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Opinión

Para entender el presente

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Por Miguel Guerrera

En los últimos años, se ha intentado una clonación oficial del Bosch que los educó en las bregas políticas.

El culto póstumo a la personalidad del ex presidente Bosch, que él en vida rechazaba, terminará disminuyendo su estatura histórica y sus aportes a la creación de una conciencia democrática en el pueblo dominicano. Contribuciones que, a mi juicio, ayudaron a desmontar el mito de la tiranía de Trujillo y enseñar a la población la importancia de su presencia activa en la política, entendida esta como una actividad esencial a la preservación de los derechos ciudadanos.

La creación de un Bosch que nunca existió se asemeja a un sentimiento de culpa de parte de sus discípulos, sin vocación muchos de sus dirigentes para aceptar el partidismo como un compromiso social y no como una vía de superación y enriquecimiento individual. En los últimos años, se ha intentado una clonación oficial del Bosch que los educó en las bregas políticas. El resultado es muy distinto de aquél que la sociedad conoció en situaciones muy complejas y en las que él mismo fue víctima de la intolerancia y la sed de poder; herencia de una guerra fría que en el país degeneró en golpes de estado, revueltas civiles, intervención militar extranjera, conatos de guerrillas y otras experiencias sobre las que surgió la democracia dominicana.

A diferencia de muchos de sus alumnos políticos, no todos, Bosch no mostró nunca amor apasionado por el poder y es probable que nunca se sintiera realmente atraído por él. A finales de 1962, cuando todos los indicios mostraban su inevitable triunfo electoral, trató afanosamente de buscar un pretexto para validar históricamente su retiro del proceso, en la predicción, que resultó profética, de que a la postre sería derrocado. Esta idea le obsesionó desde antes de asumir la presidencia hasta la madrugada de aquél trágico 25 de septiembre en que fue derrocado por un golpe incruento, provocado en gran medida por su incapacidad para sobrevivir a las circunstancias imperantes.

La costosa interrupción del proceso democrático iniciado con las elecciones del 20 de diciembre que dieron al triunfo a Bosch sobre las fuerzas conservadoras aglutinadas en la Unión Cívica Nacional, fue el resultado lógico y brutal de una conjugación de factores que el mismo Bosch contribuyó a crear voluntaria e involuntariamente. Se ha discutido mucho desde entonces si él estaba en condiciones de evitar los tristes acontecimientos que trajeron consigo su salida forzosa del poder, pero es poco probable que pueda llegarse a conclusiones que no sean las especulativas derivadas de la pasión que su memoria todavía despierta entre seguidores y detractores.

Lo cierto es que Bosch cometió errores fatales, que no le permitieron hacerse entender de una sociedad apenas salida de tres décadas de oscurantismo y terror, sin experiencia alguna en la práctica democrática, tanto en la esfera económica y cultural como en la política. La obsesión de Bosch por la suerte de su gestión era patética. Su fatalismo le llegó a decir muchas veces que le derrocarían, incluso antes de asumir el cargo. En su libro “Crisis de la democracia de América en la República Dominicana”, escribió un año después del golpe lo siguiente: “Yo tuve que aceptar esa presión de las masas (su postulación como candidato), y si hay algo de que me arrepiento en la vida es de haber aceptado ir a la elección como candidato presidencial sabiendo, como lo sabía sin la menor duda, que el Gobierno que me iba a tocar encabezar sería derrocado quizá antes de que tomara el poder”.

A través de los años, esta afirmación y otras muy similares han contribuido a expandir el criterio de que Bosch le temía a las responsabilidades del poder y que como consecuencia de ello, voluntaria o involuntariamente, para todos los fines lo mismo, creó las condiciones para su derrocamiento y la inestabilidad que vino después. 

En su propia definición de lo que era saber gobernar, podría decirse que Bosch desconocía cómo hacerlo. En medio de la campaña electoral, Bosch dijo que Trujillo, que había sometido al país a una sangrienta y corrupta tiranía de tres décadas, entendía esos secretos porque había sabido mantenerse en el poder por tantos años. Tal afirmación mostraba un aspecto cuestionable de su formación política e intelectual, fuera hoy de toda discusión racional dado que el inventado Bosch que muchos de sus discípulos reverencian en altares, no tolera indagación alguna sobre aspectos contradictorios de su personalidad.

