Opinión
Para entender el presente
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9 años agoon
Por Miguel Guerrera
En los últimos años, se ha intentado una clonación oficial del Bosch que los educó en las bregas políticas.
El culto póstumo a la personalidad del ex presidente Bosch, que él en vida rechazaba, terminará disminuyendo su estatura histórica y sus aportes a la creación de una conciencia democrática en el pueblo dominicano. Contribuciones que, a mi juicio, ayudaron a desmontar el mito de la tiranía de Trujillo y enseñar a la población la importancia de su presencia activa en la política, entendida esta como una actividad esencial a la preservación de los derechos ciudadanos.
La creación de un Bosch que nunca existió se asemeja a un sentimiento de culpa de parte de sus discípulos, sin vocación muchos de sus dirigentes para aceptar el partidismo como un compromiso social y no como una vía de superación y enriquecimiento individual. En los últimos años, se ha intentado una clonación oficial del Bosch que los educó en las bregas políticas. El resultado es muy distinto de aquél que la sociedad conoció en situaciones muy complejas y en las que él mismo fue víctima de la intolerancia y la sed de poder; herencia de una guerra fría que en el país degeneró en golpes de estado, revueltas civiles, intervención militar extranjera, conatos de guerrillas y otras experiencias sobre las que surgió la democracia dominicana.
A diferencia de muchos de sus alumnos políticos, no todos, Bosch no mostró nunca amor apasionado por el poder y es probable que nunca se sintiera realmente atraído por él. A finales de 1962, cuando todos los indicios mostraban su inevitable triunfo electoral, trató afanosamente de buscar un pretexto para validar históricamente su retiro del proceso, en la predicción, que resultó profética, de que a la postre sería derrocado. Esta idea le obsesionó desde antes de asumir la presidencia hasta la madrugada de aquél trágico 25 de septiembre en que fue derrocado por un golpe incruento, provocado en gran medida por su incapacidad para sobrevivir a las circunstancias imperantes.
La costosa interrupción del proceso democrático iniciado con las elecciones del 20 de diciembre que dieron al triunfo a Bosch sobre las fuerzas conservadoras aglutinadas en la Unión Cívica Nacional, fue el resultado lógico y brutal de una conjugación de factores que el mismo Bosch contribuyó a crear voluntaria e involuntariamente. Se ha discutido mucho desde entonces si él estaba en condiciones de evitar los tristes acontecimientos que trajeron consigo su salida forzosa del poder, pero es poco probable que pueda llegarse a conclusiones que no sean las especulativas derivadas de la pasión que su memoria todavía despierta entre seguidores y detractores.
Lo cierto es que Bosch cometió errores fatales, que no le permitieron hacerse entender de una sociedad apenas salida de tres décadas de oscurantismo y terror, sin experiencia alguna en la práctica democrática, tanto en la esfera económica y cultural como en la política. La obsesión de Bosch por la suerte de su gestión era patética. Su fatalismo le llegó a decir muchas veces que le derrocarían, incluso antes de asumir el cargo. En su libro “Crisis de la democracia de América en la República Dominicana”, escribió un año después del golpe lo siguiente: “Yo tuve que aceptar esa presión de las masas (su postulación como candidato), y si hay algo de que me arrepiento en la vida es de haber aceptado ir a la elección como candidato presidencial sabiendo, como lo sabía sin la menor duda, que el Gobierno que me iba a tocar encabezar sería derrocado quizá antes de que tomara el poder”.
A través de los años, esta afirmación y otras muy similares han contribuido a expandir el criterio de que Bosch le temía a las responsabilidades del poder y que como consecuencia de ello, voluntaria o involuntariamente, para todos los fines lo mismo, creó las condiciones para su derrocamiento y la inestabilidad que vino después.
En su propia definición de lo que era saber gobernar, podría decirse que Bosch desconocía cómo hacerlo. En medio de la campaña electoral, Bosch dijo que Trujillo, que había sometido al país a una sangrienta y corrupta tiranía de tres décadas, entendía esos secretos porque había sabido mantenerse en el poder por tantos años. Tal afirmación mostraba un aspecto cuestionable de su formación política e intelectual, fuera hoy de toda discusión racional dado que el inventado Bosch que muchos de sus discípulos reverencian en altares, no tolera indagación alguna sobre aspectos contradictorios de su personalidad.
El temperamento del líder peledeista lo distanciaba de una gran parte del conglomerado nacional que veía en sus posiciones extremas y su apoyo a los movimientos radicales una amenaza al orden social. El golpe generó una transformación ideológica poco común en personas de su edad. De defensor acérrimo de la democracia representativa pasó a ser un ideólogo de un marxismo entendido como instrumento del análisis histórico y de la lucha de clases. Es interesante, sin embargo, observar cómo su apego a valores democráticos fomentaron en una sociedad atrasada como la dominicana de 1963, la aversión a sus métodos, los cuales incluso lo distanciaron de su propio partido, el PRD.
