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Vea cómo se despilfarran más de 5 millones de pesos del IAD en dos actos de entrega de títulos de tierra
Inversiones Cabrisa cobró la suma de 401,200.00 al IAD por la transmisión del evento, en circuito cerrado, de la entrega de títulos definitivos en San José de Ocoa y Sanchez Ramirez, según factura No. 0165.
Emilio Toribio Olivo, director del Instituto Agrario Dominicano, deberá investigar las compañías con las que contrata servicios, pues parece que todas pertenecen a un mismo propietario, debido a que están ubicadas en una misma dirección, y a que los precios que se cobran por los servicios resultan verdaderamente exhorbitantes, en una sociedad marcada por la pobreza…y por la falta de institucionalidad.
Por ejemplo la empresa MRL Eventos, registrada en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial con el número 402039, expedido el 10 de febrero del 2015, se dedica a montajes y decoración de eventos, alquiler de todos los artículos utilizados en eventos y preparación de buffet y bizcochos, está domiciliada en la calle Máximo Grullón No. 73, del sector Villa Consuelo.
Emilio Toribio Olivo entregando títulos de propiedad a parceleros de Ocoa
La empresa aparece registrada a nombre de Pamela Cabrera López y Gertrudy del Carmen Then Pérez. Y por los servicios de iluminación, sonido y ventilación para una actividad de entrega de títulos definitivos del Instituto Agrario Dominicano en San José de Ocoa y Juan Sánchez Ramirez cobró la friolera de 975,270.00, de acuerdo con la factura No. 0033, del 30 de mayo del 2017. El libramiento de los recursos fue aprobado de inmediato.
Con la factura 0031, la misma compañía MRL Eventos, de fecha 23 de mayo de 2017, la misma empresa cobró la suma de 804,738.76 por servicio de coordinación de montaje de un evento y alquileres varios, para la actividad de entrega de títulos definitivos en las provincias San José de Ocoa y Sanchez Ramirez. Es insólito que con días de diferencias se cobren montos tan altos por el montaje de actividades parecidas, para entrega de títulos definitivos a parceleros de la reforma agraria. ¿Qué es lo que se alquila para hacer una entrega de títulos? ¿Las sillas cuestan tanto? ¿Las bocinas son tan costosas? ¿Por qué dos actividades tan cercanas en las mismas provincias?
Por eso es necesario que el director del IAD abra el ojo y determine lo que está pasando con esta empresa y los costos que pone a sus servicios. ¿No hay nadie que los discuta con ellos y determine más racionalmente otros precios?
Pero esta misma compañía, MRL Eventos, también cobró 99,120.00 al IAD por 28 canastas con productos nacionales para ser utilizadas en la actividad de entrega de títulos de propiedad en San José de Ocoa, en fecha 23 de mayo. Esta fue la factura No. 0032. Y rápidamente fue validada. ¿El IAD entrega títulos de propiedad a los agricultores y también entrega canastas con productos nacionales?
Y no contentos con lo ya cobrado, MRL Eventos facturó adicionalmente la suma de 12,980.00 al IAD por un evento del 13 de julio del 2017 en San José de Ocoa, y el concepto que describe en su factura es “servicios adicionales al contrato No. 136/17”. La factura está numerada como la 0036. Eso quiere decir que esa empresa solo prepara factura al IAD.
El presidente Danilo Medina encabezando un acto de entrega de títulos de propiedad por parte de Emilio Toribio Olivo
Y para no dejar dudas sobre la calidad y amplitud de su trabajo, la empresa MRL Eventos, siguiendo la costumbre de Odebrecht, le preparó la factura 0038 al IAD, por un monto de 49,707.50, como pago por “servicios adicionales al contrato No. 132/17 para la entrega de títulos definitivos en la provincia de San José de Ocoa”.
La empresa Grupo Magerca se dedica a la importación, venta, suministro, reparación, comercialización y servicios de todo tipo de materiales consumibles, de uso de equipos provisiones y mercancías como ropa, abarrotes, electrodomésticos, artículos del hogar, artículos ferreteros, cosméticos, calzados, juguetería, bisutería, artículos deportivos y vehículos, como también promover, desarrollar e invertir en empresas comerciales…En fin, todo lo que sea negocio y pueda comprar alguna institución del Estado.
