Opinión
Para entender el presente
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9 años agoon
Por Miguel Guerrera
En los últimos años, se ha intentado una clonación oficial del Bosch que los educó en las bregas políticas.
El culto póstumo a la personalidad del ex presidente Bosch, que él en vida rechazaba, terminará disminuyendo su estatura histórica y sus aportes a la creación de una conciencia democrática en el pueblo dominicano. Contribuciones que, a mi juicio, ayudaron a desmontar el mito de la tiranía de Trujillo y enseñar a la población la importancia de su presencia activa en la política, entendida esta como una actividad esencial a la preservación de los derechos ciudadanos.
La creación de un Bosch que nunca existió se asemeja a un sentimiento de culpa de parte de sus discípulos, sin vocación muchos de sus dirigentes para aceptar el partidismo como un compromiso social y no como una vía de superación y enriquecimiento individual. En los últimos años, se ha intentado una clonación oficial del Bosch que los educó en las bregas políticas. El resultado es muy distinto de aquél que la sociedad conoció en situaciones muy complejas y en las que él mismo fue víctima de la intolerancia y la sed de poder; herencia de una guerra fría que en el país degeneró en golpes de estado, revueltas civiles, intervención militar extranjera, conatos de guerrillas y otras experiencias sobre las que surgió la democracia dominicana.
A diferencia de muchos de sus alumnos políticos, no todos, Bosch no mostró nunca amor apasionado por el poder y es probable que nunca se sintiera realmente atraído por él. A finales de 1962, cuando todos los indicios mostraban su inevitable triunfo electoral, trató afanosamente de buscar un pretexto para validar históricamente su retiro del proceso, en la predicción, que resultó profética, de que a la postre sería derrocado. Esta idea le obsesionó desde antes de asumir la presidencia hasta la madrugada de aquél trágico 25 de septiembre en que fue derrocado por un golpe incruento, provocado en gran medida por su incapacidad para sobrevivir a las circunstancias imperantes.
La costosa interrupción del proceso democrático iniciado con las elecciones del 20 de diciembre que dieron al triunfo a Bosch sobre las fuerzas conservadoras aglutinadas en la Unión Cívica Nacional, fue el resultado lógico y brutal de una conjugación de factores que el mismo Bosch contribuyó a crear voluntaria e involuntariamente. Se ha discutido mucho desde entonces si él estaba en condiciones de evitar los tristes acontecimientos que trajeron consigo su salida forzosa del poder, pero es poco probable que pueda llegarse a conclusiones que no sean las especulativas derivadas de la pasión que su memoria todavía despierta entre seguidores y detractores.
Lo cierto es que Bosch cometió errores fatales, que no le permitieron hacerse entender de una sociedad apenas salida de tres décadas de oscurantismo y terror, sin experiencia alguna en la práctica democrática, tanto en la esfera económica y cultural como en la política. La obsesión de Bosch por la suerte de su gestión era patética. Su fatalismo le llegó a decir muchas veces que le derrocarían, incluso antes de asumir el cargo. En su libro “Crisis de la democracia de América en la República Dominicana”, escribió un año después del golpe lo siguiente: “Yo tuve que aceptar esa presión de las masas (su postulación como candidato), y si hay algo de que me arrepiento en la vida es de haber aceptado ir a la elección como candidato presidencial sabiendo, como lo sabía sin la menor duda, que el Gobierno que me iba a tocar encabezar sería derrocado quizá antes de que tomara el poder”.
A través de los años, esta afirmación y otras muy similares han contribuido a expandir el criterio de que Bosch le temía a las responsabilidades del poder y que como consecuencia de ello, voluntaria o involuntariamente, para todos los fines lo mismo, creó las condiciones para su derrocamiento y la inestabilidad que vino después.
En su propia definición de lo que era saber gobernar, podría decirse que Bosch desconocía cómo hacerlo. En medio de la campaña electoral, Bosch dijo que Trujillo, que había sometido al país a una sangrienta y corrupta tiranía de tres décadas, entendía esos secretos porque había sabido mantenerse en el poder por tantos años. Tal afirmación mostraba un aspecto cuestionable de su formación política e intelectual, fuera hoy de toda discusión racional dado que el inventado Bosch que muchos de sus discípulos reverencian en altares, no tolera indagación alguna sobre aspectos contradictorios de su personalidad.
El temperamento del líder peledeista lo distanciaba de una gran parte del conglomerado nacional que veía en sus posiciones extremas y su apoyo a los movimientos radicales una amenaza al orden social. El golpe generó una transformación ideológica poco común en personas de su edad. De defensor acérrimo de la democracia representativa pasó a ser un ideólogo de un marxismo entendido como instrumento del análisis histórico y de la lucha de clases. Es interesante, sin embargo, observar cómo su apego a valores democráticos fomentaron en una sociedad atrasada como la dominicana de 1963, la aversión a sus métodos, los cuales incluso lo distanciaron de su propio partido, el PRD.