El temperamento del líder peledeista lo distanciaba de una gran parte del conglomerado nacional que veía en sus posiciones extremas y su apoyo a los movimientos radicales una amenaza al orden social. El golpe generó una transformación ideológica poco común en personas de su edad. De defensor acérrimo de la democracia representativa pasó a ser un ideólogo de un marxismo entendido como instrumento del análisis histórico y de la lucha de clases. Es interesante, sin embargo, observar cómo su apego a valores democráticos fomentaron en una sociedad atrasada como la dominicana de 1963, la aversión a sus métodos, los cuales incluso lo distanciaron de su propio partido, el PRD.

Al momento del golpe, el grueso de la dirigencia de su partido se encontraba alejada del gobierno y muchos de ellos, como era el caso de Ángel Miolán, quien tenía el control de la maquinaria partidista, no visitaba el Palacio y estaba en franco desacuerdo con la forma en que se conducía el gobierno. Bosch, por ejemplo, había amenazado con cerrar los locales del partido, lo que nunca sucedió, para crear allí escuelas de alfabetización, lo que tampoco hizo. En parte todo eso explica porque en los días siguientes al golpe no se produjeran protestas en defensa del orden constitucional.

En la historia oficial del golpe que derrocó a Bosch la madrugada del 25 de septiembre, hacen ya 54 años, se señalan como responsables a la oligarquía, los comerciantes e industriales, los herederos del trujillismo en la esfera militar y, por supuesto, la jerarquía católica y el gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia.

Con respecto a este último, la verdad es que si bien la llamada tolerancia de Bosch hacia las actividades de los grupos emergentes de la izquierda, especialmente el Catorce de Junio que lideraba Manuel Aurelio Tavarez Justo, Manolo, propiciaba creciente desconfianza acerca de sus ideales democráticos en esas esferas, especialmente en los círculos más conservadores de la sociedad de entonces, la Casa Blanca veía en Bosch una esperanza de cambio democrático. Durante los meses siguientes a la asonada militar, el Triunvirato que reemplazó a Bosch no encontró apoyo en Washington hasta días después del asesinato del presidente Kennedy y el alzamiento insurreccional del Catorce de Junio.

Las memorias del embajador John B. Martin y sus relatos de sus vínculos con Bosch, además de los enormes ejemplos de su injerencia en los asuntos internos dominicanos revelan también una manifiesta simpatía hacia él en el plano personal, y a muchas de sus ideas de transformación de la atrasada sociedad dominicana de aquellos lejanos días. Eran tiempos de guerra fría en los que apenas un año antes, el mundo se vio amenazado de una conflagración atómica durante la llamada crisis de los cohetes, debido al emplazamiento de arsenal nuclear soviético en territorio cubano.

El temor a un nuevo ensayo comunista en República Dominicana, tal como había ocurrido ya en Cuba, fue sin duda alguna un factor decisivo en el papel estadounidense en el golpe contra Bosch. En las siguientes entregas veremos el papel de la Iglesia en esos hechos.

Las relaciones de Bosch con la Iglesia Católica fueron desde un principio muy difíciles y siguieron siéndolo hasta el final de sus días. No hubo de ninguna de las partes esfuerzo serio para superar las diferencias y era poco probable que tal posibilidad existiera, por lo menos en la época previa a su presidencia y durante los siete meses en que la ejerció. A los obispos les molestaba que en sus charlas a las masas más pobres, donde radicaba su verdadero poder, Bosch no parecía simpatizar con la fe católica e hiciera en cambio mención de cosas que por lo general consideraban como “herejías” impropias de un cristiano.

En un documento titulado “Declaración sobre el momento político de la campaña electoral”, cinco días antes de las elecciones, el 15 de diciembre de 1962, el Episcopado mostró su abierta y franca antipatía hacia el candidato del PRD. Tras resaltar el deber de los católicos de votar “en bien de la sociedad, especialmente en las actuales circunstancias”, la jerarquía eclesiástica ponía en alerta a los feligreses con relación a determinados candidatos, al advertir que “los católicos deben votar por personas honestas que ofrezcan garantías para el futuro de la patria y de la iglesia”.

Bosch había sido acusado por sacerdotes en todo el país de profesar ideas comunistas y el documento de los obispos advertía que los católicos “no pueden votar por partidos que atenten contra el orden cristiano, como son los partidos de tipo marxistas”, lo cual era evidente invitación a votar en su contra. Curándose en salud se señalaba que la posición oficial de la iglesia era dejar “a la conciencia de cada católico la elección de los actuales candidatos por los cuales debe votar”.

