Opinión
Abinader montado sobre una dictadura institucional
Por Narciso Isa Conde
A partir de las votaciones presidenciales y congresuales, el régimen de Abinader-PRM, además de contar con el respaldo y la participación directa de representantes del poder oligárquico capitalista y del imperialismo occidental en su gobierno, pasa a controlar absolutamente todos los poderes institucionales del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con una fuerte impronta ultra conservadora.
La mayoría aplastante del PRM, y más aún del PRM y aliados, no augura reformas sociales y políticas progresivas en vertientes como latifundio, monopolios, oligopolios, régimen de propiedad, soberanía y autodeterminación, medio ambiente, relaciones de género y derechos de la mujer, sistema electoral y de partidos, salud y seguridad social, política exterior, sistema eléctrico, relaciones obrero-patronales, y vínculos con el resto del mundo…
PREDOMINIO CONSERVADOR Y CONTRA-REFORMAS.
En ese orden, la orientación fundamental del continuismo contempla mantener el estatus quo esencial e imponer nuevas contra-reformas, dadas las características ultraconservadoras y la profundización de la degradación ético-moral del Congreso electo el pasado 19 de mayo, dominado aplastantemente por el PRM y aliados. Eso no excluye algunos adornos para oxigenar el dominio
• En materia fiscal, salud y seguridad social, código penal, código laboral, su actitud apunta a reformas mediocres, mediatizadas, mezcladas con contra-reformas y conservadurismos.
• En lo constitucional –además de insistir en prolongar de la aberración de mantener las funciones del órgano legislativo en todo lo relacionado con las reformas constitucionales y de seguir bloqueando la necesidad de un poder y un proceso constituyente- Abinader limita su propuesta a dos puntos de alcance limitado y de hecho ya conquistados: el candado a los actuales límites de la repostulación presidencial y la eliminación del poder ejecutivo para designar la composición de la Procuraduría General de la República. Nada nuevo ni trascendente.
ABINADER POR ATRAERLO Y LEONEL EVADIENDO EL ANZUELO.
Desde ese gran dominio institucional y el enorme apoyo recibido por las fuerzas de la nueva neo-colonialidad y de la modernización del capitalismo gansterizado, sujetas al mando de EEUU y las elites capitalista nativas, Abinader le propone al maltrecho PLD, a la protegida FUPU y a otros opositores, compartir las políticas públicas a ejecutar con la premisa cierta de que “triunfaron todos” reciclando una falsa democracia y de que “lo que los une es mucho más de lo que los separa”.
La idea es agregar a la dictadura institucional de un partido y de una clase transnacional y local, la mayor parte posible de una falsa oposición. Pero ella se enfrenta a dos señales negativas: la actitud Leonel-FUPU, quien al parecer apuesta a una oposición más intensa y la inhibición peledeista después que Abel se reuniera con Abinader.
COINCIDENCIAS FUNESTAS
Es claro que Abinader dice estas cosas, sin admitir que, aun sin unirse o pactar, siempre han coincidido – y coinciden- en la estrategia neoliberal, en la privatización del patrimonio público y natural del país, y en la sumisión a la estrategia de dominación y a la política exterior de EEUU. Y no será distinto en este nuevo periodo.
Coinciden en las APP y los FIDEICOMISOS para privatizar las infraestructuras y la naturaleza, incluida el agua; y en las intervenciones de USAID, CIA, DEA, FBI y Comando Sur, para apretar las garras militares del imperio sobre esta isla.
Han coincidido cuando son gobierno en la depredación y contaminación ambiental. Incluso entre los tres y el PRSC han destruido el 50% de los manglares del país.
Coinciden siempre en el plan minero destructivo a cargo de Falcondo, Barrick, Uni Gold, Gold Quest, Belfond…
En la negación de derechos de la mujer y la tolerancia de la violencia de género.
En el racismo anti haitiano.
En la progresiva conversión del estado delincuente en un estado religioso, que excluye la orientación laica.
En la asunción de un sistema constitucional y legal negador de democracia, con un mecanismo electoral y un régimen de partidos realmente bochornosos.
Han coincidido cuando son gobierno en proteger la salud y la educación como negocios y las ARS y AFP como empresas privadas parasitarias.
En un transporte caótico, preeminentemente privado.
En la apropiación privada del sistema energético.
En los endeudamientos onerosos, atados a los condicionantes del FMI, BID y BM.
En los impuestos al consumo tipo ITBI que masacran a los/as empobrecidos/as.
En la exclusión social y el empobrecimiento de enormes contingentes humanos.
En el reino de la corrupción.
En la impunidad propia y en una gran parte de la ajena.
En presupuestos deficitarios con una inversión de capital cada vez más baja, con un gasto corriente más alto y una elevada dependencia de préstamos y bonos internacionales.
En la dictadura mediática del gran capital privado que tanto les favorece y tanto entroniza la post verdad y la alienación cultural.
En cero reforma agraria.
En cero reforma urbana.
En nada de autodeterminación.
Progreso solo en la introducción de nuevas tecnologías atadas a los intereses de los de arriba, al engorde de una franja de los del medio, y a la reproducción de enormes desigualdades sociales.
Todos ellos al lado de las guerras del PENTÁGONO y la OTAN.
Cerca del lumpen imperialismo estadounidense en su agresiva y criminal decadencia.
Cerca del neofascismo.
Claro está: de una fórmula en expansión con esos componentes, esas características y esas coincidencias, no debemos esperar mejoras; sino el empeoramiento de lo ya exhibido en 59 años de ejercicio de malos gobiernos
Ahora, exhibiendo el monarca de turno mucho más poder, la verdad es que lo peor está por venir; sobre todo si no construimos el contrapeso sociopolítico extra-institucional y la contraparte política alternativa transformadora. Y de eso voy a escribir más adelante.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!