Al momento del golpe, el grueso de la dirigencia de su partido se encontraba alejada del gobierno y muchos de ellos, como era el caso de Ángel Miolán, quien tenía el control de la maquinaria partidista, no visitaba el Palacio y estaba en franco desacuerdo con la forma en que se conducía el gobierno. Bosch, por ejemplo, había amenazado con cerrar los locales del partido, lo que nunca sucedió, para crear allí escuelas de alfabetización, lo que tampoco hizo. En parte todo eso explica porque en los días siguientes al golpe no se produjeran protestas en defensa del orden constitucional.
En la historia oficial del golpe que derrocó a Bosch la madrugada del 25 de septiembre, hacen ya 54 años, se señalan como responsables a la oligarquía, los comerciantes e industriales, los herederos del trujillismo en la esfera militar y, por supuesto, la jerarquía católica y el gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia.
Con respecto a este último, la verdad es que si bien la llamada tolerancia de Bosch hacia las actividades de los grupos emergentes de la izquierda, especialmente el Catorce de Junio que lideraba Manuel Aurelio Tavarez Justo, Manolo, propiciaba creciente desconfianza acerca de sus ideales democráticos en esas esferas, especialmente en los círculos más conservadores de la sociedad de entonces, la Casa Blanca veía en Bosch una esperanza de cambio democrático. Durante los meses siguientes a la asonada militar, el Triunvirato que reemplazó a Bosch no encontró apoyo en Washington hasta días después del asesinato del presidente Kennedy y el alzamiento insurreccional del Catorce de Junio.
Las memorias del embajador John B. Martin y sus relatos de sus vínculos con Bosch, además de los enormes ejemplos de su injerencia en los asuntos internos dominicanos revelan también una manifiesta simpatía hacia él en el plano personal, y a muchas de sus ideas de transformación de la atrasada sociedad dominicana de aquellos lejanos días. Eran tiempos de guerra fría en los que apenas un año antes, el mundo se vio amenazado de una conflagración atómica durante la llamada crisis de los cohetes, debido al emplazamiento de arsenal nuclear soviético en territorio cubano.
El temor a un nuevo ensayo comunista en República Dominicana, tal como había ocurrido ya en Cuba, fue sin duda alguna un factor decisivo en el papel estadounidense en el golpe contra Bosch. En las siguientes entregas veremos el papel de la Iglesia en esos hechos.
Las relaciones de Bosch con la Iglesia Católica fueron desde un principio muy difíciles y siguieron siéndolo hasta el final de sus días. No hubo de ninguna de las partes esfuerzo serio para superar las diferencias y era poco probable que tal posibilidad existiera, por lo menos en la época previa a su presidencia y durante los siete meses en que la ejerció. A los obispos les molestaba que en sus charlas a las masas más pobres, donde radicaba su verdadero poder, Bosch no parecía simpatizar con la fe católica e hiciera en cambio mención de cosas que por lo general consideraban como “herejías” impropias de un cristiano.
En un documento titulado “Declaración sobre el momento político de la campaña electoral”, cinco días antes de las elecciones, el 15 de diciembre de 1962, el Episcopado mostró su abierta y franca antipatía hacia el candidato del PRD. Tras resaltar el deber de los católicos de votar “en bien de la sociedad, especialmente en las actuales circunstancias”, la jerarquía eclesiástica ponía en alerta a los feligreses con relación a determinados candidatos, al advertir que “los católicos deben votar por personas honestas que ofrezcan garantías para el futuro de la patria y de la iglesia”.
Bosch había sido acusado por sacerdotes en todo el país de profesar ideas comunistas y el documento de los obispos advertía que los católicos “no pueden votar por partidos que atenten contra el orden cristiano, como son los partidos de tipo marxistas”, lo cual era evidente invitación a votar en su contra. Curándose en salud se señalaba que la posición oficial de la iglesia era dejar “a la conciencia de cada católico la elección de los actuales candidatos por los cuales debe votar”.
El embajador Martin revela en sus memorias que un líder de Unión Cívica le dijo que “los párrocos están diciendo en las iglesias, sin alharacas, que Bosch es malo”.
A pocos días de las elecciones, arreció la campaña antiboschista del clero católico. El 15 de diciembre, hubo una segunda declaración oficial de los obispos en la que hacían mención directa de Bosch y del PRD. Este segundo documento titulado “Sobre incidencias de las elecciones entre el Clero y el PRD”, refería que el hecho de que a sacerdotes se les concediera la indispensable autorización eclesiástica para ser candidatos a las cámaras por otros partidos, lo que no se había hecho con el PRD, se debía a “la clara postura ideológica del partido en cuestión, al conformarse en un mínimo sustancial con la doctrina social de la Iglesia”.
