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Vea cómo se despilfarran más de 5 millones de pesos del IAD en dos actos de entrega de títulos de tierra
Inversiones Cabrisa cobró la suma de 401,200.00 al IAD por la transmisión del evento, en circuito cerrado, de la entrega de títulos definitivos en San José de Ocoa y Sanchez Ramirez, según factura No. 0165.
Emilio Toribio Olivo, director del Instituto Agrario Dominicano, deberá investigar las compañías con las que contrata servicios, pues parece que todas pertenecen a un mismo propietario, debido a que están ubicadas en una misma dirección, y a que los precios que se cobran por los servicios resultan verdaderamente exhorbitantes, en una sociedad marcada por la pobreza…y por la falta de institucionalidad.
Por ejemplo la empresa MRL Eventos, registrada en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial con el número 402039, expedido el 10 de febrero del 2015, se dedica a montajes y decoración de eventos, alquiler de todos los artículos utilizados en eventos y preparación de buffet y bizcochos, está domiciliada en la calle Máximo Grullón No. 73, del sector Villa Consuelo.
Emilio Toribio Olivo entregando títulos de propiedad a parceleros de Ocoa
La empresa aparece registrada a nombre de Pamela Cabrera López y Gertrudy del Carmen Then Pérez. Y por los servicios de iluminación, sonido y ventilación para una actividad de entrega de títulos definitivos del Instituto Agrario Dominicano en San José de Ocoa y Juan Sánchez Ramirez cobró la friolera de 975,270.00, de acuerdo con la factura No. 0033, del 30 de mayo del 2017. El libramiento de los recursos fue aprobado de inmediato.
Con la factura 0031, la misma compañía MRL Eventos, de fecha 23 de mayo de 2017, la misma empresa cobró la suma de 804,738.76 por servicio de coordinación de montaje de un evento y alquileres varios, para la actividad de entrega de títulos definitivos en las provincias San José de Ocoa y Sanchez Ramirez. Es insólito que con días de diferencias se cobren montos tan altos por el montaje de actividades parecidas, para entrega de títulos definitivos a parceleros de la reforma agraria. ¿Qué es lo que se alquila para hacer una entrega de títulos? ¿Las sillas cuestan tanto? ¿Las bocinas son tan costosas? ¿Por qué dos actividades tan cercanas en las mismas provincias?
Por eso es necesario que el director del IAD abra el ojo y determine lo que está pasando con esta empresa y los costos que pone a sus servicios. ¿No hay nadie que los discuta con ellos y determine más racionalmente otros precios?
Pero esta misma compañía, MRL Eventos, también cobró 99,120.00 al IAD por 28 canastas con productos nacionales para ser utilizadas en la actividad de entrega de títulos de propiedad en San José de Ocoa, en fecha 23 de mayo. Esta fue la factura No. 0032. Y rápidamente fue validada. ¿El IAD entrega títulos de propiedad a los agricultores y también entrega canastas con productos nacionales?
Y no contentos con lo ya cobrado, MRL Eventos facturó adicionalmente la suma de 12,980.00 al IAD por un evento del 13 de julio del 2017 en San José de Ocoa, y el concepto que describe en su factura es “servicios adicionales al contrato No. 136/17”. La factura está numerada como la 0036. Eso quiere decir que esa empresa solo prepara factura al IAD.
El presidente Danilo Medina encabezando un acto de entrega de títulos de propiedad por parte de Emilio Toribio Olivo
Y para no dejar dudas sobre la calidad y amplitud de su trabajo, la empresa MRL Eventos, siguiendo la costumbre de Odebrecht, le preparó la factura 0038 al IAD, por un monto de 49,707.50, como pago por “servicios adicionales al contrato No. 132/17 para la entrega de títulos definitivos en la provincia de San José de Ocoa”.
La empresa Grupo Magerca se dedica a la importación, venta, suministro, reparación, comercialización y servicios de todo tipo de materiales consumibles, de uso de equipos provisiones y mercancías como ropa, abarrotes, electrodomésticos, artículos del hogar, artículos ferreteros, cosméticos, calzados, juguetería, bisutería, artículos deportivos y vehículos, como también promover, desarrollar e invertir en empresas comerciales…En fin, todo lo que sea negocio y pueda comprar alguna institución del Estado.
