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Vea cómo se despilfarran más de 5 millones de pesos del IAD en dos actos de entrega de títulos de tierra
Inversiones Cabrisa cobró la suma de 401,200.00 al IAD por la transmisión del evento, en circuito cerrado, de la entrega de títulos definitivos en San José de Ocoa y Sanchez Ramirez, según factura No. 0165.
Emilio Toribio Olivo, director del Instituto Agrario Dominicano, deberá investigar las compañías con las que contrata servicios, pues parece que todas pertenecen a un mismo propietario, debido a que están ubicadas en una misma dirección, y a que los precios que se cobran por los servicios resultan verdaderamente exhorbitantes, en una sociedad marcada por la pobreza…y por la falta de institucionalidad.
Por ejemplo la empresa MRL Eventos, registrada en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial con el número 402039, expedido el 10 de febrero del 2015, se dedica a montajes y decoración de eventos, alquiler de todos los artículos utilizados en eventos y preparación de buffet y bizcochos, está domiciliada en la calle Máximo Grullón No. 73, del sector Villa Consuelo.
Emilio Toribio Olivo entregando títulos de propiedad a parceleros de Ocoa
La empresa aparece registrada a nombre de Pamela Cabrera López y Gertrudy del Carmen Then Pérez. Y por los servicios de iluminación, sonido y ventilación para una actividad de entrega de títulos definitivos del Instituto Agrario Dominicano en San José de Ocoa y Juan Sánchez Ramirez cobró la friolera de 975,270.00, de acuerdo con la factura No. 0033, del 30 de mayo del 2017. El libramiento de los recursos fue aprobado de inmediato.
Con la factura 0031, la misma compañía MRL Eventos, de fecha 23 de mayo de 2017, la misma empresa cobró la suma de 804,738.76 por servicio de coordinación de montaje de un evento y alquileres varios, para la actividad de entrega de títulos definitivos en las provincias San José de Ocoa y Sanchez Ramirez. Es insólito que con días de diferencias se cobren montos tan altos por el montaje de actividades parecidas, para entrega de títulos definitivos a parceleros de la reforma agraria. ¿Qué es lo que se alquila para hacer una entrega de títulos? ¿Las sillas cuestan tanto? ¿Las bocinas son tan costosas? ¿Por qué dos actividades tan cercanas en las mismas provincias?
Por eso es necesario que el director del IAD abra el ojo y determine lo que está pasando con esta empresa y los costos que pone a sus servicios. ¿No hay nadie que los discuta con ellos y determine más racionalmente otros precios?
Pero esta misma compañía, MRL Eventos, también cobró 99,120.00 al IAD por 28 canastas con productos nacionales para ser utilizadas en la actividad de entrega de títulos de propiedad en San José de Ocoa, en fecha 23 de mayo. Esta fue la factura No. 0032. Y rápidamente fue validada. ¿El IAD entrega títulos de propiedad a los agricultores y también entrega canastas con productos nacionales?
Y no contentos con lo ya cobrado, MRL Eventos facturó adicionalmente la suma de 12,980.00 al IAD por un evento del 13 de julio del 2017 en San José de Ocoa, y el concepto que describe en su factura es “servicios adicionales al contrato No. 136/17”. La factura está numerada como la 0036. Eso quiere decir que esa empresa solo prepara factura al IAD.
El presidente Danilo Medina encabezando un acto de entrega de títulos de propiedad por parte de Emilio Toribio Olivo
Y para no dejar dudas sobre la calidad y amplitud de su trabajo, la empresa MRL Eventos, siguiendo la costumbre de Odebrecht, le preparó la factura 0038 al IAD, por un monto de 49,707.50, como pago por “servicios adicionales al contrato No. 132/17 para la entrega de títulos definitivos en la provincia de San José de Ocoa”.
La empresa Grupo Magerca se dedica a la importación, venta, suministro, reparación, comercialización y servicios de todo tipo de materiales consumibles, de uso de equipos provisiones y mercancías como ropa, abarrotes, electrodomésticos, artículos del hogar, artículos ferreteros, cosméticos, calzados, juguetería, bisutería, artículos deportivos y vehículos, como también promover, desarrollar e invertir en empresas comerciales…En fin, todo lo que sea negocio y pueda comprar alguna institución del Estado.
Ni corto ni perezoso el Grupo Magerca le ha vendido al IAD, desde la misma dirección en la calle Máximo Grullón que ocupa la empresa MRL Eventos, “materiales, utensilios y estructuras para montaje de evento, entrega de títulos definitivos en las provincias Juan Sánchez Ramirez y San José de Ocoa, según factura No. 0033 (Doble facturación!!) por la suma de 802, 836.60.