Se respondía a la queja del PRD sobre las advertencias de sacerdotes de que aquellos que votaran por Bosch y sus candidatos al Congreso serían excomulgados, con una clara ironía en el más puro lenguaje pastoral: “Pensar que algunos curas han amenazado con la excomunión a cuantos votaran por el PRD es un infundio que involucra dos cosas separables de por sí. Acaso una explicación algo confusa o una desafortunada inteligencia del oyente mezclaron dos categorías o factores: PRD y comunismo, que si de pronto parecen incomprensibles por tal o tal aspecto, eso no quita que pudieran ser componibles bajo otros puntos de vista en el grado más o menos elevado de acercamiento al comunismo, o el mismo ideario gubernativo del partido, que si no resulta comunista por entero, acusa, sin embargo, un filomarxismo demasiado patente”.
El Episcopado defendía el derecho de “nuestros campesinos y compatriotas” de pedirle consejo a la Iglesia “sobre el voto electoral”, indicando que el que algunos dominicanos “tengan más confianza en los curas que en los políticos, váyase de contrapeso por los que tienen más confianza en los políticos que en los curas”. Este nuevo documento impacientó a Bosch, que amenazó con retirar su candidatura.
La reiterada posición de la jerarquía católica llevó al PRD a plantear una nueva amenaza pública de abstención. Bajo tales condiciones, advertían Bosch y otros dirigentes del partido, era imposible competir en igualdad de condiciones.
En el segundo documento del 15 de diciembre, ya los obispos se habían referido a la posibilidad de un retiro de las candidaturas perredeistas de la manera siguiente: “No somos de la Unión Cívica. Pero sinceramente recomendamos al PRD, aunque este consejo ningún perredeista lo pidió, que continúe terciando en la contienda electoral. Que no se haga la víctima de interferencias fácilmente soslayables, ni dé mayor volumen a las cosas de los curas que de los políticos. Pero que tampoco pretenda nadie establecer en un país libre como la República Dominicana, una Iglesia del Silencio, porque esto recordaría demasiado a cierto sistema (se refería a la tiranía de Trujillo) ya caído en descrédito”.
Todo esto se agregaba a la delicada situación de enfrentamiento que había originado un artículo del sacerdote español Láutico García en la que abiertamente se acusaba a Bosch de profesar ideas marxistas-leninistas y que dio lugar, días después, a un debate difundido por la radio y la televisión estatal que acaparó la atención de todo el país y se prolongó hasta después de la medianoche. En la madrugada, miles de partidarios de Bosch salieron a las calles a celebrar lo que consideraban un triunfo de su líder sobre el sacerdote.
Al final del programa, el moderador Salvador Pittaluga Nivar le preguntó a Bosch si aún insistiría en retirarse ya que el sacerdote retiraba su acusación de comunista. La respuesta dejó pasmado al país, al señalar que lamentaría no hacerlo porque si ganaba “el gobierno que yo presida no podrá gobernar: será derrocado por comunista en poco tiempo”. En ese ambiente de fatal pesimismo ganó la presidencia.
Al analizar el papel de la Iglesia en el golpe de estado que le derrocó, Bosch escribiría después en “Crisis de la democracia de América en República Dominicana”, que aunque el padre Láutico García admitió que él no era comunista, los sacerdotes que “habían tomado la vanguardia en la ofensiva contra el PRD no cejaron un paso”. Al contrario, “pasadas las elecciones organizaron la lucha y no la abandonaron ni siquiera después de caído el gobierno constitucional”.
Bosch entendía, sin embargo, que ya le era imposible renunciar a su candidatura. “Afuera del estudio de televisión”, escribió, “esperaba una multitud regocijada; en los barrios las calles estaban animadas como de día, a pesar de que eran las dos de la mañana; los centenares de millares de perredeístas que lanzaban a esa hora vivas entusiastas en todos los rincones del país, esperaban ir a votar treinta horas después”.
Fue ese escenario lo que según Bosch le decidió a mantener su candidatura, decisión que un año después del golpe considerara como una equivocación, de la cual se hallaba arrepentido.
El triunfo electoral no enfrió la rivalidad, por el contrario la incrementó. En los comicios del 20 de diciembre, los electores habían votado no sólo para escoger un presidente y un vicepresidente de la República. También lo habían hecho para integrar un Congreso bicameral que tenía la responsabilidad adicional de aprobar una nueva Constitución. Muy pronto se hizo evidente que esta tarea generaría mayores conflictos con la Iglesia, que reclamaba a Bosch haber propiciado una Constitución que no reconocía la legitimidad del Concordato y negaba “los derechos de Dios y de la Santa Iglesia”.
Fue a partir de entonces que las diferencias se hicieron irreconciliables, llevando a un rompimiento que Bosch no olvidaría jamás y que perduró hasta el final de sus días, como veremos en las entregas siguientes.
