Opinión
Abril, patrimonio y soberanía
Por Narciso Isa Conde
Abril es símbolo de la lucha por la soberanía.
Por la soberanía negada en tanto autodeterminación política (gobierno de Bosch-Constitución de 1963) y en tanto ocupación militar de territorio (Invasión Yanqui 1965).
Patria y patrimonio, que vienen de patriarcado -y que bien pudiera ser también matria- es Nación, recursos naturales, país, identidad cultural…
Recursos naturales son seres humanos, territorio y entorno marítimo.
Territorio es suelo (superficie, tierra, rocas, piedras…), subsuelo (lo que está debajo del suelo: aguas subterráneas, capas vegetales, rocas profundas, minerales líquidos y sólidas, gases comprimidos, restos de civilizaciones enterradas…) y el sobre-suelo abarca todo lo que está por encima de la superficie terrestre: flora, fauna, ríos, lagos, lagunas, aire, nubes….
Al paso de lo años, décadas, siglos, milenios… los seres humanos se organizan como tribus, poblaciones, sociedades; incluso se forjan como pueblos con determinadas identidades culturales (étnicas, alimenticias, costumbres, trayectorias históricas, cualidades, hábitos, condiciones laborales, relaciones políticas…)
Igual esas poblaciones organizadas pasan a ser colonias, semicolonias y neo-colonias bajo dominios imperialistas; o se constituyen en naciones soberanas o en países con independencias formales o ficticias.
A su vez se organizan como sociedades bajo determinados modos de producción, distribución, Estados, instituciones y sistemas políticos a lo largo de su historia.
En 1963, en el contexto de un capitalismo dependiente, pero no tan dependiente como hoy, el gobierno del profesor Juan Bosch, basándose en la avanzada Constitución de 1963 y en la organización estatal derivada de ella, intentó rescatar soberanía política, ejercer autodeterminación, construir democracia y establecer control sobre su patrimonio y su territorio.
Ese le costó su derrocamiento a cargo de los EEUU y del “bando traidor y parricida” (cívico-militar), del que nos habló Juan Pablo Duarte.
Triunvirato: Gobernación de colonia
La asunción del gobierno por el Triunvirato golpista le imprimió de nuevo la condición de gobernación de colonia al poder establecido, hasta que dos años después, en 1965, una revolución popular, cívico-militar, popular y soberana intentó recuperar y profundizar el proyecto liderado por el Profesor Bosch; el cual -tan pronto mostró su rostro victorioso sobre la fuerzas golpistas- fue brutalmente bloqueado por la intervención militar de EEUU, imponiendo a continuación:
-La usurpación para sí del poder político central.
-El control del territorio.
-La apropiación de patrimonios vía contratos, convenios y concesiones.
-La continuidad de la intervención militar, primero a través de sus tropas y luego de sus asesores, de las redes de la CIA y otros cuerpos de seguridad, y de la subordinación de los cuerpos militares y policiales criollos reconstruidos bajo su tutela.
-La dependencia financiera y comercial.
-Las inversiones leoninas.
Recolonización Neoliberal
Y más allá de esta lista vale señalar, que en el marco de esa dependencia, de las sucesivas crisis estructurales y el progresivo endurecimiento del sistema capitalista-imperialista mundial -del cual la República Dominicana y esta isla es un pequeño eslabón de la cadena de dominación de EEUU- tuvo lugar la reestructuración neoliberal impuesta por sus centros hegemónicos y la evolución de sus crisis hacia una crisis integral de toda la civilización burguesa; exhibiendo un sistema imperialista enfermo, senil, militarizado, carente de recursos naturales vitales para su continuidad, negador en mayor escala de soberanía y altamente destructivo.
Eso explica la ofensiva del gran capital sobre todo los países del sistema, incluida la República Dominicana, que registra una deuda extrema superior a la mitad de su PIB y ha comprometido alrededor del 50% de su presupuesto nacional en el pago de sus intereses y amortizaciones.
Explica a la vez la altísima voracidad del capital transnacional (con sede en sus países centrales) sobre los recursos naturales de todos los países del sistema, incluido el nuestro. Veamos:
-Barrick Gold desplegando su plan depredador y contaminador en Pueblo Viejo y zonas aledañas.