El embajador Martin revela en sus memorias que un líder de Unión Cívica le dijo que “los párrocos están diciendo en las iglesias, sin alharacas, que Bosch es malo”.

A pocos días de las elecciones, arreció la campaña antiboschista del clero católico. El 15 de diciembre, hubo una segunda declaración oficial de los obispos en la que hacían mención directa de Bosch y del PRD. Este segundo documento titulado “Sobre incidencias de las elecciones entre el Clero y el PRD”, refería que el hecho de que a sacerdotes se les concediera la indispensable autorización eclesiástica para ser candidatos a las cámaras por otros partidos, lo que no se había hecho con el PRD, se debía a “la clara postura ideológica del partido en cuestión, al conformarse en un mínimo sustancial con la doctrina social de la Iglesia”.

Se respondía a la queja del PRD sobre las advertencias de sacerdotes de que aquellos que votaran por Bosch y sus candidatos al Congreso serían excomulgados, con una clara ironía en el más puro lenguaje pastoral: “Pensar que algunos curas han amenazado con la excomunión a cuantos votaran por el PRD es un infundio que involucra dos cosas separables de por sí. Acaso una explicación algo confusa o una desafortunada inteligencia del oyente mezclaron dos categorías o factores: PRD y comunismo, que si de pronto parecen incomprensibles por tal o tal aspecto, eso no quita que pudieran ser componibles bajo otros puntos de vista en el grado más o menos elevado de acercamiento al comunismo, o el mismo ideario gubernativo del partido, que si no resulta comunista por entero, acusa, sin embargo, un filomarxismo demasiado patente”.

El Episcopado defendía el derecho de “nuestros campesinos y compatriotas” de pedirle consejo a la Iglesia “sobre el voto electoral”, indicando que el que algunos dominicanos “tengan más confianza en los curas que en los políticos, váyase de contrapeso por los que tienen más confianza en los políticos que en los curas”. Este nuevo documento impacientó a Bosch, que amenazó con retirar su candidatura.

La reiterada posición de la jerarquía católica llevó al PRD a plantear una nueva amenaza pública de abstención. Bajo tales condiciones, advertían Bosch y otros dirigentes del partido, era imposible competir en igualdad de condiciones.

En el segundo documento del 15 de diciembre, ya los obispos se habían referido a la posibilidad de un retiro de las candidaturas perredeistas de la manera siguiente: “No somos de la Unión Cívica. Pero sinceramente recomendamos al PRD, aunque este consejo ningún perredeista lo pidió, que continúe terciando en la contienda electoral. Que no se haga la víctima de interferencias fácilmente soslayables, ni dé mayor volumen a las cosas de los curas que de los políticos. Pero que tampoco pretenda nadie establecer en un país libre como la República Dominicana, una Iglesia del Silencio, porque esto recordaría demasiado a cierto sistema (se refería a la tiranía de Trujillo) ya caído en descrédito”.

Todo esto se agregaba a la delicada situación de enfrentamiento que había originado un artículo del sacerdote español Láutico García en la que abiertamente se acusaba a Bosch de profesar ideas marxistas-leninistas y que dio lugar, días después, a un debate difundido por la radio y la televisión estatal que acaparó la atención de todo el país y se prolongó hasta después de la medianoche. En la madrugada, miles de partidarios de Bosch salieron a las calles a celebrar lo que consideraban un triunfo de su líder sobre el sacerdote.

Al final del programa, el moderador Salvador Pittaluga Nivar le preguntó a Bosch si aún insistiría en retirarse ya que el sacerdote retiraba su acusación de comunista. La respuesta dejó pasmado al país, al señalar que lamentaría no hacerlo porque si ganaba “el gobierno que yo presida no podrá gobernar: será derrocado por comunista en poco tiempo”. En ese ambiente de fatal pesimismo ganó la presidencia.

Al analizar el papel de la Iglesia en el golpe de estado que le derrocó, Bosch escribiría después en “Crisis de la democracia de América en República Dominicana”, que aunque el padre Láutico García admitió que él no era comunista, los sacerdotes que “habían tomado la vanguardia en la ofensiva contra el PRD no cejaron un paso”. Al contrario, “pasadas las elecciones organizaron la lucha y no la abandonaron ni siquiera después de caído el gobierno constitucional”.

