Santiago.- Representativos de diferentes municipios de Santiago pidieron que se incluya a sus localidades en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que inauguró el presidente Danilo Medina en este municipio, Navarrete y Puerto Plata, el 8 de este mes.Nacionales
Quejas en Santiago por presunta exclusión del Sistema 9-1-1
Santiago.- Representativos de diferentes municipios de Santiago pidieron que se incluya a sus localidades en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que inauguró el presidente Danilo Medina en este municipio, Navarrete y Puerto Plata, el 8 de este mes.Dirigentes comunitarios, comerciantes, representantes del sector salud y de otros dijeron que hay municipios como Puñal, Villa González, Tamboril y Licey que están ubicados en el perímetro urbano de Santiago y, sin embargo, no fueron incluidos en el sistema.
La Federación de Juntas de Vecinos y el Comité de Salud de Villa González dijeron que es importante que se les explique a la comunidad por qué fueron excluidos del sistema.
Sandra Hernández, del Comité de Salud de Villa González, proclamó que el último Censo de Población y Viviendas arrojó que ese municipio tiene al menos 50,000 habitantes y que al mes se registran en el hospital Napier Díaz, más de 700 emergencias y alrededor de 150 accidentes de tránsito.
Mientras, Diógenes Rodríguez, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Villa González, estimó que los pobladores de esa localidad se sienten marginados porque se incluyó a su vecino del municipio Navarrete y a ellos los dejaron fuera de ese innovador servicio, lo que a su entender es una discriminación.
Dirigentes comunitarios y representativos de Licey Al Medio, Baitoa, Villa González, Puñal, Sabana Iglesia, Jánico y San José de las Matas, también expresaron posiciones coincidentes con las inquietudes de los habitantes de Villa González.
El vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias y de Juntas de Vecinos de la zona Sur de Santiago, José Alberto Peña, indicó que los municipios de Puñal, Baitoa y Sabana Iglesia están ubicados en esa misma zona y que hay descontentos de sus pobladores porque se les excluyó del sistema.
Peña significó que tras la división territorial de Santiago, que elevó a Puñal como municipio, muchos sectores pasaron a formar parte de esa localidad.
Subrayó que las organizaciones de barrios y comunidades de Puñal ubicados al sur de Santiago, forman parte de Codosur, pero que les han informado que se sienten excluidos.
El dirigente comunitario manifestó que ellos no entienden por qué incluyeron en el 9-1-1 a casi todos los municipios de la provincia de Puerto Plata y en Santiago, donde está la sede principal, solo incluyeron a Navarrete.
“Creo que debió ser lo contrario, ese sistema debió aplicarse para toda la provincia de Santiago, porque la mayoría de sus municipios están a una distancia corta del perímetro urbano de la ciudad, y se registran muchas emergencias que hay que atender con urgencia”, indicó Peña.
Mientras, el doctor Frank Bretón Santana, presidente del Comité Pro Desarrollo de las Comunidades Rurales Emergentes del Sur de Santiago, expresó que hay muchas quejas de los habitantes del municipio de Baitoa, porque se les dejó fuera del 9-1-1.
Reveló que la carretera que comunica a Santiago con Baitoa es peligrosa y que con frecuencia se producen situaciones de emergencia como accidentes que han dejado muertes y heridos.
También significó que hay comunidades de Baitoa, como la Jagua, Callejón del Guano, Los Picos, Doña Águeda, Mora, Los Ciruelos, Don Juan, Castillo, López, San José, el Cinco, Los Melaos, Estancia que están ubicados a menos de diez kilómetros del centro urbano de Santiago y que no fueron incluidas.
“Nos sentimos marginados y entendemos que el 9-1-1 no debió ser solo para una ciudad, (Santiago) y un municipio, (Navarrete), sino para los otros ocho restantes que conforman esta provincia, como Baitoa, Puñal, Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas, Villa González, Tamboril y Licey Al Medio”, indicó Bretón Santana.
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Santo Domingo, R.D.-El nuevo juicio contra el pelotero dominicano Wander Franco por abuso sexual en perjuicio de una adolescente comenzará este viernes 20 de febrero en el distrito judicial de Puerto Plata, luego de que un tribunal de alzada anulara la sentencia de primera instancia que lo había condenado a dos años de prisión suspendida.
