Santiago.- El director de Aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, al resaltar la importante relación comercial que mantiene República Dominicana con Haití, dijo que es importante formalizar el comercio entre los dos países.Nacionales
Aduanas estima exportaciones de RD hacia Haití en US$600 millones
Santiago.- El director de Aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, al resaltar la importante relación comercial que mantiene República Dominicana con Haití, dijo que es importante formalizar el comercio entre los dos países.El funcionario expresó que las exportaciones de República Dominicana al país vecino es de un estimado de 600 millones de dólares al año.
Precisamente, por esa informalidad, no es preciso tener exacto las exportaciones que tenemos hacia Haití”, agregó el funcionario entrevistado por periodistas locales.
La frontera con Haití se usa mucho para actos ilícitos y si hay una colaboración entre las dos Aduanas, es posible evitar que eso siga sucediendo.
Por igual comunicó que las autoridades dominicanas firmaron un acuerdo con sus pares haitianas para colaborar con las Aduanas de la vecina nación, para que puedan cobrar más impuestos de los productos que entran a su país desde República Dominicana.
También manifestó que en el convenio, se acordó que colaboraran en ambas partes evitar los actos ilícitos que se presentan en la zona fronteriza domínico-haitiana.
“La frontera con Haití se usa mucho para actos ilícitos y si hay una colaboración entre las dos Aduanas, es posible evitar que eso siga sucediendo, como ha estado pasando por muchos años”, expresó el funcionario.
“En este momento, firmamos un acuerdo con las autoridades haitianas, va en progreso y vamos a colaborar más”.
Por eso aclaró que Aduanas, es la entidad responsable de administrar la frontera, que representa todos los contactos que tiene el país con el exterior, como aeropuertos, puertos.”No solo es frontera con la del vecino país de Haití y de esa manera no solo es recaudar la responsabilidad de Aduanas, sino hacer cumplir los tratados que ha firmado el país y ratificado por el Congreso y velar que se cumplan de manera ordenada”, observó.
Recaudaciones
Igualmente agregó que la Dirección General de Impuestos Internos recauda del 79 al 80 por ciento de los ingresos fiscales, y Aduanas entre un 20 a un 22 por ciento en total por año.
Pero dijo que para el presupuesto del 2017, los efectivos recaudatorios de la Dirección de Aduanas son RD$120 mil millones.
Importaciones
De otro lado, al ser entrevistado en el programa la Noche con Bélgica que produce la periodista Bélgica Suárez, junto a los comunicadores Víctor Mañaná, Sergio García y Tackon por el canal Teleuuniverso (29), el funcionario aclaró que en en lo que tiene que ver con los vehículos con más de cinco años de fabricación, existe una ley en tal sentido.
“A partir de julio de este año se aplica, que ese vehículo debe tener máximo cinco años de fabricación”, informó.
Según el funcionario, con ello buscan que el parque vehicular del país no sea tan añejo, porque crean dificultades, contaminaciones y afectan situaciones que no se corresponde con lo que interesa al país, que es signatario de acuerdos medio ambientales y que Aduanas tiene que velar que los vehículos que entran al país tienen que cumplir con estos estándares.
Compras por internet
El director de Aduanas se refirió a las compras que hacen por internet y el servicio de envíos, que realizan muchas personas en el país. Aclaró que si una persona compra en el exterior una consola de juego, se supone que es para uso personal.
“Pero si compra diez consolas en días diferentes y cuando vemos las estadísticas, vemos la cantidad de paquetes que el individuo trae al país, si es con fines comerciales, evidentemente debe pagar impuestos”, observó.
Asimismo, refirió que no hay limitaciones para las compras por Internet.
El director de aduanas agotó en Santiago el jueves y el viernes una apretada agenda de actividades, que incluyeron encuentros con diversos sectores productivos y participó en varios programas de televisión y otros medios locales.
Visitó la oficina regional de Aduanas en Santiago, el aeropuerto internacional del Cibao, las zonas francas de Matanzas y Gurabo y además sostuvo un encuentro con los textileros del Norte.
listindiario.com
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras que Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Su caso ahora pasa a la Procuraduría General de la República para que la solicitud sea tramitada y ejecutada, de conformidad con los términos de la Constitución y las leyes dominicanas para luego ser firmada por el presidente Luis Abinader y se emita el decreto que autoriza su entrega a las autoridades estadounidenses.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Además de los años de prisión, el Departamento de Justicia indica que el grupo de acusados podría enfrentar una multa máxima de 250,000 dólares por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de 500,000 dólares por cada cargo de lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.