Pese a las irregularidades que esta facturación implica, y el mismo número de factura con dos empresas diferentes, y los mismos servicios, para una misma actividad en las mismas provincias, se cobra un monto distinto, y esta factura fue rápidamente validada por el Sistema Integrado de Gestión Financiera, y firmada por el responsable de la unidad ejecutora, por el responsable de registro, ¡y por el director!
El Grupo Magerca siguió facturando. No se detuvo en la factura anterior, la número 0033, sino que entregó la factura 0035, por la suma de 604,712.00 por el pago del montaje de un piso de madera blanca, para la entrega de títulos de propiedad definitivos en las provincias de San José de Ocoa y Sánchez Ramirez en fecha 15 de junio del 2017. ¿Cómo? ¿Piso en madera blanca? ¿Y es locos que se están poniendo? ¿piso en madera blanca para entregar títulos de propiedad a campesinos? Es probable que el presidente Danilo Medina, si ha asistido a estas actividades, ni siquiera sepa la cantidad de dinero que está pagando el Estado para pisar madera blanca.
Esta factura fue firmada, como las otras por los mismos funcionarios, y por el director del IAD.
Magerca no se detuvo. Presentó la factura 0034, por la suma de 660,933.00, para que el IAD la pagara, nada más y nada menos que por el pago de un servicio de “techo en truss para la actividad de entrega de títulos definitivos en las provincias San José de Ocoa y Sánchez Ramirez. ¿Qué será un techo en truss? ¿Importará a los campesinos que reciben los títulos definitivos que el techo de la tarima donde le entregan el título sea en truss?
Pero no se cansen, que Magerca también entrega facturas por servicios adicionales, como lo hizo RML Eventos. Esta vez fue la factura 0037, por servicios adicionales al contrato No. 133/17, para entrega de títulos en las provincias San José de Ocoa y Sánchez Ramirez, las mismas de siempre, por 34,161.00 pesos dominicanos. Y hasta el director le firmó esta factura para ser pagada inmediatamente. Otra factura de gastos adicionales fue la No. 0036, por 47,790.00, por el mismo concepto de servicios adicionales, en el mismo acto en las mismas provincias..
El presidente Medina entregando títulos de propiedad a parceleros. Presentes Emilio Toribio Olivo y José Dantés.
Emilio Toribio Olivo no tendrá que esforzarse demasiado al investigar la empresa Inversiones Cabrisa. Está ubicada en la calle Máximo Grullón No. 74, y tiene como accionistas a Mercedes Ramona López y a Xiomara Altagracia López. Aparece como gestor el señor Alexis Brioso, y su registro fue expedido el 12 de enero del 2007, con el número 221459 de la ONAPI.
Inversiones Cabrisa cobró la suma de 401,200.00 al IAD por la transmisión del evento, en circuito cerrado, de la entrega de títulos definitivos en San José de Ocoa y Sanchez Ramirez, según factura No. 0165.
También hubo que pagar la transportación del personal para los actos de entrega de títulos de propiedad en las dos mencionadas provincias. A Fernando Antonio Báez Ramón se le pagó la suma de 65,700.00 por transportar en tres autobuses “al personal”. No se sabe si es a los agricultores o al personal del IAD. Eso fue el 7 de abril del 2017, y la siguiente factura fue el 8 de mayo del 2017, a mismo Fernando Antonio Báez Ramón, por 120 mil pesos.
Y como había que comer, el IAD contrató los servicios de la Casa Marilo, propiedad de Mayerling Rivera López, domiciliada en la avenida Gustavo Mejía Ricart No. 154, para los servicios de almuerzos, refrigerios para el personal de apoyo para la actividad de entrega de títulos definitivos en las provincias San José de Ocoa y Sánchez Ramirez. ¿Se imaginan el monto de la factura? No. Hubo que pagar la suma de 804,760.00 por estas comidas y refrigerios para el personal de apoyo al IAD en estas entregas de títulos.
El presidente no lo sabe. Seguro que no. Se trata de la suma de total de RD$5,311,240,06 ¿Alguien se atreverá a investigar?
acento.com.do
Nacionales
Abinader llama a personas con órdenes de arresto a entregarse y advierte que serán perseguidas
Por redacción
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader exhortó este lunes a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse ante las autoridades y aseguró que los organismos de seguridad continuarán su búsqueda para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.
El mandatario hizo el planteamiento durante LA Agenda Semanal, encuentro encabezado por el Gobierno y dedicado en esta ocasión a las acciones implementadas frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.
“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”, declaró Abinader durante su intervención.
El jefe de Estado manifestó que las autoridades no pretenden esperar a que una persona requerida judicialmente vuelva a involucrarse en un hecho violento para ejecutar una orden de captura.
Gobierno reforzará búsqueda de personas requeridas
Abinader explicó que las autoridades cuentan con registros de personas sobre las cuales pesan una o varias órdenes de arresto y sostuvo que la Policía Nacional mantendrá activa su localización.