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Antes de Bosch asumir la presidencia y estando de viaje en el exterior, El Caribe publicó un borrador de la nueva Constitución. En ese texto no se mencionaban los derechos otorgados a la Iglesia en virtud del Concordato firmado en la década anterior. La publicación íntegra de ese borrador desató fuertes polémicas.
En el libro ya citado, Bosch diría que como en dicho documento “no aparecía mención alguna del Concordato que había firmado Trujillo con la Santa Sede, se desataron las iras del Averno”. Ocurrieron espectáculos, según Bosch, “dignos de figurar en la historia”, como fue el caso en que niños de escuelas católicas apedrearon el edificio del Congreso rompiendo sus cristales.
La nueva Constitución proponía cambios sustanciales en relación con las anteriores, incluyendo las bases sobre las que se regían las relaciones del Estado con la Iglesia católica. Bosch sostenía que la vida del país “no podía ser organizada en muchos aspectos” por el legado constitucional de Trujillo, a despecho del reclamo de la Iglesia de que los asuntos que le concernían a ella, incluso el de la enseñanza pública, debían continuar rigiéndose por el Concordato, lo que equivalía a decir que no podían ser tocados.
La lógica de Bosch era simple pero demoledora: “Si la Constitución dominicana establecía que las relaciones entre la Iglesia y el Estado dominicano serían regidos por el Concordato, ¿por qué no figuraban también en ese o en otros artículos los muchos tratados internacionales que obligaban a la República?” Los muchos intentos por hacerlo cambiar de opinión no dieron resultados. Ante una gestión del Nuncio Enmanuel Clarizio llegó a decirle: “Monseñor, usted sabe lo que es una democracia: una democracia no es un régimen gobernado por un hombre, como lo era el de Trujillo. Yo no tengo ninguna clase de autoridad legal sobre los Diputados Constituyentes”.
La tirantez entre Bosch y la jerarquía eclesiástica alcanzó su nivel más alto el 29 de abril de 1963, con la promulgación de la nueva Constitución sin referencia alguna al Concordato. Al acto de proclamación no asistieron representantes de la Iglesia. Bosch diría después que esa ausencia era “un acto de rebeldía, que la propia Iglesia condenaba”, puesto esta tenía como doctrina el respeto a los gobiernos y a las instituciones legalmente establecidas.
La causa de esa actitud, según Bosch, estaba en que los dignatarios de la Iglesia dominicana “actuaban de acuerdo con el medio en que se movían; y en ese medio, entre la gente de primera y de alta clase media se decía que esa Constitución no tenía validez porque había sido redactada por gente sin importancia, por ignorantes”. Se refería a la extracción social de los miembros de la Asamblea Revisora, entre los cuales había obreros, mujeres, estudiantes, gente cuyos apellidos, según Bosch, no se habían oído nunca en un salón.
Sin embargo, la nueva Carta Magna no era, en palabras de Bosch, “nada del otro mundo”, al no contener ofertas de cambios radicales. Se limitaba a dejar sin efecto el Concordato, a establecer los derechos de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas a las que servían, fijaba límites máximos a la propiedad, condenaba el latifundio y prohibía la deportación de ciudadanos dominicanos.
Bosch insistía ante sus críticos que la Constitución era el fruto del trabajo de una Asamblea Constituyente que nada tenía que ver con él y el gobierno y que su única responsabilidad consistía “en respetarla y hacerla respetar”. En su opinión, aunque se trataba de un paso hacia delante, era una Constitución “tímida, conservadora”, si se la comparaba con otras de la propia área del Caribe, como era el caso de la cubana de 1940. El tema de la Constitución y los derechos de la Iglesia arrinconarían a Bosch.
Cuatro días antes de la promulgación de la nueva ley sustantiva, el Episcopado hizo leer en todos los templos una pastoral condenándola. Los obispos observaban que el texto constitucional no estaba “de acuerdo con los derechos de Dios y de la Iglesia”, por cuanto carecía de fundamento”en las situaciones históricas concretas” del país.
Se quejaban del fracaso de cuantos esfuerzos se realizaran ante la Asamblea Constituyente para lograr soluciones a “los graves problemas planteados” con la nueva Carta Magna, que ignoraba la adhesión de los dominicanos al catolicismo. La Constitución, decía la pastoral, ignoraba esa realidad histórica, por lo que no llenaría su alta finalidad. Para lograr sus objetivos, toda Constitución no podía, como parecía ser el caso, responder al criterio de un hombre o de un solo partido.
El punto crucial del conflicto lo constituía lo que los obispos llamaban “ausencia total de un reconocimiento explícito de los derechos de Dios y de la Iglesia”. La cuestión, sin embargo, seguía siendo qué significaban esos derechos celestiales en medio de una confrontación entre lo que Bosch llamaba tutumpotes, los de arriba, con los hijos de Machepa, los desamparados.
