Opinión
A la luz de la cuarta ola de cambios en el continente
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12 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Al llegar a los cincuenta años de fundadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas FARC -convertida en Ejercitó del Pueblo bajo la coordinación del camarada Manuel Marulanda, a quien siempre admiré y valoré como uno de los luchadores revolucionarios más firme, persistente, sagaz, inteligente y abnegado de las insurgencias se nos presenta con nuevos emplazamientos la necesidad de volver sobre el debate de las formas de lucha, las fuerzas y los caminos de la revolución en nuestra América.
La guerra sucia contra el pueblo colombiano se inició a raíz del asesinato de Gaitán a raíz del Bogotazo en el año 1948, desatada a continuación la gran y prolongada matanza a cargo de las fuerzas conservadoras tuteladas por la oligarquía colombiana.
A la luz de lo acontecido durante esta larga, accidentada y heroica existencia de las FARC, me luce extremadamente inconsistente -aun en el contexto de los actuales diálogos en busca de una salida política al conflicto social armado- negar la validez histórica de la lucha armada en la Colombia actual, en la Colombia que ha devenido en una plataforma de bases militares estadounidenses y en teatro de crueles operaciones militares y paramilitares.
Pero como esa inconsistencia se expresa desde una visión política-ideológica, que apelando a ciertas razones aparentes y superficiales, exhorta a descartar totalmente a escala continental la insurgencia popular, es preciso que nos esforcemos por valorar no simplemente el significado de las victorias electorales progresistas o de izquierda y la importancia de los procesos de reformas avanzadas que tienen lugar en una serie de países del continente, sino también -y sobre todo- los complejos caminos de la revolución en nuestra América; necesariamente conformados por las más variadas indignaciones y rebeldías, imposibilitada de ser excluida de ellas, por la esencia violenta y destructiva del presente capitalismo senil, altamente militarizado, el poder armado del pueblo como medio de acción y/o disuasión.
Y las FARC-EP son una obligada referencia en este importante debate.
Los caminos
Esta reflexión resulta más pertinente en la medida existe una lectura interesada, unilateral y reduccionista de los procesos de cambio que se desarrollan en la región, la que procura descartar todo lo que no sea el acceso al gobierno por elecciones y alienta reeditar el viejo dilema Vía Armada vs. Vía Pacífica o Violencia vs. Elecciones, potenciando así el simplismo aquel que tanto contribuyó a la división de las izquierdas en los años 60 y 70 del pasado siglo XX.
No se trata de eso. La realidad actual es mucho más rica y compleja que esa supuesta disyuntiva.
Las propias FARC-EP, en su proceso de desarrollo han evolucionado como un ejército guerrillero con milicias populares adicionales; se han constituido no solo como un ejército del pueblo, sino también como un partido comunista clandestino, como un movimiento político, social y cultural marxista-bolivariano, como una potente organización articuladora de un gran abanico de fuerzas transformadoras dispuestas a combatir en diversos escenarios; como un componente fundamental de un movimiento por la paz con justicia, soberanía y dignidad humana; como una especie de contra-poder popular abanderado de un pliego de demandas democratizadoras, articuladas a la propuesta de poder constituyente y orientada a la refundación del Estado colombiano.
No hay tabúes ni exclusiones de métodos.
No se reniega ni de las armas ni de los votos.
Todas las formas y modalidades de lucha tiene su validez y oportunidad, y todas admiten combinaciones, cada una en sus tiempos.
Las FARC han dado un gran aporte para superar visiones unilaterales, accionando ahora en el corazón de unos de los procesos con dinamismo ascendente y en el contexto de una oleada popular continental sensiblemente afectada en el presente por el impacto variado de concepciones reformistas al interior de las nuevas y viejas izquierdas gobernantes.
Nuevas reflexiones sobre la revolución necesaria.
En nuestro caso -y en el de no pocos/a revolucionarios/as de estos tiempos- las experiencias vividas y los intensos debates realizados a lo largo de las últimas décadas, (a consecuencia de los importantes acontecimientos registrados en este periodo), nos ha permitido desarrollar una visión cada vez más integral, abarcadora y profunda del acontecer continental y sus perspectivas; tomando siempre como eje irrenunciable la necesidad de la revolución, en tanto cambio radical en la hegemonía de clase, de género, ideológica, cultural en tanto cambio de los sujetos sociales en materia de poder en la sociedad civil popular y también en el poder estatal; en tanto respuesta a una crisis insoluble, ya crónica, dentro del capitalismo y la dominación imperialista.
