Santo Domingo.- La parte del proceso que más cuestionaba al Partido de la Liberacion Dominicana (PLD) ha logrado ser superada, lo que explica y justifica, tal vez, lo que siempre se ha señalado que el Gobierno de Danilo Medina nombró a uno de los suyos en la Suprema Corte de Justicia a los fines de garantizar impunidad cuando su gente tuviera que ser enjuiciada, exactamente como ha ocurrido ahora con Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.

  La jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción envia a juicio el fraude millonario con expropiaciones, pero descarta la parte que más sacudía al Partido de la Liberación Dominican (PLD): el supuesto uso de ese dinero para imponerse en las elecciones de 2020.

Durante años, el Estado dominicano tuvo que pagarles a ciudadanos y empresas cuyos terrenos o propiedades fueron tomados para hacer obras públicas. Eso se llama expropiación y es legal.

El problema, según el Ministerio Público, es que alrededor de esos pagos legítimos se habría armado una red de abogados, funcionarios e intermediarios que infló los montos, fabricó reclamaciones y se embolsó fondos que eran de todos los dominicanos.

La acusación dice que así se robaron más de 19 mil millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva: esa suma equivale a lo que el Gobierno gasta en meses enteros en programas sociales.

Es importante tener presente que el hecho de que alguien sea enviado a juicio no significa que sea culpable, significa que hay pruebas suficientes para que un tribunal las examine. La inocencia o culpabilidad se decide en el juicio, no antes.

Desde el principio, la parte más explosiva del caso era la pregunta: ¿usaron dinero robado al Estado para ganar las elecciones? Si eso se hubiera podido probar, habría afectado directamente la legitimidad de toda una era política. Eso es lo que la jueza Ramírez descartó, al menos por ahora, porque las pruebas presentadas no fueron suficientes para conectar el dinero de las expropiaciones con la campaña electoral.

El resultado práctico es que Castillo —quien fue candidato presidencial del PLD en 2020— y José Ramón Peralta quedan libres de esa acusación. Y esto llega en un momento político particular: Castillo acaba de recuperar su visa estadounidense y ha mostrado interés en seguir activo dentro del PLD.

Las dos cosas a la vez, en partes distintas del caso. Logró mantener viva la parte más técnica y económicamente voluminosa del expediente. Pero perdió la narrativa política que le daba impacto público al caso. Un juicio sobre contratos y transferencias bancarias genera mucho menos interés mediático que uno sobre financiamiento ilegal de campañas.

El juicio de fondo —donde se presentarán todas las pruebas y se escuchará a los acusados— puede tardar años. El caso es técnico, voluminoso y tiene muchos imputados. Mientras tanto, el debate político sobre si los gobiernos de Danilo Medina usaron fondos del Estado para sus fines electorales seguirá sin una respuesta judicial definitiva.

En resumen, el Estado dominicano perdió miles de millones de pesos en un presunto esquema de fraude con expropiaciones. Eso va a juicio. Pero si ese dinero terminó en una campaña política, por ahora, no se pudo demostrar.

Santo Domingo.- El país se convertirá, por primera vez, en sede de la 31.ª Reunión Internacional de los Comités Técnicos de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (ALAMYS), uno de los encuentros más relevantes del sector ferroviario y de transporte masivo en Iberoamérica, consolidando así el posicionamiento del país como referente regional en movilidad moderna, innovación y desarrollo urbano sostenible.

El evento se celebrará del 7 al 11 de junio de 2026 en Santo Domingo, reuniendo a expertos, operadores, autoridades y representantes de sistemas ferroviarios de América Latina, España y Portugal, en una agenda especializada orientada al intercambio técnico, la innovación y las mejores prácticas en movilidad integrada y transporte urbano sostenible.

La realización de este importante cónclave internacional representa un hito para el país y fortalece la visión de transformación impulsada por el gobierno del presidente Luis Abinader, quien ha priorizado el desarrollo de infraestructuras modernas y sistemas de transporte eficientes como pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Entre los países participantes figuran Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, México, Panamá, Venezuela, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Costa Rica, entre otros, consolidando el evento como el principal foro iberoamericano especializado en metro, monorriel, tranvías, teleféricos urbanos y sistemas ferroviarios metropolitanos.

Durante la jornada se desarrollarán mesas técnicas, encuentros especializados y espacios de intercambio profesional enfocados en operaciones, planificación, mantenimiento, seguridad, gestión de proyectos, innovación, marketing, comunicaciones y movilidad integrada.

ALAMYS es una organización internacional fundada en 1986 en Caracas, Venezuela, creada con el propósito de compartir experiencias, conocimientos técnicos y mejores prácticas entre los principales sistemas de transporte masivo sobre rieles de América Latina e Iberoamérica. Actualmente, la entidad agrupa más de 70 miembros y entidades asociadas de alrededor de 18 países.