Según la Iglesia, la Constitución ignoraba la situación histórica concreta católica del pueblo dominicano, en las premisas siguientes: carecía de todo sentido espiritualista, retrocedía a épocas en que la influencia demagógica pasó sobre la realidad objetiva de la nación y estaba ahogada de pasiones al desconocer los derechos consagrados a la Iglesia en el Concordato, al no respetar el matrimonio de los católicos, ni la enseñanza religiosa.
Por último, la consideraba atentatoria “contra la estabilidad de la familia cuando, en el fondo, equipara el matrimonio a cualquier unión y consagra el divorcio sin reconocer la estabilidad del matrimonio canónico”.
En la pastoral de censura a la nueva Constitución promulgada el 29 de abril de 1963, el Episcopado llamaba a la población a oponerse a la misma, en los términos siguientes: “No podemos terminar, sin hacer un llamado vehemente a nuestro pueblo, profundamente preocupado ante la presencia de ideologías contrarias a Cristo, a la persona humana y a sus derechos; ideologías que siembran la agitación, el terrorismo, y que augurarían el caos moral, social y económico, y finalmente la esclavitud”.
El 31 de julio, la Iglesia reanudó sus ataques al gobierno. En una declaración dirigida a la autoridad pública, dirigentes políticos, laborales y patronales sobre la situación del país, los obispos manifestaban “su profunda preocupación ante la realidad amarga del momento”, signada por “la incertidumbre y la desconfianza” que ponían en peligro las aspiraciones genuinas de la familia dominicana. Era el más duro y directo de los ataques de la jerarquía católica contra el régimen, en el que se hablaba del tortuoso camino que había tomado el gobierno, haciendo mención nuevamente a la ideología comunista que atribuía a la administración de Bosch.
El presidente entendía que toda esa prédica tenía el propósito de hacerlo saltar del poder y que esa intención venía arrastrándose desde mucho antes de asumir el gobierno. En su libro sobre el golpe, señala que “al día siguiente de las elecciones, el capellán de la Fuerza Aérea pidió a los oficiales de la base de San Isidro que me vigilaran estrechamente. Según él, yo era comunista y tan pronto moviera el primer hombre de las fuerzas armadas debía ser derrocado porque si no acabaría destruyéndolas por completo”. Ese capellán era el padre Rafael Marcial Silva, inspirador y principal dirigente de los cursillos de cristiandad, que sirvieron de plataforma a la oposición anti-boschista creándole un ambiente de animosidad.
El padre Marcial Silva era muy popular no sólo entre los oficiales sino en los círculos donde se movían los cadetes y, en un plano bajo, los soldados. Frecuentemente iba al club de oficiales y al cine de alistados a dar charlas. Cuando se le preguntaba qué opinaba de Bosch, respondía con seguridad y sin titubeos: “Es un hombre peligroso”. Bosch era de cuidar, a juicio del sacerdote, por sus ideas marxistas y porque estaba “en contra de la Iglesia”.
En sus charlas insistía en que Bosch era “ateo, anti hispánico y un anticatólico rabioso”, que había bebido de las enseñanzas hostosianas racionalistas. En su opinión, Bosch era el Hostos dominicano “irrespetuoso de la religión”. Sus palabras lograban avivar sentimientos antiboschistas, no sólo entre los oficiales sino, principalmente entre los soldados de la base de San Isidro, la fuente principal del poder militar de entonces.
En su condición de capellán, el padre Marcial Silva cumplía la obligación de dar misa en otros campamentos. Como sus arengas eran del conocimiento de las esferas oficiales, por lo regular a esas actividades asistía dotado de una fuerte escolta, muchas veces integrada por oficiales que se ofrecían voluntariamente en sus días de asueto de fines de semana. El sacerdote no se preocupaba por mantener estas actividades en secreto. Pronto llegaron a oídos de Bosch, que no guardaba simpatía hacia el sacerdote, sabiendo que este era amigo del coronel Elías Wessin y Wessin, cuyas opiniones contra el comunismo eran ampliamente conocidas en todo el ámbito militar. La oficialidad joven veía a Wessin como un líder con suficiente autoridad para evitar un posible descalabro del estamento militar.
El rompimiento definitivo con los militares se dio el martes 16 de julio, con la cancelación de los nombramientos del sacerdote y el mayor Rolando Haché. Bosch quedaba solo.
El trato de Bosch con los militares se hizo difícil por su poco conocimiento de la vida castrense y su rechazo instintivo a cultivar la amistad de estos. Varios incidentes ilustran la naturaleza escabrosa de esas relaciones, aún en los comienzos del gobierno, cuando todavía la aureola de triunfo elevaba su imagen hasta alturas inimaginables.