Al momento del golpe, el grueso de la dirigencia de su partido se encontraba alejada del gobierno y muchos de ellos, como era el caso de Ángel Miolán, quien tenía el control de la maquinaria partidista, no visitaba el Palacio y estaba en franco desacuerdo con la forma en que se conducía el gobierno. Bosch, por ejemplo, había amenazado con cerrar los locales del partido, lo que nunca sucedió, para crear allí escuelas de alfabetización, lo que tampoco hizo. En parte todo eso explica porque en los días siguientes al golpe no se produjeran protestas en defensa del orden constitucional.
En la historia oficial del golpe que derrocó a Bosch la madrugada del 25 de septiembre, hacen ya 54 años, se señalan como responsables a la oligarquía, los comerciantes e industriales, los herederos del trujillismo en la esfera militar y, por supuesto, la jerarquía católica y el gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia.
Con respecto a este último, la verdad es que si bien la llamada tolerancia de Bosch hacia las actividades de los grupos emergentes de la izquierda, especialmente el Catorce de Junio que lideraba Manuel Aurelio Tavarez Justo, Manolo, propiciaba creciente desconfianza acerca de sus ideales democráticos en esas esferas, especialmente en los círculos más conservadores de la sociedad de entonces, la Casa Blanca veía en Bosch una esperanza de cambio democrático. Durante los meses siguientes a la asonada militar, el Triunvirato que reemplazó a Bosch no encontró apoyo en Washington hasta días después del asesinato del presidente Kennedy y el alzamiento insurreccional del Catorce de Junio.
Las memorias del embajador John B. Martin y sus relatos de sus vínculos con Bosch, además de los enormes ejemplos de su injerencia en los asuntos internos dominicanos revelan también una manifiesta simpatía hacia él en el plano personal, y a muchas de sus ideas de transformación de la atrasada sociedad dominicana de aquellos lejanos días. Eran tiempos de guerra fría en los que apenas un año antes, el mundo se vio amenazado de una conflagración atómica durante la llamada crisis de los cohetes, debido al emplazamiento de arsenal nuclear soviético en territorio cubano.
El temor a un nuevo ensayo comunista en República Dominicana, tal como había ocurrido ya en Cuba, fue sin duda alguna un factor decisivo en el papel estadounidense en el golpe contra Bosch. En las siguientes entregas veremos el papel de la Iglesia en esos hechos.
Las relaciones de Bosch con la Iglesia Católica fueron desde un principio muy difíciles y siguieron siéndolo hasta el final de sus días. No hubo de ninguna de las partes esfuerzo serio para superar las diferencias y era poco probable que tal posibilidad existiera, por lo menos en la época previa a su presidencia y durante los siete meses en que la ejerció. A los obispos les molestaba que en sus charlas a las masas más pobres, donde radicaba su verdadero poder, Bosch no parecía simpatizar con la fe católica e hiciera en cambio mención de cosas que por lo general consideraban como “herejías” impropias de un cristiano.
En un documento titulado “Declaración sobre el momento político de la campaña electoral”, cinco días antes de las elecciones, el 15 de diciembre de 1962, el Episcopado mostró su abierta y franca antipatía hacia el candidato del PRD. Tras resaltar el deber de los católicos de votar “en bien de la sociedad, especialmente en las actuales circunstancias”, la jerarquía eclesiástica ponía en alerta a los feligreses con relación a determinados candidatos, al advertir que “los católicos deben votar por personas honestas que ofrezcan garantías para el futuro de la patria y de la iglesia”.
Bosch había sido acusado por sacerdotes en todo el país de profesar ideas comunistas y el documento de los obispos advertía que los católicos “no pueden votar por partidos que atenten contra el orden cristiano, como son los partidos de tipo marxistas”, lo cual era evidente invitación a votar en su contra. Curándose en salud se señalaba que la posición oficial de la iglesia era dejar “a la conciencia de cada católico la elección de los actuales candidatos por los cuales debe votar”.
El embajador Martin revela en sus memorias que un líder de Unión Cívica le dijo que “los párrocos están diciendo en las iglesias, sin alharacas, que Bosch es malo”.
A pocos días de las elecciones, arreció la campaña antiboschista del clero católico. El 15 de diciembre, hubo una segunda declaración oficial de los obispos en la que hacían mención directa de Bosch y del PRD. Este segundo documento titulado “Sobre incidencias de las elecciones entre el Clero y el PRD”, refería que el hecho de que a sacerdotes se les concediera la indispensable autorización eclesiástica para ser candidatos a las cámaras por otros partidos, lo que no se había hecho con el PRD, se debía a “la clara postura ideológica del partido en cuestión, al conformarse en un mínimo sustancial con la doctrina social de la Iglesia”.
