Opinión
16 de julio 2017: Histórico
Por Melvin Mañón
La Marcha Verde demostró en su grandiosidad que el hastío del pueblo dominicano con la corrupción y la impunidad es superior, prioritario, inextinguible y mas relevante que ningún otro.
La multitudinaria Marcha Verde del domingo 16 de julio es histórica y creo que nadie en su sano juicio lo disputa. Podemos y debemos celebrarlo como un acontecimiento extraordinario que marca un antes y un después y podemos también extendernos en consideraciones laudatorias de todo tipo. Voy a centrarme en cinco aspectos memorables de esta marcha.
1ro.- Esta grandiosa marcha se produce después que el gobierno había lanzado su aparatoso arresto de 14 personas imputadas por corrupción en el caso ODEBRECHT en parte para aplacar el reclamo interno y también para dar a lo externo la apariencia de que finalmente estaban actuando contra la corrupción y la impunidad. Por lo tanto, la marcha del 16 es una demostración elocuente y masiva de descreencia; el país está convencido de que, contrariamente a lo afirmado por el procurador: ni son todos los que están ni están todos los que son. Adicionalmente, la posición de la magistrada Miriam Germán al justificar su voto disidente en la instancia que conoció la revisión de las medidas de coerción a los imputados llevó al terreno del derecho los argumentos que en el ánimo popular han sustentado la incredulidad respecto a la calidad del expediente, la falta de méritos de la investigación y la selectividad de los imputados.
2do.- En el discurso que tradicionalmente se pronuncia al cierre de cada una de las marchas, en el ánimo de los asistentes y ciertamente en las pancartas y consignas resonó con fuerza un grito y un reclamo que hasta ahora no había adquirido el protagonismo que ese día tuvo: el enjuiciamiento penal de Danilo Medina.
La comisión que ilegalmente había formado él mismo para que investigara y dictaminara sobre el contrato de Punta Catalina ya había emitido su esperado veredicto absolutorio respecto al señor Medina. Por lo tanto, la marcha del 16 de julio y una de sus consignas mas notorias demuestra que la opinión pública del país no prestó el menor crédito ni a la comisión, ni a su informe y que, todo al papel de los miembros de dicha comisión, si acaso, sirvió para abonar la creencia de que sus miembros se prestaron a una farsa. El mismo escándalo mediático auspiciado por el gobierno en semanas anteriores cuando un grupo de personas firmó una carta peticionando la renuncia del señor Medina reapareció ahora bajo una forma aun mas ominosa para él: cientos de miles de personas reclamando su enjuiciamiento penal, una propuesta mas peligrosa para el que el pedimento de renuncia y evidencia adicional del deterioro creciente de su mandato.
3ro.- A raíz de la publicación de la carta donde se pidió la renuncia del señor Medina algunos empresarios decidieron o fueron instados a poner distancia de la Marcha Verde, entre otros, con el alegato de que semejante pedimento inspiraba sospechas. Introdujeron, no sin saña, la idea de la conspiración, azuzaron el temor a la inestabilidad política y colocaron la presidencia en la posición de entidad intocable, divina y hasta un juez validó aquello refiriéndose al señor Medina como el “ungido”.
Para muchos de los que asistieron a la marcha del día 16 y otros tantos de quienes han comentado con alegría su éxito, quedó demostrado que, con o sin empresarios la Marcha Verde va y que esos empresarios no necesariamente representaban al sector. Esos empresarios, probablemente fueron instados a producir esas declaraciones o creyeron que al hacerlo se congraciaban con el poder y así, algún problema personal o empresarial propio, podrían resolver. La verdad es que, el peor error que podrían cometer los empresarios dominicanos y eso incluye a los que a mi juicio tienen mérito y desgraciadamente a otros que no lo tienen, sería el de alejarse de la Marcha Verde donde pueden jugar un papel de moderación que sería muy útil a la hora del cambio. Dejar la Marcha Verde a su suerte no logrará que Danilo Medina se quede en el poder y solamente facilitará la radicalización de esta, podría colocarla a futuro fuera de su alcance y podría también inducir a otros sectores a creer que su grado de radicalización es pertinente y oportuno cuando podría ser lo contrario.