Después de juramentarse, Bosch comenzó a visitar campamentos militares. A comienzos de abril se presentó en el Batallón Blindado de la base aérea de San Isidro. Las unidades blindadas estaban dispuestas en formación para una inspección de rigor del presidente. Al llegar a la hilera de tanques AMX, los más modernos de la dotación, Bosch se dirigió a los oficiales diciendo que esperaba que esas máquinas no se usaran contra el pueblo por lo que sería mejor venderlas para comprar barcos de pesca. Un joven oficial, el capitán Juan Oscar Contín intervino ante el estupor que las palabras del mandatario habían provocado, diciendo que no estaba de acuerdo porque esos equipos eran insustituibles para la defensa nacional.
Bosch lo interrumpió: “¡Eso es lo que usted cree!” y se retiró casi inmediatamente. Varios oficiales amigos se acercaron a Contín en señal de apoyo y uno de ellos, viendo a Bosch alejarse, comentó: “¡Ese hombre nos va a joder!”. Situaciones como esta se produjeron otras veces en recintos militares.
El 23 de septiembre hubo una huelga general del comercio y un nuevo incidente fronterizo con Haití que terminó por agriar sus nexos con los militares. Su decisión de cancelar al coronel Wessin la noche del día 24 desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron con su destitución horas después, en la madrugada de ese fatídico 25 de septiembre. El golpe generó meses después un alzamiento militar que condujo a una revuelta civil y a una intervención extranjera. Cinco décadas y media después, sigue vigente el Concordato.
Por Oscar López Reyes
Como durante los primeros 26 años del siglo XXI, entre el 72% y el 86% del Presupuesto General del Estado ha sido destinado a gastos operativos o corrientes (sueldos, compras, subsidios, pago de intereses de la deuda externa, etc.), por lo que para construir obras de infraestructuras para los servicios públicos y el escalamiento del desarrollo, los gobiernos han tenido que acudir a préstamos. Entre ellos, el de Danilo Medina espiga como el que más ha aumentado el endeudamiento, y el de Luis Rodolfo Abinader el que menos.
El que más y el que menos ha comprometido a la Nación consta en una presentación infográfica de la firma CSN Network. Exceptúa el gobierno de Hipólito Mejía, creemos porque la deuda subió mínimamente: de 4,447 millones a 11,099 millones de dólares, fundamentada en la crisis bancaria de 2003, y en que la consolidada creció notablemente a partir de la recesión de 2008.
El ranking señala que cuando Leonel Fernández (2004-2012) llegó a la Presidencia de la República el país tenía 47 centavos de deuda de cada 100 del Producto Interno Bruto (PIB) y cuando terminó bajó a 41, para un cambio relativo (no absoluto) de 12%; el de Danilo Medina (2012-2020) ascendió de 41% a 69%, para una variación de 68% y el de Luis Abinader (2020-2026) de 68% la ha bajado a 58%, para un cambio de 17%, siendo “el presidente que menos ha endeudado al país e incluso el que más ha reducido la deuda”, conforme con CSN Network.
La deuda externa figura como el capítulo más robusto de los compromisos estatales. En el período estudiado, la proporción de los créditos relacionados con el Producto Interno Bruto (PIB) rondó en 61.1%, y en el gobierno de Abinader se ha estabilizado en un 60%.
Para evaluar la salud fiscal de un Estado comúnmente se utilizan 10 indicadores clave, y el primero es el que utiliza la CSN Network: La deuda como porcentaje del PIB, que comparativamente analiza las obligaciones del gobierno con el tamaño de la economía. Los otros medidores son, según la literatura económica: 2) el servicio de la deuda vs. ingresos corrientes, 3) pasivos contingentes, 4) presión o presión fiscal, 5) elasticidad tributaria, 6) diversificación de ingresos, 7) balance primario (o déficit/superávit primario), 8) balance general (déficit/superávit fiscal), 9) rigidez del gasto, y 10) ratio de liquidez inmediata.
La deuda pública consolidada creció asombrosamente a partir del 2008, por los gastos del Covid-19 en el 2020, los impactos de la crisis internacionales, como las guerras en Ucrania e irán; las inversiones para la fluidez del tránsito vehicular, como el Metro, teleféricos, túneles, elevados, autopistas y puentes; obras de desarrollo, como recursos hidráulicos y energéticos, el turismo, la industria, las viviendas, los deportes, las reformas gubernamentales y la expansión del número de empleados públicos, en virtud del crecimiento del Estado y del populismo.
Como se evidencia, el gasto de capital o inversión pública ha sido reducido en los primeros 26 años del siglo XXI, conforme las estadísticas del Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Presupuesto (Digepres), mientras que pobladores reclaman persistentemente más capacidad productiva del país y mejoras en los servicios de hospitales, centros educativos, seguridad, energía eléctrica, abastecimiento de agua potable, tecnología, empleos y otros.
La temática del endeudamiento externo transita por los senderos de la sofisticación e intrincación, por lo que en esa encrucijada caben las expresiones inglesas e italianas “Between a rock and a hard place” (entre una roca y un lugar duro) y “Tra l’incudine e il martello” (entre el yunque y el martillo), que en dominicana se traduce entre la espada y la pared, y estamos obligados a carabina.
