Nacionales
Con varios proyectos en Haití, chinos buscan ampliar sus intereses e inversiones en el Caribe
En Jamaica pretenden construir un megapuerto para que sea centro de recepción de sus buques
SANTO DOMINGO. Los proyectos millonarios que China busca desarrollar en el vecino Haití apuntan a ampliar sus intereses en el Caribe, luego de tener presencia por casi una década en países de América del Sur.
El ofrecimiento a los haitianos formarían parte de su iniciativa la Nueva Ruta de la Seda, también conocida con el nombre oficial de “Iniciativa de la Franja y la Ruta”, puesta en marcha en el 2013 en procura de mejorar la conectividad e impulsar las infraestructuras y las inversiones.
“Una de sus metas es crear una red que permita, por mar y tierra, crear rutas alternativas para los productos que China exporta y para las materias primas que requiere su industria”, según recoge una información de mayo pasado de la agencia EFE.
Los planes con América Latina son de invertir US$250,000 millones en los próximos 10 años, acorde a lo anunciado por el presidente chino Xi Jinping, en la reunión de líderes de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), celebrada en Pekín en el 2015.
Como parte de los acercamientos con los países de la región, será celebrada entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de este año, la principal cumbre empresarial entre China, América Latina y el Caribe, “China-LAC CCPIT Business Summit 2017”. El evento servirá como un mecanismo de promoción y una plataforma para impulsar el comercio y la inversión.
En Haití, los chinos buscan desarrollar un megaproyecto que incluye la construcción de una central eléctrica de 600 megavatios para electrificar Puerto Príncipe, un nuevo ayuntamiento, mercados, miles de apartamentos y eventualmente un ferrocarril que uniría la capital haitiana con el resto del país, demandaría la mano de obra de 20,000 trabajadores.
El proyecto, acorde a las informaciones internacionales, conllevaría una inversión de US$30,000 millones. No obstante, en Haití se maneja como cifra oficial el monto de US$4.711 millones.
Hasta el momento se desconocen los términos y condiciones de financiación, debido a que la iniciativa se encuentra en la fase de negociación.
En el Caribe, también han tenido acercamiento con Jamaica. El pasado año la empresa China Harbor Engineering Co., firmó un acuerdo para construir un megapuerto que sería un centro de recepción de los enormes barcos chinos que pasarían a través del Canal de Panamá, según un artículo de Larouchepac.com.
El portal informativo refiere además que las inversiones chinas en proyectos en Trinidad y Tobago, las Bahamas y en Guyana, también están en ascenso, y que Chile busca un financiamiento de US$9.000 millones para varios grandes proyectos de infraestructura.
En Venezuela en esta semana los chinos evaluaron proyectos de inversión petrolera, como parte de la agenda de inversión conjunta, especialmente en el marco de la comercialización de hidrocarburos.
En este 2017, Venezuela y la República Popular China firmaron 27 nuevos acuerdos de cooperación, en las áreas de economía, agricultura, educación, cultura, vialidad, vivienda y energía.
Las relaciones de los chinos con Latinoamérica también son Brasil, Perú y Ecuador, con cuyos países mantienes acuerdos comerciales.
“La presencia financiera de China en la región seguirá ganando relevancia en la relación bilateral. Las inversiones se duplicarían en esta década, extendiéndose a manufacturas y sectores de la innovación”, refiere en torno a la presencia China en Latinoamérica, Ángel Melguizo, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en un artículo publicado por el diario El País en febrero pasado.
La vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, manifestó que sería positivo cualquier inversión que llegue a Haití para la prosperidad de su pueblo.
“En la medida en que hay más prosperidad en Haití nosotros tenemos menos impacto y mayores oportunidades también de crecer de manera conjunta porque somos vecinos”, expresó la dirigente empresarial.
Sin embargo, Almánzar consideró que hay que ver bajo qué contexto se harán esas inversiones, porque si hay un interés en temas comerciales.
“Porque todavía nosotros tenemos algunos aspectos de comercio que no se han podido dirimir y hay que tener las reglas claras a la hora de que haya cualquier tipo de apertura de Haití con respecto a otro país”, precisó la representante del sector industrial.
Además, Almánzar recordó que tanto los sectores industrial como gubernamental de Haití y de República Dominicana han intentado de manera conjunta buscar un contexto más favorable para las inversiones en Haití.
“Pero uno de los problemas que tenemos es que las reglas del juego cambian mucho y no están claras y por eso han sido más difíciles las inversiones. Se han hecho varios intentos de memorandum de entendimiento con algunos empresarios haitianos, pero el cambio de las reglas de juego y la incertidumbre a veces hace que no se puedan concretizar las inversiones”, indicó.
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.