Santo Domingo.- El pago de “incentivos” para referir pacientes a determinado servicio o para prescribir uno que otro medicamento ha ido tomando fuerza en los últimos años en el Sistema de Salud Dominicano, lesionando la sagrada confianza que debe primar en la relación médico-paciente y desatando una lucha entre la “ética” y la “bonanza”.Nacionales
El paciente en medio de una guerra de “incentivos” y “regalos”
Santo Domingo.- El pago de “incentivos” para referir pacientes a determinado servicio o para prescribir uno que otro medicamento ha ido tomando fuerza en los últimos años en el Sistema de Salud Dominicano, lesionando la sagrada confianza que debe primar en la relación médico-paciente y desatando una lucha entre la “ética” y la “bonanza”.De ahí que es de conocimiento de las autoridades vinculadas al sistema, que en el país hay quienes ofrecen y pagan hasta 1,300 dólares a especialistas y residentes para que refieran a sus servicios privados a recibir tratamientos de quimioterapia y radioterapia a pacientes diagnosticados con cáncer en clínicas y hospitales.
Esos “incentivos o regalos” intencionados se han ido expandiendo en el campo de la salud no sólo en lo referente a una especialidad tan sensible como la oncología, sino en diferentes áreas, al punto que hay facultativos comprometidos con emitir determinado número de recetas a cambio de viajes vacacionales o prescribir determinado producto, lo que le garantiza una cobertura VIP en congresos internacionales.
Esa realidad fue retratada con crudeza a Listín Diario por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Nelson Rodríguez Monegro, y ratificada por médicos con años en el ejercicio de la medicina, que pidieron reservas de sus nombres, pero que confesaron estar preocupados con lo que ven dentro del ejercicio de la profesión.
De acuerdo a detalles ofrecidos por el doctor Rodríguez Monegro en el tema cáncer, están ocurriendo cosas preocupantes, “se dan casos de empresas que pagan a médicos especialistas, e incluso a residentes entre 1,000 y 1,300 dólares para que le refieran los pacientes que necesitan radio o quimioterapia”.
En este punto, citó el caso del médico Farid Fata que enfrenta cargos en Estados Unidos por dar falsos diagnósticos de cáncer a pacientes y someterlos a caros y agresivos tratamientos. (El caso es recogido ampliamente en un reportaje publicado en julio del 2015 por la BBC bajo el título, “Estados Unidos: el médico que destrozó con quimioterapia la vida de cientos de pacientes que no tenían cáncer”).
Congresos
El director del Servicio Nacional de Salud y fuentes consultadas, dijeron además que en el país es de conocimiento que hay farmacéuticas que pagan congresos internacionales, les cubren pasaje, hospedajes en hoteles y le dan viáticos a médicos para que prescriban sus tratamientos.
También, explicó Rodríguez Monegro, se dan casos de algunos médicos, sobre todo cuando se trata de medicamentos de alto costo, que inducen al paciente a dudar de determinado fármaco para que exijan otro. “Les dicen si no compran ese medicamento no les va hacer efecto”, dijo.
Puso como ejemplo protestas que se llevaron a cabo en el momento en que el programa de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública redujo su catálogo de 98 a 48 medicamentos, decisión que se tomó basada en estudios previos.
Micronegocios
Los servicios privados instalados alrededor de los hospitales públicos, que van desde laboratorios clínicos, centros diagnósticos hasta funerarias, también forman parte del “negocio” que encarece y a veces obstaculiza la misión hospitalaria de ofrecer salud a la población de menos recursos.
Para el director Nacional de Salud la proliferación de esos micro negocios muchas veces no es ajena al hospital, tras afirmar que algunos de esos de esos centros pertenecen incluso a personas que laboran dentro del hospital, que desvían pacientes hacia ellos, y que incluso se dan casos en los que hasta dañan intencionalmente equipos del centro de salud público para poder referir los pacientes fuera.
Lactancia
Otra manera de persuadir y afectar la labor médica, dijo se ve claramente en la lactancia materna, indicador en el que el país tiene una de las tasas más bajas de lactancia exclusiva hasta los seis meses.
En ello, de acuerdo al funcionario, influye mucho el negocio que tienen empresas en ese sentido, que se introducen a los centros de salud públicos y privados y hacen regalos de sus productos a enfermeras y otro personal para incentivar su uso.
“Eso hace que muchas veces antes de ponerle el recién nacido a la madre para que le dé el seno, ya le han dado leche de fórmula y que incluso algunos empresas diseñan tarjetas de vacunación que le entregan a pediatras con el logo de sus marcas de leche”, recalcó.
Ortopedia
Reforzando denuncias publicadas por Listín Diario en una serie de reportajes titulados “Implantes Carabelitas”, Rodríguez Monegro asegura con firmeza que en la especialidad de ortopedia y traumatología hay muchos micro negocios de personas anidadas dentro de los propios centros de salud y de empresas comerciales que dan “incentivos” a los profesionales para que usen sus productos, lo que contamina el manejo clínico del acto médico.
Células madre
La aplicación de tratamientos usando células madres también fue enfocada por el funcionario al hacer un repaso de acciones médicas que deben regularse y vigilarse. Dice que aunque hay profesionales muy bien intencionados que ofrecen servicios que científicamente se han comprobado, hay otros que son grandes estafas.
Medicina ilegal
En torno al ejercicio ilegal de la medicina, dijo que al país han llegado profesionales que reúnen cualidades y competencias suficientes para ejercer la profesión, pero que algunos no han puesto sus documentos al día para ejercer legalmente en el país, aunque reconoce que hay otros que son timadores y farsantes, algunos, incluso se han detectado incrustados dentro de hospitales de la red.
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REGULACIONES Y PROTOCOLOS
Tras concluir de exponer el escenario de acciones que riñen con la moral y la ética en salud que ha logrado permear el ejercicio de algunos médicos, no la mayoría, el director del SNS destacó la importancia que ha tenido el poder implementar la separación de funciones en el sistema de salud.
Esto porque ahora el Ministerio de Salud Pública puede dedicar más tiempo en fortalecer su rol regulador, en lo cual, asegura, se ha empezado a trabajar con mucha dedicación.
Entre esos pasos, citó, que se están trabajando protocolos de atención en las diferentes especialidades, que frenará las acciones de algunas farmacéuticas que incentivan el uso de determinado medicamento y tratamiento, en lo que juega un papel importante la vigilancia farmacológica que deben tener los sistemas.
Señaló que dentro de la fármacovigilancia entra el reporte de reacciones adversas de un medicamento, porque hasta ahora lo que hace el médico es cambiar de medicina cuando un paciente le reporta alguna alergia o síntoma adverso, pero no existen mecanismos para que ese reporte llegue a las autoridades sanitarias.
Dijo que Salud Pública también está trabajando en ello. También se requiere, agregó, establecer monitoreo en los establecimientos para comprobar que la sustancia activa que se dice en la etiqueta se corresponde con el contenido.
listindiario.com
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.