Opinión
Abstención erosiona a los tres; PRM aplasta PLD y FP
Por Narciso Isa Conde
Avanza dictadura institucional PRM-EMPRESARIAL
A lo largo de los 58 años posteriores a la intervención militar de EEUU en 1965 y del despliegue de la contrarrevolución imperialista, síndicos o alcaldes, y sus consejos de regidores, han sido en gran medida instrumentos de partidos convertidos en compañías por acciones y de empresarios y mafias políticas que controlan alcaldías; mientras los partidos de gobierno siempre han procurado convertirlos en órganos del oficialismo.
Este proceso alcanzó niveles extremos en este periodo constitucional y se evidenció más aún -y en forma descarada- a lo largo de esta campaña electoral municipal; dominada por un partidismo conservador integrado por el PRM, PLD y FP, con fuertes inclinaciones neofascistas.
En esta oportunidad la concepción política que desde la presidencia de la república tiende a liquidar la independencia de los demás poderes del Estado, llegó al extremo de que los candidatos presidenciales encabezaron la campaña electoral municipal, con el propósito de controlar centralmente las alcaldías.
Dentro de ese clima perverso, el PRM y Luis Abinader se atrevieron a anunciar UN SOLO GOBIERNO, aludiendo a la unificación centralizada de todos los poderes del Estado bajo su control; lo que implica romper cánones fundamentales de la maltrecha democracia representativa y del liberalismo político, para imponer una dictadura partidocrática-empresarial.
Se atrevieron a plantear abiertamente esa fórmula dictatorial, porque todas las encuestas (no truqueadas) le aseguraban barrer a las dos desacreditadas mafias peledianas; en unos comicios montados sobre un sistema electoral excluyente del resto del sistema de partidos, agrupados o no en los dos bloques electorales (oficialista y “opositor”); y porque gran parte de la sociedad dominicana aplauden cualquier vía que implique castigar, disolver, a los dos PLD y a sus socios en tantas suciedades.
Los resultados de electorales del pasado 18 de febrero materializan parcialmente ese propósito dictatorial y sellan dentro de la hegemonía casi absoluta de un partido dominado por una elite empresarial, la subordinación del poder municipal, el cual, arrastrado por los designios del gobierno central y la voluntad presidencial, favorece la minimización de esas organizaciones opositoras.
Además, las alcaldías son débiles frente al Poder Ejecutivo.
Siempre han estado sometidas a presupuestos muy precarios e ilegales.
Los impuestos territoriales a corporaciones privadas son bajísimos y para colmo no los pagan y nadie se los cobra.
La reciente ley de ordenamiento territorial las despoja del derecho a autorizar y fiscalizar proyectos de alcance nacional con sede en su territorio. El Consejo de Gobierno y el presidente de la república deciden.
Ese cuadro habrá de empeorarse.
Cierto que el PRM arrasó a los dos PLD y casi los condenó a la extinción acelerada, pero por más que se oculte la verdad, estas votaciones además desnudan palmariamente, que las dos alianzas y todo ese sistema de partidos fue derrotado por una gran abstención,
· DERECHO A NO VOTAR DERROTÓ EL DERECHO A VOTAR.
Al tiempo que los defensores del sistema exaltan el derecho a votar y silencian el derecho a no votar, califican tales votaciones de “fiesta de la democracia”; sin evaluar la suma de trampas estructurales, ilegalidades y violaciones puntuales a las normativas legales y administrativas, cometidas en todas las fases del proceso.
De todas maneras, esta vez la decisión de ejercer el derecho a no votar, derrotó la ejecución del derecho a votar, al registrarse una gran abstención.
El padrón de la JCE supera los 8 millones de votantes, y los votos emitidos están por debajo de 4 millones.
Pero la cuestión se torna mucho más grave en las provincias de mayor cantidad de electores y a la vez las más pobladas, de acuerdo a las primeras proyecciones, donde la abstención llega a más del 60 y del 80 % del padrón electoral
La suma de los votos emitidos está bastante por debajo del total de los electores/as en esas provincias y municipios.
La alianza oficialista integrada por 25 partidos y la opositora por 4, cada una por separado, fueron vencidas por una abstención con un porcentaje más alto que la abstención general.
El componente fundamental de la abstención es juvenil, campesino y de sectores empobrecidos de las ciudades.
