Santo Domingo.- El pago de “incentivos” para referir pacientes a determinado servicio o para prescribir uno que otro medicamento ha ido tomando fuerza en los últimos años en el Sistema de Salud Dominicano, lesionando la sagrada confianza que debe primar en la relación médico-paciente y desatando una lucha entre la “ética” y la “bonanza”.Nacionales
El paciente en medio de una guerra de “incentivos” y “regalos”
Santo Domingo.- El pago de “incentivos” para referir pacientes a determinado servicio o para prescribir uno que otro medicamento ha ido tomando fuerza en los últimos años en el Sistema de Salud Dominicano, lesionando la sagrada confianza que debe primar en la relación médico-paciente y desatando una lucha entre la “ética” y la “bonanza”.De ahí que es de conocimiento de las autoridades vinculadas al sistema, que en el país hay quienes ofrecen y pagan hasta 1,300 dólares a especialistas y residentes para que refieran a sus servicios privados a recibir tratamientos de quimioterapia y radioterapia a pacientes diagnosticados con cáncer en clínicas y hospitales.
Esos “incentivos o regalos” intencionados se han ido expandiendo en el campo de la salud no sólo en lo referente a una especialidad tan sensible como la oncología, sino en diferentes áreas, al punto que hay facultativos comprometidos con emitir determinado número de recetas a cambio de viajes vacacionales o prescribir determinado producto, lo que le garantiza una cobertura VIP en congresos internacionales.
Esa realidad fue retratada con crudeza a Listín Diario por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Nelson Rodríguez Monegro, y ratificada por médicos con años en el ejercicio de la medicina, que pidieron reservas de sus nombres, pero que confesaron estar preocupados con lo que ven dentro del ejercicio de la profesión.
De acuerdo a detalles ofrecidos por el doctor Rodríguez Monegro en el tema cáncer, están ocurriendo cosas preocupantes, “se dan casos de empresas que pagan a médicos especialistas, e incluso a residentes entre 1,000 y 1,300 dólares para que le refieran los pacientes que necesitan radio o quimioterapia”.
En este punto, citó el caso del médico Farid Fata que enfrenta cargos en Estados Unidos por dar falsos diagnósticos de cáncer a pacientes y someterlos a caros y agresivos tratamientos. (El caso es recogido ampliamente en un reportaje publicado en julio del 2015 por la BBC bajo el título, “Estados Unidos: el médico que destrozó con quimioterapia la vida de cientos de pacientes que no tenían cáncer”).
Congresos
El director del Servicio Nacional de Salud y fuentes consultadas, dijeron además que en el país es de conocimiento que hay farmacéuticas que pagan congresos internacionales, les cubren pasaje, hospedajes en hoteles y le dan viáticos a médicos para que prescriban sus tratamientos.
También, explicó Rodríguez Monegro, se dan casos de algunos médicos, sobre todo cuando se trata de medicamentos de alto costo, que inducen al paciente a dudar de determinado fármaco para que exijan otro. “Les dicen si no compran ese medicamento no les va hacer efecto”, dijo.
Puso como ejemplo protestas que se llevaron a cabo en el momento en que el programa de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública redujo su catálogo de 98 a 48 medicamentos, decisión que se tomó basada en estudios previos.
Micronegocios
Los servicios privados instalados alrededor de los hospitales públicos, que van desde laboratorios clínicos, centros diagnósticos hasta funerarias, también forman parte del “negocio” que encarece y a veces obstaculiza la misión hospitalaria de ofrecer salud a la población de menos recursos.
Para el director Nacional de Salud la proliferación de esos micro negocios muchas veces no es ajena al hospital, tras afirmar que algunos de esos de esos centros pertenecen incluso a personas que laboran dentro del hospital, que desvían pacientes hacia ellos, y que incluso se dan casos en los que hasta dañan intencionalmente equipos del centro de salud público para poder referir los pacientes fuera.
Lactancia
Otra manera de persuadir y afectar la labor médica, dijo se ve claramente en la lactancia materna, indicador en el que el país tiene una de las tasas más bajas de lactancia exclusiva hasta los seis meses.
