El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que esa situación le crea una gran presión al país, por lo que se hace necesario resolverla.
Santo Domingo.- República Dominicana tiene que decidirse a no seguir siendo un “paritorio” de Haití, porque son miles las mujeres que están cruzando la frontera para venir a dar a luz al país, y luego buscar que esos niños sean nacionalizados.
Así lo expresó el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, quien dijo que definitivamente esa frontera tiene que tomar en cuenta que al país hay que preservarlo de la avalancha de niños de madres extranjeras.
Al participar en el Desayuno de LISTÍN DIARIO junto a otros miembros del Pleno, el presidente de la JCE precisó que esa situación le crea una gran presión al país, además de que en determinado momento pudiera ser vista como una política invasiva.
“Vamos a llamarlo por su nombre, entonces nosotros tenemos que tener la suficiente responsabilidad, el Estado dominicano, de detener eso, y eso hay que detenerlo allá en la frontera”, advirtió refiriéndose a todas las haitianas que cruzan la línea divisoria para dar a luz en el territorio nacional.
Castaños Guzmán explicó que después que la madre no residente viene al país y da a luz, hay que inscribir el niño en el Libro de Extranjería, porque es un derecho universal.
El presidente de la JCE prometió publicar las estadísticas de la cantidad de niños que nacen en esa condición en el país.
También reveló que hay muchas madres que vienen, dan a luz y dejan abandonados a sus niños, mientras que otras se marchan con sus vástagos una vez concluyen el proceso.
“Hay un problema y ese problema la Junta Central Electoral lo está viendo con mucha atención y está tomando las medidas de lugar”, apuntó.
En ese orden, el presidente de la JCE dijo que el pleno del organismo no es ingenuo, saben lo que eso implica, además de que están claros hacia dónde deben ir respecto al tema.
Dudas infundadas
En otro orden, Castaños Guzmán calificó de infundadas las dudas expresadas por algunos sectores respecto al acuerdo firmado entre el gobierno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y ese organismo, mediante el cual serán registrados en las Oficialías Civiles de los hospitales los infantes que nazcan allí.
“Esas dudas son infundas, porque esas dudas solamente se les pudiera dar crédito si las mismas estuvieran fundadas en la permisividad de la Junta Central Electoral”, sostuvo Castaños Guzmán.
Aclaró que la JCE no es permisiva con la regla establecida, en el sentido de que madres extranjeras no residentes registran a los niños en los libros de extranjería.
El presidente de la JCE precisó que existe un protocolo que cumple con los inscritos en los libros de extranjería, mediante el cual se le comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo ponga en conocimiento de las embajadas y consulados del país de origen de la madre.
Explicó que ese protocolo se cumple con todas las embajadas de países con los cuales República Dominicana mantiene relaciones diplomáticas.
Según las explicaciones de Castaños Guzmán, cuando una madre da a luz en el país hace una declaración, y en base a ella se le rinde el informe a la embajada de su país.
Explicó que es un derecho fundamental que al nacer cada persona sea inscrita en un libro de registro civil, y en caso de los nacidos aquí les corresponde asentarlos en el Libro de Extranjería.
JCE pide presupuesto de RD$7,800 millones
El Control. Para el control de los recursos que reciben los partidos, la JCE creó una unidad de análisis.
La Junta Central Electoral (JCE) solicitó al gobierno la asignación de un presupuesto ascendente a 7,871 millones de pesos para ejecutar en el 2018, a fin de cubrir sus necesidades.
El organismo aspira a que en esta ocasión el Poder Ejecutivo ponga atención a la solicitud del organismo, para poder cumplir con deudas heredadas de las pasadas elecciones ascendentes a casi dos mil millones de pesos.
El miembro titular de la JCE, Roberto Saladín, sostuvo que ha habido una tendencia histórica por parte del Estado de no acoger el presupuesto solicitado por ese órgano.
Puntualizó que del 2006 a la fecha entre los presupuestos solicitados y los aprobados hay un déficit de 14,000 millones de pesos, al tiempo que recordó que este año la JCE ejecuta una partida presupuestaria de 2,400 millones de pesos.
Al respecto, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, indicó que al aprobarle el presupuesto, el Congreso Nacional debe entender que el compromiso se asume, no con la JCE, sino con los votantes del país y del exterior.
Precisó que cerca de 300 personas acuden diariamente a las oficinas de la entidad en Nueva York a solicitar servicios.
El presidente de la JCE enfatizó que ese organismo no saldrá a pedir limosna, porque desde ese momento lo desconsideran.
Castaños Guzmán dijo que estarán sujetos a la ley y expuso que todo lo que sea la administración del proceso electoral tiene que ser ejecutado en base al presupuesto asignado.
Al día de hoy la JCE tiene deudas por un monto de 1,984 millones de pesos, pero cuando inició la actual gestión ascendía a 2,500 millones de pesos.
Castaños Guzmán dijo que esas deudas constituyen estrecheces y limitaciones para nuevos proyectos. Sostuvo que una institución como la JCE, que vende credibilidad, no debe ser mala paga, por lo cual debe cumplir con sus compromisos financieros.
Consideró muy probable que no se hayan resuelto los diferendos de los comicios municipales, programados para febrero del 2020, cuando la JCE estará inmersa en la organización de las elecciones presidenciales, y congresuales.
Castaños Guzmán fue entrevistado en el Desayuno de LISTÍN DIARIO junto a los demás titulares Rosario Graciano, Henry Mejía, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín.
La actual gestión de la JCE cumplió ayer nueve meses de gestión. El deber más importante de la JCE es aministrar el sistema electoral.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.