ALAMYS tiene como misión promover el intercambio técnico y estratégico entre operadores y expertos del sector, fomentar la integración modal y contribuir al desarrollo de ciudades más sostenibles, seguras y conectadas, convirtiéndose en una referencia mundial en materia de transporte público masivo.

La celebración de esta edición en Santo Domingo reafirma la confianza internacional en la capacidad organizativa de la República Dominicana y marca un paso trascendental para continuar impulsando políticas públicas enfocadas en movilidad moderna, innovación y desarrollo urbano.

Santo Domingo, R.D.-Por no presentar pruebas que sirvieran para abrir un juicio por corrupción, la jueza Altagracia Ramirez emitió un no ha lugar en favor de los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, Gonzalo Castillo y Jose Ramon Peralta.

Sin embargo, la suerte no fue la misma para Donald Guerrero, ex exministro de Hacienda durante el gobierno de Danilo Medina, al no pudo esquivar el juicio de fondo y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para responder a los duros señalamientos del Ministerio Público.

Por otra parte, otros 28 imputados, entre estos el abogado Angel Lockward, del caso Calamar tendrán que ir también ante el tribuanl a responder en un juicio de fondo por los actos que les son imputados.

Con esta decisión judicial, se ordenó el cese definitivo de las medidas de coerción que pesaban sobre los encartados, así como el levantamiento de diversas oposiciones de carácter financiero e inmobiliario.

El tribunal dictaminó el no ha lugar y la consecuente exoneración de responsabilidad penal a los ciudadanos José Ramón Francisco de Jesús Peralta,

Gonzalo Castillo Terrero, Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.

En consecuencia, la magistrada ordenó el cese inmediato de todas las medidas de coerción de carácter personal que les habían sido impuestas, aclarando que en el caso del ciudadano Daniel Rosa Arias no le fueron impuestas medidas restrictivas en este dictamen.

En el aspecto civil, la decisión judicial dispone la exclusión total del proceso en calidad de terceros civilmente demandados de los siguientes ciudadanos y entidades jurídicas. César Emilio Rivas Martínez, José Martínez Quirico (y/o de Martínez),

Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de imposición de medidas de coerción reales (embargos y congelamiento de fondos) que había sido interpuesta.

Desde la tarde de este viernes se vivió un ambiente de intensa expectativa e incertidumbre en el salón de audiencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde los imputados del Caso Calamar, sus abogados y decenas de periodistas esperan el fallo, sus abogados y decenas de periodistas esperan la decisión que ya acumulaba horas de retraso.

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, había convocado a las partes de manera formal para las 3:00 de la tarde para dar a conocer su decisión.

Sin embargo, pasadas las 6:00 de la tarde, la magistrada todavía se encuentra encerrada en su despacho de la segunda planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ponderando la decisión de si enviaba a juicio de fondo a los acusados del sonado caso.

Ante la larga espera, el escenario en el tribunal reflejaba el agotamiento y los nervios de los presentes. Mientras algunos implicados permanecian dentro de la sala de audiencias, otros, junto a sus consejos de defensa, caminan de un lado a otro por los pasillos del Palacio de Justicia, atentos a cualquier movimiento del personal del tribunal que anticipe la llegada de la jueza.

A medida que pasaban las horas de la noche, la expectativa crecía en el tribunal.

La magistrada Ramírez debía decidir si envíaba a juicio de fondo a los exministros Donald Guerrero (Hacienda), José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas), quienes encabezan la lista de los acusados en este presunto entramado de corrupción.

Junto a ellos, también esperan la resolución el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

El Ministerio Público acusa al grupo de delitos graves que incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña. Tanto el órgano acusador como los abogados del Estado dominicano han solicitado de manera formal un auto de apertura a juicio.

Por el contrario, los equipos de defensa han pedido al tribunal rechazar el pedimento del Ministerio Público y dictar, en su lugar, un auto de “no ha lugar”, alegando la inocencia de sus representados.

Cabe destacar que, más temprano, a las 9:00 de la mañana, estaba prevista la lectura de la decisión respecto al exsenador Rafael Porfirio Calderón, cuyo proceso había sido separado provisionalmente por motivos de salud. La lectura del fallo fue fijada para el 19 de junio.

Esta esperada resolución se produce tras más de cinco años desde que se iniciaron los primeros interrogatorios en febrero de 2021. A lo largo del proceso, las defensas han criticado duramente el caso, señalando que el expediente ha excedido de manera irrazonable los plazos de la ley y cuestionando la validez de los informes de la Unidad Antifraude de la Contraloría.