4to.- En las semanas que precedieron a la gran marcha, los agentes del gobierno, cierto número de falsos nacionalistas, uno que otro canalla, numerosos agentes pagados, la cuota habitual de idiotas del rebaño y otro número de dominicanos decentes y preocupados pero confundidos y abrumados por la propaganda antihaitiana sucumbieron hablando temerosos o indignados de una amenaza que no existe, de un complot internacional inventado, de una gestión tan deliberada como absurda de unificar nacionalidades; hablaban y denunciaban a los haitianos como enemigos, invasores peligrosos y producían fotos, videos e incidentes que lo demostraran. El esfuerzo fue masivo, sucio como pocos, peligroso en extremo e insensato en su contenido pero tenía una finalidad clara: que el tema haitiano suplantara la convocatoria de la Marcha Verde, que el tema haitiano fuera usado para juzgar las intenciones de la Marcha Verde y que al final, pudieran dividir la Marcha Verde como han logrado dividir una buena parte de la opinión pública nacional.
La Marcha Verde demostró en su grandiosidad que el hastío del pueblo dominicano con la corrupción y la impunidad es superior, prioritario, inextinguible y mas relevante que ningún otro. La gente entendió que había un componente demasiado alto de manipulación mediática con el tema haitiano y es posible que también haya entendido que un gobierno ilegítimo, desacreditado y desautorizado no tiene la voluntad, la capacidad, la disposición ni la entereza de poner orden en nuestro propio país tanto en el desorden a que hemos llegado los dominicanos como en el tema migratorio donde ciertamente el país necesita orden y respeto pero este es un gobierno que no sabe, quiere ni puede proporcionar lo uno ni lo otro.
5to.- Los cientos de miles de personas que acudieron a la gran Marcha Verde, los miles que desde las aceras y balcones saludaban su paso, los otros cientos de miles que siguieron el desfile pacífico, civilizado, alegre y resuelto no estaban reclamando al gobierno por una libra de arroz, ni por tarifa eléctrica, o la interrupción del servicio. Ese pueblo, esa enorme muchedumbre no salió a la calle con una agenda de reivindicaciones barriales, provinciales; no pedían un acueducto, una carretera nueva o la reparación de una vieja, tampoco aumento salarial, ni ninguna otra de las reivindicaciones habituales en las marchas, protestas, paros, huelgas que ha conocido nuestra historia y que siguen hoy insatisfechas.
Los cientos de miles que desfilaron, los tantos que desde el exterior apoyaron desde sus respectivas calles, barrios y ciudades, los que en cada provincia o municipio alentaron con entusiasmo y apoyaron con determinación el esfuerzo del domingo 16 de julio, en la celebración de la fundación de la Trinitaria, los que desde todas partes hicieron esta gran marcha posible, sola, justa, exclusiva, primordial e irrevocablemente: PEDIAN JUSTICIA.
La Marcha Verde no es un movimiento, organización, partido ni nada por el estilo. La marcha Verde es un estado de ánimo, la conciencia nacional, el consenso de que hay que cambiar de rumbo, de que hemos ido demasiado lejos por el mal camino y es esta condición de estado de ánimo y de consciencia, no ninguna destreza o visión estratégica lo que ha protegido la Marcha Verde de las trampas, el soborno y las tratativas descarriladoras.
El señor Medina puede o probablemente trate de ignorar o minimizar esta manifestación y su significado, la profunda transformación de valores que contiene e implica, pero lo hace a su propio riesgo y jamás podrá alegar que no se lo dijeron, que no se lo advirtieron. Los que tienen negocios, sean pequeños, medianos o grandes corporaciones mas le vale entender algo: ellos saben que este gobierno no sirve y que nos arruina pero muchos de ellos creen que deshacerse del actual gobierno puede ser peor que seguir apoyándolo. Están equivocados. Un excelente aunque extenso artículo en “The Guardian” del 14 de julio a la firma de Nikil Saval titulado: La Globalización: Auge y caída de una idea que arrebató al mundo” ofrece algunas de las respuestas que aquí sería muy prolijo enumerar.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?