Santo Domingo.- El pago de “incentivos” para referir pacientes a determinado servicio o para prescribir uno que otro medicamento ha ido tomando fuerza en los últimos años en el Sistema de Salud Dominicano, lesionando la sagrada confianza que debe primar en la relación médico-paciente y desatando una lucha entre la “ética” y la “bonanza”.Nacionales
El paciente en medio de una guerra de “incentivos” y “regalos”
Santo Domingo.- El pago de “incentivos” para referir pacientes a determinado servicio o para prescribir uno que otro medicamento ha ido tomando fuerza en los últimos años en el Sistema de Salud Dominicano, lesionando la sagrada confianza que debe primar en la relación médico-paciente y desatando una lucha entre la “ética” y la “bonanza”.De ahí que es de conocimiento de las autoridades vinculadas al sistema, que en el país hay quienes ofrecen y pagan hasta 1,300 dólares a especialistas y residentes para que refieran a sus servicios privados a recibir tratamientos de quimioterapia y radioterapia a pacientes diagnosticados con cáncer en clínicas y hospitales.
Esos “incentivos o regalos” intencionados se han ido expandiendo en el campo de la salud no sólo en lo referente a una especialidad tan sensible como la oncología, sino en diferentes áreas, al punto que hay facultativos comprometidos con emitir determinado número de recetas a cambio de viajes vacacionales o prescribir determinado producto, lo que le garantiza una cobertura VIP en congresos internacionales.
Esa realidad fue retratada con crudeza a Listín Diario por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Nelson Rodríguez Monegro, y ratificada por médicos con años en el ejercicio de la medicina, que pidieron reservas de sus nombres, pero que confesaron estar preocupados con lo que ven dentro del ejercicio de la profesión.
De acuerdo a detalles ofrecidos por el doctor Rodríguez Monegro en el tema cáncer, están ocurriendo cosas preocupantes, “se dan casos de empresas que pagan a médicos especialistas, e incluso a residentes entre 1,000 y 1,300 dólares para que le refieran los pacientes que necesitan radio o quimioterapia”.
En este punto, citó el caso del médico Farid Fata que enfrenta cargos en Estados Unidos por dar falsos diagnósticos de cáncer a pacientes y someterlos a caros y agresivos tratamientos. (El caso es recogido ampliamente en un reportaje publicado en julio del 2015 por la BBC bajo el título, “Estados Unidos: el médico que destrozó con quimioterapia la vida de cientos de pacientes que no tenían cáncer”).
Congresos
El director del Servicio Nacional de Salud y fuentes consultadas, dijeron además que en el país es de conocimiento que hay farmacéuticas que pagan congresos internacionales, les cubren pasaje, hospedajes en hoteles y le dan viáticos a médicos para que prescriban sus tratamientos.
También, explicó Rodríguez Monegro, se dan casos de algunos médicos, sobre todo cuando se trata de medicamentos de alto costo, que inducen al paciente a dudar de determinado fármaco para que exijan otro. “Les dicen si no compran ese medicamento no les va hacer efecto”, dijo.
Puso como ejemplo protestas que se llevaron a cabo en el momento en que el programa de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública redujo su catálogo de 98 a 48 medicamentos, decisión que se tomó basada en estudios previos.
Micronegocios
Los servicios privados instalados alrededor de los hospitales públicos, que van desde laboratorios clínicos, centros diagnósticos hasta funerarias, también forman parte del “negocio” que encarece y a veces obstaculiza la misión hospitalaria de ofrecer salud a la población de menos recursos.
Para el director Nacional de Salud la proliferación de esos micro negocios muchas veces no es ajena al hospital, tras afirmar que algunos de esos de esos centros pertenecen incluso a personas que laboran dentro del hospital, que desvían pacientes hacia ellos, y que incluso se dan casos en los que hasta dañan intencionalmente equipos del centro de salud público para poder referir los pacientes fuera.
Lactancia
Otra manera de persuadir y afectar la labor médica, dijo se ve claramente en la lactancia materna, indicador en el que el país tiene una de las tasas más bajas de lactancia exclusiva hasta los seis meses.
En ello, de acuerdo al funcionario, influye mucho el negocio que tienen empresas en ese sentido, que se introducen a los centros de salud públicos y privados y hacen regalos de sus productos a enfermeras y otro personal para incentivar su uso.
“Eso hace que muchas veces antes de ponerle el recién nacido a la madre para que le dé el seno, ya le han dado leche de fórmula y que incluso algunos empresas diseñan tarjetas de vacunación que le entregan a pediatras con el logo de sus marcas de leche”, recalcó.
Ortopedia
Reforzando denuncias publicadas por Listín Diario en una serie de reportajes titulados “Implantes Carabelitas”, Rodríguez Monegro asegura con firmeza que en la especialidad de ortopedia y traumatología hay muchos micro negocios de personas anidadas dentro de los propios centros de salud y de empresas comerciales que dan “incentivos” a los profesionales para que usen sus productos, lo que contamina el manejo clínico del acto médico.
Células madre
La aplicación de tratamientos usando células madres también fue enfocada por el funcionario al hacer un repaso de acciones médicas que deben regularse y vigilarse. Dice que aunque hay profesionales muy bien intencionados que ofrecen servicios que científicamente se han comprobado, hay otros que son grandes estafas.
Medicina ilegal
En torno al ejercicio ilegal de la medicina, dijo que al país han llegado profesionales que reúnen cualidades y competencias suficientes para ejercer la profesión, pero que algunos no han puesto sus documentos al día para ejercer legalmente en el país, aunque reconoce que hay otros que son timadores y farsantes, algunos, incluso se han detectado incrustados dentro de hospitales de la red.
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REGULACIONES Y PROTOCOLOS
Tras concluir de exponer el escenario de acciones que riñen con la moral y la ética en salud que ha logrado permear el ejercicio de algunos médicos, no la mayoría, el director del SNS destacó la importancia que ha tenido el poder implementar la separación de funciones en el sistema de salud.
Esto porque ahora el Ministerio de Salud Pública puede dedicar más tiempo en fortalecer su rol regulador, en lo cual, asegura, se ha empezado a trabajar con mucha dedicación.
Entre esos pasos, citó, que se están trabajando protocolos de atención en las diferentes especialidades, que frenará las acciones de algunas farmacéuticas que incentivan el uso de determinado medicamento y tratamiento, en lo que juega un papel importante la vigilancia farmacológica que deben tener los sistemas.
Señaló que dentro de la fármacovigilancia entra el reporte de reacciones adversas de un medicamento, porque hasta ahora lo que hace el médico es cambiar de medicina cuando un paciente le reporta alguna alergia o síntoma adverso, pero no existen mecanismos para que ese reporte llegue a las autoridades sanitarias.
Dijo que Salud Pública también está trabajando en ello. También se requiere, agregó, establecer monitoreo en los establecimientos para comprobar que la sustancia activa que se dice en la etiqueta se corresponde con el contenido.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.