Bosch entendía, sin embargo, que ya le era imposible renunciar a su candidatura. “Afuera del estudio de televisión”, escribió, “esperaba una multitud regocijada; en los barrios las calles estaban animadas como de día, a pesar de que eran las dos de la mañana; los centenares de millares de perredeístas que lanzaban a esa hora vivas entusiastas en todos los rincones del país, esperaban ir a votar treinta horas después”.

Fue ese escenario lo que según Bosch le decidió a mantener su candidatura, decisión que un año después del golpe considerara como una equivocación, de la cual se hallaba arrepentido.

El triunfo electoral no enfrió la rivalidad, por el contrario la incrementó. En los comicios del 20 de diciembre, los electores habían votado no sólo para escoger un presidente y un vicepresidente de la República. También lo habían hecho para integrar un Congreso bicameral que tenía la responsabilidad adicional de aprobar una nueva Constitución. Muy pronto se hizo evidente que esta tarea generaría mayores conflictos con la Iglesia, que reclamaba a Bosch haber propiciado una Constitución que no reconocía la legitimidad del Concordato y negaba “los derechos de Dios y de la Santa Iglesia”.

Fue a partir de entonces que las diferencias se hicieron irreconciliables, llevando a un rompimiento que Bosch no olvidaría jamás y que perduró hasta el final de sus días, como veremos en las entregas siguientes.

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Antes de Bosch asumir la presidencia y estando de viaje en el exterior, El Caribe publicó un borrador de la nueva Constitución. En ese texto no se mencionaban los derechos otorgados a la Iglesia en virtud del Concordato firmado en la década anterior. La publicación íntegra de ese borrador desató fuertes polémicas.

En el libro ya citado, Bosch diría que como en dicho documento “no aparecía mención alguna del Concordato que había firmado Trujillo con la Santa Sede, se desataron las iras del Averno”. Ocurrieron espectáculos, según Bosch, “dignos de figurar en la historia”, como fue el caso en que niños de escuelas católicas apedrearon el edificio del Congreso rompiendo sus cristales.

La nueva Constitución proponía cambios sustanciales en relación con las anteriores, incluyendo las bases sobre las que se regían las relaciones del Estado con la Iglesia católica. Bosch sostenía que la vida del país “no podía ser organizada en muchos aspectos” por el legado constitucional de Trujillo, a despecho del reclamo de la Iglesia de que los asuntos que le concernían a ella, incluso el de la enseñanza pública, debían continuar rigiéndose por el Concordato, lo que equivalía a decir que no podían ser tocados.

La lógica de Bosch era simple pero demoledora: “Si la Constitución dominicana establecía que las relaciones entre la Iglesia y el Estado dominicano serían regidos por el Concordato, ¿por qué no figuraban también en ese o en otros artículos los muchos tratados internacionales que obligaban a la República?” Los muchos intentos por hacerlo cambiar de opinión no dieron resultados. Ante una gestión del Nuncio Enmanuel Clarizio llegó a decirle: “Monseñor, usted sabe lo que es una democracia: una democracia no es un régimen gobernado por un hombre, como lo era el de Trujillo. Yo no tengo ninguna clase de autoridad legal sobre los Diputados Constituyentes”.

La tirantez entre Bosch y la jerarquía eclesiástica alcanzó su nivel más alto el 29 de abril de 1963, con la promulgación de la nueva Constitución sin referencia alguna al Concordato. Al acto de proclamación no asistieron representantes de la Iglesia. Bosch diría después que esa ausencia era “un acto de rebeldía, que la propia Iglesia condenaba”, puesto esta tenía como doctrina el respeto a los gobiernos y a las instituciones legalmente establecidas.

La causa de esa actitud, según Bosch, estaba en que los dignatarios de la Iglesia dominicana “actuaban de acuerdo con el medio en que se movían; y en ese medio, entre la gente de primera y de alta clase media se decía que esa Constitución no tenía validez porque había sido redactada por gente sin importancia, por ignorantes”. Se refería a la extracción social de los miembros de la Asamblea Revisora, entre los cuales había obreros, mujeres, estudiantes, gente cuyos apellidos, según Bosch, no se habían oído nunca en un salón.

Sin embargo, la nueva Carta Magna no era, en palabras de Bosch, “nada del otro mundo”, al no contener ofertas de cambios radicales. Se limitaba a dejar sin efecto el Concordato, a establecer los derechos de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas a las que servían, fijaba límites máximos a la propiedad, condenaba el latifundio y prohibía la deportación de ciudadanos dominicanos.

