Nacionales
Con varios proyectos en Haití, chinos buscan ampliar sus intereses e inversiones en el Caribe
En Jamaica pretenden construir un megapuerto para que sea centro de recepción de sus buques
SANTO DOMINGO. Los proyectos millonarios que China busca desarrollar en el vecino Haití apuntan a ampliar sus intereses en el Caribe, luego de tener presencia por casi una década en países de América del Sur.
El ofrecimiento a los haitianos formarían parte de su iniciativa la Nueva Ruta de la Seda, también conocida con el nombre oficial de “Iniciativa de la Franja y la Ruta”, puesta en marcha en el 2013 en procura de mejorar la conectividad e impulsar las infraestructuras y las inversiones.
“Una de sus metas es crear una red que permita, por mar y tierra, crear rutas alternativas para los productos que China exporta y para las materias primas que requiere su industria”, según recoge una información de mayo pasado de la agencia EFE.
Los planes con América Latina son de invertir US$250,000 millones en los próximos 10 años, acorde a lo anunciado por el presidente chino Xi Jinping, en la reunión de líderes de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), celebrada en Pekín en el 2015.
Como parte de los acercamientos con los países de la región, será celebrada entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de este año, la principal cumbre empresarial entre China, América Latina y el Caribe, “China-LAC CCPIT Business Summit 2017”. El evento servirá como un mecanismo de promoción y una plataforma para impulsar el comercio y la inversión.
En Haití, los chinos buscan desarrollar un megaproyecto que incluye la construcción de una central eléctrica de 600 megavatios para electrificar Puerto Príncipe, un nuevo ayuntamiento, mercados, miles de apartamentos y eventualmente un ferrocarril que uniría la capital haitiana con el resto del país, demandaría la mano de obra de 20,000 trabajadores.
El proyecto, acorde a las informaciones internacionales, conllevaría una inversión de US$30,000 millones. No obstante, en Haití se maneja como cifra oficial el monto de US$4.711 millones.
Hasta el momento se desconocen los términos y condiciones de financiación, debido a que la iniciativa se encuentra en la fase de negociación.
En el Caribe, también han tenido acercamiento con Jamaica. El pasado año la empresa China Harbor Engineering Co., firmó un acuerdo para construir un megapuerto que sería un centro de recepción de los enormes barcos chinos que pasarían a través del Canal de Panamá, según un artículo de Larouchepac.com.
El portal informativo refiere además que las inversiones chinas en proyectos en Trinidad y Tobago, las Bahamas y en Guyana, también están en ascenso, y que Chile busca un financiamiento de US$9.000 millones para varios grandes proyectos de infraestructura.
En Venezuela en esta semana los chinos evaluaron proyectos de inversión petrolera, como parte de la agenda de inversión conjunta, especialmente en el marco de la comercialización de hidrocarburos.
En este 2017, Venezuela y la República Popular China firmaron 27 nuevos acuerdos de cooperación, en las áreas de economía, agricultura, educación, cultura, vialidad, vivienda y energía.
Las relaciones de los chinos con Latinoamérica también son Brasil, Perú y Ecuador, con cuyos países mantienes acuerdos comerciales.
“La presencia financiera de China en la región seguirá ganando relevancia en la relación bilateral. Las inversiones se duplicarían en esta década, extendiéndose a manufacturas y sectores de la innovación”, refiere en torno a la presencia China en Latinoamérica, Ángel Melguizo, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en un artículo publicado por el diario El País en febrero pasado.
La vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, manifestó que sería positivo cualquier inversión que llegue a Haití para la prosperidad de su pueblo.
“En la medida en que hay más prosperidad en Haití nosotros tenemos menos impacto y mayores oportunidades también de crecer de manera conjunta porque somos vecinos”, expresó la dirigente empresarial.
Sin embargo, Almánzar consideró que hay que ver bajo qué contexto se harán esas inversiones, porque si hay un interés en temas comerciales.
“Porque todavía nosotros tenemos algunos aspectos de comercio que no se han podido dirimir y hay que tener las reglas claras a la hora de que haya cualquier tipo de apertura de Haití con respecto a otro país”, precisó la representante del sector industrial.
Además, Almánzar recordó que tanto los sectores industrial como gubernamental de Haití y de República Dominicana han intentado de manera conjunta buscar un contexto más favorable para las inversiones en Haití.
“Pero uno de los problemas que tenemos es que las reglas del juego cambian mucho y no están claras y por eso han sido más difíciles las inversiones. Se han hecho varios intentos de memorandum de entendimiento con algunos empresarios haitianos, pero el cambio de las reglas de juego y la incertidumbre a veces hace que no se puedan concretizar las inversiones”, indicó.
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.