Nacionales
Telecomunicaciones: ORANGE demanda que INDOTEL sancione a VIVA, de Gómez Díaz, por uso irregular del espectro
Orange explica que “no se tiene constancia, resolución o disposición alguna que atribuya espectro a VIVA para el despliegue y comercialización de servicios 4G. No hay registro de una compra en mercado secundario, ni de otro concurso público o licitación distinta a la PLI-003-2011”
Foto: Martin Roos, es el gerente de Altice Dominicana, la empresa que demanda a Trilogy (VIVA), de Gómez Díaz
La empresa de telecomunicaciones Trilogy Dominicana, más conocida como Viva, y que pertenece al empresario Juan Ramón Gómez Díaz, fue sometida ante el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), por uso irregular del espectro que pertenece al Estado Dominicano, y que para poder tener su usufructo es necesario comprarlo, como ya lo hicieron por suma millonarias las empresas Orange y Claro.
La acusación contra VIVA la hizo la empresa Altice Dominicana, propietaria de Orange, la que alega haber pagado sumas millonarias para uso de su espectro, y en consecuencia dice que las campañas lanzadas por Viva de venta de servicios 4G es irregular, engañosa, competencia desleal y violatoria de las disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones.
El 24 de agosto pasado, la empresa Orange entregó formalmente su queja a Katrina Naut, directora ejecutiva del INDOTEL, para que el Consejo Directivo conozca de las sanciones que corresponde luego de investigar y poner a correr lo que se denomina “procedimiento administrativo sancionador”. En nombre de Orange actuó la licenciado Desirée Escoto, mediante un documento numerado digitalmente eón el código 168555.
La voz de alarma de las empresas de telecomunicaciones
Foto: Martin Roos, es el gerente de Altice Dominicana, la empresa que demanda a Trilogy (VIVA), de Gómez Díaz
Según describe Orange en su documento, la voz de alarma se dio desde el mes de marzo de este año, cuando VIVA inició una campaña de expectativa de lo que serían sus servicios 4G denominados Viva 4×4. También la empresa de Gómez Díaz había anunciado que estaba trabajando con la empresa Ericsson para el desarrollo de la tecnología de sus redes.
Cuando se percataron de que la empresa VIVA vendría con el lanzamiento de su oferta de servicios 4G se preguntaron: “¿Cuál será el espectro que estarían utilizando para este servicio?”.
Explica Orange que como parte de los planes de Viva “hemos recibido solicitudes de colocación donde incluyen facilidades en los planos que trabajan bajo estándares AWS (1700-2100 MHz) en nuestras localidades compartidas, con lo que podemos presumir sin temor a errar que el servicio será ofrecido bajo este estándar”.
Por ello el pasado 3 de abril, un mes después de iniciada la campaña de expectativa de Viva, Orange depositó una instancia al INDOTEL, requiriendo del órgano regulador la información relativa a las frecuencias que Viva estará utilizando para la provisión de sus servicios. El INDOTEL aún no ha respondido esa solicitud, numerosa con el código de barra 163252.
Tomas Perez, Sebastian Cabello, Leonardo Alberty Canela, Abdelhakim Boubazine y Oscar Peña. Ejecutivos de las empresas de telecomunicaciones antes de la entrada de Gómez Díaz al exclusivo ámbito de las telecomunicaciones.
La empresa Viva, sin adquirir pagando al Estado dominicano el espectro que utiliza, comenzó a utilizarlo ilegalmente, diciendo que se trata de la red 4G “más revolucionaria del país”.
Orange y Claro compraron espectro licitado por INDOTEL, Viva se retiró
Las empresas de telecomunicaciones conocen que VIVA presta sus servicios con asignaciones dentro del rango de los 1900 MHz y que en el año 2011 presentó interés en participar en el proceso de licitación pública internacional lanzado por el INDOTEL para poner a disposición del sector las bandas 941-960MHz y 1710-1755 MHz pareadas con 2110-2155 MHz para explotación de servicios públicos finales de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. En ese momento Gómez Díaz no era el propietario de Viva.
