Santiago.- Representativos de diferentes municipios de Santiago pidieron que se incluya a sus localidades en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que inauguró el presidente Danilo Medina en este municipio, Navarrete y Puerto Plata, el 8 de este mes.Nacionales
Quejas en Santiago por presunta exclusión del Sistema 9-1-1
Santiago.- Representativos de diferentes municipios de Santiago pidieron que se incluya a sus localidades en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que inauguró el presidente Danilo Medina en este municipio, Navarrete y Puerto Plata, el 8 de este mes.Dirigentes comunitarios, comerciantes, representantes del sector salud y de otros dijeron que hay municipios como Puñal, Villa González, Tamboril y Licey que están ubicados en el perímetro urbano de Santiago y, sin embargo, no fueron incluidos en el sistema.
La Federación de Juntas de Vecinos y el Comité de Salud de Villa González dijeron que es importante que se les explique a la comunidad por qué fueron excluidos del sistema.
Sandra Hernández, del Comité de Salud de Villa González, proclamó que el último Censo de Población y Viviendas arrojó que ese municipio tiene al menos 50,000 habitantes y que al mes se registran en el hospital Napier Díaz, más de 700 emergencias y alrededor de 150 accidentes de tránsito.
Mientras, Diógenes Rodríguez, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Villa González, estimó que los pobladores de esa localidad se sienten marginados porque se incluyó a su vecino del municipio Navarrete y a ellos los dejaron fuera de ese innovador servicio, lo que a su entender es una discriminación.
Dirigentes comunitarios y representativos de Licey Al Medio, Baitoa, Villa González, Puñal, Sabana Iglesia, Jánico y San José de las Matas, también expresaron posiciones coincidentes con las inquietudes de los habitantes de Villa González.
El vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias y de Juntas de Vecinos de la zona Sur de Santiago, José Alberto Peña, indicó que los municipios de Puñal, Baitoa y Sabana Iglesia están ubicados en esa misma zona y que hay descontentos de sus pobladores porque se les excluyó del sistema.
Peña significó que tras la división territorial de Santiago, que elevó a Puñal como municipio, muchos sectores pasaron a formar parte de esa localidad.
Subrayó que las organizaciones de barrios y comunidades de Puñal ubicados al sur de Santiago, forman parte de Codosur, pero que les han informado que se sienten excluidos.
El dirigente comunitario manifestó que ellos no entienden por qué incluyeron en el 9-1-1 a casi todos los municipios de la provincia de Puerto Plata y en Santiago, donde está la sede principal, solo incluyeron a Navarrete.
“Creo que debió ser lo contrario, ese sistema debió aplicarse para toda la provincia de Santiago, porque la mayoría de sus municipios están a una distancia corta del perímetro urbano de la ciudad, y se registran muchas emergencias que hay que atender con urgencia”, indicó Peña.
Mientras, el doctor Frank Bretón Santana, presidente del Comité Pro Desarrollo de las Comunidades Rurales Emergentes del Sur de Santiago, expresó que hay muchas quejas de los habitantes del municipio de Baitoa, porque se les dejó fuera del 9-1-1.
Reveló que la carretera que comunica a Santiago con Baitoa es peligrosa y que con frecuencia se producen situaciones de emergencia como accidentes que han dejado muertes y heridos.
También significó que hay comunidades de Baitoa, como la Jagua, Callejón del Guano, Los Picos, Doña Águeda, Mora, Los Ciruelos, Don Juan, Castillo, López, San José, el Cinco, Los Melaos, Estancia que están ubicados a menos de diez kilómetros del centro urbano de Santiago y que no fueron incluidas.
“Nos sentimos marginados y entendemos que el 9-1-1 no debió ser solo para una ciudad, (Santiago) y un municipio, (Navarrete), sino para los otros ocho restantes que conforman esta provincia, como Baitoa, Puñal, Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas, Villa González, Tamboril y Licey Al Medio”, indicó Bretón Santana.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nacionales
Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
El caso fue confirmado por la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en la zona, Arleny Santana, quien explicó que el menor que aparece con el arma es estudiante del mismo centro educativo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
También expresó preocupación por la seguridad dentro del plantel, señalando que en el momento del incidente una docente se encontraba cerca, sin percatarse de la situación. «Tenemos que cuidar a todos: estudiantes, maestros y personal de apoyo», afirmó.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.