Santiago.- La patente sobrepoblación de la cárcel preventiva que funciona en el Palacio de Justicia de Santiago, diseñada para albergar a 60 prevenidos, pero que en ocasiones llega a encerrar hasta a 200 reos, el hacinamiento, la promiscuidad y falta de ventilación ha provocado, desde mediados de febrero hasta final de mayo de este año, y ha sido causante de cuatro motines y varias trifulcas con saldos de lesionados.Nacionales
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APIÑAMIENTO. CÁRCEL EN PALACIO JUSTICIA CON SOBREPOBLACIÓN DE RECLUSOS
Santiago.- La patente sobrepoblación de la cárcel preventiva que funciona en el Palacio de Justicia de Santiago, diseñada para albergar a 60 prevenidos, pero que en ocasiones llega a encerrar hasta a 200 reos, el hacinamiento, la promiscuidad y falta de ventilación ha provocado, desde mediados de febrero hasta final de mayo de este año, y ha sido causante de cuatro motines y varias trifulcas con saldos de lesionados.El último incidente violento en esta prisión ocurrió el 29 de mayo, cuando un motín terminó con tres reclusos heridos.
No obstante, en esa ocasión el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, aclaró que no se trató de un motín, sino de “una reyerta”.
González subrayó que algunos reos fueron trasladados desde otras cárceles hasta tribunales del Departamento Judicial de Santiago, para conocerles sus casos, y que fueron recluidos en ese centro preventivo, hasta que su situación fuera ventilada, lo que molestó a otros reos y generó un enfrentamiento, con un saldo de tres heridos.
Los reclusos, sus familiares, abogados y activistas de derechos humanos dijeron que a muchas personas en conflicto con la ley, y a las que se les conoce medidas coercitivas consistentes en prisión preventiva, en vez de enviarlas al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, como sería lo correcto, las encierran en la llamada “carcelita”, como se le conoce a ese centro, aumentando los niveles de promiscuidad.
Otra de las quejas de los reos preventivos son las restricciones para tener encuentros íntimos con sus parejas, la mala alimentación y la falta de colchones para dormir.
Marianela Rodríguez dijo que a su pareja le conocieron una medida de coerción de seis meses de prisión preventiva, de los que ya ha cumplido tres, y que este le ha comunicado, las pocas veces que han podido hablar, que está desesperado y desea se le traslade a otro recinto en condiciones humanas más apropiadas.
Abogados dijeron que como el nuevo modelo penitenciario establece que no se puede tener a un interno en un recinto, por encima de la capacidad de tal albergue, bajo el régimen de este sistema, “muchos reos, en vez de ser enviados a cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, son mantenidos en la cárcel preventiva”.
Ante esa circunstancia, los defensores públicos de Santiago elevaron una acción de amparo que fue conocida en la Segunda Sala Penal del Departamento Judicial de Santiago el 17 de abril de este año, al denunciar que a los reos preventivos encerrados allí se les vulneran sus derechos fundamentales, lo que provoca motines y otras acciones violentas.
“Nosotros gestionamos que enviaran a mi marido a Rafey Hombres, pero nos han informado que no hay espacio para acoger a más internos, porque cada uno tiene su cubículo y su cama y no aceptan que duerma más de uno’’, indicó Marianela Rodríguez.
Derechos humanos opinan
El jurista Dionisio Jerez, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la provincia Santiago, prevé que los conflictos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, de esta ciudad, seguirán ocurriendo, porque los presos recluidos allí conviven en situaciones infrahumanas.
Según Jerez, ese lugar está diseñado para que las personas en conflicto con la ley permanezcan detenidas no más de 48 horas, hasta que su situación se defina en los tribunales, pero que permanecen encerradas un mes y más, lo que crea promiscuidad y hacinamiento.
Por igual aclaró que a ese lugar lo han convertido en una cárcel preventiva, pero es realmente una celda transitoria, donde llevan a las personas en conflicto con la ley cuando se les va a conocer medidas de coerción.
“Es una celda que la han convertido en una cárcel superpoblada de personas que han entrado en problemas con la ley, y por eso surgen esos problemas”, indicó.
En ese contexto, el defensor de los derechos humanos reiteró que se hace urgente la construcción de una nueva cárcel preventiva bajo el nuevo sistema penitenciario, “para resolver ese deprimente drama humano que hoy padecen cientos de ciudadanos”.
El procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, dice que se requiere de la construcción de una nueva cárcel preventiva y que las molestias de los prevenidos son comprensibles, porque no hay condiciones para permanecer allí mucho tiempo.
listindiario.com
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
«Se agregó que al Indotel, actuar de forma imprudente y precipitada, independientemente de las consideraciones técnicas sobre la diferenciación entre frecuencias físicas y canales virtuales, vulnera los principios de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso al anticiparse a una decisión jurisdiccional definitiva», concluye el documento.
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
Alfredo Pacheco y Amado Díaz, presidente de la Cámara Baja y vocero de los diputados perremeístas, respectivamente, propusieron que los peritos sean designados por el MP, mediante dictamen motivado, durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En la legislación aprobada en primera lectura, el Pleno había quitado esta facultad al Ministerio Público, y fue devuelta.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.