Santiago.- Representativos de diferentes municipios de Santiago pidieron que se incluya a sus localidades en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que inauguró el presidente Danilo Medina en este municipio, Navarrete y Puerto Plata, el 8 de este mes.Nacionales
Quejas en Santiago por presunta exclusión del Sistema 9-1-1
Santiago.- Representativos de diferentes municipios de Santiago pidieron que se incluya a sus localidades en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que inauguró el presidente Danilo Medina en este municipio, Navarrete y Puerto Plata, el 8 de este mes.Dirigentes comunitarios, comerciantes, representantes del sector salud y de otros dijeron que hay municipios como Puñal, Villa González, Tamboril y Licey que están ubicados en el perímetro urbano de Santiago y, sin embargo, no fueron incluidos en el sistema.
La Federación de Juntas de Vecinos y el Comité de Salud de Villa González dijeron que es importante que se les explique a la comunidad por qué fueron excluidos del sistema.
Sandra Hernández, del Comité de Salud de Villa González, proclamó que el último Censo de Población y Viviendas arrojó que ese municipio tiene al menos 50,000 habitantes y que al mes se registran en el hospital Napier Díaz, más de 700 emergencias y alrededor de 150 accidentes de tránsito.
Mientras, Diógenes Rodríguez, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Villa González, estimó que los pobladores de esa localidad se sienten marginados porque se incluyó a su vecino del municipio Navarrete y a ellos los dejaron fuera de ese innovador servicio, lo que a su entender es una discriminación.
Dirigentes comunitarios y representativos de Licey Al Medio, Baitoa, Villa González, Puñal, Sabana Iglesia, Jánico y San José de las Matas, también expresaron posiciones coincidentes con las inquietudes de los habitantes de Villa González.
El vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias y de Juntas de Vecinos de la zona Sur de Santiago, José Alberto Peña, indicó que los municipios de Puñal, Baitoa y Sabana Iglesia están ubicados en esa misma zona y que hay descontentos de sus pobladores porque se les excluyó del sistema.
Peña significó que tras la división territorial de Santiago, que elevó a Puñal como municipio, muchos sectores pasaron a formar parte de esa localidad.
Subrayó que las organizaciones de barrios y comunidades de Puñal ubicados al sur de Santiago, forman parte de Codosur, pero que les han informado que se sienten excluidos.
El dirigente comunitario manifestó que ellos no entienden por qué incluyeron en el 9-1-1 a casi todos los municipios de la provincia de Puerto Plata y en Santiago, donde está la sede principal, solo incluyeron a Navarrete.
“Creo que debió ser lo contrario, ese sistema debió aplicarse para toda la provincia de Santiago, porque la mayoría de sus municipios están a una distancia corta del perímetro urbano de la ciudad, y se registran muchas emergencias que hay que atender con urgencia”, indicó Peña.
Mientras, el doctor Frank Bretón Santana, presidente del Comité Pro Desarrollo de las Comunidades Rurales Emergentes del Sur de Santiago, expresó que hay muchas quejas de los habitantes del municipio de Baitoa, porque se les dejó fuera del 9-1-1.
Reveló que la carretera que comunica a Santiago con Baitoa es peligrosa y que con frecuencia se producen situaciones de emergencia como accidentes que han dejado muertes y heridos.
También significó que hay comunidades de Baitoa, como la Jagua, Callejón del Guano, Los Picos, Doña Águeda, Mora, Los Ciruelos, Don Juan, Castillo, López, San José, el Cinco, Los Melaos, Estancia que están ubicados a menos de diez kilómetros del centro urbano de Santiago y que no fueron incluidas.
“Nos sentimos marginados y entendemos que el 9-1-1 no debió ser solo para una ciudad, (Santiago) y un municipio, (Navarrete), sino para los otros ocho restantes que conforman esta provincia, como Baitoa, Puñal, Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas, Villa González, Tamboril y Licey Al Medio”, indicó Bretón Santana.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
Este programa, según la acusación, no tuvo ninguna supervisión de Senasa, por lo que la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República constató entregas de proteínas a personas que no cumplían con el rango de edad establecido en las adendas, desviando la población objetivo del programa, y en consecuencia “que se distrajeran, sin ningún control, doscientos setenta y dos millones novecientos setenta mil quinientos sesenta y dos pesos con 69/100 (RD$272,970,562.69), de los fondos de SENASA”.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
Además, de la ausencia de indicadores de resultados y trazabilidad clínica. Falta de supervisión directa por parte de Senasa durante la ejecución del programa; inexistencia de infraestructura sanitaria adecuada para ofrecer servicios ambulatorios; debilidad documental en los contratos y adendas (algunas sin firma ni sello); deficiencias en el control y monitoreo de los afiliados atendidos.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
«Los mismos han admitido que pagaron sobornos a miembros del seguro estatal, incluyendo a su exdirector, Santiago Hazim«, sostuvo Ortiz.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.
Hasta el momento, diez personas están formalmente imputadas en el expediente.