Además, en el contexto de unas elecciones estructuralmente tramposas y fraudulentas en varias vertientes, abundaron las violaciones impunes a todas las prohibiciones y a todas las normativas en relación con el uso de celulares, propaganda frente a los recintos de votación, carpas de partidos, compra de cédulas, bebederas y “teteos”.
Es esto lo que ha sido bautizado con el nombre de “fiesta de la democracia”, que en todo caso solo merecería el nombre de “fiesta de la partidocracia y la plutocracia”, verdadera francachela del poder de los partidos corrompidos y corruptores, y del poder del dinero, para impulsar iniciativas canallas.
· ILEGITIMIDAD DE ALCALDÍAS Y CANDIDATOS ELECTOS.
Legalidad y legitimidad son cosas diferentes.
La legitimidad exige más de la mitad de los votos válidos, trátese de personas, instituciones electas o gobiernos. Por debajo de ahí es ilegitimidad o precario apoyo popular en diferente grado,
En los resultados de estos comicios gran parte de los funcionarios y las instituciones electas obtuvieron votaciones muy por debajo de ese nivel. Abundan los porcentajes muy por debajo del padrón de su municipio o Distrito Municipal… entre el 20 y el 35%…
Síndicos, directores regidores, consejos municipales son respaldados por minorías; resulta así ilegítimos los electos e ilegítimas las instituciones que se eligen de esa manera. En fin de cuentas: procesos e instituciones antidemocráticas. El júbilo no procede ¡Nada que celebrar!
Porque un sistema electoral y de partidos incapaces de atraer mayorías no sirve; y el tema resulta aún más grave cuando no logra entusiasmar a los/as jóvenes, que son una mayoría creciente y facilitar la compra de votos.
Esto implica pérdida de autoridad de gobiernos y estado, por lo que muchos jóvenes se burlan de las disposiciones oficiales. Y tan masivo y generalizado es ese fenómeno, que no hay manera de evitarlo; fruto del irrespeto bien ganado por los partidos, los comicios y las autoridades civiles y militares.
La ilegitimidad es un buen caldo de cultivo para una de dos: o para cambiarlo todo, creando un nuevo sistema, forjando democracia real, poder del pueblo; o para abrirle cancha a un mesianismo neofascista seudo-religioso…tipo Milei y Bukele, o fórmulas como las de Noboa …
De entrada, hay que decidirse a no medrar en ese proyecto que van a completar en mayo próximo en el nivel presidencial y congresual, y sus derivadas institucionales.
Es necesario influir para lograr el máximo posible de ilegitimidad electoral en la perspectiva de luchar, más allá de esa coyuntura, por cambiarlo todo desde la movilización popular; creando un poder constituyente capaz de meter en crisis el poder constituido y dar el salto necesario hacia una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA.
Después de los recientes resultados a nivel de las votaciones municipales, no es difícil pronosticar, que si no se presentan fenómenos socio-políticos sorpresivos, el impacto de los resultados de estos comicios, le facilita a Luis Abinader-PRM-CONEP-EU completar su proyecto de un solo gobierno empresarial, institucionalmente dictatorial: con su reelección en primera vuelta, con la cuasi extinción del PLD y FP a lo PRD y FP, y el dominio casi absoluto del nuevo Congreso y los demás “poderes del Estado”.
Como también entender, que en este país, el paso a ese nuevo escalón podría tener en perspectiva un costo más alto de ilegitimidad para quienes lo están imponiendo y un desgaste mayor a mediano plazo.
Un costo político que es preciso estimular, cerrándole a la vez el paso a su desdoblamiento como neofascismo; apostando a la quiebra total de este sistema de partidos y este desorden institucional, y creando una alternativa a esta nueva modalidad de dictadura.
Algo factible, porque lo acontecido revela que el PRM, al tiempo de tener poder para diezmar al PLD, FP, PRD y asociados, va perdiendo progresivamente legitimidad y acumulando descontento en su contra.
El PRM es grande frente al PLD, FP y asociados. Pero frente al pueblo que deja de creer en las bondades del sistema de partidos y de esta falsa democracia, se va achicando paso a paso; lo que se expresa por el momento en la abstención que ilegitima sus candidaturas y cargos electivos.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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