con suficiente autoridad para evitar un posible descalabro del estamento militar.
El rompimiento definitivo con los militares se dio el martes 16 de julio, con la cancelación de los nombramientos del sacerdote y el mayor Rolando Haché. Bosch quedaba solo.
El trato de Bosch con los militares se hizo difícil por su poco conocimiento de la vida castrense y su rechazo instintivo a cultivar la amistad de estos. Varios incidentes ilustran la naturaleza escabrosa de esas relaciones, aún en los comienzos del gobierno, cuando todavía la aureola de triunfo elevaba su imagen hasta alturas inimaginables.
Después de juramentarse, Bosch comenzó a visitar campamentos militares. A comienzos de abril se presentó en el Batallón Blindado de la base aérea de San Isidro. Las unidades blindadas estaban dispuestas en formación para una inspección de rigor del presidente. Al llegar a la hilera de tanques AMX, los más modernos de la dotación, Bosch se dirigió a los oficiales diciendo que esperaba que esas máquinas no se usaran contra el pueblo por lo que sería mejor venderlas para comprar barcos de pesca. Un joven oficial, el capitán Juan Oscar Contín intervino ante el estupor que las palabras del mandatario habían provocado, diciendo que no estaba de acuerdo porque esos equipos eran insustituibles para la defensa nacional.
Bosch lo interrumpió: “¡Eso es lo que usted cree!” y se retiró casi inmediatamente. Varios oficiales amigos se acercaron a Contín en señal de apoyo y uno de ellos, viendo a Bosch alejarse, comentó: “¡Ese hombre nos va a joder!”. Situaciones como esta se produjeron otras veces en recintos militares.
El 23 de septiembre hubo una huelga general del comercio y un nuevo incidente fronterizo con Haití que terminó por agriar sus nexos con los militares. Su decisión de cancelar al coronel Wessin la noche del día 24 desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron con su destitución horas después, en la madrugada de ese fatídico 25 de septiembre. El golpe generó meses después un alzamiento militar que condujo a una revuelta civil y a una intervención extranjera. Cinco décadas y media después, sigue vigente el Concordato.
Por Rommel Santos Diaz
El artículo 8 del Estatuto de Roma también tipifica como crimen la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
Los bienes objeto de destrucción o apropiación deben estar protegidos conforme a los Convenios de Ginebra constan de todos los bienes, con independencia de su forma , tangible o intangible, con inclusión de todos los tipos de bienes ( raíces y personales o muebles e inmuebles) y todos los tipos de propiedad.
La tipificación de los crímenes de guerra confiere una amplia protección a recursos naturales como la tierra, el agua y los alimentos y a los medios empleados para utilizar esos recursos. Además, la destrucción o apropiación prohibida de bienes puede ser tanto directa como indirecta. Por ejemplo, los cultivos pueden ser objeto de destrucción indirecta si se impide arbitrariamente a un agricultor ocuparse de ellos.
Igualmente, el artículo 8, párrafo 2 b del Estatuto de Roma tipifica como crimen en un conflicto armado internacional destruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos que la necesidades de la guerra lo hagan imperativo, mientras que el artículo 8, párrafo 2 e del Estatuto de Roma tipifica como crimen en un conflicto no internacional destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo.
Estos crímenes de guerra tienen una aplicabilidad considerable en el contexto ambiental en la medida en que se prohíbe cualquier acto de destruir o apoderarse de bienes del enemigo o un adversario, público o privado, que no esté justificado por necesidades militares; no se exige que ese acto de destrucción o apoderamiento sea de dimensiones amplias.
El tipo de destrucción prohibida incluiría la destrucción por las fuerzas armadas de un Estado de una central nuclear de otro Estado utilizada para fines civiles con la intención de causar daño. El tipo de apropiación prohibida incluiría aquella con fines no militares, por parte de fuerzas armadas, de tierras, aguas, alimentos o cualquier otro recurso natural que pertenezca a personas indígenas afiliadas al adversario del Estado atacante.