En ello, de acuerdo al funcionario, influye mucho el negocio que tienen empresas en ese sentido, que se introducen a los centros de salud públicos y privados y hacen regalos de sus productos a enfermeras y otro personal para incentivar su uso.
“Eso hace que muchas veces antes de ponerle el recién nacido a la madre para que le dé el seno, ya le han dado leche de fórmula y que incluso algunos empresas diseñan tarjetas de vacunación que le entregan a pediatras con el logo de sus marcas de leche”, recalcó.
Ortopedia
Reforzando denuncias publicadas por Listín Diario en una serie de reportajes titulados “Implantes Carabelitas”, Rodríguez Monegro asegura con firmeza que en la especialidad de ortopedia y traumatología hay muchos micro negocios de personas anidadas dentro de los propios centros de salud y de empresas comerciales que dan “incentivos” a los profesionales para que usen sus productos, lo que contamina el manejo clínico del acto médico.
Células madre
La aplicación de tratamientos usando células madres también fue enfocada por el funcionario al hacer un repaso de acciones médicas que deben regularse y vigilarse. Dice que aunque hay profesionales muy bien intencionados que ofrecen servicios que científicamente se han comprobado, hay otros que son grandes estafas.
Medicina ilegal
En torno al ejercicio ilegal de la medicina, dijo que al país han llegado profesionales que reúnen cualidades y competencias suficientes para ejercer la profesión, pero que algunos no han puesto sus documentos al día para ejercer legalmente en el país, aunque reconoce que hay otros que son timadores y farsantes, algunos, incluso se han detectado incrustados dentro de hospitales de la red.
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REGULACIONES Y PROTOCOLOS
Tras concluir de exponer el escenario de acciones que riñen con la moral y la ética en salud que ha logrado permear el ejercicio de algunos médicos, no la mayoría, el director del SNS destacó la importancia que ha tenido el poder implementar la separación de funciones en el sistema de salud.
Esto porque ahora el Ministerio de Salud Pública puede dedicar más tiempo en fortalecer su rol regulador, en lo cual, asegura, se ha empezado a trabajar con mucha dedicación.
Entre esos pasos, citó, que se están trabajando protocolos de atención en las diferentes especialidades, que frenará las acciones de algunas farmacéuticas que incentivan el uso de determinado medicamento y tratamiento, en lo que juega un papel importante la vigilancia farmacológica que deben tener los sistemas.
Señaló que dentro de la fármacovigilancia entra el reporte de reacciones adversas de un medicamento, porque hasta ahora lo que hace el médico es cambiar de medicina cuando un paciente le reporta alguna alergia o síntoma adverso, pero no existen mecanismos para que ese reporte llegue a las autoridades sanitarias.
Dijo que Salud Pública también está trabajando en ello. También se requiere, agregó, establecer monitoreo en los establecimientos para comprobar que la sustancia activa que se dice en la etiqueta se corresponde con el contenido.
listindiario.com
Nacionales
Después de castigo mediante arancel de Estados Unidos RD no aceptará productos y bienes elaborados mediante “trabajo forzoso”
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
El decreto también reafirma que todo importador deberá declarar en el formulario electrónico de Declaración Única Aduanera (DUA), si tiene conocimiento o información razonable de que las mercancías, productos y bienes que importa han sido producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Además, se tomará en cuenta los informes, alertas, investigaciones o evaluaciones emitidos por organismos internacionales competentes, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras fuentes de información que arrojen algún indicio.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
En caso de que se concluya que sí existió el trabajo forzoso durante el proceso de elaboración del producto importado, se dispondrá la prohibición de importación de las mercancías, productos o bienes comprendidos en la determinación y específicamente vinculadas al productor, fabricante, suplidor o cadena de suministro respecto de los cuales se haya determinado la utilización de trabajo forzoso.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.
