Santo Domingo.- La libertad pura y simple, o en su defecto, la variación de la prisión preventiva por una medida de coercion menos gravosa, constituyeron las principales peticiones presentadas ayer por cinco imputados del caso Odebrecht, ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), durante la audiencia de conocimiento de los recurso se apelación que sometieron 10 de 13 de los imputados.Nacionales
Acusados piden que los dejen en libertad
CASO ODEBRECHT. JUECES CORTE RECESAN PARA HOY AUDIENCIA DE APELACIÓN
Santo Domingo.- La libertad pura y simple, o en su defecto, la variación de la prisión preventiva por una medida de coercion menos gravosa, constituyeron las principales peticiones presentadas ayer por cinco imputados del caso Odebrecht, ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), durante la audiencia de conocimiento de los recurso se apelación que sometieron 10 de 13 de los imputados.La defensa de esos imputados coincidieron en atacar la resolución de medida de coerción emitida por el juez especial de instrucción, Francisco Ortega Polanco, alegando violaciones constitucionales y legales, principalmente por la vulneración de derechos fundamentales, falta de motivación y de pruebas.
Afirmaron que los imputados tienen suficiente arraigo y que no representan peligro de fuga, en lo cual sustentaron su petición de variación de medida de coerción de prisión preventiva que le impuso el juez Ortega Polanco el siete de junio del 2017, la cual está cumpliendo en la cárcel Najayo Hombres.
Esos alegatos, entre otros, fueron invocados por el presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el exministro de Industria y Comercio y miembro del Comité Político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás; el exministro de Obras Públicas y secretario de Finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa; el administrador de Ege-Haina, Máximo D` Oleo, y el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ruddy González, quienes se encuentran privados de libertad, y fueron los primeros cinco que expusieron en la audiencia que inició a las 9:37 de la mañana.
Mientas, al final de la tarde, expusieron sus argumentos los abogados del diputado del PRM Alfredo Pacheco, quienes solicitaron la nulidad de la medida de coerción que pese en contra de su cliente, consistente en garantía económica de RD$5,0 millones e impedimento de salida del país.
Los implicados en el caso de los sobornos que por US$92 millones admitió pagar Odebrecht en el país expusieron sus alegatos hasta las 6:30 de la tarde de ayer. A esa hora, el tribunal recesó el conocimiento de los recursos de apelación hasta este viernes, a las 9;30 de la mañana.
Explicación de jueza
Los recursos de apelación son conocidos por los cinco jueces de la Cámara Penal de la SCJ, presidida por Miriam Germán Brito, que no se inhibió en el proceso y explicó que la carta que envió al presidente de la SCJ, Mariano Germán, de que no la tomara en cuenta en el caso Odebrecht, fue una reacción apresurada ante opiniones mal intencionadas.
De inmediato procedió a informar el procedimiento que se seguirá en la audiencia. Se determinó que la defensa de los imputados agoten un turno en orden alfabético en función de los apellidos de los implicados y que la audiencia se conocerá en horario de 9:30 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, con un receso a la 1:00 de la tarde hasta las 2:30 para el almuerzo.
Aunque 13 de los 14 acusados de sobornos en el caso Odebrecht tienen medidas de coerción, solo 10 sometieron recursos. El siete de junio, el juez de instrucción especial, Francisco Ortega, impuso un año de prisión preventiva en contra del empresario Ángel Rondón; nueve meses para Díaz Rúa y Pittaluga Arzeno; seis meses a Montás, Bautista, y el exdiputado Ruddy González.
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AUDIENCIA DE HOY Y DEFENSA ACUSADOS
Hoy la audiencia continuará escuchando los argumentos de la defensa de Conrado Pittaluga, Ángel Rondón, César Sánchez, y Radhamés Segura, otros cuatro de los 10 que presentaron recursos de apelación. A cada defensa de los imputados se les otorgó un tiempo de 45 minutos. Después que hablen la defensa, corresponde exponer a los representantes del ministerio público. La Segunda Sala de la SCJ la integran, además de Germán Brito, Esther Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes, Fran Soto y Alejandro Moscoso Segarra.
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Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras que Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Su caso ahora pasa a la Procuraduría General de la República para que la solicitud sea tramitada y ejecutada, de conformidad con los términos de la Constitución y las leyes dominicanas para luego ser firmada por el presidente Luis Abinader y se emita el decreto que autoriza su entrega a las autoridades estadounidenses.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Además de los años de prisión, el Departamento de Justicia indica que el grupo de acusados podría enfrentar una multa máxima de 250,000 dólares por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de 500,000 dólares por cada cargo de lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.