Luego de haber quedado calificadas las empresas para presentar ofertas económicas al indotel, VIVA entre ellas, en el 2012 se tuvo que suspender provisionalmente la licitación, hasta tanto fueran resueltas las oposiciones presentadas al proceso por las partes. Dos años después, en el 2014, mediante la resolución 16-14, se reanudó la licitación, y se requirió la presentación de ofertas económicas a las empresas Claro, Orange y Viva, que habían sido calificadas. VIVA decidió no presentar oferta económica, y en su defecto presentó una instancia justificando su salida del proceso.
Mediante la resolución 24-14, el INDOTEL aprobó los contratos de concesión a favor de Orange y de Claro, que sustentan la adjudicación de las frecuencias 941-960 MHz a Orange y 1735-1755 y 2135-2155 MHz a Claro, quedando entonces desierta la licitación de los bloques 17-1017-30 y 2110-2135 MHz.
Aunque la instancia de Orange no lo dice, esas concesiones costaron millones de dólares a cada una de las empresas.
La instancia de sometiendo de Orange dice en virtud de los resultados de la licitación, “todo el espectro destinado para el estándar AWS se encuentra asignado a otras prestadoras de servicios distintas de VIVA o bien en manos del INDOTEL. Con lo cual reiteramos nuestra curiosidad respecto del espectro que estaría utilizando VIVA para su servicio”. Es Indotel que tiene que aclarar este asunto.
Es por esto que la empresa de telecomunicaciones entiende que los planes que está ofertando VIVA a los usuarios “no son transparentes, no son veraces y por tanto inducen a la confusión”.
Orange explica que “no se tiene constancia, resolución o disposición alguna que atribuya espectro a VIVA para el despliegue y comercialización de servicios 4G. No hay registro de una compra en mercado secundario, ni de otro concurso público o licitación distinta a la PLI-003-2011”.
Tomas Perez, Sebastian Cabello, Leonardo Alberty Canela, Abdelhakim Boubazine y Oscar Peña. Ejecutivos de las empresas de telecomunicaciones antes de la entrada de Gómez Díaz al exclusivo ámbito de las telecomunicaciones.
Orange pagó 50 millones de dólares por espectro a Gómez Díaz
Luego de analizar las características de los planes ofertados por Viva a los usuarios, el documento entregado por Orange al INDOTEL indica que todos los planes de la empresa de Gómez Díaz “están comercializados bajo tecnología 4G pero la cobertura anunciada es GSM, con lo cual se omite información relevante para la contratación de los servicios. Igualmente, en ninguna parte se hace referencia a la disponibilidad de equipos, las condiciones técnicas de los mismos, las características específicas del servicio. VIVA se limita a la utilización de genéricos que dan a entender la existencia de una red nacional con cobertura disponible en cada rincón del país y que son los únicos con acceso a servicios de datos sin límites de digas o Metas cuando la contratación es por paquetes preestablecidos, conforme a la práctica generalizada en el sector, y que tienen flexibilidad de acceso a data conforme a las necesidades, sin embargo se tratan de paquetes predefinidos, el cliente tiene que escoger de las opciones predeterminadas de VIVA, al igual que cualquier otro operador”.
Por ello Orange, que presta servicio 4G LTE a sus usuarios finales, dice que está siendo agraviada por las acciones de VIVA “y su ilegítima intención de explotar frecuencias que no les han sido licenciadas. Explica que esta situación provoca una ventaja competitiva incomprensible y un acto de competencia desleal.
Orange dice quedes la única prestadora de servicios de telecomunicaciones que ha tenido que comprar espectro en el mercado secundario a los fines de poder proveer sus servicios en condiciones de calidad e innovación, “teniendo de por sí una carga histórica que ha hecho sus operaciones más costosas, teniendo que cargar con una desventaja competitiva producto de la manera en que históricamente (anterior a la ley 153-98) se asignaba el espectro en la República Dominicana.
