Opinión
Abinader sigue jugando con fuego
Por Rosario Espinal
El tema haitiano en la República Dominicana es cíclico, y estaba en cierto reposo cuando el PRM llegó al poder en el 2020. Sin embargo, poco después de asumir la Presidencia, Luis Abinader asumió el tema haitiano bajo el cálculo de que es políticamente rentable. Por un lado, genera amplio apoyo en la población, y por otro, concita el apoyo de los pequeños partidos de ultraderecha que, desde el ocaso de Balaguer, habían tenido a Leonel Fernández como líder (lo llevaron de candidato en el 2020 cuando salió del PLD).
En la medida que la violencia se agudizó en Haití con el asesinato del expresidente Jovenel Moise en julio 2021, Abinader se dedicó a pedir a la comunidad internacional que se hiciera cargo de Haití porque la República Dominicana no podía.
Su solicitud ha tenido escasa respuesta internacional porque ningún país quiere asumir el costo económico y político de intervenir militarmente a Haití. Además, ningún país estaba pidiendo a la República Dominicana que se hiciera cargo.
Al hacer sonoro el tema haitiano desde la victimización dominicana, el presidente Abinader ha concitado aplausos, pero también ha contribuido a desatar los demonios. Porque, si hay algo que la inmensa mayoría de los dominicanos detesta es la presencia de haitianos en la República Dominicana, aunque esos inmigrantes cultiven la mayoría de los alimentos y construyan las obras de infraestructura.
Conocedores de esa realidad, los principales voceros del anti haitianismo han aprovechado para subir el volumen de sus bocinas y rápidamente se unieron los replicadores. Leña al fuego.
Lo que Abinader no ha calculado bien todavía es que lo que es igual no es ventaja. Ahora todos los políticos compiten a ver cuál suena más patriótico.
Hace unos meses en el Congreso tumbaron la Ley de Trata que presentó el Poder Ejecutivo, y, en el debate, el Gobierno apareció antipatriótico y la oposición patriótica. Atacado por todos lados, el Gobierno retiró el proyecto supuestamente para hacerle cambios. No ha vuelto a someterlo.
Abinader es ahora preso de su propia estrategia. Tiene que encontrar con cierta frecuencia razones para redoblar el miedo dominicano hacia lo haitiano. Nada particularmente difícil porque, como dije, la inmensa mayoría de los dominicanos no quiere a los haitianos en territorio dominicano y cuenta con un sinnúmero de razones y epítetos para justificarlo.
Pero ojo: la problemática haitiana es muy compleja y presenta grandes retos a la República Dominicana para manipularla políticamente.
Anunciar ahora un cierre de frontera por la controversia con la construcción de un canal del lado haitiano que tomaría agua del río Masacre es simplemente hacer ruido político. República Dominicana exporta muchos productos a Haití y no puede darse el lujo de impedir las exportaciones y que colapse un sector de la economía.
Haití no tiene capacidad de desarrollar proyectos de infraestructura, y muchos menos agentes informales que, según el propio presidente Abinader, son los que levantan la construcción. Por tanto, en vez de aspaviento, al Gobierno que tome medidas efectivas de control en el terreno.
Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.