Opinión
Abril, patrimonio y soberanía
Por Narciso Isa Conde
Abril es símbolo de la lucha por la soberanía.
Por la soberanía negada en tanto autodeterminación política (gobierno de Bosch-Constitución de 1963) y en tanto ocupación militar de territorio (Invasión Yanqui 1965).
Patria y patrimonio, que vienen de patriarcado -y que bien pudiera ser también matria- es Nación, recursos naturales, país, identidad cultural…
Recursos naturales son seres humanos, territorio y entorno marítimo.
Territorio es suelo (superficie, tierra, rocas, piedras…), subsuelo (lo que está debajo del suelo: aguas subterráneas, capas vegetales, rocas profundas, minerales líquidos y sólidas, gases comprimidos, restos de civilizaciones enterradas…) y el sobre-suelo abarca todo lo que está por encima de la superficie terrestre: flora, fauna, ríos, lagos, lagunas, aire, nubes….
Al paso de lo años, décadas, siglos, milenios… los seres humanos se organizan como tribus, poblaciones, sociedades; incluso se forjan como pueblos con determinadas identidades culturales (étnicas, alimenticias, costumbres, trayectorias históricas, cualidades, hábitos, condiciones laborales, relaciones políticas…)
Igual esas poblaciones organizadas pasan a ser colonias, semicolonias y neo-colonias bajo dominios imperialistas; o se constituyen en naciones soberanas o en países con independencias formales o ficticias.
A su vez se organizan como sociedades bajo determinados modos de producción, distribución, Estados, instituciones y sistemas políticos a lo largo de su historia.
En 1963, en el contexto de un capitalismo dependiente, pero no tan dependiente como hoy, el gobierno del profesor Juan Bosch, basándose en la avanzada Constitución de 1963 y en la organización estatal derivada de ella, intentó rescatar soberanía política, ejercer autodeterminación, construir democracia y establecer control sobre su patrimonio y su territorio.
Ese le costó su derrocamiento a cargo de los EEUU y del “bando traidor y parricida” (cívico-militar), del que nos habló Juan Pablo Duarte.
Triunvirato: Gobernación de colonia
La asunción del gobierno por el Triunvirato golpista le imprimió de nuevo la condición de gobernación de colonia al poder establecido, hasta que dos años después, en 1965, una revolución popular, cívico-militar, popular y soberana intentó recuperar y profundizar el proyecto liderado por el Profesor Bosch; el cual -tan pronto mostró su rostro victorioso sobre la fuerzas golpistas- fue brutalmente bloqueado por la intervención militar de EEUU, imponiendo a continuación:
-La usurpación para sí del poder político central.
-El control del territorio.
-La apropiación de patrimonios vía contratos, convenios y concesiones.
-La continuidad de la intervención militar, primero a través de sus tropas y luego de sus asesores, de las redes de la CIA y otros cuerpos de seguridad, y de la subordinación de los cuerpos militares y policiales criollos reconstruidos bajo su tutela.
-La dependencia financiera y comercial.
-Las inversiones leoninas.
Recolonización Neoliberal
Y más allá de esta lista vale señalar, que en el marco de esa dependencia, de las sucesivas crisis estructurales y el progresivo endurecimiento del sistema capitalista-imperialista mundial -del cual la República Dominicana y esta isla es un pequeño eslabón de la cadena de dominación de EEUU- tuvo lugar la reestructuración neoliberal impuesta por sus centros hegemónicos y la evolución de sus crisis hacia una crisis integral de toda la civilización burguesa; exhibiendo un sistema imperialista enfermo, senil, militarizado, carente de recursos naturales vitales para su continuidad, negador en mayor escala de soberanía y altamente destructivo.
Eso explica la ofensiva del gran capital sobre todo los países del sistema, incluida la República Dominicana, que registra una deuda extrema superior a la mitad de su PIB y ha comprometido alrededor del 50% de su presupuesto nacional en el pago de sus intereses y amortizaciones.
Explica a la vez la altísima voracidad del capital transnacional (con sede en sus países centrales) sobre los recursos naturales de todos los países del sistema, incluido el nuestro. Veamos:
-Barrick Gold desplegando su plan depredador y contaminador en Pueblo Viejo y zonas aledañas.