En relación con los tres crímenes de guerras referentes a bienes, no puede ampararse en la excepción por¨ necesidades militares ¨una persona que actúe exclusivamente a título privado, ya sea en nombre propio o en el de una entidad empresarial, para justificar el acto de destruir o apropiarse de bienes del enemigo o de un adversario, que tiene carácter criminal.
El Estatuto de Roma tipifica como crimen en el contexto de un conflicto armado internacional dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares.
En vista de que, en general, se reconoce el carácter civil del entorno natural, atacar intencionalmente cualquier elemento de este entorno, como un campo, un bosque o una
masa de agua, constituye un crimen de guerra a no ser que el objeto atacado fuera un objetivo militar en el momento del ataque
Por Oscar López Reyes
Sin misericordia alguna ni pensar siquiera en el daño a su imagen pública, ciertos abogados –astutos practicantes del terror tribunalicio con lenguaje soez- asumen la defensa a ultranza y abusiva de perpetradores de hechos atroces y de lesa humanidad. En permanente pugna con los principios cardinales de la justicia, leguleyos o picapleitos y jurisconsultos han encasillado su carrera jurídica, por su mala fama, como la más insensible y la de más baja reputación y confianza en la miscelánea de las profesiones tradicionales.
Con togas y birretes hexagonales, legendarios letrados se sublimizan en una especie de banquete de exquisitez culinaria, con golosinas como postre, en el deleite recreativo de alegar inocencia y exigir un juicio acorde con el estado de derecho a imputados de muertes masivas simultáneas en un corto tiempo (genocidio) por el desplome de un edificio acarreado por una obstinada negligencia e inexplicable descuido.
También se explayan -menudeando con el apelar de chicanas- para liberar de culpa a causantes de auténticos homicidios voluntarios que, por ser tantos, se constituyen en un inequívoco acto genocida. Y, para colmo, en el interés de propiciar la impunidad, procuran nuevos peritajes, autopsias e investigaciones, con la pretensión de introducir la figura penal del sabotaje como tabla de salvación.
Estos abogados, carentes de conciencia acerca de su función social, concurren sistemáticamente para amparar a los que cometen asesinatos, actuaciones antijurídicas premeditadas, cometidas con alevosías, y prestan desproporcionado auxilio a vulgares y descarados depredadores de recursos del Estado; a atacantes sexuales, secuestradores, narcotraficantes y a individuos mafiosos, timadores financieros y lavadores de activos, y otros actos ilícitos de alta peligrosidad, bajo la sonante jerga: “Yo resguardo inocencias y gano con monedas y mentiras, no con el derecho”.
Desde 1587 (en el pontificado del papa Sixto V o Felice Peretti, igualmente conocido como Felice Piergentile o Felice Peretti Montalto) hasta 1983 (durante el papado de Juan Pablo II (Karol Józef Wojtyła), un oficial de la Iglesia Católica Romana, más comúnmente un presbítero doctorado en Derecho Canónico, ejercía la función de investigar exhaustivamente y exponer en audiencias públicas los méritos, milagros, las inconsistencias documentales, los defectos de carácter y otras falencias de los candidatos a beato o santo.
El objetivo de esa pesquisa y evaluación era esquivar las escogencias precipitadas o falsas beatificaciones o canonizaciones. A este examinador crítico a quienes aspiraban ascender a los altares se le llamó “El advocatus diabili”, que en latín se traduce como abogado del Diablo.
Esta frase idiomática evolucionó con un buen renombre y como un significante coloquial a la inversa de su originalidad. En el tiempo presente, los pobladores identifican a determinados abogados como Satanás, no porque anden maloliente de azufre, con cuernos, patas de cabras, una cola, pezuñas o barba de chico, sino por su comportamiento similar al puro Demonio.