Se respondía a la queja del PRD sobre las advertencias de sacerdotes de que aquellos que votaran por Bosch y sus candidatos al Congreso serían excomulgados, con una clara ironía en el más puro lenguaje pastoral: “Pensar que algunos curas han amenazado con la excomunión a cuantos votaran por el PRD es un infundio que involucra dos cosas separables de por sí. Acaso una explicación algo confusa o una desafortunada inteligencia del oyente mezclaron dos categorías o factores: PRD y comunismo, que si de pronto parecen incomprensibles por tal o tal aspecto, eso no quita que pudieran ser componibles bajo otros puntos de vista en el grado más o menos elevado de acercamiento al comunismo, o el mismo ideario gubernativo del partido, que si no resulta comunista por entero, acusa, sin embargo, un filomarxismo demasiado patente”.
El Episcopado defendía el derecho de “nuestros campesinos y compatriotas” de pedirle consejo a la Iglesia “sobre el voto electoral”, indicando que el que algunos dominicanos “tengan más confianza en los curas que en los políticos, váyase de contrapeso por los que tienen más confianza en los políticos que en los curas”. Este nuevo documento impacientó a Bosch, que amenazó con retirar su candidatura.
La reiterada posición de la jerarquía católica llevó al PRD a plantear una nueva amenaza pública de abstención. Bajo tales condiciones, advertían Bosch y otros dirigentes del partido, era imposible competir en igualdad de condiciones.
En el segundo documento del 15 de diciembre, ya los obispos se habían referido a la posibilidad de un retiro de las candidaturas perredeistas de la manera siguiente: “No somos de la Unión Cívica. Pero sinceramente recomendamos al PRD, aunque este consejo ningún perredeista lo pidió, que continúe terciando en la contienda electoral. Que no se haga la víctima de interferencias fácilmente soslayables, ni dé mayor volumen a las cosas de los curas que de los políticos. Pero que tampoco pretenda nadie establecer en un país libre como la República Dominicana, una Iglesia del Silencio, porque esto recordaría demasiado a cierto sistema (se refería a la tiranía de Trujillo) ya caído en descrédito”.
Todo esto se agregaba a la delicada situación de enfrentamiento que había originado un artículo del sacerdote español Láutico García en la que abiertamente se acusaba a Bosch de profesar ideas marxistas-leninistas y que dio lugar, días después, a un debate difundido por la radio y la televisión estatal que acaparó la atención de todo el país y se prolongó hasta después de la medianoche. En la madrugada, miles de partidarios de Bosch salieron a las calles a celebrar lo que consideraban un triunfo de su líder sobre el sacerdote.
Al final del programa, el moderador Salvador Pittaluga Nivar le preguntó a Bosch si aún insistiría en retirarse ya que el sacerdote retiraba su acusación de comunista. La respuesta dejó pasmado al país, al señalar que lamentaría no hacerlo porque si ganaba “el gobierno que yo presida no podrá gobernar: será derrocado por comunista en poco tiempo”. En ese ambiente de fatal pesimismo ganó la presidencia.
Al analizar el papel de la Iglesia en el golpe de estado que le derrocó, Bosch escribiría después en “Crisis de la democracia de América en República Dominicana”, que aunque el padre Láutico García admitió que él no era comunista, los sacerdotes que “habían tomado la vanguardia en la ofensiva contra el PRD no cejaron un paso”. Al contrario, “pasadas las elecciones organizaron la lucha y no la abandonaron ni siquiera después de caído el gobierno constitucional”.
Bosch entendía, sin embargo, que ya le era imposible renunciar a su candidatura. “Afuera del estudio de televisión”, escribió, “esperaba una multitud regocijada; en los barrios las calles estaban animadas como de día, a pesar de que eran las dos de la mañana; los centenares de millares de perredeístas que lanzaban a esa hora vivas entusiastas en todos los rincones del país, esperaban ir a votar treinta horas después”.
Fue ese escenario lo que según Bosch le decidió a mantener su candidatura, decisión que un año después del golpe considerara como una equivocación, de la cual se hallaba arrepentido.
El triunfo electoral no enfrió la rivalidad, por el contrario la incrementó. En los comicios del 20 de diciembre, los electores habían votado no sólo para escoger un presidente y un vicepresidente de la República. También lo habían hecho para integrar un Congreso bicameral que tenía la responsabilidad adicional de aprobar una nueva Constitución. Muy pronto se hizo evidente que esta tarea generaría mayores conflictos con la Iglesia, que reclamaba a Bosch haber propiciado una Constitución que no reconocía la legitimidad del Concordato y negaba “los derechos de Dios y de la Santa Iglesia”.
Fue a partir de entonces que las diferencias se hicieron irreconciliables, llevando a un rompimiento que Bosch no olvidaría jamás y que perduró hasta el final de sus días, como veremos en las entregas siguientes.
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Antes de Bosch asumir la presidencia y estando de viaje en el exterior, El Caribe publicó un borrador de la nueva Constitución. En ese texto no se mencionaban los derechos otorgados a la Iglesia en virtud del Concordato firmado en la década anterior. La publicación íntegra de ese borrador desató fuertes polémicas.
