Nacionales
Procuraduría ha bloqueado unas 50 cuentas por el caso Odebrecht
Una fuente informó que también se han inmovilizado valores de inversión en bolsa
SANTO DOMINGO. Como parte de las medidas adoptadas contra los imputados de haber recibido sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht, la Procuraduría General de la República les ha inmovilizado alrededor de 50 cuentas bancarias.
La información la confirmó a Diario Libre una fuente vinculada a la investigación, que precisó que el bloqueo se solicitó, y fue autorizado por el juez especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, antes de que se adoptaran las medidas de coerción que pesan sobre 13 de los 14 implicados.
La inmovilización de las cuentas abarca a la totalidad de los imputados, así como a las compañías “sospechosas” que tienen algunos de ellos, indicó.
“También se le inmovilizaron los posibles valores e inversiones que tengan por ante los puestos de bolsa”, agregó la fuente.
Por el bloqueo de las cuentas bancarias se quejó Máximo De Óleo Ramírez, uno de los imputados por el caso, durante el conocimiento de la medida de coerción en la Suprema, el pasado 7 de junio.
“Todas mis cuentas, las de mis compañías que pagan impuestos religiosamente, que las formé en el año 1994, y en los últimos 3 años he desarrollado proyectos por más de 70 millones, y esa cuenta está bloqueada; y la cuentecita de mi pensión, que me depositan los chelitos que yo me he ganado durante 24 años de trabajo, sin vacaciones, la única vacación que yo he tomado es la de esta semana que me la he pasado en una celda, y ese patrimonio familiar, que si no puedo mover un centavo de lo que yo me he ganado con el sudor de mi frente durante 38 años, ese patrimonio familiar me lo van a destruir porque se van a morir de hambre, porque yo no voy a poder trabajar para sostener y darle educación a mis hijos que aún están estudiando, y comida. Quiero decir eso para que el tribunal entienda que yo soy un hombre de trabajo, y necesito seguir trabajando”, expresó entonces.
De Óleo Ramírez cumple una coerción de tres meses de prisión en el penal de Najayo, imputado por la Procuraduría de recibir sobornos de parte de un ejecutivo de Odebrecht para que favoreciera los contratos de la presa de Pinalito cuando fungió como administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).
Los otros con medidas de coerción son el exministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; los exvicepresidentes ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura y César Sánchez.
También los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, y el diputado Alfredo Pacheco, contra quienes se dictó impedimento de salida. Otros con medidas son Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa); el presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el exdiputado Ruddy González; el empresario y lobista Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga.
La falta de medidas cautelares ha sido cuestionada por varios sectores a la investigación que lleva el procurador Jean Alain Rodríguez, por entender que daba oportunidad a que se distraigan pruebas del proceso.
diariolibre.com
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.