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Vea cómo se despilfarran más de 5 millones de pesos del IAD en dos actos de entrega de títulos de tierra
Inversiones Cabrisa cobró la suma de 401,200.00 al IAD por la transmisión del evento, en circuito cerrado, de la entrega de títulos definitivos en San José de Ocoa y Sanchez Ramirez, según factura No. 0165.
Emilio Toribio Olivo, director del Instituto Agrario Dominicano, deberá investigar las compañías con las que contrata servicios, pues parece que todas pertenecen a un mismo propietario, debido a que están ubicadas en una misma dirección, y a que los precios que se cobran por los servicios resultan verdaderamente exhorbitantes, en una sociedad marcada por la pobreza…y por la falta de institucionalidad.
Por ejemplo la empresa MRL Eventos, registrada en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial con el número 402039, expedido el 10 de febrero del 2015, se dedica a montajes y decoración de eventos, alquiler de todos los artículos utilizados en eventos y preparación de buffet y bizcochos, está domiciliada en la calle Máximo Grullón No. 73, del sector Villa Consuelo.
Emilio Toribio Olivo entregando títulos de propiedad a parceleros de Ocoa
La empresa aparece registrada a nombre de Pamela Cabrera López y Gertrudy del Carmen Then Pérez. Y por los servicios de iluminación, sonido y ventilación para una actividad de entrega de títulos definitivos del Instituto Agrario Dominicano en San José de Ocoa y Juan Sánchez Ramirez cobró la friolera de 975,270.00, de acuerdo con la factura No. 0033, del 30 de mayo del 2017. El libramiento de los recursos fue aprobado de inmediato.
Con la factura 0031, la misma compañía MRL Eventos, de fecha 23 de mayo de 2017, la misma empresa cobró la suma de 804,738.76 por servicio de coordinación de montaje de un evento y alquileres varios, para la actividad de entrega de títulos definitivos en las provincias San José de Ocoa y Sanchez Ramirez. Es insólito que con días de diferencias se cobren montos tan altos por el montaje de actividades parecidas, para entrega de títulos definitivos a parceleros de la reforma agraria. ¿Qué es lo que se alquila para hacer una entrega de títulos? ¿Las sillas cuestan tanto? ¿Las bocinas son tan costosas? ¿Por qué dos actividades tan cercanas en las mismas provincias?
Por eso es necesario que el director del IAD abra el ojo y determine lo que está pasando con esta empresa y los costos que pone a sus servicios. ¿No hay nadie que los discuta con ellos y determine más racionalmente otros precios?
Pero esta misma compañía, MRL Eventos, también cobró 99,120.00 al IAD por 28 canastas con productos nacionales para ser utilizadas en la actividad de entrega de títulos de propiedad en San José de Ocoa, en fecha 23 de mayo. Esta fue la factura No. 0032. Y rápidamente fue validada. ¿El IAD entrega títulos de propiedad a los agricultores y también entrega canastas con productos nacionales?
Y no contentos con lo ya cobrado, MRL Eventos facturó adicionalmente la suma de 12,980.00 al IAD por un evento del 13 de julio del 2017 en San José de Ocoa, y el concepto que describe en su factura es “servicios adicionales al contrato No. 136/17”. La factura está numerada como la 0036. Eso quiere decir que esa empresa solo prepara factura al IAD.
El presidente Danilo Medina encabezando un acto de entrega de títulos de propiedad por parte de Emilio Toribio Olivo
Y para no dejar dudas sobre la calidad y amplitud de su trabajo, la empresa MRL Eventos, siguiendo la costumbre de Odebrecht, le preparó la factura 0038 al IAD, por un monto de 49,707.50, como pago por “servicios adicionales al contrato No. 132/17 para la entrega de títulos definitivos en la provincia de San José de Ocoa”.
La empresa Grupo Magerca se dedica a la importación, venta, suministro, reparación, comercialización y servicios de todo tipo de materiales consumibles, de uso de equipos provisiones y mercancías como ropa, abarrotes, electrodomésticos, artículos del hogar, artículos ferreteros, cosméticos, calzados, juguetería, bisutería, artículos deportivos y vehículos, como también promover, desarrollar e invertir en empresas comerciales…En fin, todo lo que sea negocio y pueda comprar alguna institución del Estado.