Ni corto ni perezoso el Grupo Magerca le ha vendido al IAD, desde la misma dirección en la calle Máximo Grullón que ocupa la empresa MRL Eventos, “materiales, utensilios y estructuras para montaje de evento, entrega de títulos definitivos en las provincias Juan Sánchez Ramirez y San José de Ocoa, según factura No. 0033 (Doble facturación!!) por la suma de 802, 836.60.
Pese a las irregularidades que esta facturación implica, y el mismo número de factura con dos empresas diferentes, y los mismos servicios, para una misma actividad en las mismas provincias, se cobra un monto distinto, y esta factura fue rápidamente validada por el Sistema Integrado de Gestión Financiera, y firmada por el responsable de la unidad ejecutora, por el responsable de registro, ¡y por el director!
El Grupo Magerca siguió facturando. No se detuvo en la factura anterior, la número 0033, sino que entregó la factura 0035, por la suma de 604,712.00 por el pago del montaje de un piso de madera blanca, para la entrega de títulos de propiedad definitivos en las provincias de San José de Ocoa y Sánchez Ramirez en fecha 15 de junio del 2017. ¿Cómo? ¿Piso en madera blanca? ¿Y es locos que se están poniendo? ¿piso en madera blanca para entregar títulos de propiedad a campesinos? Es probable que el presidente Danilo Medina, si ha asistido a estas actividades, ni siquiera sepa la cantidad de dinero que está pagando el Estado para pisar madera blanca.
Esta factura fue firmada, como las otras por los mismos funcionarios, y por el director del IAD.
Magerca no se detuvo. Presentó la factura 0034, por la suma de 660,933.00, para que el IAD la pagara, nada más y nada menos que por el pago de un servicio de “techo en truss para la actividad de entrega de títulos definitivos en las provincias San José de Ocoa y Sánchez Ramirez. ¿Qué será un techo en truss? ¿Importará a los campesinos que reciben los títulos definitivos que el techo de la tarima donde le entregan el título sea en truss?
Pero no se cansen, que Magerca también entrega facturas por servicios adicionales, como lo hizo RML Eventos. Esta vez fue la factura 0037, por servicios adicionales al contrato No. 133/17, para entrega de títulos en las provincias San José de Ocoa y Sánchez Ramirez, las mismas de siempre, por 34,161.00 pesos dominicanos. Y hasta el director le firmó esta factura para ser pagada inmediatamente. Otra factura de gastos adicionales fue la No. 0036, por 47,790.00, por el mismo concepto de servicios adicionales, en el mismo acto en las mismas provincias..
El presidente Medina entregando títulos de propiedad a parceleros. Presentes Emilio Toribio Olivo y José Dantés.
Emilio Toribio Olivo no tendrá que esforzarse demasiado al investigar la empresa Inversiones Cabrisa. Está ubicada en la calle Máximo Grullón No. 74, y tiene como accionistas a Mercedes Ramona López y a Xiomara Altagracia López. Aparece como gestor el señor Alexis Brioso, y su registro fue expedido el 12 de enero del 2007, con el número 221459 de la ONAPI.
Inversiones Cabrisa cobró la suma de 401,200.00 al IAD por la transmisión del evento, en circuito cerrado, de la entrega de títulos definitivos en San José de Ocoa y Sanchez Ramirez, según factura No. 0165.
También hubo que pagar la transportación del personal para los actos de entrega de títulos de propiedad en las dos mencionadas provincias. A Fernando Antonio Báez Ramón se le pagó la suma de 65,700.00 por transportar en tres autobuses “al personal”. No se sabe si es a los agricultores o al personal del IAD. Eso fue el 7 de abril del 2017, y la siguiente factura fue el 8 de mayo del 2017, a mismo Fernando Antonio Báez Ramón, por 120 mil pesos.
Y como había que comer, el IAD contrató los servicios de la Casa Marilo, propiedad de Mayerling Rivera López, domiciliada en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 154, para los servicios de almuerzos, refrigerios para el personal de apoyo para la actividad de entrega de títulos definitivos en las provincias San José de Ocoa y Sánchez Ramirez. ¿Se imaginan el monto de la factura? No. Hubo que pagar la suma de 804,760.00 por estas comidas y refrigerios para el personal de apoyo al IAD en estas entregas de títulos.
El presidente no lo sabe. Seguro que no. Se trata de la suma de total de RD$5,311,240,06 ¿Alguien se atreverá a investigar?
acento.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.