AUTORES. SE APUNTA AL CRIMEN ORGANIZADO Y AL SICARIATO
Santo Domingo.- La selección del uso de fosas comunes, sacos, y la preferencia de matorrales para consumar el final de una componenda macabra, son los métodos, vías y lugares más recurrentes utilizados por los criminales, principalmente en la región Este del país para deshacerse de los cuerpos de 18 víctimas en los últimos meses.
Estos hechos de sangre tenebrosos, como el ocurrido el pasado miércoles cuando fueron encontrados dos cadáveres en una fosa común en un campo de caña, en el paraje Piedra Grande, de la sección Mata de Palma, El Seibo, en su mayoría son atribuidos al crimen organizado y al narcotráfico.
En algunos de estos casos, los cadáveres encontrados en fosas comunes y los lanzados en matorrales y en sacos, no fueron identificados por las autoridades porque no portaban documentación.
Sólo en la región Este fueron encontrados diez cadáveres, cinco en fosa común, en el interior de un camión en el que transportaban pollos, y en una casa abandona y a orillas de ríos. Estos sucesos ocurridos por separado en las comunidades Juan Dolio, de El Seibo, en el sector Coral de Bávaro, y en Bayahíbe. Tres de ellos eran mujeres.
Los demás crímenes fueron cometidos en Santiago, San Francisco, Dajabón y Santo Domingo Norte.
En el caso de los crímenes de Juan Dolio, fueron vinculados Hugo Antonio Zorrilla Alfonseca, Luz Divina Martínez Pimentel, Janser Peralta Mercedes, Radhamés Ramírez Rodríguez, Jaime Valentín Encarnación Figuereo (Jay), y Samuel de Jesús Fortuna Peña (Samuel o Bocio), quienes desde el año pasado cumplen prisión preventiva en diferentes centros penitenciarios del país.
Expertos consideran que el hecho de que el país se haya convertido en un puente para el tráfico internacional de drogas ha incidido considerablemente en el incremento de la inseguridad ciudadana.
El 23 de mayo de 2016, las autoridades policiales y judiciales de Juan Dolio informaron sobre el hallazgo de tres choferes de autobuses encontrados en una fosa donde una banda de atracadores lanzaba a sus víctimas luego de asesinarlas.
Los cuerpos de los transportistas, que habían sido reportados desaparecidos, fueron identificados como Gary Wilson Rodríguez Castro, conductor de la ruta Hato Mayor-Sabana de la Mar; Germán Arredondo, chofer de mudanzas y acarreo de San Pedro de Macorís, y David Polanco, chofer de la ruta B de San Pedro de Macorís, que operaba un minibús Nissan Urvan, blanco, año 2007.
El hallazgo de los restos se produjo luego del apresamiento de una mujer, supuestamente miembro de la Policía, vinculada a uno de los cabecillas de la banda.
El 28 de septiembre de 2016 fue encontrado el cadáver de un joven, atado de pies y mano, en un solar baldío en el municipio Hostos, de San Francisco de Macorís, luego de haber sido raptado.
Se trata de Junior Disla Hernández, de 24 años de edad, quien recibió un impacto de bala en la cabeza.
El 10 de enero de 2017, fue encontrado el cadáver de un ciudadano alemán enterrado en el baño de una vivienda ubicada en las afueras de Santiago.
Se trata de Frank Joachim Ebert, de 70 años de edad, quien fue asesinado luego de que fuera secuestrado de su residencia de Sosúa, Puerto Plata.
El 14 de enero de 2017, fue encontrado el cadáver de un hombre en unos matorrales del distrito municipal Cañongo, de Dajabón.
El cuerpo estaba dentro de un saco. No se determinó de inmediato la nacionalidad ni la causa de su muerte.
El 12 de marzo de 2017 fueron encontrados los cadáveres de tres hombres en el interior de un camión, en el que transportaban pollos, en la comunidad Mata Mosquito, en Bávaro, de la provincia La Altagracia.
Los muertos fueron identificados como el dominicano John Kenny Morla Mercedes y los haitianos Sony Fish Joseph y Johnny Benoit. El hecho ocurrió cuando las víctimas se desplazaban en un camión cuando de repente desconocidos le emprendieron a tiros, supuestamente colocando grandes piedras en la vía y otros objetos que sirvieron de obstáculos al vehículo. El 13 de marzo del 2017 fue encontrado el cadáver de una niña de 12 años de edad, con varias heridas de arma blanca a orillas del río Chavón, de Higüey. Se trata de la menor Darlenis Mercedes Bastardo, por cuyo hecho fue apresado Santiago Asencio, de 47 años, quien fue capturado en San Cristóbal, cuando se desplazaba en una motocicleta Suzuki AX-100, en la que huyó desde Higüey.
El 21 de abril del 20017 fue hallado el cadáver de un hombre en una casa en construcción en unos matorrales, sin brazos y sin piernas, en el sector Los Corales en Bávaro. El cadáver fue encontrado en el referido lugar frente a un hotel de esa zona.
El 2 de mayo del 2017, fue encontrado el cadáver de una mujer en unos matorrales cerca de las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente de Bayahíbe, provincia La Altagracia. El cadáver de la mujer solo conocida como Pamela y de unos 35 años de edad, fue hallado desnudo y con un trozo de tela atado al cuello, también tenía las manos atadas. El 16 de mayo del 2017, fue encontrado el cadáver del venezolano Richard del Rosario de 24 años, en un cañaveral, en un hecho ocurrido en la comunidad La Otra Banda, de Higuey, hecho cometido presuntamente por un dominicano al golpearlo con un tubo en la cabeza.
El 29 de mayo del 2017 fueron encontrados los cadáveres de dos víctimas en estado de descomposición en las Colinas del Arroyo II de Santo Domingo Norte.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.