Ni corto ni perezoso el Grupo Magerca le ha vendido al IAD, desde la misma dirección en la calle Máximo Grullón que ocupa la empresa MRL Eventos, “materiales, utensilios y estructuras para montaje de evento, entrega de títulos definitivos en las provincias Juan Sánchez Ramirez y San José de Ocoa, según factura No. 0033 (Doble facturación!!) por la suma de 802, 836.60.
Pese a las irregularidades que esta facturación implica, y el mismo número de factura con dos empresas diferentes, y los mismos servicios, para una misma actividad en las mismas provincias, se cobra un monto distinto, y esta factura fue rápidamente validada por el Sistema Integrado de Gestión Financiera, y firmada por el responsable de la unidad ejecutora, por el responsable de registro, ¡y por el director!
El Grupo Magerca siguió facturando. No se detuvo en la factura anterior, la número 0033, sino que entregó la factura 0035, por la suma de 604,712.00 por el pago del montaje de un piso de madera blanca, para la entrega de títulos de propiedad definitivos en las provincias de San José de Ocoa y Sánchez Ramirez en fecha 15 de junio del 2017. ¿Cómo? ¿Piso en madera blanca? ¿Y es locos que se están poniendo? ¿piso en madera blanca para entregar títulos de propiedad a campesinos? Es probable que el presidente Danilo Medina, si ha asistido a estas actividades, ni siquiera sepa la cantidad de dinero que está pagando el Estado para pisar madera blanca.
Esta factura fue firmada, como las otras por los mismos funcionarios, y por el director del IAD.
Magerca no se detuvo. Presentó la factura 0034, por la suma de 660,933.00, para que el IAD la pagara, nada más y nada menos que por el pago de un servicio de “techo en truss para la actividad de entrega de títulos definitivos en las provincias San José de Ocoa y Sánchez Ramirez. ¿Qué será un techo en truss? ¿Importará a los campesinos que reciben los títulos definitivos que el techo de la tarima donde le entregan el título sea en truss?
Pero no se cansen, que Magerca también entrega facturas por servicios adicionales, como lo hizo RML Eventos. Esta vez fue la factura 0037, por servicios adicionales al contrato No. 133/17, para entrega de títulos en las provincias San José de Ocoa y Sánchez Ramirez, las mismas de siempre, por 34,161.00 pesos dominicanos. Y hasta el director le firmó esta factura para ser pagada inmediatamente. Otra factura de gastos adicionales fue la No. 0036, por 47,790.00, por el mismo concepto de servicios adicionales, en el mismo acto en las mismas provincias..
El presidente Medina entregando títulos de propiedad a parceleros. Presentes Emilio Toribio Olivo y José Dantés.
Emilio Toribio Olivo no tendrá que esforzarse demasiado al investigar la empresa Inversiones Cabrisa. Está ubicada en la calle Máximo Grullón No. 74, y tiene como accionistas a Mercedes Ramona López y a Xiomara Altagracia López. Aparece como gestor el señor Alexis Brioso, y su registro fue expedido el 12 de enero del 2007, con el número 221459 de la ONAPI.
Inversiones Cabrisa cobró la suma de 401,200.00 al IAD por la transmisión del evento, en circuito cerrado, de la entrega de títulos definitivos en San José de Ocoa y Sanchez Ramirez, según factura No. 0165.
También hubo que pagar la transportación del personal para los actos de entrega de títulos de propiedad en las dos mencionadas provincias. A Fernando Antonio Báez Ramón se le pagó la suma de 65,700.00 por transportar en tres autobuses “al personal”. No se sabe si es a los agricultores o al personal del IAD. Eso fue el 7 de abril del 2017, y la siguiente factura fue el 8 de mayo del 2017, a mismo Fernando Antonio Báez Ramón, por 120 mil pesos.
Y como había que comer, el IAD contrató los servicios de la Casa Marilo, propiedad de Mayerling Rivera López, domiciliada en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 154, para los servicios de almuerzos, refrigerios para el personal de apoyo para la actividad de entrega de títulos definitivos en las provincias San José de Ocoa y Sánchez Ramirez. ¿Se imaginan el monto de la factura? No. Hubo que pagar la suma de 804,760.00 por estas comidas y refrigerios para el personal de apoyo al IAD en estas entregas de títulos.
El presidente no lo sabe. Seguro que no. Se trata de la suma de total de RD$5,311,240,06 ¿Alguien se atreverá a investigar?
acento.com.do
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.