En la primera pirámide de la deuda interna y externa interactúan, vertical y horizontalmente, tres factores:
1.- Las presiones sociales para el emprendimiento de acciones gubernamentales favorables a las comunidades;
2.- Los déficits fiscales estatales con las exigencias de aumentos en los ingresos tributarios o impuestos para atender las necesidades planteadas, y
3.- La emisión de bonos soberanos en mercados de capitales, préstamos con organismos multilaterales y con otros gobiernos, cuyos pagos para la República Dominicana representan actualmente el 26% de sus ingresos fiscales y el 48% del PIB.
La política de financiamiento estatal se ha impuesto como alternativa no deseable, porque el Estado no posee la capacidad para generar los ingresos requeridos para atender emergencias, como desastres naturales; estimular el consumo interno y edificar obras sociales. Ante este dilema, los últimos gobiernos dominicanos han optado por la repudiada alternativa de los empréstitos, como también la gran mayoría de los países, y basta citar a Estados Unidos, por lo que la deuda global ha subido a un máximo histórico sin precedentes.
El endeudamiento atrae ingresos frescos, por lo que se constituye en oxígeno para la economía, lo que permite financiar proyectos de desarrollo en el presente, y ¿qué situación generaría en el futuro? El presidente Luis Abinader se vanagloria porque durante su gobierno gestiona adecuadamente y con transparencia esta área de la economía, además, en virtud de que en este terreno abate a Danilo Medina, quien fulgura como el líder del incremento de los créditos exteriores, y también a Leonel Fernández, quien está por debajo de su archirrival político morado, espiga como el que más ha aumentado el endeudamiento.
Ahora, en perspectiva del mañana, ¿seguirá o ampliará esta postura el próximo gobierno, para asegurar la línea de desembolsos a los acreedores y la sostenibilidad de las finanzas públicas?
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El autor: Periodista y mercadólogo especializado en economía; catedrático, escritor y productor de los programas y segmentos televisivos Economía y Marketing.
Por Isaías Ramos
Hay momentos en la historia de una nación en los que un gobernante no puede refugiarse detrás del trámite legislativo, de la disciplina partidaria ni de la cómoda explicación de que “el Congreso decidió”. Hay decisiones que llevan nombre, responsabilidad y consecuencias históricas.
La eventual promulgación de este Código Penal es una de ellas.
El país necesita un Código moderno, capaz de enfrentar con firmeza el crimen, la corrupción, la violencia, el abuso y la impunidad. Pero una cosa es fortalecer la autoridad legítima y otra muy distinta entregar al poder una batuta sin límites. Una democracia no se protege debilitando al ciudadano. Un Estado no se fortalece colocando sus derechos bajo sospecha.
Al cierre de este artículo, ni el texto oficial consolidado remitido por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo ni una decisión presidencial de promulgación u observación habían sido puestos a disposición del país. Esta ausencia de información no es un simple detalle administrativo. Una reforma capaz de afectar la libertad, la expresión, la protesta y la relación del ciudadano con la autoridad no puede llegar entre sombras, versiones fragmentadas y declaraciones políticas.
La transparencia no es una concesión del poder. Es una obligación constitucional.
Las modificaciones conocidas hasta ahora no parecen haber corregido todos los problemas de fondo. Cambiar algunas palabras, reducir ciertas penas o introducir excepciones parciales no basta si permanecen disposiciones ambiguas, abiertas a interpretaciones extensivas y capaces de ampliar la discrecionalidad de quienes ejercen autoridad.
Por eso la pregunta que debe hacerse hoy todo dominicano es inevitable:
¿Quién dirige a quién: la Constitución o la batuta?
Porque cuando la batuta pretende dirigir a la Constitución, la democracia comienza a deformarse.
Durante demasiado tiempo, la partidocracia ha actuado como si las leyes fueran partituras escritas exclusivamente para quienes controlan el poder. Aprueban, modifican, justifican y luego esperan que el ciudadano obedezca en silencio. Pero la República Dominicana no pertenece a los partidos, al Congreso ni al Gobierno. Pertenece a un pueblo soberano que decidió limitar el poder mediante una Constitución.
Basta observar una situación que se ha repetido recientemente.
En las redes sociales han circulado videos de ciudadanos a quienes se les exige abandonar playas bajo el argumento de que son “privadas”. Más allá de las particularidades de cada caso, esas imágenes provocan una indignación legítima: espacios del dominio público tratados como territorios reservados para quienes tienen influencia, dinero o acceso al poder.
Imaginemos entonces a un padre que llega a una playa con sus hijos. Una autoridad le ordena retirarse porque alguien afirma que ese lugar es privado. Ese ciudadano conoce la Constitución, sabe que las playas pertenecen al dominio público y entiende que la orden es manifiestamente arbitraria o contraria al ordenamiento jurídico.