En el libro ya citado, Bosch diría que como en dicho documento “no aparecía mención alguna del Concordato que había firmado Trujillo con la Santa Sede, se desataron las iras del Averno”. Ocurrieron espectáculos, según Bosch, “dignos de figurar en la historia”, como fue el caso en que niños de escuelas católicas apedrearon el edificio del Congreso rompiendo sus cristales.
La nueva Constitución proponía cambios sustanciales en relación con las anteriores, incluyendo las bases sobre las que se regían las relaciones del Estado con la Iglesia católica. Bosch sostenía que la vida del país “no podía ser organizada en muchos aspectos” por el legado constitucional de Trujillo, a despecho del reclamo de la Iglesia de que los asuntos que le concernían a ella, incluso el de la enseñanza pública, debían continuar rigiéndose por el Concordato, lo que equivalía a decir que no podían ser tocados.
La lógica de Bosch era simple pero demoledora: “Si la Constitución dominicana establecía que las relaciones entre la Iglesia y el Estado dominicano serían regidos por el Concordato, ¿por qué no figuraban también en ese o en otros artículos los muchos tratados internacionales que obligaban a la República?” Los muchos intentos por hacerlo cambiar de opinión no dieron resultados. Ante una gestión del Nuncio Enmanuel Clarizio llegó a decirle: “Monseñor, usted sabe lo que es una democracia: una democracia no es un régimen gobernado por un hombre, como lo era el de Trujillo. Yo no tengo ninguna clase de autoridad legal sobre los Diputados Constituyentes”.
La tirantez entre Bosch y la jerarquía eclesiástica alcanzó su nivel más alto el 29 de abril de 1963, con la promulgación de la nueva Constitución sin referencia alguna al Concordato. Al acto de proclamación no asistieron representantes de la Iglesia. Bosch diría después que esa ausencia era “un acto de rebeldía, que la propia Iglesia condenaba”, puesto esta tenía como doctrina el respeto a los gobiernos y a las instituciones legalmente establecidas.
La causa de esa actitud, según Bosch, estaba en que los dignatarios de la Iglesia dominicana “actuaban de acuerdo con el medio en que se movían; y en ese medio, entre la gente de primera y de alta clase media se decía que esa Constitución no tenía validez porque había sido redactada por gente sin importancia, por ignorantes”. Se refería a la extracción social de los miembros de la Asamblea Revisora, entre los cuales había obreros, mujeres, estudiantes, gente cuyos apellidos, según Bosch, no se habían oído nunca en un salón.
Sin embargo, la nueva Carta Magna no era, en palabras de Bosch, “nada del otro mundo”, al no contener ofertas de cambios radicales. Se limitaba a dejar sin efecto el Concordato, a establecer los derechos de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas a las que servían, fijaba límites máximos a la propiedad, condenaba el latifundio y prohibía la deportación de ciudadanos dominicanos.
Bosch insistía ante sus críticos que la Constitución era el fruto del trabajo de una Asamblea Constituyente que nada tenía que ver con él y el gobierno y que su única responsabilidad consistía “en respetarla y hacerla respetar”. En su opinión, aunque se trataba de un paso hacia delante, era una Constitución “tímida, conservadora”, si se la comparaba con otras de la propia área del Caribe, como era el caso de la cubana de 1940. El tema de la Constitución y los derechos de la Iglesia arrinconarían a Bosch.
Cuatro días antes de la promulgación de la nueva ley sustantiva, el Episcopado hizo leer en todos los templos una pastoral condenándola. Los obispos observaban que el texto constitucional no estaba “de acuerdo con los derechos de Dios y de la Iglesia”, por cuanto carecía de fundamento”en las situaciones históricas concretas” del país.
Se quejaban del fracaso de cuantos esfuerzos se realizaran ante la Asamblea Constituyente para lograr soluciones a “los graves problemas planteados” con la nueva Carta Magna, que ignoraba la adhesión de los dominicanos al catolicismo. La Constitución, decía la pastoral, ignoraba esa realidad histórica, por lo que no llenaría su alta finalidad. Para lograr sus objetivos, toda Constitución no podía, como parecía ser el caso, responder al criterio de un hombre o de un solo partido.
El punto crucial del conflicto lo constituía lo que los obispos llamaban “ausencia total de un reconocimiento explícito de los derechos de Dios y de la Iglesia”. La cuestión, sin embargo, seguía siendo qué significaban esos derechos celestiales en medio de una confrontación entre lo que Bosch llamaba tutumpotes, los de arriba, con los hijos de Machepa, los desamparados.
Según la Iglesia, la Constitución ignoraba la situación histórica concreta católica del pueblo dominicano, en las premisas siguientes: carecía de todo sentido espiritualista, retrocedía a épocas en que la influencia demagógica pasó sobre la realidad objetiva de la nación y estaba ahogada de pasiones al desconocer los derechos consagrados a la Iglesia en el Concordato, al no respetar el matrimonio de los católicos, ni la enseñanza religiosa.