-Xstrata Niquel-Falcondo arrastrando un pasivo ambiental en Loma Peguera y Loma Ortega del 85% del área depredada, equivalente a 2,000 millones de dólares y pretendiendo apoderarse (para destruirla) de Loma Miranda, tesoro de agua y biodiversidad situado en plena Cordillera Central.
-Otras doscientas concesiones de exploración minera a lo largo y ancho de la Cordillera Central, casi todas situadas en las proximidades de nacimientos y cuencas de ríos que nacen en ese enorme reservorio de agua, el principal del país. 475 concesiones de exploración y explotación en todo el país.
-La ominosa amenaza que pende sobre la Sierra de Yamasá (Siete Picos) a cargo de la Gold Corp, que procura extraer oro, plata y cobre precisamente en la zona de nacimiento de los ríos Osama, Isabela, Río Verde, Río Yamasá, Guanuma, Máyiga y Básima.
-La poderosa Gold Guest se apresta a engullirse en San Juan de la Maguana, a costa de una gran tragedia medio-ambiental, enormes yacimientos de oro y plata, cuya explotación a cielo abierto tendría efectos letales sobre ríos, bosques, fauna y flora de esa provincia y especialmente del área de la misma ubicada en la Cordillera Central.
-La determinación de la canadiense UNI Gold de explotar la mina de oro de Restauración, con efectos catastróficos sobre todo el sistema de ríos y áreas verdes en ese punto fronterizo con Haití.
Esto solo para mencionar los puntos donde el peligro es más inminente en la vertiente de la minera destructiva. Restan por nombrar otras situaciones delicadas en muchos puntos del país, incluido San Cristóbal, Pedernales y Puerto Plata.
A la concesiones mineras -una con fines de explotación, otras con el propósito de violar áreas protegidas y controlar costas, montañas y lagos- se le agregan los contratos y los fideicomisos para apropiarse de zonas con vocación turísticas, vías de acceso, peajes, que con el avance impetuoso de la rapacidad privatizadora-extranjerizadora del patrimonio publico y natural de la nación, conforman un país concesionado y tomado, en tren de ser totalmente saqueado, depredado, contaminado y destruido.
Magnates criollos, funcionarios y corporaciones extrajeras se han apropiado del patrimonio natural del país, con el apoyo de los gobiernos neo-liberalizados y corrompidos del PLD y PRD; ambos herederos del balaguerismo.
Abundan los detalles que confirman esos designios:
-A la ricachona Diana Vilches le aprobaron ilegalmente “concesiones de títulos” sobre tres parques nacionales, Sierra Martín García incluida.
-Pablo Piñeira se adueñó de áreas costeras en Samaná, Río San Juan y Bávaro.
-Pepe Hidalgo (Globalia), avanzando hacia Parque del Este, influyó en ley 202-4 para morder una franja costera de 275,000 metros.
-Carlos Sánchez, preso en España (escándalo Marbella), adquirió dolosamente, vía Banco Central, enormes extensiones en la Costa Norte.
-El Central Romana de los Fanjul ocupa terrenos del Parque de Este, procurando modificar la ley.
-Los Hazoury ocuparon Cap-Cana, parte de la Galera y Bahía Rincón, agrediendo áreas protegidas.
Pero la peor corrupción es la privatización y extranjerización del suelo, sub-suelo y sobre-suelo, (incluidas fuentes de agua, recursos naturales diversos y hermosas áreas turísticas) mediante “concesiones mineras” y otros subterfugios, ya para ejecutar explotaciones que conllevan su destrucción, ya para apropiarse de su valor.
-En ese tenor los ríos Artibonito, Mao, Guayubín, Hinaje, Masacre, La Sidra de Toma, Limpio, Soca y Neita se los está cogiendo UNIGOLD; además de concesiones mineras ubicadas al borde del Parque Nalga de Maco.
-El Yaque del Norte, Yuna y afluentes están plagados de concesiones a la Barrick Gold, La Hispaniola y otras corporaciones mineras.