Según señaló, algunos de los individuos requeridos acumulan varias órdenes pendientes y continúan circulando libremente.
El mandatario afirmó que el objetivo de las autoridades es actuar de forma preventiva y reducir la posibilidad de que personas vinculadas previamente a hechos delictivos vuelvan a afectar a ciudadanos.
La Presidencia informó por separado que Abinader reafirmó que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa de las instituciones de seguridad.
Cuestiona exhibición de armas en redes sociales
Durante su exposición, Abinader también manifestó preocupación por personas requeridas por las autoridades que aparecen en plataformas digitales exhibiendo armas de fuego o realizando disparos.
El gobernante sostuvo que este tipo de comportamiento constituye, desde su perspectiva, un desafío a la autoridad que no debe ser tolerado.
Mientras realizaba esas declaraciones, golpeó la mesa con la mano para enfatizar su posición.
Según el mandatario, las propias publicaciones en redes sociales pueden convertirse en un elemento utilizado por las autoridades para localizar a personas buscadas.
Policía también exhorta a entregarse
Las declaraciones presidenciales se producen el mismo día en que el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.
Rodríguez García afirmó que las personas que no lo hagan continuarán siendo perseguidas por los agentes y aseguró que existe una lista de individuos requeridos desde hace años por diferentes hechos.
La Policía informó además que 85 personas se entregaron voluntariamente durante septiembre, según declaraciones de su director.
Debate por actuaciones policiales
El pronunciamiento de las autoridades coincide con un período de cuestionamientos sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales reportadas oficialmente como intercambios de disparos.
Un recuento publicado este 28 de septiembre registra 37 personas fallecidas durante septiembre en hechos de ese tipo. La Policía ha informado en diferentes casos que los fallecidos eran buscados por órdenes judiciales, denuncias o presunta vinculación con delitos.
El tema también ha provocado llamados de distintos sectores para que las actuaciones policiales se mantengan dentro del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.
Abinader, por su parte, sostuvo durante LA Agenda Semanal que la seguridad ciudadana continúa siendo una preocupación del Gobierno y aseguró que las autoridades seguirán adoptando acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.
Por redacción
Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo este lunes un llamado a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales para la facturación o tramitación de servicios de salud, al señalar que esa práctica puede comprometerlos penalmente.
La advertencia fue formulada tras conocerse las medidas de coerción impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, investigación vinculada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y de sus afiliados.
Camacho sostuvo que el proceso debe servir de experiencia para el sector médico y consideró necesario promover una campaña preventiva que oriente a los profesionales sobre las consecuencias de ceder sus credenciales a terceros.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, manifestó el funcionario, quien afirmó que 22 médicos fueron procesados dentro de esta etapa de la investigación.
Según explicó, el Ministerio Público entiende que el uso de códigos profesionales cedidos a terceros constituye uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para evitar que otros médicos puedan verse involucrados en investigaciones similares.
Investigación continuará
Camacho también dejó establecido que las medidas de coerción conocidas por el tribunal no significan el cierre de las pesquisas relacionadas con SeNaSa.
El titular de Persecución consideró razonable la decisión adoptada por el juez y afirmó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el fallo reconoce la investigación presentada ante el tribunal.
No obstante, señaló que las indagatorias seguirán abiertas.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, declaró Camacho.
Ocho imputados cumplirán prisión preventiva
El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los procesados.
Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Arresto domiciliario para otros procesados
El tribunal dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
A otro grupo de imputados se les impuso, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, a través de una compañía aseguradora.
En el caso de Martha María Saldaña, el tribunal estableció una garantía económica de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.
Garantías de un millón de pesos
El juez también impuso garantía económica de RD$1 millón a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.
Estos imputados deberán, además, cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal concedió un plazo de siete días para hacer efectivas las garantías económicas. De no cumplir con ese requisito, los afectados podrían ser trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la decisión judicial.
Ministerio Público atribuye varios delitos
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a los procesados de la denominada Operación Cobra 2.0-A con presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, utilización indebida de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano acusador sostiene que la investigación guarda relación con supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a servicios y autorizaciones médicas en el Seguro Nacional de Salud.
El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y pidió, además, que el expediente fuera declarado de tramitación compleja.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron numerosos elementos de prueba para sustentar sus imputaciones.
Los arrestos fueron realizados durante allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Caso fue declarado complejo
Además de decidir sobre las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, lo que permitirá que la investigación continúe bajo las reglas procesales previstas para expedientes que involucran múltiples imputados, hechos y elementos probatorios.
El Ministerio Público ha señalado que esta investigación forma parte de una nueva etapa de las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud.
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Una lista de prófugos bajo seguimiento
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Actuación policial y derechos humanos
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
Seguridad sin apartarse de la legalidad
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.