Bosch insistía ante sus críticos que la Constitución era el fruto del trabajo de una Asamblea Constituyente que nada tenía que ver con él y el gobierno y que su única responsabilidad consistía “en respetarla y hacerla respetar”. En su opinión, aunque se trataba de un paso hacia delante, era una Constitución “tímida, conservadora”, si se la comparaba con otras de la propia área del Caribe, como era el caso de la cubana de 1940. El tema de la Constitución y los derechos de la Iglesia arrinconarían a Bosch.

Cuatro días antes de la promulgación de la nueva ley sustantiva, el Episcopado hizo leer en todos los templos una pastoral condenándola. Los obispos observaban que el texto constitucional no estaba “de acuerdo con los derechos de Dios y de la Iglesia”, por cuanto carecía de fundamento”en las situaciones históricas concretas” del país.

Se quejaban del fracaso de cuantos esfuerzos se realizaran ante la Asamblea Constituyente para lograr soluciones a “los graves problemas planteados” con la nueva Carta Magna, que ignoraba la adhesión de los dominicanos al catolicismo. La Constitución, decía la pastoral, ignoraba esa realidad histórica, por lo que no llenaría su alta finalidad. Para lograr sus objetivos, toda Constitución no podía, como parecía ser el caso, responder al criterio de un hombre o de un solo partido.

El punto crucial del conflicto lo constituía lo que los obispos llamaban “ausencia total de un reconocimiento explícito de los derechos de Dios y de la Iglesia”. La cuestión, sin embargo, seguía siendo qué significaban esos derechos celestiales en medio de una confrontación entre lo que Bosch llamaba tutumpotes, los de arriba, con los hijos de Machepa, los desamparados.

Según la Iglesia, la Constitución ignoraba la situación histórica concreta católica del pueblo dominicano, en las premisas siguientes: carecía de todo sentido espiritualista, retrocedía a épocas en que la influencia demagógica pasó sobre la realidad objetiva de la nación y estaba ahogada de pasiones al desconocer los derechos consagrados a la Iglesia en el Concordato, al no respetar el matrimonio de los católicos, ni la enseñanza religiosa.

Por último, la consideraba atentatoria “contra la estabilidad de la familia cuando, en el fondo, equipara el matrimonio a cualquier unión y consagra el divorcio sin reconocer la estabilidad del matrimonio canónico”.

En la pastoral de censura a la nueva Constitución promulgada el 29 de abril de 1963, el Episcopado llamaba a la población a oponerse a la misma, en los términos siguientes: “No podemos terminar, sin hacer un llamado vehemente a nuestro pueblo, profundamente preocupado ante la presencia de ideologías contrarias a Cristo, a la persona humana y a sus derechos; ideologías que siembran la agitación, el terrorismo, y que augurarían el caos moral, social y económico, y finalmente la esclavitud”.

El 31 de julio, la Iglesia reanudó sus ataques al gobierno. En una declaración dirigida a la autoridad pública, dirigentes políticos, laborales y patronales sobre la situación del país, los obispos manifestaban “su profunda preocupación ante la realidad amarga del momento”, signada por “la incertidumbre y la desconfianza” que ponían en peligro las aspiraciones genuinas de la familia dominicana. Era el más duro y directo de los ataques de la jerarquía católica contra el régimen, en el que se hablaba del tortuoso camino que había tomado el gobierno, haciendo mención nuevamente a la ideología comunista que atribuía a la administración de Bosch.

El presidente entendía que toda esa prédica tenía el propósito de hacerlo saltar del poder y que esa intención venía arrastrándose desde mucho antes de asumir el gobierno. En su libro sobre el golpe, señala que “al día siguiente de las elecciones, el capellán de la Fuerza Aérea pidió a los oficiales de la base de San Isidro que me vigilaran estrechamente. Según él, yo era comunista y tan pronto moviera el primer hombre de las fuerzas armadas debía ser derrocado porque si no acabaría destruyéndolas por completo”. Ese capellán era el padre Rafael Marcial Silva, inspirador y principal dirigente de los cursillos de cristiandad, que sirvieron de plataforma a la oposición anti-boschista creándole un ambiente de animosidad.

El padre Marcial Silva era muy popular no sólo entre los oficiales sino en los círculos donde se movían los cadetes y, en un plano bajo, los soldados. Frecuentemente iba al club de oficiales y al cine de alistados a dar charlas. Cuando se le preguntaba qué opinaba de Bosch, respondía con seguridad y sin titubeos: “Es un hombre peligroso”. Bosch era de cuidar, a juicio del sacerdote, por sus ideas marxistas y porque estaba “en contra de la Iglesia”.

