Opinión
A las mujeres: palos y palos
Por Rosario Espinal
La sociedad dominicana vive un período de rechazos, abusos, y vulnerabilidad. Si usted no lo ha notado, observe. En situaciones así, los más oprimidos son los más golpeados, y en esa lista hay muchas mujeres.
No por casualidad los feminicidios son una tragedia nacional. República Dominicana tiene el deshonor de estar entre los países que encabezan la región en estos aberrantes asesinatos, aunque cada 25 de noviembre las autoridades hablen y desfilen contra la violencia. De 2005 a 2013 se produjeron 911 feminicidios íntimos y 831 no íntimos, y en el 2004 los números van altos.
Ante el problema, los funcionarios actúan con irresponsabilidad humana, social y política. Para muchos de ellos el “valor de la mujer” es un espectáculo político-mediático
Tampoco es casualidad que el Congreso Dominicano haya aprobado recientemente un Código Penal que criminaliza el aborto terapéutico, es decir, cuando hay que interrumpir el embarazo para salvar la madre. Pocos países latinoamericanos tienen esta aberración legal.
No planteo que las mujeres sean simplemente víctimas debiluchas de los hombres. No. Lo que planteo es que en las luchas de poder, donde las fuerzas retrógradas llevan la voz cantante como en República Dominicana, los derechos de las mujeres son con frecuencia pisoteados. Retrógrados y oportunistas mancomunados, legislan para mantener muchas mujeres subordinadas.
El feminicidio devela el profundo odio que alberga un hombre hacia una mujer. El macho encabronado utiliza su fuerza física o las armas para destruir a la mujer que ha convertido en objeto de rechazo. Deshacerse de ella con el asesinato es la expresión extrema y aberrante del poder machista.
La mujer, por el contrario, casi nunca asesina al hombre. Por eso el feminicidio, término ya de amplio uso en español, es tipificado social y legalmente; mientras el masculinicidio no existe como tal, o es infrecuente; el término ni se utiliza.
El Código Penal recién aprobado por el Congreso Dominicano y pendiente de aprobación presidencial tipifica el feminicidio como crimen. ¡Bien! Pero restringe la definición al ámbito íntimo, y en eso se queda corto.
Por otro lado, la Constitución de 2010 estableció que la vida comienza desde la concepción, lo que hace todo tipo de aborto ilegal; aunque en otros acápites la misma Constitución consagra el derecho a la vida de las mujeres.
El nuevo Código Penal criminaliza todo tipo de aborto en clara violación al derecho a la vida de las mujeres. Con esta disposición, muchas mujeres dominicanas quedan expuestas a morir si el embarazo se complica y los médicos no se atreven a interrumpirlo para no caer presos. Resultado nefasto: el embarazo podría significar la pena de muerte para algunas mujeres, sin que ningún congresista ni el Presidente tenga que cumplir 40 años de cárcel por esas muertes.
Históricamente, ni los legisladores ni los presidentes dominicanos se han interesado mucho por la salud de las mujeres embarazadas. ¿Evidencia? El alto índice de mortalidad materna, mayor que el promedio regional; y estas muertes se producen fundamentalmente en hospitales públicos. Ante el problema, los funcionarios actúan con irresponsabilidad humana, social y política. Para muchos de ellos el “valor de la mujer” es un espectáculo político-mediático.
La gran desigualdad social dominicana se manifiesta también en las mujeres. Las ricas viajan al exterior para un tratamiento especial o un aborto terapéutico. No así la inmensa mayoría de las mujeres dominicanas que sucumben en los hospitales públicos mal administrados, mal equipados y mal atendidos; verdaderas “pocilgas” para citar al propio Presidente.
Danilo Medina tiene dos opciones con el Código Penal: promulgarlo como está, o devolverlo al Congreso para que incluya garantías al aborto terapéutico. En sus manos está ser valiente a favor de muchas mujeres embarazadas y observarlo, o rajarse y promulgarlo.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.