Santo Domingo, RD.-“Fue encontrado muerto este jueves el abogado Yuniol Ramírez Ferreras, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y catedrático universitario”. De esta forma, aquel 12 de octubre de 2017, un día después de su asesinato, diversos medios de comunicación del país informaban sobre el terrible suceso que cobró la vida de Yuniol Ramírez.Nacionales
A tres años del asesinato de Yuniol Ramírez: qué espera su familia y qué dice la justicia
Las investigaciones determinaron que Ramírez fue raptado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartía docencia
Santo Domingo, RD.-“Fue encontrado muerto este jueves el abogado Yuniol Ramírez Ferreras, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y catedrático universitario”. De esta forma, aquel 12 de octubre de 2017, un día después de su asesinato, diversos medios de comunicación del país informaban sobre el terrible suceso que cobró la vida de Yuniol Ramírez.El cadáver del abogado fue hallado por un pescador, quien al notar un cuerpo con una cadena en el cuello, atada a un block sumergido en el río de Manoguayabo en Hato Nuevo, provincia de Santo Domingo, dio la voz de alerta al sistema de emergencias 911. Su rostro presentaba un impacto de bala en un ojo.
Las investigaciones determinaron que Ramírez fue raptado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartía docencia, y los videos de seguridad recolectados por las autoridades determinaron que el catedrático había sido asesinado en las inmediaciones de la UASD.
Su muerte no vino sola, destapó un escándalo de corrupción que se ejecutaba en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y que llevó a la cárcel a varios empleados de esa institución, en especial a su entonces director, Manuel Rivas, acusado entre otras cosas de asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado y corrupción en procesos de duplicidad de pagos.
A tres años de su muerte, el acusado de ser el autor material, Argenis Contreras González, a pesar de que fue capturado en Estados Unidos, lugar donde se refugió un día después de cometer el crimen, continúa sin ser extraditado a República Dominicana.
Este hecho conocido de forma judicial como “caso Yuniol Ramírez”, puso en prisión a varias personas, algunas de ellas se encuentran ya en libertad luego de que se apelara su condena, se demostrara que no existían las suficientes pruebas para mantenerlos en prisión, se procediera al pago de alguna fianza, entre otros aspectos.
Los imputados que mantienen prisión son José Antonio Mercado Blanco (El Grande), Víctor Elizander Ravelo Campos (El Herrero) y Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista).
El Grande es señalado como la persona que ayudó a Argenis Contreras a asesinar a Yuniol Ramirez. Mientras que el expediente articulado por la Fiscalía apunta que Víctor Elisander Ravelo y Jorge Luis Abreu ayudaron a Contreras a buscar los instrumentos para encadenar el cuerpo y tratar de deshacerse del cadáver, según la Fiscalía.
“Tenemos la esperanza de que ella instrumente nuevas acusaciones, que las reformule, que la amplíe y que meta a todo el que sacaron y a los que faltan”.
Así se expresa Ramón Ramírez, hermano de Yuniol Ramírez y el abogado que lleva el caso desde hace tres años. Sus esperanzas sobre el destino de su acusación ante la justicia han vuelto a relucir, luego que el nuevo gobierno de Luis Abinader designara a la magistrada Miriam Germán Brito como procuradora general de la República y esta a su vez le quitara a la fiscalía del Distrito Nacional, varios casos de corrupción en los que se encuentra el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que involucra el caso de su hermano.
“Tan pronto nos enteramos de esa situación le solicitamos por escrito una solicitud a la procuradora Miriam Germán, a los fines le solicitamos una reunión con ella o la persona que ella asigne para darle información muy importante acerca del caso, ya que los que acompañaron a Argenis a matar a Yuniol andan ahí sueltos y se sabe y todo el mundo sabe quiénes son y estamos esperando que convoquen a uno”, dice Ramón.
Otro paso ante la justicia que ha dado Ramírez, lo hizo en agosto de este año luego de que la jueza Solange Vásquez, del cuarto juzgado de instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, dejara en libertad a Manuel Rivas, exdirector de la OMSA.
Ramón Ramírez la acusa ante el Consejo del Poder Judicial de actuar de espaldas a la ley, ya que el proceso que se llevó a cabo de forma virtual por la pandemia del Covid-19, se hizo sin convocarlo, uno de los querellantes en el caso.
En una rueda de prensa con distintos medios de comunicación Miriam Germán, indicó que todos los expedientes que la Procuraduría adquirió de la Fiscalía del Distrito están siendo estudiados.
Para ella el tiempo que ha pasado para traer a Argenis Contreras al país ha sido bastante.
“Realmente es bastante el tiempo que ha pasado”, enfatizó.
Para muchos el tiempo se calcula dependiendo del nivel de sus sentimientos, un minuto puede durar una eternidad o ser efímero, y calculando la espera de justicia, tres años es como toda una vida.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.