Entre Lucifer y juristas temerarios y desprovistos de la más elemental ética confluyen, similarmente, en por lo menos siete rasgos perversos, a partir de la simbología bíblica del número, como los siete pecados:
1.- “Padres de la mentira”. Versados en leyes señalan precios de ventas de muebles e inmuebles muy por debajo del pagado, inventan mecanismos para embargar irregularmente casas, carros y cuentas bancarias; indican que en un desalojo detuvieron cinco objetos, cuando fueron diez, y elaboran y suscriben contratos haciendo creer que son legales.
2.- Ladrones impenitentes. Se quedan con propiedades de defendidos, confirmando el aforismo: “se roban hasta la sombra que da el sol”; sustraen un tiempo precioso en incidentes procesales para suspender audiencias y maliciosamente entorpecer procesos, desperdiciando así dinero del Estado y despojando de alegría y salud de los involucrados. La Biblia presenta el hurto como un pecado grave y una falta de amor al prójimo, que en virtud de la ley mosaico, el ladrón debía devolver con creces lo desvalijado.
3.- Cómplices mundanos. Con trucos y engaños justifican el deterioro del medio ambiente y la salud, efectúan desalojos sin la autorización de las fuerzas públicas, que son sustituidas por “tigres” y policías fuera de servicios; chantajean a clientes con anuncios de oposición a transacciones bancarias y transferencias sin autorización del juez pertinente, y con querellas o demandas.
4.- Inductores a culpabilidad. Piden a sus clientes que se escondan cuando son buscados para ser recluidos en prisión, y hasta los agachan en sus casas y a los varones les ponen vestidos y pelucas para que no sean reconocidos por las autoridades; sobornan a jueces, fiscales y operadores del sistema judicial e intimidan y amenazan a litigantes.
5.- Malévolos y evasores. A nombres de terceros reciben automóviles de lujo, como pago por servicios fuera del circuito financiero, y cuando en efectivo acogen 10 millones de pesos apenas declaran apenas 100 mil pesos (lavado de activos); violan los diez mandamientos de Dios, generando incredulidad, falta de confianza y su exclusión del reino de la Providencia, porque no confiesan sus maldades ni se arrepienten.
6.- Traidores desde el Edén. Tejen trampas y enredan para sacar provechos económicos, revelan informaciones secretas de socios y representados, y negocian con ellas; se ponen de acuerdo con el oponente sin la voluntad ni el consentimiento de sus defendidos, a cambio de recibir dinero.
7.- Chicanos y falsificadores. Profesionales del derecho maniobran con triquiñuelas e intervienen sobrepasando el alcance de la ley, presentan testigos ficticios, alteran documentos y abandonan a clientes en el pico de juicios en transacciones con los opuestos.
Salvo el defensor público (antiguo abogado de oficio), al experto en legislación le asiste la prerrogativa de decidir (libertad de elección) si toma o no acepta un expediente judicial, porque implica un conflicto de intereses, lastima el sentimiento de personas cercanas, se interpreta como de alto riesgo para su seguridad física, porque no domina la especialidad, o por conciencia ciudadana ante un hecho horroroso.
Bajo el ropaje de garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso, provisto de apropiada valoración y un dictamen justo, abogados del Diablo se bañan de dinero, especialmente de procesados por crímenes transnacionales. Y en su teoría de amoralidad -mezclando finamente y tutelando aviesamente la defensa del delito con la legalidad- se encargan de casos de evidentes culpabilidades, moral y socialmente censurables, porque se alinean con la impunidad, y adversan y hasta acosan y acusan a las víctimas, sin reparar en el dolor ajeno.
En esa caseta, esos penalistas afrontan un dilema ético/social: abogan legalmente y sin límites –en el tendero del reproche social por la percepción de complicidad con la malignidad- o buscan la absolución del presunto autor de un hecho de lesa humanidad o un reconocido narcotraficante. ¡Oh, lucro del dinero proveniente de la sangre y estructuras criminales!