Por último, la consideraba atentatoria “contra la estabilidad de la familia cuando, en el fondo, equipara el matrimonio a cualquier unión y consagra el divorcio sin reconocer la estabilidad del matrimonio canónico”.
En la pastoral de censura a la nueva Constitución promulgada el 29 de abril de 1963, el Episcopado llamaba a la población a oponerse a la misma, en los términos siguientes: “No podemos terminar, sin hacer un llamado vehemente a nuestro pueblo, profundamente preocupado ante la presencia de ideologías contrarias a Cristo, a la persona humana y a sus derechos; ideologías que siembran la agitación, el terrorismo, y que augurarían el caos moral, social y económico, y finalmente la esclavitud”.
El 31 de julio, la Iglesia reanudó sus ataques al gobierno. En una declaración dirigida a la autoridad pública, dirigentes políticos, laborales y patronales sobre la situación del país, los obispos manifestaban “su profunda preocupación ante la realidad amarga del momento”, signada por “la incertidumbre y la desconfianza” que ponían en peligro las aspiraciones genuinas de la familia dominicana. Era el más duro y directo de los ataques de la jerarquía católica contra el régimen, en el que se hablaba del tortuoso camino que había tomado el gobierno, haciendo mención nuevamente a la ideología comunista que atribuía a la administración de Bosch.
El presidente entendía que toda esa prédica tenía el propósito de hacerlo saltar del poder y que esa intención venía arrastrándose desde mucho antes de asumir el gobierno. En su libro sobre el golpe, señala que “al día siguiente de las elecciones, el capellán de la Fuerza Aérea pidió a los oficiales de la base de San Isidro que me vigilaran estrechamente. Según él, yo era comunista y tan pronto moviera el primer hombre de las fuerzas armadas debía ser derrocado porque si no acabaría destruyéndolas por completo”. Ese capellán era el padre Rafael Marcial Silva, inspirador y principal dirigente de los cursillos de cristiandad, que sirvieron de plataforma a la oposición anti-boschista creándole un ambiente de animosidad.
El padre Marcial Silva era muy popular no sólo entre los oficiales sino en los círculos donde se movían los cadetes y, en un plano bajo, los soldados. Frecuentemente iba al club de oficiales y al cine de alistados a dar charlas. Cuando se le preguntaba qué opinaba de Bosch, respondía con seguridad y sin titubeos: “Es un hombre peligroso”. Bosch era de cuidar, a juicio del sacerdote, por sus ideas marxistas y porque estaba “en contra de la Iglesia”.
En sus charlas insistía en que Bosch era “ateo, anti hispánico y un anticatólico rabioso”, que había bebido de las enseñanzas hostosianas racionalistas. En su opinión, Bosch era el Hostos dominicano “irrespetuoso de la religión”. Sus palabras lograban avivar sentimientos antiboschistas, no sólo entre los oficiales sino, principalmente entre los soldados de la base de San Isidro, la fuente principal del poder militar de entonces.
En su condición de capellán, el padre Marcial Silva cumplía la obligación de dar misa en otros campamentos. Como sus arengas eran del conocimiento de las esferas oficiales, por lo regular a esas actividades asistía dotado de una fuerte escolta, muchas veces integrada por oficiales que se ofrecían voluntariamente en sus días de asueto de fines de semana. El sacerdote no se preocupaba por mantener estas actividades en secreto. Pronto llegaron a oídos de Bosch, que no guardaba simpatía hacia el sacerdote, sabiendo que este era amigo del coronel Elías Wessin y Wessin, cuyas opiniones contra el comunismo eran ampliamente conocidas en todo el ámbito militar. La oficialidad joven veía a Wessin como un líder con suficiente autoridad para evitar un posible descalabro del estamento militar.
El rompimiento definitivo con los militares se dio el martes 16 de julio, con la cancelación de los nombramientos del sacerdote y el mayor Rolando Haché. Bosch quedaba solo.
El trato de Bosch con los militares se hizo difícil por su poco conocimiento de la vida castrense y su rechazo instintivo a cultivar la amistad de estos. Varios incidentes ilustran la naturaleza escabrosa de esas relaciones, aún en los comienzos del gobierno, cuando todavía la aureola de triunfo elevaba su imagen hasta alturas inimaginables.
Después de juramentarse, Bosch comenzó a visitar campamentos militares. A comienzos de abril se presentó en el Batallón Blindado de la base aérea de San Isidro. Las unidades blindadas estaban dispuestas en formación para una inspección de rigor del presidente. Al llegar a la hilera de tanques AMX, los más modernos de la dotación, Bosch se dirigió a los oficiales diciendo que esperaba que esas máquinas no se usaran contra el pueblo por lo que sería mejor venderlas para comprar barcos de pesca. Un joven oficial, el capitán Juan Oscar Contín intervino ante el estupor que las palabras del mandatario habían provocado, diciendo que no estaba de acuerdo porque esos equipos eran insustituibles para la defensa nacional.