Y pienso que las FARC-EP no han estado ausentes de esas transformaciones en el modo de reflexionar, crecer, actuar y procurar una línea de acción y de acumulación integral y multifacética.
En sentido general, en no pocos escenarios nacionales del continente y del mundo, así se ha venido abordando este tema crucial en una parte de las izquierdas y sujetos transformadores, especialmente en cuanto a las modalidades de lucha y a la construcción de fuerzas y propuestas, a la acumulación político-militar y cultural, a la ruptura del monopolio militar impuesto desde el poder establecido en decadencia, a las transiciones revolucionarias y a las búsquedas de puntos de no retorno al pasado.
Igual respecto al nuevo poder en torno al vínculo Estado y sociedad, a las formas de propiedad, a las relaciones del Estado, partidos y movimientos sociales; y a las raíces culturales propias de los diferentes procesos.
También esta reelaboración toca al sistema jurídico-político, a la participación y las decisiones democráticas, a la institucionalidad, a las bases constitucionales del sistema y al proyecto estratégico de la sociedad sin Estado, siempre vinculado al proyecto de patria grande liberada y revolución mundial.
De esta nueva manera de pensar se deriva que no es lo mismo vía de la revolución y vía de la toma del poder central del Estado, ni tampoco que es igual hablar de vía de la revolución o de vía de la toma del poder que de las vías de aproximación a esos objetivos.
Y dentro de esta lógica ha estado muy presente la idea de que el poder del pueblo no simplemente se toma, sino que se crea, se construye en todos los órdenes, se desarrolla paralelamente al existente como contra-poder; y también se toma cuando se trata de reemplazar el viejo aparato estatal con la participación y decisión del pueblo; concebida fundamentalmente ese poder en estrecha relación con todos los pilares de la dominación, concebido como liberación y contra-hegemonía, autoridad bien ganada, influencia político-cultural decisiva en el tejido social y en las nuevas instituciones; como proyecto transformador de la sociedad y como poder popular.
Esto es, como transición a una sociedad basada en la asociación o comunidad de seres humanos absolutamente libres, lo que exige la extinción progresiva del Estado.
Experiencias que han estado presente en esta reflexión.
La determinación de las FARC-EP de no dejar de ser lo que ha sido y, por el contrario, superarse dialécticamente con la misma esencia, tiene un valor comparativo muy trascendente al interior del proceso continental.
La historia reciente y el presente latino-caribeño nos ayudan mucho en esta necesaria reflexión vinculada a la práctica revolucionaria.
En los años 70, en una fase de predominio de procesos violentos, Salvador Allende y la Unidad Popular lograron acceder al gobierno por la vía pacífica, a través de un proceso electoral.
No se trató, claro estaba, de un nuevo poder. Solo se alcanzó el gobierno.
Lo fallido en ese caso no fue alcanzar esa victoria electoral, sino la posterior incapacidad para defenderla y avanzar a consecuencia de una visión constitucionalista-reformista; la incapacidad política y militar para responder a la violencia y al poder militar de los enemigos de ese proceso. Las limitaciones para producir el paso de ser gobierno al poder real del pueblo.
Desafíos similares, en mejores condiciones y en contextos institucionales más avanzados, se le pueden presentar y casos específicos se le están presentando- a procesos actuales como el venezolano, boliviano y el ecuatoriano si no optan por mediatizarse y se deciden por profundizar las reformas en dirección a la revolución. Esa necesaria profundización solo es posible a partir de una activa movilización popular y una necesaria recreación de las vanguardias transformadoras, hoy casi inexistentes, o desarticuladas, o dispersas.
No es lógico desde una óptica revolucionaria objetar avances por vía electoral (muchas veces precedidos de fuertes confrontaciones sociales), ni procede menospreciar cualquier otro triunfo electoral de carácter progresista, avanzado, inspirado en el propósito de avanzar hacia un proceso revolucionario.
Eso no es lo que está en cuestión.