La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de la Cámara Penal del distrito judicial de Puerto Plata, que ordenó la celebración de un nuevo proceso tras acoger los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.
El tribunal de alzada, integrado por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, dispuso reiniciar el conocimiento del caso desde la etapa de juicio, para que nuevos magistrados valoren las pruebas y apliquen el derecho correspondiente.
La madre de la menor
En el nuevo proceso también participará Martha Vanessa Chavalier, madre de la víctima, cuya condena de 10 años de prisión fue igualmente anulada. En la sentencia original había sido declarada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.
En primera instancia, Franco fue condenado por violar el artículo 396, literales b y c, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, contenido en la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.
- La pena impuesta fue de dos años de prisión bajo suspensión, además del pago de 10 salarios mínimos y las costas penales.
Tras la sentencia inicial, el Ministerio Público apeló al considerar insuficiente la pena impuesta a Franco, mientras que tanto el pelotero como Chavalier recurrieron el fallo por no estar conformes con la decisión. Como resultado, la Corte de Apelación dispuso la celebración de un nuevo juicio.
La audiencia está programada para comenzar a partir de las 9:00 de la mañana, conforme al calendario establecido por el tribunal.
Nacionales
Caso Medusa: Defensa de Alfredo Solano arremete contra Ministerio Público y denuncia desinformación sobre juicio
Santo Domingo. – Los abogados del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, rechazaron las afirmaciones del Ministerio Público, que mediante una nota de prensa atribuyó a la defensa la presentación de incidentes con fines dilatorios en el proceso judicial que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
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Los juristas Manuel Sierra e Ybo René Sánchez Díaz aclararon que, durante la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero, la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, no emitió reproches contra los abogados defensores, sino que exhortó a las partes a sintetizar sus exposiciones con el propósito de agilizar el conocimiento del caso, dada su complejidad y volumen.
“El Ministerio Público miente al denunciar supuestas tácticas dilatorias. Se trata de la exposición de medios de defensa que el propio tribunal autorizó mediante la resolución 00034/25 a favor de los acusados”, expresaron los togados.
Debate sobre la duración del proceso
La defensa recordó que la investigación fue iniciada el 20 de agosto de 2020 y que el caso ha atravesado diversas etapas judiciales desde entonces. Señalaron que la extensión del expediente, que supera las 12 mil páginas, ha incidido en la duración del juicio.
El Ministerio Público, por su parte, ha señalado en comunicaciones públicas que algunos incidentes presentados por las defensas han contribuido a retrasos en el desarrollo del proceso.
Asimismo, insistieron en que no se produjeron los alegados reproches por parte del tribunal y que la magistrada únicamente solicitó mayor síntesis en las exposiciones para facilitar el avance del juicio.
“Por tanto, no es cierto los alegados reproches para que los abogados organicen sus incidentes, y muchos los supuestos retrasos o dilaciones a cargo de los abogados. Se trata de una información distribuida mediante nota de parte del MP, de forma malintencionada con el fin de esconder sus fracasos en el caso Jean Alain Rodríguez”, expresaron Sierra y Sánchez.
Antecedentes procesales
Los juristas recordaron que, durante la audiencia preliminar celebrada en enero de 2023 ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el tribunal rechazó planteamientos similares sobre supuestas tácticas dilatorias atribuidas a la defensa.
El proceso continúa su curso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocen las acusaciones del Ministerio Público y los argumentos de las defensas. Hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.
Nacionales
Mirna Ortiz recomienda a Gonzalo Castillo «no comer ansias» y asegura que el caso irá a juicio
Santo Domingo, R-D–La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.
Al responder a los argumentos de los abogados defensores, quienes afirmaron que el expediente está «blindado con algodón» y que el caso no llegará a juicio de fondo, la magistrada Ortiz recomendó al exministro de Obras Públicas «no comer ansias».
Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
«A partir del próximo miércoles sucederá exactamente lo que ha pasado hoy: desmontaremos todos y cada uno de los argumentos falsos que han querido montar las defensas», sentenció Ortiz a su salida de la audiencia.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram
La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.
Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.
«El Ministerio Público demostró que se realizaron pagos a personas fallecidas y que se pagó a individuos que no poseían la calidad legal para recibir fondos del Estado», acotó.
Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.
El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.