Bosch lo interrumpió: “¡Eso es lo que usted cree!” y se retiró casi inmediatamente. Varios oficiales amigos se acercaron a Contín en señal de apoyo y uno de ellos, viendo a Bosch alejarse, comentó: “¡Ese hombre nos va a joder!”. Situaciones como esta se produjeron otras veces en recintos militares.
El 23 de septiembre hubo una huelga general del comercio y un nuevo incidente fronterizo con Haití que terminó por agriar sus nexos con los militares. Su decisión de cancelar al coronel Wessin la noche del día 24 desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron con su destitución horas después, en la madrugada de ese fatídico 25 de septiembre. El golpe generó meses después un alzamiento militar que condujo a una revuelta civil y a una intervención extranjera. Cinco décadas y media después, sigue vigente el Concordato.
Por Isaías Ramos
Subsidiar futuro o financiar privilegios
La advertencia de Estados Unidos no es el problema; es el espejo. Durante décadas, República Dominicana llamó competitividad a un modelo que subsidia sectores, celebra récords y deja a demasiados trabajadores sin salario suficiente para vivir.
Estados Unidos incluyó a República Dominicana entre economías investigadas por fallas para impedir que bienes producidos con trabajo forzoso entren al comercio internacional, dentro de procesos de la Sección 301. No es condena a cada empresa; es alerta nacional: el mundo ya no aceptará como competitividad la vulnerabilidad laboral convertida en ventaja comercial.
También es una pregunta constitucional: si el Estado debe proteger la dignidad humana y el trabajo, ningún incentivo público puede sostener un modelo que abarata al trabajador para vender competitividad.
Durante años hemos denunciado que República Dominicana no puede seguir presentando zonas francas y turismo hotelero como símbolos absolutos de éxito si quienes sostienen esos sectores permanecen atrapados en salarios que no permiten una vida digna. No hablamos de esclavitud jurídica clásica. Hablamos de servidumbre salarial moderna: empleo sin movilidad, crecimiento sin dignidad y vulnerabilidad laboral convertida en ventaja competitiva.
Detrás de cada récord turístico y de cada contenedor exportado hay manos dominicanas: camareras que limpian habitaciones que difícilmente podrían pagar, operarios que producen para mercados ricos y vuelven a casas donde la compra se lleva el mes, jóvenes que trabajan diez horas y aun así no ven ahorro ni futuro.
La vergüenza es que una presión externa nos recuerde lo que la dirigencia política debió defender hace décadas: ningún incentivo público debe sostener salarios de subsistencia ni privilegios sin retorno social.
La historia agrava la comparación. Taiwán inauguró la zona de procesamiento de exportaciones de Kaohsiung en 1966. República Dominicana inició sus zonas francas en 1969, en La Romana, apenas tres años después. Taiwán lo convirtió en escalera hacia tecnología; nosotros seguimos discutiendo exenciones, salarios insuficientes y poca movilidad social.
El problema dominicano no es falta de inversión o recursos. El problema es que demasiadas reglas extraen trabajo barato, exenciones del Estado y rentabilidad de la vulnerabilidad, pero devuelven poco en salario digno, tecnología, productividad o movilidad social.
Un país no fracasa porque no produzca riqueza. Fracasa cuando permite que esa riqueza se concentre arriba y no abra camino abajo.
La encuesta ACD confirma el dolor cotidiano: el alto costo de vida y la economía aparecen como principal problema; la comida es el gasto que más pesa en el hogar; y bajar precios de alimentos sería el mayor alivio doméstico. LS Consulting completa el cuadro: 86% entiende que es muy difícil progresar aunque se trabaje duro, y 84% no siente el crecimiento económico en su vida diaria.
Miremos la contradicción. En el turismo hotelero, rostro celebrado del modelo dominicano, el salario mínimo llegará a RD$21,840 en junio de 2026. Mientras tanto, la Global Living Wage Coalition estima para Santo Domingo un salario digno de RD$40,051 mensuales en 2025. Celebramos récords de visitantes e inversión, pero muchos trabajadores de esa vitrina siguen lejos de un ingreso suficiente. Un empleo que no permite salir de la pobreza no es movilidad social: es contención social.
Lo mismo ocurre con los incentivos. El informe oficial de gasto tributario estima para 2026 RD$393,541.54 millones, equivalentes al 4.54% del PIB: recursos que el Estado decide no cobrar mediante exenciones e incentivos. No todo incentivo es indebido. Pero todo apoyo público debe responder una pregunta: ¿qué recibe la nación a cambio?
Ahora el Gobierno anuncia un paquete tributario para recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones. Algunas medidas pueden tener sentido progresivo; otras pueden generar presiones inflacionarias indirectas al encarecer transacciones, servicios, conectividad, costos operativos y formalidad. Ninguna carga tributaria existe en el vacío: una parte puede trasladarse a precios, reducir consumo o presionar aún más la canasta básica. Y esa factura llega a una clase media y trabajadora sin margen.