En sus charlas insistía en que Bosch era “ateo, anti hispánico y un anticatólico rabioso”, que había bebido de las enseñanzas hostosianas racionalistas. En su opinión, Bosch era el Hostos dominicano “irrespetuoso de la religión”. Sus palabras lograban avivar sentimientos antiboschistas, no sólo entre los oficiales sino, principalmente entre los soldados de la base de San Isidro, la fuente principal del poder militar de entonces.

En su condición de capellán, el padre Marcial Silva cumplía la obligación de dar misa en otros campamentos. Como sus arengas eran del conocimiento de las esferas oficiales, por lo regular a esas actividades asistía dotado de una fuerte escolta, muchas veces integrada por oficiales que se ofrecían voluntariamente en sus días de asueto de fines de semana. El sacerdote no se preocupaba por mantener estas actividades en secreto. Pronto llegaron a oídos de Bosch, que no guardaba simpatía hacia el sacerdote, sabiendo que este era amigo del coronel Elías Wessin y Wessin, cuyas opiniones contra el comunismo eran ampliamente conocidas en todo el ámbito militar. La oficialidad joven veía a Wessin como un líder con suficiente autoridad para evitar un posible descalabro del estamento militar.

El rompimiento definitivo con los militares se dio el martes 16 de julio, con la cancelación de los nombramientos del sacerdote y el mayor Rolando Haché. Bosch quedaba solo.

El trato de Bosch con los militares se hizo difícil por su poco conocimiento de la vida castrense y su rechazo instintivo a cultivar la amistad de estos. Varios incidentes ilustran la naturaleza escabrosa de esas relaciones, aún en los comienzos del gobierno, cuando todavía la aureola de triunfo elevaba su imagen hasta alturas inimaginables.

Después de juramentarse, Bosch comenzó a visitar campamentos militares. A comienzos de abril se presentó en el Batallón Blindado de la base aérea de San Isidro. Las unidades blindadas estaban dispuestas en formación para una inspección de rigor del presidente. Al llegar a la hilera de tanques AMX, los más modernos de la dotación, Bosch se dirigió a los oficiales diciendo que esperaba que esas máquinas no se usaran contra el pueblo por lo que sería mejor venderlas para comprar barcos de pesca. Un joven oficial, el capitán Juan Oscar Contín intervino ante el estupor que las palabras del mandatario habían provocado, diciendo que no estaba de acuerdo porque esos equipos eran insustituibles para la defensa nacional.

Bosch lo interrumpió: “¡Eso es lo que usted cree!” y se retiró casi inmediatamente. Varios oficiales amigos se acercaron a Contín en señal de apoyo y uno de ellos, viendo a Bosch alejarse, comentó: “¡Ese hombre nos va a joder!”. Situaciones como esta se produjeron otras veces en recintos militares.

El 23 de septiembre hubo una huelga general del comercio y un nuevo incidente fronterizo con Haití que terminó por agriar sus nexos con los militares. Su decisión de cancelar al coronel Wessin la noche del día 24 desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron con su destitución horas después, en la madrugada de ese fatídico 25 de septiembre. El golpe generó meses después un alzamiento militar que condujo a una revuelta civil y a una intervención extranjera. Cinco décadas y media después, sigue vigente el Concordato.

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Opinión

La CIA, Mockingbird y los periodistas

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(I)

Por Oscar López Reyes

Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.

En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.

La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.

A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.

Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.

Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:

1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.

2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.

3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.

4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.

5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.

6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.

7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.

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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.

 

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Opinión

Cuando el privilegio pesa más que el salario

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Por Isaías Ramos

En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?

La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.

No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.

Primero derechos; después privilegios.

La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.

Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.

Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.

Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:

  • ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
  • ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
  • ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?

Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.

Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.

A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.

Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.

Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.

La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.

¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?

¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?

En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.

Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.

En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.

Despierta RD

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Opinión

La Corte Penal Internacional y los Tribunales Penales Internacionales  (1 de 2)

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Por Rommel Santos Díaz

A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia  y Ruanda  son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.

Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el  Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución  827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)

En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como  por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del  Tribunal Penal Internacional  para Ruanda.

La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional  para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal  hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.

De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional  que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones  de la Corte Penal Internacional.

Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.

Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas  para mantener la seguridad y la paz internacional.

Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.

Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su  independencia con respecto a dicha organización internacional.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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