Lo que se discute es si ese logro basta o no basta, si se debe detener la marcha en ese contexto institucional, si se debe o no ir más lejos, si en caso de pretender avanzar hacia un nuevo poder y hacia las transformaciones estructurales, se deben o no ignorar las respuestas necesarias a las consabidas resistencias violentas que eso entraña; si se debe o no ceder frente a las reacciones de obstrucción, a las variadas reacciones de violencia contra-revolucionarias o anti-reformas, a la desestabilización y subversión reaccionaria, orquestada constantemente por una burguesía imperialista mafiosa asociada al gran capital local de igual calaña.
Si de antemano se debe desistir de la contrapartida revolucionaria y de la respuesta también violenta desde el pueblo ante esas obstrucciones reaccionarias.
Si se debe proceder de manera tal que el monopolio de las armas sea eternamente de las derechas y del imperialismo.
Lo que se cuestiona es si hay que declarar definitivamente clausurada la vía violenta, la guerra de guerrillas, las insurrecciones populares armadas, los levantamientos cívico-militares, los contragolpes revolucionarios, las guerras patrióticas contra los invasores, las guerras de todo el pueblo, las guerras asimétricas Más cuando estamos frente un poder imperialista, burguesías y derechas políticas caracterizadas por una vocación no precisamente pacifista, algo totalmente ausente de la naturaleza violenta del sistema capitalista dominante, potenciada en medio de su múlti-crisis y de su actual dinámica destructiva.
Lo que objetamos es que anticipadamente líderes que actúan a nombre de las izquierdas en sus respectivos países y que ganan elecciones con esas banderas, resignen (por los riesgos que conlleva) la necesidad de cambios profundos y se limiten a paliar algunos males, a hacer reformas más o menos importantes, o a contemporizar en vertientes importantes de la dominación burguesa-imperialista, o a moverse parcial y limitadamente con cierta independencia en la política exterior y a plegarse en otros aspectos significativos; o, peor aun, a administrar y moderar inteligentemente modelos neoliberales, o a intentar nuevos modelos social-demócratas.
Lo que hay que debatir es si las izquierdas, después de las recientes victorias electorales y sus ascensos a gobiernos -precedidas algunas de ellas de grandes convulsiones sociales- deben limitarse a reformar lo existente o deben proponerse reemprender el camino revolucionario.
Lo que se impone es discutir el carácter de la presente crisis capitalista. Si el poderío militar y mediático del imperialismo nos obliga a la moderación o si su crisis irresoluble nos brinda la oportunidad de hacer revolución.
En el actual proceso de cambios a nivel continental nos encontramos con actitudes diferenciadas entre sus protagonistas en cuanto a ese dilema.
La profundidad de las reformas es diferente en Ecuador y Bolivia, por ejemplo, a las que se dan en Brasil, Uruguay y El Salvador. La distancia es mayor respecto a Chile o Argentina.
La experiencia del proceso hacia la revolución en Venezuela es diferente en su origen, como lo fue en mayor grado el camino cubano y el mismo nicaragüense en su primera etapa.
La masacre militar a raíz del Caracazo, rompió en Venezuela la quietud del dominio de la partidocracia, de la burguesía parasitaria, de las transnacionales y del imperialismo estadounidense, y generó como contrapartida del levantamiento militar del MRB-200 encabezado por Chávez.
Se trató de una especie de insurrección militar impactante. Un acto de rebeldía armada, nada pacífico(aunque poco sangriento), que posibilitó una original acumulación de poder militar, garantía posterior de todas las victorias (electorales y no electorales) y transformaciones en paz; paz precaria, amenazada, asechada, no solo por el golpismo violento, sino por los procesos intervenciones gringos-colombianos camino a nuevas agresiones militares.
Si vemos las revoluciones como procesos, ni tan pacífico ha sido el proceso hacia ella que ha tenido lugar en la Venezuela bolivariana de los últimos años. Su esencia, pese al peso de la vía electoral después del levantamiento militar de principio de los 90, no es el simple civilismo sino la alianza pueblo-fuerzas armadas.
Se trata, además, de un proceso inconcluso y todavía cargado de las incertidumbres que pueden generar planes funestos del imperialismo, peores que las sediciones anteriores y que el golpe derrotado, como lo demuestran los acontecimientos recientes cargados de violentas guarimbas.
Un proceso afectado también por el peso del reformismo a nombre de la revolución y el peso del rentismo petrolero y la cultura consumista, mezclado con el capitalismo privado, a nombre del socialismo; aunque con una significativa corriente anticapitalista a su interior y significativos espacios de poder popular.