Por eso la pregunta sigue intacta: ¿por qué pedir más carga tributaria antes de auditar la eficiencia del gasto público, transparentar el presupuesto, explicar el destino de los préstamos tomados y revisar los casi RD$393,541 millones de gasto tributario estimado para 2026? No hay reforma fiscal justa sin eficiencia, transparencia, control del endeudamiento y auditoría de privilegios.
Si el Estado deja de cobrar, tiene derecho a exigir. Si subsidia, debe auditar. Si exonera, debe condicionar. Si protege un sector, debe exigir salario digno, productividad, tecnología, compras locales, trazabilidad laboral, sostenibilidad y movilidad social. El apoyo público no puede ser regalo: debe ser contrato.
Una de las peores distorsiones de un gobierno es sustituir competitividad con subsidios y eficiencia con regulación burocrática. La competitividad verdadera nace de productividad, tecnología, energía confiable, logística, educación, trabajo digno y reglas claras. Cuando el Estado subsidia lo que no compite y regula para tapar lo que no funciona, castiga al que produce, protege al ineficiente y carga la factura al pueblo.
República Dominicana no tiene que escoger entre inversión y dignidad laboral. Debe construir una coalición productiva responsable bajo una regla común: todo apoyo público debe producir retorno público.
La inversión que genera empleo digno, tecnología, productividad y encadenamientos debe ser aliada nacional. La inversión que solo extrae ventajas, paga salarios de subsistencia y no deja capacidades debe ser revisada.
Porque un país que subsidia al sector y abandona al trabajador no está desarrollando la nación: está financiando explotación salarial normalizada. Y un país que exporta riqueza mientras reproduce pobreza está comprando vulnerabilidad futura.
Ya basta de financiar privilegios: es tiempo de subsidiar futuro, exigir trabajo digno y gobernar con orden constitucional.
Opinión
El Voto Penitenciario: Restitución de la ciudadanía civil
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3 días agoon
junio 17, 2026Por Robinson Lebrón
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La manifestación más radical del principio de dignidad humana en el ecosistema electoral dominicano durante el periodo 2006–2026 ha sido la progresiva implementación del voto para los internos preventivos, conocido formalmente como el Voto Penitenciario. Históricamente, el ingreso al sistema carcelario dominicano conllevaba una muerte civil de facto, donde las personas privadas de libertad perdían la totalidad de sus derechos, independientemente de su estatus procesal.
Sin embargo, el artículo 24 de la Constitución Dominicana establece con claridad que los derechos de ciudadanía solo se suspenden de manera irrevocable tras una sentencia condenatoria que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Amparada en este precepto y bajo el impulso del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, la JCE, en coordinación con la Procuraduría General de la República, diseñó recintos electorales especiales dentro de las cárceles tradicionales y los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR).
La habilitación de este padrón especial para aquellos reclusos que esperan juicio y que, por tanto, gozan de la presunción de inocencia representa un avance ético sustancial. Al permitirles elegir a las autoridades de los niveles presidencial y legislativo, el Estado dominicano reafirma que la privación de libertad ambulatoria no despoja al ser humano de su dignidad intrínseca ni de su derecho a incidir en el destino político de la nación, combatiendo la marginalización institucionalizada de una de las poblaciones más vulnerables del país.
El análisis de los procesos político-electorales en la República Dominicana durante el periodo 2006–2026 revela una profunda contradicción entre el ordenamiento jurídico y la praxis cultural. La reforma constitucional de 2010 marcó un hito indiscutible al situar a la dignidad humana como el eje transversal del Estado Social y Democrático de Derecho. Desde una perspectiva formal, este mandato se tradujo en una expansión de derechos sin precedentes: la institucionalización del Voto Accesible para personas con discapacidad, la dignificación y restitución ciudadana de los internos preventivos mediante el Voto Penitenciario, y el blindaje jurisprudencial del debido proceso partidario y la equidad de género por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC). Estos avances demuestran que el Estado dominicano ha diseñado una robusta armadura normativa orientada a proteger la autonomía y el valor intrínseco del ciudadano en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El autor es abogado y Docente Universitario.
Por Oscar López Reyes
Recuperar más de seis mil millones de pesos sustraídos malévolamente del patrimonio público, imputar judicialmente a 274 personas, lograr la apertura a juicio de 174 y condenas a 74 se configura, inequívocamente, como un acontecimiento récord. Y un hito que pulsa como punto de referencia en un terruño en el que, ondeando en el encubrimiento, jueces se quitan de los ojos la venda de la Diosa Temis para liberar sospechosamente, escudados en cuestionados tecnicismos legales, a personas señaladas por la comisión de delitos penales.
