Santo Domingo.- El pago de “incentivos” para referir pacientes a determinado servicio o para prescribir uno que otro medicamento ha ido tomando fuerza en los últimos años en el Sistema de Salud Dominicano, lesionando la sagrada confianza que debe primar en la relación médico-paciente y desatando una lucha entre la “ética” y la “bonanza”.Nacionales
El paciente en medio de una guerra de “incentivos” y “regalos”
Santo Domingo.- El pago de “incentivos” para referir pacientes a determinado servicio o para prescribir uno que otro medicamento ha ido tomando fuerza en los últimos años en el Sistema de Salud Dominicano, lesionando la sagrada confianza que debe primar en la relación médico-paciente y desatando una lucha entre la “ética” y la “bonanza”.De ahí que es de conocimiento de las autoridades vinculadas al sistema, que en el país hay quienes ofrecen y pagan hasta 1,300 dólares a especialistas y residentes para que refieran a sus servicios privados a recibir tratamientos de quimioterapia y radioterapia a pacientes diagnosticados con cáncer en clínicas y hospitales.
Esos “incentivos o regalos” intencionados se han ido expandiendo en el campo de la salud no sólo en lo referente a una especialidad tan sensible como la oncología, sino en diferentes áreas, al punto que hay facultativos comprometidos con emitir determinado número de recetas a cambio de viajes vacacionales o prescribir determinado producto, lo que le garantiza una cobertura VIP en congresos internacionales.
Esa realidad fue retratada con crudeza a Listín Diario por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Nelson Rodríguez Monegro, y ratificada por médicos con años en el ejercicio de la medicina, que pidieron reservas de sus nombres, pero que confesaron estar preocupados con lo que ven dentro del ejercicio de la profesión.
De acuerdo a detalles ofrecidos por el doctor Rodríguez Monegro en el tema cáncer, están ocurriendo cosas preocupantes, “se dan casos de empresas que pagan a médicos especialistas, e incluso a residentes entre 1,000 y 1,300 dólares para que le refieran los pacientes que necesitan radio o quimioterapia”.
En este punto, citó el caso del médico Farid Fata que enfrenta cargos en Estados Unidos por dar falsos diagnósticos de cáncer a pacientes y someterlos a caros y agresivos tratamientos. (El caso es recogido ampliamente en un reportaje publicado en julio del 2015 por la BBC bajo el título, “Estados Unidos: el médico que destrozó con quimioterapia la vida de cientos de pacientes que no tenían cáncer”).
Congresos
El director del Servicio Nacional de Salud y fuentes consultadas, dijeron además que en el país es de conocimiento que hay farmacéuticas que pagan congresos internacionales, les cubren pasaje, hospedajes en hoteles y le dan viáticos a médicos para que prescriban sus tratamientos.
También, explicó Rodríguez Monegro, se dan casos de algunos médicos, sobre todo cuando se trata de medicamentos de alto costo, que inducen al paciente a dudar de determinado fármaco para que exijan otro. “Les dicen si no compran ese medicamento no les va hacer efecto”, dijo.
Puso como ejemplo protestas que se llevaron a cabo en el momento en que el programa de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública redujo su catálogo de 98 a 48 medicamentos, decisión que se tomó basada en estudios previos.
Micronegocios
Los servicios privados instalados alrededor de los hospitales públicos, que van desde laboratorios clínicos, centros diagnósticos hasta funerarias, también forman parte del “negocio” que encarece y a veces obstaculiza la misión hospitalaria de ofrecer salud a la población de menos recursos.
Para el director Nacional de Salud la proliferación de esos micro negocios muchas veces no es ajena al hospital, tras afirmar que algunos de esos de esos centros pertenecen incluso a personas que laboran dentro del hospital, que desvían pacientes hacia ellos, y que incluso se dan casos en los que hasta dañan intencionalmente equipos del centro de salud público para poder referir los pacientes fuera.
Lactancia
Otra manera de persuadir y afectar la labor médica, dijo se ve claramente en la lactancia materna, indicador en el que el país tiene una de las tasas más bajas de lactancia exclusiva hasta los seis meses.
En ello, de acuerdo al funcionario, influye mucho el negocio que tienen empresas en ese sentido, que se introducen a los centros de salud públicos y privados y hacen regalos de sus productos a enfermeras y otro personal para incentivar su uso.
“Eso hace que muchas veces antes de ponerle el recién nacido a la madre para que le dé el seno, ya le han dado leche de fórmula y que incluso algunos empresas diseñan tarjetas de vacunación que le entregan a pediatras con el logo de sus marcas de leche”, recalcó.
Ortopedia
Reforzando denuncias publicadas por Listín Diario en una serie de reportajes titulados “Implantes Carabelitas”, Rodríguez Monegro asegura con firmeza que en la especialidad de ortopedia y traumatología hay muchos micro negocios de personas anidadas dentro de los propios centros de salud y de empresas comerciales que dan “incentivos” a los profesionales para que usen sus productos, lo que contamina el manejo clínico del acto médico.
Células madre
La aplicación de tratamientos usando células madres también fue enfocada por el funcionario al hacer un repaso de acciones médicas que deben regularse y vigilarse. Dice que aunque hay profesionales muy bien intencionados que ofrecen servicios que científicamente se han comprobado, hay otros que son grandes estafas.
Medicina ilegal
En torno al ejercicio ilegal de la medicina, dijo que al país han llegado profesionales que reúnen cualidades y competencias suficientes para ejercer la profesión, pero que algunos no han puesto sus documentos al día para ejercer legalmente en el país, aunque reconoce que hay otros que son timadores y farsantes, algunos, incluso se han detectado incrustados dentro de hospitales de la red.
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REGULACIONES Y PROTOCOLOS
Tras concluir de exponer el escenario de acciones que riñen con la moral y la ética en salud que ha logrado permear el ejercicio de algunos médicos, no la mayoría, el director del SNS destacó la importancia que ha tenido el poder implementar la separación de funciones en el sistema de salud.
Esto porque ahora el Ministerio de Salud Pública puede dedicar más tiempo en fortalecer su rol regulador, en lo cual, asegura, se ha empezado a trabajar con mucha dedicación.
Entre esos pasos, citó, que se están trabajando protocolos de atención en las diferentes especialidades, que frenará las acciones de algunas farmacéuticas que incentivan el uso de determinado medicamento y tratamiento, en lo que juega un papel importante la vigilancia farmacológica que deben tener los sistemas.
Señaló que dentro de la fármacovigilancia entra el reporte de reacciones adversas de un medicamento, porque hasta ahora lo que hace el médico es cambiar de medicina cuando un paciente le reporta alguna alergia o síntoma adverso, pero no existen mecanismos para que ese reporte llegue a las autoridades sanitarias.
Dijo que Salud Pública también está trabajando en ello. También se requiere, agregó, establecer monitoreo en los establecimientos para comprobar que la sustancia activa que se dice en la etiqueta se corresponde con el contenido.
listindiario.com
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.