-Gold Corp –como ya señalamos- tiene concesiones en Sierra de Yamasá, donde nacen los ríos que le dan vida al Gran Santo Domingo y una parte de las provincias del Este del país.
-El Yaque del Sur, Mahoma, Mahomita, Nizao, Nigua y Haina están igualmente afectados.
-Concesiones “mineras” en La Colonia, Nizao, Costa Sur, Llanura Costera del Este, Costa Norte, Higüey y Los Haitises, se dedican a inversiones turísticas e inmobiliarias.
-El empresario peledeista Carlos Osoria tiene licencia para depredar el Yuna, Jayaco, Maimón…
-El Senador de Monte Cristi (PLD) Heinz Vieluf, el general Florentino Florentino y el empresario Freddy López se han adueñado de terrenos y manglares del Área Protegida de la Bahía de Luperón.
-Chester Stward, apoyada oficialmente, se cogió Playa del Puerto.
Rebeca MacDonald se apoderó de valiosas playas en Costa Norte, incluidas Caletón de Darío, Caletón Grande, Caletón Chiquito y La Boquita.
-José Clase, se está apoderando de la playa pública “La Playita”, incluido el monumentos a Héroes del 1949 y el 59 y bloqueando rutas de acceso con escombros.
Lumpen-Imperialismo y pueblos sin territorios y sin soberanía
La “patente de corso” la aprueba o refrenda cada Presidente de turno vía Dirección de Minería y Ministerio de Medio Ambiente; mientras el denominado proyecto de la Ley de Aguas persigue sentar las bases para convertir en propiedad privada el más valioso de todos los recursos territoriales.
El resultado es un país sin territorio para la vida de su pueblo.
Un país sin soberanía, recolonizado por las grandes potencias capitalistas ya no para establecer un determinado orden dependiente, sino para apoderarse de esas riquezas naturales a costa de su destrucción. Algo común a todas las naciones recolonizadas.
Esto concuerda con la caracterización formulada por el investigador marxista argentino, experto en prospectiva, Jorge Beinstein, respecto a la esencia del decadente sistema capitalista imperialista, de cara al presente y al futuro de la humanidad:
“El capitalismo ya no tiene horizonte positivo de referencia, su futuro visible se retrae a una velocidad inesperada, la crisis psicológicas de las elites centrales aumenta en una progresión geométrica (y también su peligrosidad, su irracionalidad). Si llevamos hasta las últimas consecuencias las tendencias decisivas del sistema (destrucción ambienal, concentración de ingresos, militarización, parasitismo, etc.) su posible supervivencia aparece bajo la forma de escenarios monstruosos marcados por grandes genocidios y desastres ecológicos cuya magnitud no tiene precedente en la historia humana. (J.Beinstein. COMUNISMO DEL SIGLO XXI, Editorial Trinchera, Caracas, Venezuela, pag. 11)
¡Lumpen imperialismo en acción depredadora!
- La isla se salva si dos pueblos se rebelan.
Aquí avanza ese proceso perverso y en Haití todo se multiplica para peor. Nuestra hermosa isla caribeña está concretamente amenazada de destrucción.
La reapropiación de la renta territorial en la forma descrita, al tiempo de elevar vertiginosamente las ganancias y el poder de las corporaciones asociadas al bando lumpen-burgués criollo, acelera el proceso de empobrecimiento de los seres humanos y de su entorno en toda la isla, exponiéndolas al colapso económico, político, social y natural.
Sus dos territorios dejan, con ritmos y tiempos diferentes, de ser fuentes de vida para sus pueblos.
La soberanía es previamente anulada para lograr ese objetivo imperial.
Los recursos naturales, incluidos los seres humanos, son rapazmente esquilmados, exprimidos y destrozados por esa impronta brutal del gran capital.
A los pueblos como el nuestro solo lo salva la indignación y movilización multitudinaria, la organización y conciencia capaces de crear un contra-poder popular-ciudadano que recupere el territorio y construya, en permanente creación, un poder del pueblo, armónico con sus intereses colectivos y con la constante reproducción del resto de la naturaleza y de la vida.
Abril es un mes para reflexionar y actuar en función de esa imperiosa necesidad.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.