Ni corto ni perezoso el Grupo Magerca le ha vendido al IAD, desde la misma dirección en la calle Máximo Grullón que ocupa la empresa MRL Eventos, “materiales, utensilios y estructuras para montaje de evento, entrega de títulos definitivos en las provincias Juan Sánchez Ramirez y San José de Ocoa, según factura No. 0033 (Doble facturación!!) por la suma de 802, 836.60.
Pese a las irregularidades que esta facturación implica, y el mismo número de factura con dos empresas diferentes, y los mismos servicios, para una misma actividad en las mismas provincias, se cobra un monto distinto, y esta factura fue rápidamente validada por el Sistema Integrado de Gestión Financiera, y firmada por el responsable de la unidad ejecutora, por el responsable de registro, ¡y por el director!
El Grupo Magerca siguió facturando. No se detuvo en la factura anterior, la número 0033, sino que entregó la factura 0035, por la suma de 604,712.00 por el pago del montaje de un piso de madera blanca, para la entrega de títulos de propiedad definitivos en las provincias de San José de Ocoa y Sánchez Ramirez en fecha 15 de junio del 2017. ¿Cómo? ¿Piso en madera blanca? ¿Y es locos que se están poniendo? ¿piso en madera blanca para entregar títulos de propiedad a campesinos? Es probable que el presidente Danilo Medina, si ha asistido a estas actividades, ni siquiera sepa la cantidad de dinero que está pagando el Estado para pisar madera blanca.
Esta factura fue firmada, como las otras por los mismos funcionarios, y por el director del IAD.
Magerca no se detuvo. Presentó la factura 0034, por la suma de 660,933.00, para que el IAD la pagara, nada más y nada menos que por el pago de un servicio de “techo en truss para la actividad de entrega de títulos definitivos en las provincias San José de Ocoa y Sánchez Ramirez. ¿Qué será un techo en truss? ¿Importará a los campesinos que reciben los títulos definitivos que el techo de la tarima donde le entregan el título sea en truss?
Pero no se cansen, que Magerca también entrega facturas por servicios adicionales, como lo hizo RML Eventos. Esta vez fue la factura 0037, por servicios adicionales al contrato No. 133/17, para entrega de títulos en las provincias San José de Ocoa y Sánchez Ramirez, las mismas de siempre, por 34,161.00 pesos dominicanos. Y hasta el director le firmó esta factura para ser pagada inmediatamente. Otra factura de gastos adicionales fue la No. 0036, por 47,790.00, por el mismo concepto de servicios adicionales, en el mismo acto en las mismas provincias..
El presidente Medina entregando títulos de propiedad a parceleros. Presentes Emilio Toribio Olivo y José Dantés.
Emilio Toribio Olivo no tendrá que esforzarse demasiado al investigar la empresa Inversiones Cabrisa. Está ubicada en la calle Máximo Grullón No. 74, y tiene como accionistas a Mercedes Ramona López y a Xiomara Altagracia López. Aparece como gestor el señor Alexis Brioso, y su registro fue expedido el 12 de enero del 2007, con el número 221459 de la ONAPI.
Inversiones Cabrisa cobró la suma de 401,200.00 al IAD por la transmisión del evento, en circuito cerrado, de la entrega de títulos definitivos en San José de Ocoa y Sanchez Ramirez, según factura No. 0165.
También hubo que pagar la transportación del personal para los actos de entrega de títulos de propiedad en las dos mencionadas provincias. A Fernando Antonio Báez Ramón se le pagó la suma de 65,700.00 por transportar en tres autobuses “al personal”. No se sabe si es a los agricultores o al personal del IAD. Eso fue el 7 de abril del 2017, y la siguiente factura fue el 8 de mayo del 2017, a mismo Fernando Antonio Báez Ramón, por 120 mil pesos.
Y como había que comer, el IAD contrató los servicios de la Casa Marilo, propiedad de Mayerling Rivera López, domiciliada en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 154, para los servicios de almuerzos, refrigerios para el personal de apoyo para la actividad de entrega de títulos definitivos en las provincias San José de Ocoa y Sánchez Ramirez. ¿Se imaginan el monto de la factura? No. Hubo que pagar la suma de 804,760.00 por estas comidas y refrigerios para el personal de apoyo al IAD en estas entregas de títulos.