-Xstrata Niquel-Falcondo arrastrando un pasivo ambiental en Loma Peguera y Loma Ortega del 85% del área depredada, equivalente a 2,000 millones de dólares y pretendiendo apoderarse (para destruirla) de Loma Miranda, tesoro de agua y biodiversidad situado en plena Cordillera Central.
-Otras doscientas concesiones de exploración minera a lo largo y ancho de la Cordillera Central, casi todas situadas en las proximidades de nacimientos y cuencas de ríos que nacen en ese enorme reservorio de agua, el principal del país. 475 concesiones de exploración y explotación en todo el país.
-La ominosa amenaza que pende sobre la Sierra de Yamasá (Siete Picos) a cargo de la Gold Corp, que procura extraer oro, plata y cobre precisamente en la zona de nacimiento de los ríos Osama, Isabela, Río Verde, Río Yamasá, Guanuma, Máyiga y Básima.
-La poderosa Gold Guest se apresta a engullirse en San Juan de la Maguana, a costa de una gran tragedia medio-ambiental, enormes yacimientos de oro y plata, cuya explotación a cielo abierto tendría efectos letales sobre ríos, bosques, fauna y flora de esa provincia y especialmente del área de la misma ubicada en la Cordillera Central.
-La determinación de la canadiense UNI Gold de explotar la mina de oro de Restauración, con efectos catastróficos sobre todo el sistema de ríos y áreas verdes en ese punto fronterizo con Haití.
Esto solo para mencionar los puntos donde el peligro es más inminente en la vertiente de la minera destructiva. Restan por nombrar otras situaciones delicadas en muchos puntos del país, incluido San Cristóbal, Pedernales y Puerto Plata.
A la concesiones mineras -una con fines de explotación, otras con el propósito de violar áreas protegidas y controlar costas, montañas y lagos- se le agregan los contratos y los fideicomisos para apropiarse de zonas con vocación turísticas, vías de acceso, peajes, que con el avance impetuoso de la rapacidad privatizadora-extranjerizadora del patrimonio publico y natural de la nación, conforman un país concesionado y tomado, en tren de ser totalmente saqueado, depredado, contaminado y destruido.
Magnates criollos, funcionarios y corporaciones extrajeras se han apropiado del patrimonio natural del país, con el apoyo de los gobiernos neo-liberalizados y corrompidos del PLD y PRD; ambos herederos del balaguerismo.
Abundan los detalles que confirman esos designios:
-A la ricachona Diana Vilches le aprobaron ilegalmente “concesiones de títulos” sobre tres parques nacionales, Sierra Martín García incluida.
-Pablo Piñeira se adueñó de áreas costeras en Samaná, Río San Juan y Bávaro.
-Pepe Hidalgo (Globalia), avanzando hacia Parque del Este, influyó en ley 202-4 para morder una franja costera de 275,000 metros.
-Carlos Sánchez, preso en España (escándalo Marbella), adquirió dolosamente, vía Banco Central, enormes extensiones en la Costa Norte.
-El Central Romana de los Fanjul ocupa terrenos del Parque de Este, procurando modificar la ley.
-Los Hazoury ocuparon Cap-Cana, parte de la Galera y Bahía Rincón, agrediendo áreas protegidas.
Pero la peor corrupción es la privatización y extranjerización del suelo, sub-suelo y sobre-suelo, (incluidas fuentes de agua, recursos naturales diversos y hermosas áreas turísticas) mediante “concesiones mineras” y otros subterfugios, ya para ejecutar explotaciones que conllevan su destrucción, ya para apropiarse de su valor.
-En ese tenor los ríos Artibonito, Mao, Guayubín, Hinaje, Masacre, La Sidra de Toma, Limpio, Soca y Neita se los está cogiendo UNIGOLD; además de concesiones mineras ubicadas al borde del Parque Nalga de Maco.
-El Yaque del Norte, Yuna y afluentes están plagados de concesiones a la Barrick Gold, La Hispaniola y otras corporaciones mineras.