Solo un hijo de Satanás, integrante del tinglado de peculado que amerita ser fumigado con cubetas de desinfectantes, impugna o ignora con desdén la ejecutoria del Ministerio Público, liderado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el director de la Pepca, Wilson Camacho. Con valentía y sin miedo en el filo de un alto riesgo están escribiendo un capítulo de la historia de la contienda contra la corrupción –que incluye el cazar y someter a la Justicia a colegas fiscales en travesuras de sobornados- que puede servir de brújula ético-moral.
¡Échale!, sumando los del Ministerio Público y los del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), apalancados independientemente por los sostenidos esfuerzos del presidente Abinader, el Gobierno ha recuperado, por intermedio de procesos legales, cerca de 6 mil 500 millones de pesos provenientes de activos de corrupción.
Con las denuncias que perennemente se graban y dejan huellas para la historia, los sometimientos judiciales, el inicio de juicios, las sentencias condenatorias y los decomisos, los que se sirvieron con la cuchara grande o el cucharón han tenido que comerse una brasa de carbón encendido. Esas cicatrices, ¿quedarán marcadas en infraestructuras en líneas que no se borran?, aunque se observe estrictamente la presunción de inocencia.
¿Quiénes han salido quemados? Se les han confiscado emolumentos a encartados en las operaciones Calamar, Medusa, Antipulpo, Coral y Coral 5G, la embajada dominicana en Panamá, los de la compra del Inmueble Peralvillo, los de Castillo R. Diseño & Construcciones, Maxi Montilla, la Operación 13 y el Ministerio de Educación.
¿Y ya…?
“A Dios rogando y con el mazo dando”. Buscando más decomisos de bienes de origen ilícito o recuperaciones, según nuestras indagatorias, 165 mil millones de pesos están en proceso de reclamación de las operaciones citadas, así como también de la Operación Lobo, Intrant, Senasa y Minerd. ¿Qué cantidad será conseguida, en acuerdos con la justicia o con la aplicación de nuevas leyes especializadas, como la de Extinción de Dominio?
¿Solo dos…?
Además de esmerarse con la designación de Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el presidente Abinader creó, en 2021, la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República para hurgar sobre actos de corrupción, prácticas irregulares o erradas en el Gobierno. Y, entre ese año y el 2025, esta división institucional dirigida por Leónidas Radhamés Peña ha remitido a la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA) 426 reportes de datos para investigaciones, y 64 informes para iniciar indagaciones penales a partir de los hallazgos planteados en dichos registros.
¿Acaso son un cuento de hadas las declaratorias de culpabilidad y la imposición de penas por la comisión de una transgresión, y regresos monetarios al Estado? ¿O concretizan el alcance de una meta, por la perseverancia inquebrantable, con una dosis extra de fuerza de voluntad?
Las cifras antes citadas proclaman un salto decisivo y sin precedentes, tocado en el brinco de barreras tendidas por pillos que por doquier están a dos por chele. Representan un antes y un después en la brega contra el envilecimiento y la perversión administrativa estatal, en las entretelas de un sistema en que se torna enmarañado perseguir y sentenciar a ex funcionarios gubernamentales y particulares que olímpicamente se metieron en los bolsillos fondos públicos.
La batida 2020-2026 contra el soborno, el cohecho, el fraude y otros hechos punibles entraña un aprendizaje, porque demuestra que sí es posible rescatar los dineros robados al erario, y que quien mete la mano donde no debe puede quedarse sin ella.
El avance ha sido trascendental, aunque cuantitativamente parcial. Identificar, incautar y devolver a las arcas públicas metálicos malversados o hurtados mediante procesos legales y judiciales cuesta trabajo, por las presiones interesadas de estructuras del poder económico y político, la complicidad justificada por los de la bandera del color partidario, la resignación e inacción de pobres diablos de villas miserias que venden sus votos por un mendrugo de pan duro, la lentitud de procesos judiciales con jueces que se dejan corromper y sobornar, abogados penalistas que obstruyen la Justicia en el pantano de la mugre y leyes sin sanciones ejemplarizantes que socorran a los defraudadores.
Echando a un lado la consabida escasez financiera y las falencias del Ministerio Público, con tantos factores adversos, no viene fácil batir el cobre para conseguir condenas en un 100% de los involucrados en actos de corrupción. Por deducción lógica, habrá que formular una ecuación matemática –calculando los pro y los contra- para fijar unos valores aproximados de sentenciados, y compararlos con los de Corea del Norte, China y Cuba, donde los jueces acogen excepcionalmente el auto de “No ha lugar”.
Las luces están prendidas, para que todos vean muy bien y sepan cómo caminar y dónde amarrar los caballos, para no tropezar con recientes leyes aprobadas, como la de Compras y Contrataciones Públicas, la de Extinción de Dominio y la 74-25 o nuevo Código Penal, que establecen cárceles de hasta de 20 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
¿Quiere usted seguir siendo el viejo músico que toca el mismo compás?, ¿o el que se roba una gallina que ya no puede esconderle las plumas, para no ir por lana y volver trasquilado?
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