Un proceso constantemente amenazado por la violencia contrarrevolucionaria imperialista y la reacción fascistoide interna, amenazado por la penetración del para-militarismo colombiano y la intervención directa d EEUU, tal y como lo revelan múltiples hechos a lo largo de los últimos años.
Revolución pacífica pero armada, decía Chávez.
Por lo que desde ella no es correcto negar persé la pertinencia del uso de la contra-violencia armada y no armada desde el poder popular-comunal.
Esto sobre todo a la luz del recrudecimiento de la violencia contrarrevolucionaria y del persistente plan desestabilizador, impregnado del despliegue de fuertes componentes fascistas, imperialistas y paracos, puestos en marcha en Venezuela, apuntando también contra el avance de los diálogos de paz en Colombia.
No parece acertado abordar ese plan desestabilizador recurriendo en gran medida a las concesiones al gran capital privado y a las derechas, es decir, con dando pasos muy alejadas del contenido esencial de Golpe de Timón y del Plan de la Patria propuesto por Chávez; contrarias, en fin, a la profundización del proceso y marcadas por la idea de pervivir o sobrevivir retrocediendo. Eso lejos de desalentar envalentona a sus protagonistas, que van logrando parte de sus objetivos combinando violencia y negociación.
Cuba tuvo que hacer dos años de revolución armada para vivir 50 años de paz, independencia y conquistas sociales trascendentes, pero nunca desistió de volver a la vía armada frente a la posible ejecución de los designios violentos de la contrarrevolución imperial. Por el contrario, su determinación en ese aspecto llegó al punto de darle cuerpo, como medio de autodefensa de masas, a la tesis de la guerra de todo el pueblo de inspiración vietnamita, sin dejar de poner sus cohetes de cara a la Florida.
Y por eso la Cuba revolucionaria no pudo ser derribada, vigente todavía la continuidad ascendente de su proceso -sensiblemente degradado a lo largo de varias décadas por el estatismo-burocrático- solo si al tiempo de preservar esa firmeza defensiva surgen factores capaces de reactivar la posibilidad de un relevo generacional, un viraje antiburocrático y socializante de lo estatal, y un nuevo modelo de orientación socialista más participativo y eficiente; perspectiva que lamentablemente se está quedando atrás por la marcada preeminencia del camino chino, reforzado ahora por la ley de inversión extranjera, que facilita la restauración pacífica (¿???) del capitalismo desde un estatismo burocrático abierto a la impronta actual de la burguesía transnacional.
Colombia, el valor de la insurgencia y los cincuenta años de FARC.
En Colombia existe una especie de engendro macabro en términos de Estado y de poder. Es, seguido del modelo represivo y fascistoide hondureño, la nota más discordante a escala continental.
Un Estado narco-paramilitar, terrorista, feroz.
Una dominación violenta, corrupta, asquerosa, criminal, en todos planos y vertientes, como la caracterizaron el comandante Marulanda, los líderes de las FARC y el ELN, y todos/as los/as dirigentes e intelectuales revolucionarios de ese país.
Un país con grados elevados de presencia militar estadounidense (siete bases militares) y arrastrado a jugar un papel puntero en los planes de agresión estadounidenses y de conquista militar de la Amazonía; así como en los programas contrarrevolucionarios contra Venezuela y Ecuador.
No hay que repetir aquí los datos que prueban su vocación persistente por el genocidio y las masacres. Esto dura ya 60 años y cada día ese poder se torna más violento y empobrecedor, más excluyente y saqueador. La era neoliberal y el poder de los halcones ha potenciado todo esto en el peor de los sentidos. Esto incluso ha cruzado los periodos de diálogos de paz y ha gravitado para abortarlos.
Cruza incluso el actual esfuerzo hacia la salida política -presente en la agenda de la Mesa de Diálogo de la Habana, traspasada felizmente al debate nacional- basado en un inmenso de deseo popular de paz, en la renovación de las convicciones colectivas a favor de una salida política a un conflicto social armado sin desenlace militar a la vista, y lo amenaza pese a estos tener mejor base de sustentación que los diálogos anteriores y haber logrado mayores avances.
Esos diálogos están también fundamentalmente amenazados por la raigambre de la violencia y el guerrerismo en Colombia y por la naturaleza del imperialismo y de su propia crisis.