-Gold Corp –como ya señalamos- tiene concesiones en Sierra de Yamasá, donde nacen los ríos que le dan vida al Gran Santo Domingo y una parte de las provincias del Este del país.
-El Yaque del Sur, Mahoma, Mahomita, Nizao, Nigua y Haina están igualmente afectados.
-Concesiones “mineras” en La Colonia, Nizao, Costa Sur, Llanura Costera del Este, Costa Norte, Higüey y Los Haitises, se dedican a inversiones turísticas e inmobiliarias.
-El empresario peledeista Carlos Osoria tiene licencia para depredar el Yuna, Jayaco, Maimón…
-El Senador de Monte Cristi (PLD) Heinz Vieluf, el general Florentino Florentino y el empresario Freddy López se han adueñado de terrenos y manglares del Área Protegida de la Bahía de Luperón.
-Chester Stward, apoyada oficialmente, se cogió Playa del Puerto.
Rebeca MacDonald se apoderó de valiosas playas en Costa Norte, incluidas Caletón de Darío, Caletón Grande, Caletón Chiquito y La Boquita.
-José Clase, se está apoderando de la playa pública “La Playita”, incluido el monumentos a Héroes del 1949 y el 59 y bloqueando rutas de acceso con escombros.
Lumpen-Imperialismo y pueblos sin territorios y sin soberanía
La “patente de corso” la aprueba o refrenda cada Presidente de turno vía Dirección de Minería y Ministerio de Medio Ambiente; mientras el denominado proyecto de la Ley de Aguas persigue sentar las bases para convertir en propiedad privada el más valioso de todos los recursos territoriales.
El resultado es un país sin territorio para la vida de su pueblo.
Un país sin soberanía, recolonizado por las grandes potencias capitalistas ya no para establecer un determinado orden dependiente, sino para apoderarse de esas riquezas naturales a costa de su destrucción. Algo común a todas las naciones recolonizadas.
Esto concuerda con la caracterización formulada por el investigador marxista argentino, experto en prospectiva, Jorge Beinstein, respecto a la esencia del decadente sistema capitalista imperialista, de cara al presente y al futuro de la humanidad:
“El capitalismo ya no tiene horizonte positivo de referencia, su futuro visible se retrae a una velocidad inesperada, la crisis psicológicas de las elites centrales aumenta en una progresión geométrica (y también su peligrosidad, su irracionalidad). Si llevamos hasta las últimas consecuencias las tendencias decisivas del sistema (destrucción ambienal, concentración de ingresos, militarización, parasitismo, etc.) su posible supervivencia aparece bajo la forma de escenarios monstruosos marcados por grandes genocidios y desastres ecológicos cuya magnitud no tiene precedente en la historia humana. (J.Beinstein. COMUNISMO DEL SIGLO XXI, Editorial Trinchera, Caracas, Venezuela, pag. 11)
¡Lumpen imperialismo en acción depredadora!
- La isla se salva si dos pueblos se rebelan.
Aquí avanza ese proceso perverso y en Haití todo se multiplica para peor. Nuestra hermosa isla caribeña está concretamente amenazada de destrucción.
La reapropiación de la renta territorial en la forma descrita, al tiempo de elevar vertiginosamente las ganancias y el poder de las corporaciones asociadas al bando lumpen-burgués criollo, acelera el proceso de empobrecimiento de los seres humanos y de su entorno en toda la isla, exponiéndolas al colapso económico, político, social y natural.
Sus dos territorios dejan, con ritmos y tiempos diferentes, de ser fuentes de vida para sus pueblos.
La soberanía es previamente anulada para lograr ese objetivo imperial.
Los recursos naturales, incluidos los seres humanos, son rapazmente esquilmados, exprimidos y destrozados por esa impronta brutal del gran capital.
A los pueblos como el nuestro solo lo salva la indignación y movilización multitudinaria, la organización y conciencia capaces de crear un contra-poder popular-ciudadano que recupere el territorio y construya, en permanente creación, un poder del pueblo, armónico con sus intereses colectivos y con la constante reproducción del resto de la naturaleza y de la vida.
Abril es un mes para reflexionar y actuar en función de esa imperiosa necesidad.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!