¿Dónde están la conciencia y la dignidad humana de esos que emplean retóricos tecnicismos jurídicos para justificar barbaries, encubriendo delitos, y hasta osando minimizar los graves, o transferir culpabilidades a víctima? Como sea que quiera disfrazarse, tipifica como una conducta inmoral.
¿Son o no abogados del Diablo?
En contextos de fragancias, ¿cuáles son las funciones del abogado?
Distinto a los ángeles caídos, adversarios de Dios y la humanidad, son copiosos los especializados en derecho penal que representan, asesoran y defienden a sus clientes con procederes éticos y sólidos argumentos jurídicos. En sus crecidos desempeños, honran, a toda prueba y en todo momento, su encumbrada ocupación.
Y son apreciables los que habitualmente ponen en práctica sus vastos conocimientos en la esfera privada y en el Estado (directores jurídicos, fiscales, jueces, etc.) con lealtad procesal, integridad, sacrificio, empatía y altruismo, y que troquelan como modelos de conducta ética. Ellos se guían por dos frases lapidarias: «El abogado debe amar la justicia y la honradez, tanto como las niñas de sus ojos» y «Ningún abogado debe utilizar, en el patrocinio de los casos que le sean confiados, medios ilícitos o injustos», procurando, como auxiliar por excelencia por excelencia de la justicia, el triunfo de esta en buena lid.
Volviendo a la temática medular, ¿cuáles son los abogados del Diablo? Evalúe usted su patrón de comportamiento, y compárelos con los profesionales del derecho que actúan con veracidad, probidad, buena fe, transparencia y evitando el exceso en el derecho, que los distinguen como paradigmáticos.
Los de la mafia y la corrupción administrativa lucen erudición y competencia, son penalistas, ambiciosos impecables, conflictivos, arrogantes, cobran elevados honorarios por sus servicios y alardean que manipulan las leyes y corrompen a jueces. Con razón, en los folletines blancos y negros sobre chistes se les asocia con el trampolín, el búfalo, los ovnis, el buitre, la sanguijuela, el pirata, la serpiente, el zumo de naranja y el trago amago.
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El autor: Expresidente Colegio de Periodistas y Asoc. Escuelas de Comunicación Social, y actualmente presidente Asoc. Profesionales de Relaciones públicas (Asodoprep).
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Por Isaías Ramos
La noticia de que la Cámara de Diputados tenga listo un nuevo préstamo de US$200 millones para resiliencia climática obliga al país a hacerse una pregunta más seria: ¿cuánto más va a seguir endeudándose la República Dominicana sin corregir sus fallas estructurales? La pregunta se vuelve aún más grave cuando se recuerda que cada dominicano carga ya con una deuda pública consolidada superior a US$7,300 por habitante. Esa cifra no es abstracta. Es una alarma nacional.
La deuda no cae sobre una hoja de cálculo. Cae sobre la mesa de la familia dominicana: sobre el salario que ya no alcanza, la compra que se reduce, la medicina que se pospone, el pequeño productor que paga más por transportar y sembrar, y los jóvenes que heredarán una factura que no contrajeron. Por eso el problema ya no es solo contable. Es social y político.
Durante años se nos ha pedido aplaudir el crecimiento. Pero un país serio no puede medirse solo por el tamaño de su economía; tiene que medirse también por cómo crece, a qué costo y quién paga la factura. En las últimas dos décadas, el PIB dominicano creció en promedio 6.8 %, mientras la deuda pública consolidada lo hizo a 9.7 %. Es decir, el endeudamiento ha corrido más rápido que la capacidad productiva de la nación. Eso no describe un desarrollo sólido; describe una estabilidad sostenida, en buena medida, a crédito.
La comparación histórica sigue siendo demoledora. Si se toma como referencia la deuda externa per cápita, en 1996 ésta se ubicaba en US$462.50 por habitante. Y si se toma como referencia la inversión pública, en ese mismo año el gasto de capital rondaba 6.5 % del PIB. Hoy, en cambio, la deuda por habitante supera los US$7,300 y la inversión pública ejecutada se mueve en niveles muy inferiores, alrededor de 2.6 % del PIB. En otras palabras: el país se endeuda muchísimo más, pero invierte relativamente mucho menos en las obras que sostienen productividad, agua, energía, conectividad y futuro.