Santo Domingo, R.D.-Fue pospuesto para el 6 de agosto por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la decisión de si envía a juicio de fondo a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de protagonizar un violento ataque con arma blanca en el ensanche Naco, hecho en el que falleció una mujer y varias personas resultaron heridos.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz tomó la decisión al considerar que la resolución todavía no está lista. En ese sentido ordenó a la secretaria del tribunal la notificación de la decisión, al Ministerio Público, representado por la procuradora de Corte Dulce Luciano, a la defensa del imputado, doctor Richard Martínez y al abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la víctima.
La corte de alzada deberá evaluar los argumentos de las partes tras la polémica decisión emitida el pasado 17 de marzo por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El tribunal tendrá que determinar si ratifica ese dictamen o si, por el contrario, acoge los recursos de la parte acusadora para revocarlo.
Deiby Timoteo Peguero dictó un auto de «no ha lugar» a favor de Pumarol Fernández, tras considerar que el imputado no se encontraba en condiciones de salud mental aptas para enfrentar un juicio de fondo por los hechos que se le imputan.
La decisión fue adoptada tras evaluar los documentos depositados por la defensa, entre ellos un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que establece que el imputado sufrió un brote psicótico al momento de los hechos debido a que padece esquizofrenia paranoide.
Tras la notificación oficial del fallo, tanto el órgano persecutor como el abogado Miguel Valerio quien ostenta la representación legal de los familiares de la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, fallecida en el incidente apelaron la decisión. El recurso fue sometido dentro del plazo de 20 días hábiles que establece el artículo 309 del Código Procesal Penal.
Conforme a lo previsto en el artículo 434 de la citada norma procesal, el recurso fue formalizado mediante un escrito motivado, lo que dio lugar a que el expediente fuera remitido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación para su debida revisión y ponderación.
La tragedia ocurrió en julio de 2025 en el ensanche Naco, donde Jean Andrés Pumarol Fernández atacó a varias personas con un arma blanca.
El incidente dejó como saldo fatal el deceso de la señora Ivonne Handal Abugabir. Asimismo, resultaron con heridas de gravedad Guillermo Pumarol padre del agresor, la cuidadora Teresa Fabián Heredia y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
Santo Domingo, R.D.-La continuación del juicio por presunta corrupcion administrativa en contra del ex procurador general Jean Alain Rodriguez y compartes deberá continuar tras el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar un recurso de oposicion presentado por la barra de la defensa.
Como solicitó el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, el tribunal declaró inadmisible el recurso contra la decisión que rechazó la mayoría de los incidentes planteados por las defensas.
La audiencia estaba convocada para la mañana, pero las juezas la reprogramaron para la tarde.
Camacho recordó que Rodríguez «se ha mantenido buscando la forma de huir al conocimiento del proceso y al conocimiento de las pruebas».
«La razón fundamental por la que Jean Alain huye al conocimiento de este proceso es porque él sabe que será asediado por las pruebas que tiene el Ministerio Público en la medida en que las mismas se produzcan en el tribunal», agregó.
El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, dio a conocer el fallo e inmediatamente dispuso que el Ministerio Público presentara su discurso de apertura.
Sin embargo, una de las barras de la defensa pidió aplazar la audiencia alegando un mal de salud de su defendido, solicitud que fue rechazada por las juezas al acoger el argumento del Ministerio Público de que faltaba un documento que avalara dicha condición.
El tribunal volvió a ordenar la continuación, pero la defensa de Rodríguez Sánchez volvió a presentar la solicitud de extinción de la acción penal.
Posteriormente, las juezas escucharon a Rodríguez Sánchez y dispusieron el aplazamiento de la audiencia para el próximo lunes 27 de julio, a las 9:00 de la mañana, donde será escuchada su defensa.
En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, el pasado 6 de julio los jueces declararon inadmisibles la mayoría de los incidentes planteados por las defensas, que procuraban la nulidad del juicio, y ordenaron la continuación del proceso para el 22 de julio.
El expediente acusatorio establece que Rodríguez malversó más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general.
Además de Rodríguez, figuran Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Los imputados enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.