Opinión
Abinader montado sobre una dictadura institucional
Por Narciso Isa Conde
A partir de las votaciones presidenciales y congresuales, el régimen de Abinader-PRM, además de contar con el respaldo y la participación directa de representantes del poder oligárquico capitalista y del imperialismo occidental en su gobierno, pasa a controlar absolutamente todos los poderes institucionales del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con una fuerte impronta ultra conservadora.
La mayoría aplastante del PRM, y más aún del PRM y aliados, no augura reformas sociales y políticas progresivas en vertientes como latifundio, monopolios, oligopolios, régimen de propiedad, soberanía y autodeterminación, medio ambiente, relaciones de género y derechos de la mujer, sistema electoral y de partidos, salud y seguridad social, política exterior, sistema eléctrico, relaciones obrero-patronales, y vínculos con el resto del mundo…
PREDOMINIO CONSERVADOR Y CONTRA-REFORMAS.
En ese orden, la orientación fundamental del continuismo contempla mantener el estatus quo esencial e imponer nuevas contra-reformas, dadas las características ultraconservadoras y la profundización de la degradación ético-moral del Congreso electo el pasado 19 de mayo, dominado aplastantemente por el PRM y aliados. Eso no excluye algunos adornos para oxigenar el dominio
• En materia fiscal, salud y seguridad social, código penal, código laboral, su actitud apunta a reformas mediocres, mediatizadas, mezcladas con contra-reformas y conservadurismos.
• En lo constitucional –además de insistir en prolongar de la aberración de mantener las funciones del órgano legislativo en todo lo relacionado con las reformas constitucionales y de seguir bloqueando la necesidad de un poder y un proceso constituyente- Abinader limita su propuesta a dos puntos de alcance limitado y de hecho ya conquistados: el candado a los actuales límites de la repostulación presidencial y la eliminación del poder ejecutivo para designar la composición de la Procuraduría General de la República. Nada nuevo ni trascendente.
ABINADER POR ATRAERLO Y LEONEL EVADIENDO EL ANZUELO.
Desde ese gran dominio institucional y el enorme apoyo recibido por las fuerzas de la nueva neo-colonialidad y de la modernización del capitalismo gansterizado, sujetas al mando de EEUU y las elites capitalista nativas, Abinader le propone al maltrecho PLD, a la protegida FUPU y a otros opositores, compartir las políticas públicas a ejecutar con la premisa cierta de que “triunfaron todos” reciclando una falsa democracia y de que “lo que los une es mucho más de lo que los separa”.
La idea es agregar a la dictadura institucional de un partido y de una clase transnacional y local, la mayor parte posible de una falsa oposición. Pero ella se enfrenta a dos señales negativas: la actitud Leonel-FUPU, quien al parecer apuesta a una oposición más intensa y la inhibición peledeista después que Abel se reuniera con Abinader.
COINCIDENCIAS FUNESTAS
Es claro que Abinader dice estas cosas, sin admitir que, aun sin unirse o pactar, siempre han coincidido – y coinciden- en la estrategia neoliberal, en la privatización del patrimonio público y natural del país, y en la sumisión a la estrategia de dominación y a la política exterior de EEUU. Y no será distinto en este nuevo periodo.
Coinciden en las APP y los FIDEICOMISOS para privatizar las infraestructuras y la naturaleza, incluida el agua; y en las intervenciones de USAID, CIA, DEA, FBI y Comando Sur, para apretar las garras militares del imperio sobre esta isla.
Han coincidido cuando son gobierno en la depredación y contaminación ambiental. Incluso entre los tres y el PRSC han destruido el 50% de los manglares del país.
Coinciden siempre en el plan minero destructivo a cargo de Falcondo, Barrick, Uni Gold, Gold Quest, Belfond…
En la negación de derechos de la mujer y la tolerancia de la violencia de género.
En el racismo anti haitiano.
En la progresiva conversión del estado delincuente en un estado religioso, que excluye la orientación laica.
En la asunción de un sistema constitucional y legal negador de democracia, con un mecanismo electoral y un régimen de partidos realmente bochornosos.
Han coincidido cuando son gobierno en proteger la salud y la educación como negocios y las ARS y AFP como empresas privadas parasitarias.
En un transporte caótico, preeminentemente privado.
En la apropiación privada del sistema energético.
En los endeudamientos onerosos, atados a los condicionantes del FMI, BID y BM.
En los impuestos al consumo tipo ITBI que masacran a los/as empobrecidos/as.
En la exclusión social y el empobrecimiento de enormes contingentes humanos.
En el reino de la corrupción.
En la impunidad propia y en una gran parte de la ajena.
En presupuestos deficitarios con una inversión de capital cada vez más baja, con un gasto corriente más alto y una elevada dependencia de préstamos y bonos internacionales.
En la dictadura mediática del gran capital privado que tanto les favorece y tanto entroniza la post verdad y la alienación cultural.
En cero reforma agraria.
En cero reforma urbana.
En nada de autodeterminación.
Progreso solo en la introducción de nuevas tecnologías atadas a los intereses de los de arriba, al engorde de una franja de los del medio, y a la reproducción de enormes desigualdades sociales.
Todos ellos al lado de las guerras del PENTÁGONO y la OTAN.
Cerca del lumpen imperialismo estadounidense en su agresiva y criminal decadencia.
Cerca del neofascismo.
Claro está: de una fórmula en expansión con esos componentes, esas características y esas coincidencias, no debemos esperar mejoras; sino el empeoramiento de lo ya exhibido en 59 años de ejercicio de malos gobiernos
Ahora, exhibiendo el monarca de turno mucho más poder, la verdad es que lo peor está por venir; sobre todo si no construimos el contrapeso sociopolítico extra-institucional y la contraparte política alternativa transformadora. Y de eso voy a escribir más adelante.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.