Aunque no lo dice, se refiere a que Gómez Díaz usufructuaba una parte del espectro con una supuesta autorización, por la que no pagó, y que quería vender a Orange por la suma de 70 millones de dólares. En la negociación intervino el presidente de entonces, Leonel Fernández, dejando a Gómez Díaz en libertad de vender un espectro que era propiedad del Estado. La operación se cerró en 50 millones de dólares, 45 millones pagados directamente, y otros 5 millones en publicidad. Con la experiencia en las manos, Gómez Díaz adquirió Viva y se hizo con parte del espectro del Indotel, nuevamente aduciendo que tiene en su poder una carta de uno de los anteriores directores ejecutivos del Indotel. En caso de que fuera cierto, esto es ilegal, porque a quien corresponde legalmente asignar el espectro es al Consejo Directivo del Indotel y no al director ejecutivo de la entidad.
El presidente de Indotel, José del Castillo, y miembros del Consejo Directivo
En la instancia presentada por Orange contra Viva, y que tendrá que debatir el Consejo Directivo del Indotel, se dice que “se hace evidente la afectación del mercado producto de los ilícitos cometidos por VIVA y como ente del sector ORANGE tiene un interés legítimo, actual y directo en que dicho mercado se maneje con apego a la ley en condiciones de libre y leal competencia”.
Las violaciones de la empresa Viva de la Ley de Telecomunicaciones
Tomando en cuenta que no existe registro oficial, legítimo o resolución alguna que justifiquen la asignación a favor de VIVA del espectro necesario y suficiente para ofertar los servicios 4G, Orange entiende que dicha prestadora está consumando conductas contrarias a las disposiciones jurídicas del país.
“Debemos resaltar que constituye una falta administrativa grave sancionable conforme a la Ley 153-98 General de Telecomunicaciones, la utilización del espectro radioeléctrico sin contar con la debida autorización del INDOTEL, así como al del Reglamento General del Uso del Espectro Radioeléctrico, establecido en la resolución 128-04”, dice Orange en su documento.
Viva estaría violando, de comprobarse la denuncia, el artículo 47 del reglamento de uso del espectro radioléctrico, también la ley 153-98, en sus artículos 105 d y cometiendo faltas graves tipificadas en el artículo 106 b, de la ley 153-98.
También estaría violando el artículo 17 k del reglamento de libre y leal competencia para el sector de las telecomunicaciones, establecido mediante la resolución 22-05, y el artículo 105, como falta grave, de la ley 153-98. Incluye violaciones a las disposiciones sobre prácticas desleales, con publicidad engañosa y promoción de servicios bajo declaraciones falsas. Violaría también el artículo 78 y sus literales f y k de la Ley de Telecomunicaciones, de acuerdo con Orange.
Las sanciones que se solicitan contra VIVA
Orange pide al Consejo Directivo del INDOTEL iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Trilogy Dominicana (VIVA), en su calidad de organismo regulador y por la empresa denunciada haber violado la ley 153-98 en su artículo 78 literales f y k.
También solicita declarar que VIVA ha incurrido en faltas administrativas al ofertar servicios 4G sin contar con la asignación del espectro necesario para ello. Y que INDOTEL declare que VIVA ha incumplido con las disposiciones legales respecto del uso del espectro, de competencia y de publicidad, y que se sancione a la empresa de Gómez Díaz obligándola al pago de los cargos por incumplimiento que corresponden según la tipificación de la falta en razón de las violaciones confirmadas y la graduación dada por la ley 153-98.
Solicita también que se ordene a VIVA cesar de inmediato las conductas tipificadas como faltas administrativas, hasta tanto se produzcan las licitaciones públicas del espectro de las frecuencias que quedaron pendientes de la licitación del INDOTEL en el 2011, y la retractación y retiro de toda oferta de promoción realizada por VIVA ofertando servicios con el espectro obtenido irregularmente. También solicita que INDOTEL sancione a VIVA obligándola a publicar durante tres días consecutivos en por lo menos dos periódicos de circulación nacional avisando que el servicio brindado sobre la red 4G 4×4 queda suspendido de manera definitiva. Ese aviso debe ser previamente aprobado por el INDOTEL, de acuerdo a la solicitud de Orange.
acento.com.do
Nacionales
Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.