No se trata de idealizar ningún pasado. Se trata de constatar una contradicción imposible de maquillar: antes, con menos deuda, el Estado invertía más en capital; hoy, con mucha más deuda, la inversión relativa cae y el país sigue arrastrando déficits estructurales en infraestructura, drenaje, agua, energía y productividad. Cuando una nación se endeuda más pero transforma menos, el problema deja de ser solo económico. Se vuelve una cuestión de dirección nacional.
A la magnitud del endeudamiento se suma otro problema todavía más delicado: la opacidad de su fotografía pública. La cifra de deuda por habitante no siempre deja ver con nitidez la totalidad de los riesgos y obligaciones que orbitan alrededor del Estado a través de fideicomisos públicos y otras estructuras. El debate sobre RD Vial y los riesgos fiscales asociados a estas figuras demuestra que la deuda visible ya es alarmante y que la zona gris que la rodea la vuelve todavía más preocupante.
Mientras tanto, el Gobierno sigue respondiendo a la crisis energética y al deterioro fiscal con más presión sobre el presupuesto y más subsidios generales. Un Estado responsable debe proteger a los más vulnerables. Pero una cosa es proteger mejor, y otra muy distinta es subvencionar de manera generalizada, opaca y poco focalizada, de modo que también termine recibiendo más beneficio quien más consume. Cuando el subsidio se distribuye por galón, quien más compra absorbe más alivio. En un país con tantas carencias, esa no es la mejor política social. Es una política cara y, muchas veces, regresiva.
Lo más delicado de este modelo es el contraste entre los sectores mejor protegidos del país y una mayoría que cada día debe resistir con menos. Mientras unos convierten el crecimiento en blindaje, para demasiados dominicanos la economía ya no significa movilidad ni progreso, sino resistencia cotidiana. Cuando la abundancia se protege arriba y la estrechez se normaliza abajo, la deuda deja de ser una cifra técnica y se convierte en una pregunta de justicia.
Ahora entramos a un mundo incierto, marcado por enormes turbulencias económicas, y la República Dominicana llega sin márgenes suficientes de protección, con servicios básicos aún no resueltos y sin una estructura productiva sostenible. La crisis encuentra al país tarde y débil, mientras una parte de los sectores más protegidos ya se ha resguardado del sacrificio que hoy recae sobre la mayoría. Porque al final, la deuda mal administrada no termina en un balance: termina en una mesa más vacía, en una medicina postergada y en un futuro más angosto para la familia dominicana.
Frente a esta realidad, desde el Foro y Frente Cívico y Social sostenemos que hay cuatro decisiones urgentes que no admiten más dilación: reforzar la seguridad alimentaria y avanzar hacia una verdadera soberanía productiva; migrar hacia un modelo energético sostenible, confiable y competitivo; blindar el sistema fiscal, corregir las distorsiones de exenciones y gastos tributarios injustificados, y terminar con la cultura del déficit permanente; y sustituir los subsidios no focalizados ni auditables por protección directa, transparente y verificable para quienes realmente lo necesitan, preservando al mismo tiempo la estabilidad monetaria y cambiaria frente al nuevo contexto global.
La hora no admite más retórica vacía. Exige responsabilidad, previsión y coraje. La responsabilidad de un liderazgo serio no es administrar el deterioro, sino corregirlo antes de que se convierta en destino. La República Dominicana no necesita más deuda sin propósito nacional. Necesita verdad, disciplina, producción, auditoría y un Estado que deje de confundir endeudamiento con desarrollo. Porque la deuda que no se transforma en capacidad nacional termina transformándose en dependencia. Y ningún pueblo merece heredar, como si fuera destino, la factura de una dirigencia que, pudiendo corregir a tiempo, prefirió transferirle el costo al futuro.