La insurgencia, las FARC y el ELN, los movimientos sociales radicales, han sido una necesaria contrapartida; independientemente de cualquier error cometido en su largo y heroico batallar. Lejos de ser matriz de la violencia han sido esencialmente insurgencia por la paz y por la vida
Ese mérito estará definitivamente vinculado a la historia, al pensamiento y al accionar de esa leyenda viva y trascendente que el pueblo humilde bautizó cariñosamente con el sobrenombre de Tiro Fijo.
Se trata, por demás, de un importantísimo acumulado político-militar, no solo para enfrentar lo que está cruel realidad ha deparado y puede deparar, sino además como garantía para construir una paz sólida, erradicando las causas estructurales de la confrontación violenta.
Sugerirle a las FARC-EP que se desmovilice y acceda a la vida pública y legal en el contexto de un Estado con las características descritas y en una situación como la existente en Colombia y en el mundo, es como pedirle que lo arriesgue todo y se exponga al exterminio; equivale a solicitarle que liquide de sopetón al patrimonio político-militar y el contrapoder integral construido en décadas de sacrificios y pase a ser víctima de segura de retaliaciones sin posibilidad de responder.
Aceptar ahora esa sugerencia envenenada, o decidirla por cuenta propia en cualquier otra oportunidad, es sencillamente suicida; porque sería un paso hacia un abismo mortal y una forma de liquidar la opción de paz duradera, vinculada indisolublemente a la justicia social y a la soberanía nacional.
Esto implicaría disolver a cambio de nada, o de muy poco, el único ejército popular, irregular antiimperialista, pro-socialista, existente en Colombia y en esa sub-región.
Y digo el único, porque esa misma valoración es válida también para el ELN, que es aunque diferenciado y en menor escala, es el otro componente de ese ejército y de la contrapartida popular-militar insurgente colombiana, que junto al torrente político-social civil generado por ambas fuerzas y por innumerables movimientos transformadores gestados antes y durante los actuales diálogos de paz, han sido potenciados por la firmeza, por la profundidad propositiva y la apertura hacia la sociedad colombiana exhibida por las FARC-EP en esta nueva y difícil oportunidad para abrirle cauces a la paz; sin que se hayan conjurado los riesgos de recrudecimiento de la guerra por decisión del poder transnacional y local que históricamente la han sustentado y ahora vuelve a negarse a un cese al fuego.
La opción de paz depende de la preservación y ampliación de ese acumulado político- militar logrado por esa extraordinaria capacidad de resistencia exhibida a lo largo de los últimos 50 años, superando reveses, desmintiendo vaticinios agoreros, recuperándose de los golpes recibidos, venciendo estigmatizaciones perversas, creciendo en calidad y cantidad más allá de las declinaciones temporales, forzando a su reconocimiento como fuerza beligerante, combinando firmeza estratégica y flexibilidad táctica, renovando y enriqueciendo su pensamiento teórico-político sin embotar el filo revolucionario ni renunciar al proyecto emancipatorio socialista-comunista.
La opción de paz en un contexto de reformas sociales, políticas y económicas no de revolución y socialismo en lo inmediato- contiene en su despliegue un eventual riesgo de embotar el filo revolucionario de la contra-parte anti-sistema, anticapitalista.
Cuando se consuman los acuerdos algo no fácil en este nuevo caso- el uso de la legalidad y la incursión en los espacios institucionales por una fuerza marxista revolucionaria, con grandes posibilidades de convertirse en una gran fuerza electoral, casi siempre emplaza desde las corrientes contradictorias que es capaz de generar, o a un proceso paulatino de integración al sistema reformado, o a emplear lo acumulado para dinamizar las reformas en dirección a las transformaciones revolucionarias de orientación socialista; incluida la asunción de nuevas y originales rupturas de la institucionalidad y del dominio del gran capital, desarrollando sin contemplaciones un potente contra-poder popular dinamitador del sistema dominante.
Ese proceso es complejo y contradictorio. El sistema tiene una gran capacidad contaminante e influye de múltiples maneras sobre sus contrarios. El enemigo no solo nos hace la guerra con balas, bombas y artefactos militares. Tiene infinita facetas influyentes y una buena parte de las más sutiles tienen que ver con lo político-electoral, con las llamadas cuotas de poder, la cultura dominante y la nueva realidad material influyente.