El presidente no lo sabe. Seguro que no. Se trata de la suma de total de RD$5,311,240,06 ¿Alguien se atreverá a investigar?
acento.com.do
Nacionales
Después de castigo mediante arancel de Estados Unidos RD no aceptará productos y bienes elaborados mediante “trabajo forzoso”
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.
Santo Domingo, R.D.-Fue pospuesto para el 6 de agosto por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la decisión de si envía a juicio de fondo a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de protagonizar un violento ataque con arma blanca en el ensanche Naco, hecho en el que falleció una mujer y varias personas resultaron heridos.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz tomó la decisión al considerar que la resolución todavía no está lista. En ese sentido ordenó a la secretaria del tribunal la notificación de la decisión, al Ministerio Público, representado por la procuradora de Corte Dulce Luciano, a la defensa del imputado, doctor Richard Martínez y al abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la víctima.
La corte de alzada deberá evaluar los argumentos de las partes tras la polémica decisión emitida el pasado 17 de marzo por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El tribunal tendrá que determinar si ratifica ese dictamen o si, por el contrario, acoge los recursos de la parte acusadora para revocarlo.
Deiby Timoteo Peguero dictó un auto de «no ha lugar» a favor de Pumarol Fernández, tras considerar que el imputado no se encontraba en condiciones de salud mental aptas para enfrentar un juicio de fondo por los hechos que se le imputan.
La decisión fue adoptada tras evaluar los documentos depositados por la defensa, entre ellos un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que establece que el imputado sufrió un brote psicótico al momento de los hechos debido a que padece esquizofrenia paranoide.
Tras la notificación oficial del fallo, tanto el órgano persecutor como el abogado Miguel Valerio quien ostenta la representación legal de los familiares de la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años, fallecida en el incidente apelaron la decisión. El recurso fue sometido dentro del plazo de 20 días hábiles que establece el artículo 309 del Código Procesal Penal.
La tragedia ocurrió en julio de 2025 en el ensanche Naco, donde Jean Andrés Pumarol Fernández atacó a varias personas con un arma blanca.
El incidente dejó como saldo fatal el deceso de la señora Ivonne Handal Abugabir. Asimismo, resultaron con heridas de gravedad Guillermo Pumarol padre del agresor, la cuidadora Teresa Fabián Heredia y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
Santo Domingo, R.D.-La continuación del juicio por presunta corrupcion administrativa en contra del ex procurador general Jean Alain Rodriguez y compartes deberá continuar tras el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar un recurso de oposicion presentado por la barra de la defensa.
Como solicitó el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, el tribunal declaró inadmisible el recurso contra la decisión que rechazó la mayoría de los incidentes planteados por las defensas.
La audiencia estaba convocada para la mañana, pero las juezas la reprogramaron para la tarde.
Camacho recordó que Rodríguez «se ha mantenido buscando la forma de huir al conocimiento del proceso y al conocimiento de las pruebas».
«La razón fundamental por la que Jean Alain huye al conocimiento de este proceso es porque él sabe que será asediado por las pruebas que tiene el Ministerio Público en la medida en que las mismas se produzcan en el tribunal», agregó.
El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, dio a conocer el fallo e inmediatamente dispuso que el Ministerio Público presentara su discurso de apertura.
Sin embargo, una de las barras de la defensa pidió aplazar la audiencia alegando un mal de salud de su defendido, solicitud que fue rechazada por las juezas al acoger el argumento del Ministerio Público de que faltaba un documento que avalara dicha condición.
El tribunal volvió a ordenar la continuación, pero la defensa de Rodríguez Sánchez volvió a presentar la solicitud de extinción de la acción penal.
Posteriormente, las juezas escucharon a Rodríguez Sánchez y dispusieron el aplazamiento de la audiencia para el próximo lunes 27 de julio, a las 9:00 de la mañana, donde será escuchada su defensa.
En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, el pasado 6 de julio los jueces declararon inadmisibles la mayoría de los incidentes planteados por las defensas, que procuraban la nulidad del juicio, y ordenaron la continuación del proceso para el 22 de julio.
El expediente acusatorio establece que Rodríguez malversó más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general.
Además de Rodríguez, figuran Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Los imputados enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.