¿Qué debe hacer?
¿Bajar la cabeza, recoger sus pertenencias y obedecer? ¿O defender su derecho y exponerse a que su resistencia sea interpretada como desacato?
¿Tendrá que explicarles a sus hijos que, aunque la Constitución dice una cosa, en la práctica manda quien tiene la batuta?
La redacción públicamente conocida del artículo 315 obliga a encender todas las alarmas. Mientras no se publique el texto oficial, nadie puede afirmar responsablemente que ese peligro haya sido eliminado.
Una norma penal verdaderamente democrática debe dejar inequívocamente establecido que ningún ciudadano puede ser castigado por negarse a cumplir una orden ilegal, arbitraria, manifiestamente inconstitucional o dictada fuera de las atribuciones de la autoridad. Si esa protección no aparece claramente en la ley, entonces la Constitución corre el riesgo de convertirse en una defensa que se invoca después del arresto, en vez del escudo que debía impedir el abuso.
Ese es el tránsito que debemos evitar:
De la ley, la batuta y la Constitución… a la ley, la batuta y el desacato.
No se necesita estar en la oposición para comprenderlo. Basta creer en la democracia, en la dignidad humana y en la idea elemental de que ninguna autoridad debe poder convertir una orden ilegal en una amenaza de prisión.
El Presidente de la República tiene ahora una responsabilidad personal e indelegable. No se le pide un favor ni un gesto de cortesía política. Se le exige honrar su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Promulgar una ley que conserve disposiciones incompatibles con los derechos fundamentales sería un gravísimo error jurídico, político y moral. Desde ese momento, el Ejecutivo no podría alegar desconocimiento ni atribuir toda la responsabilidad al Congreso. Habría hecho suyas las ambigüedades, los excesos y los riesgos que la norma pudiera producir.
Pero que nadie se equivoque: el pueblo dominicano no está condenado a la resignación. La Constitución le reconoce el derecho a expresarse, organizarse, protestar pacíficamente, acudir a los tribunales, interponer acciones constitucionales y exigir responsabilidades a quienes traspasen los límites del poder.
Si esta ley es promulgada sin corregir sus amenazas constitucionales, la controversia no terminará con su publicación. Apenas comenzará. Y encontrará frente a ella a una ciudadanía vigilante, firme y dispuesta a utilizar, de manera pacífica, democrática e institucional, todos los medios que la propia Constitución pone a su alcance.
Desde el Frente Cívico y Social advertimos que estos son tiempos difíciles. Tiempos de prueba. Tiempos en los que se decide si la democracia es una realidad o apenas una palabra repetida en los discursos oficiales.
Todavía hay tiempo para rectificar.
Pero el tiempo se agota.
La Constitución no es un adorno institucional ni una partitura que la partidocracia pueda interpretar a su conveniencia.
La Constitución es la batuta.
Y cuando llegue la hora del juicio ciudadano, la historia no preguntará quién tuvo más poder.
Preguntará quién tuvo el valor de defenderla.
Por Rommel Santos Diaz
La Corte Penal Internacional podrá transmitir, junto con los antecedentes que la justifiquen de conformidad con el artículo 91 del Estatuto de Roma, una solicitud de detención y entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y solicitará la cooperación de ese Estado. Los Estados Partes cumplirán las solicitudes de detención y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte y el procedimiento establecido en su derecho interno.
Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de conformidad con el artículo 20 del Estatuto de Roma, el Estado requerido celebrará de inmediato consultas con la Corte Penal Internacional para determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la Causa.
Si la causa es admisible, el Estado requerido cumplirá la solicitud. Si está pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que la Corte Penal Internacional adopte esa decisión.
El Estado Parte autorizará de conformidad con su derecho procesal el tránsito por su territorio de una persona que otro Estado entregue a la Corte Penal Internacional, salvo cuando el tránsito por ese Estado obstaculice o demore la entrega.
La solicitud de la Corte Penal Internacional de que se autorice ese tránsito será transmitida de conformidad con el artículo 87 del Estatuto de Roma y contendrá una descripción de la persona que será transportada, una breve exposición de los hechos de la causa y su tipificación, y la orden de detención y entrega.
La persona transportada permanecerá detenida durante el tránsito, y, no se requerirá autorización alguna cuando la persona sea transportada por vía aérea y no se prevea aterrizar en el territorio del Estado de tránsito.
En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de tránsito, éste podrá pedir a la Corte Penal Internacional que presente una solicitud de tránsito con arreglo a los dispuesto en el artículo 89 del Estatuto de Roma.
El Estado de tránsito detendrá a la persona transportada mientras se recibe la solicitud de la Corte Penal Internacional y se efectúa el tránsito; sin embargo, la detención no podrá prolongarse más de 96 horas contadas desde el aterrizaje imprevisto si la solicitud no es recibida dentro de ese plazo.