Los ejemplos mundiales sobran y los casos de metamorfosis políticas negativas de fuerzas revolucionarias en los periodos post-paz negociadas abundan en nuestra América. Se que las FARC-EP y el ELN tienen muy presente esas lecciones negativas.
Ojala que esa enorme fuerza transformadora colombiana, que incluye en forma relevante a las FARC-EP, pero no solo, sea preservada y potenciada en todas sus vertientes y contenidos, cual que sea el resultado final de los nuevos diálogos de paz. Es mi deseo en ocasión de esta boda de oro y dignidad de las FARC, sobretodo porque aprecio que en Colombia está presente todavía uno de los pocos procesos dinámicos ascendente con energías, firmeza y conducción revolucionarias.
¿Declinación de la ola transformadora continental?
En la diversidad que conforma esta cuarta oleada de cambios continentales, el enorme déficit de viejas y nuevas vanguardias revolucionarias, ha influido para asentar el reformismo en la conducción de esos procesos, incluyendo en aquellos con significativa independencia del imperialismo y no tutelados por burguesías y partidocracias tradicionales.
En el contexto de la dialéctica reforma y revolución, la reforma está predominando; aunque la contra-reforma no haya vencido a la reforma, ni se haya impuesto totalmente la contra-revolución.
El surgimiento de corrientes neofascistas, en algunos casos, ha operado potenciando el reformismo en actores políticos de primer orden de procesos de cambios sensiblemente debilitados.
Eso se ha producido en detrimento de la revolución, determinando estancamientos y retrocesos; sin que todavía la dinámica rebelde de las bases populares esté totalmente agotada, ni en esos escenarios, ni en aquellos bajo control total de la burguesía transnacional y local, hegemonizados políticamente por las derechas. Y sin que las causas que potencian la multi-crisis crónica del capitalismo hayan sido conjuradas.
Todo lo contrario. La última palabra no se ha dicho y es poco probable que pueda pronunciarse por el momento.
La declinación está en marcha, pero no es fatal. Ella afecta el nuevo momento colombiano, pero éste a su vez podría inyectarle nuevas energías a la ola ya menguada, como también podrían hacerlo otros procesos en gestación. Depende del proceder de las vanguardias allí y más allá.
La responsabilidad de esas fuerzas en gestación y de todos los factores revolucionarios anti-capitalistas continentales y mundiales, lejos de reducirse, se ha incrementado como nunca antes en la historia de la humanidad.
Por Miguel Guerrero
Durante años he escuchado con fascinación a los dirigentes políticos pontificar que los problemas nacionales son de tal ancianidad y envergadura que se precisa de una acción conjunta de todas las fuerzas políticas y sociales para encararlos. Pero de ahí a los hechos ha mediado, como se dice, un largo e interminable trecho.
Las rivalidades partidistas se anteponen a ese enorme compromiso nacional, siempre pendiente.
Usualmente, los partidos se hacen la ilusión de que el fracaso de una administración les favorece y les allana el camino al poder. En ciertas circunstancias esa percepción es errónea y denota una escasa visión de futuro. Los tropiezos de un gobierno, cuando es legítimo, son de todo el país. Y si la oposición llegara a beneficiarse de ello, le tocaría un fardo de problemas como herencia.
Además de los temas coyunturales, como los que hoy se debaten, la nación tiene otros grandes retos, tal vez como pocas veces en el pasado. Y para alcanzar la mayoría de ellos se impone un compromiso nacional. Muchos de nuestros fracasos, lo que en cierta medida explica el atraso del que nos hablaba frecuentemente el profesor Juan Bosch, se derivan de la resistencia de los grupos de oposición a colaborar con la agenda del gobierno en aquellos temas que son prioridades nacionales, y, por el otro lado, de la prepotencia de dirigentes y funcionarios que creen que se bastan por sí solos.
Muchas de las fallas de esos programas, que pagamos después, se deben a la falta de respaldo político fuera del ámbito oficial y de la miopía de los gobiernos respecto al valor del rol de la oposición. Sólo un ambiente de respeto mutuo hará que un día gobierno y oposición se pongan de acuerdo para adelantar aquellos proyectos con los que usualmente están de acuerdo. En una democracia el valor de la oposición es tan importante como la del gobierno. Mientras no se la entienda de ese modo seguiremos a la deriva.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Opinión
¿Ignorancia constitucional o rebelión institucional?
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1 semana agoon
marzo 8, 2026Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
