Opinión
Ada Balcácer y los años sesenta
Por Andrés L. Mateo
Lo que ha quedado en el espíritu de quienes sobrevivimos a la movilidad social de los años sesenta habiéndola reflexionado es sobrecogedor. Los del sesenta hemos sobrevivido de derrumbe en derrumbe, y casi naufragado en el amargo signo de nuestra época: la perversión y la muerte. Con la desaparición de Trujillo sobrevino una idea de la libertad; quitamos los cerrojos de los labios, hicimos poemas, pintamos cuadros y armamos esculturas, nos desgarramos gritando el sueño de una reconquista de nosotros mismos, casi perdidos y tomados por los bríos del ideal, con las camisas en llamas, jurando exterminar la explotación del hombre por el hombre. Fue un viaje, un largo periplo hacia nosotros mismos que no estuvo libre del martirologio y la lucha ideológica.
Justo ahí, en esa década convulsa, aparece Ada Balcácer. Y es importante referirnos a la década de los años sesenta, porque mucha gente piensa que la desaparición de Trujillo sirvió únicamente para situarnos de golpe en medio de los aires de libertad que el continente americano respiraba. Pero no fue así, porque el trujillismo era también la forma más concreta de enajenación de la identidad que conoce la historia dominicana y la manera más efectiva de desvincularnos de las corrientes del pensamiento universal.
Con Trujillo se enmascaró de tal forma al ser dominicano que él nos podía emparentar con la gesta hispánica del Cid Campeador y abolir de un plumazo al ser concreto que se expresaba en la realidad social; desterrando al negro, suprimiendo por decreto las creencias mágico-religiosas, apostrofando las manifestaciones de la cultura popular y adulterando los imaginarios que conforman la vida del pueblo llano, para convertirnos en españoles allende los mares.
Si miramos las series con las que ella se presenta, de inmediato nos asaltará el carácter subversivo de sus propuestas pictóricas.
Lo que se abrió fue, por lo tanto, una búsqueda desesperada del ser nacional. Fue de ahí que surgieran los movimientos como Arte y Liberación, los grupos literarios como La Generación del Sesenta, los grupos El Puño, La Isla, La Máscara, etc. Y surgieron, también, los pintores que, viniendo de la academia, se lanzaron a buscar las raíces del ser nacional. Ada irrumpió en ese momento, y ella no lo sabía, pero hoy podemos leer su pintura como la insurgencia de un discurso contestatario que se plantaba ante sí mismo, derribando las barreras de la enajenación ideológica que el absolutismo trujillista había legitimado. La palabra enajenación quiere decir alejarse de sí mismo, no reconocerse en su mismidad, ser distante de lo que constituye el verdadero ser de una persona o de una comunidad nacional. Y eso era lo que había ocurrido en la historia dominicana de los treinta y un años de la Era. Si miramos las series con las que ella se presenta, de inmediato nos asaltará el carácter subversivo de sus propuestas pictóricas.
¿Qué había en esos trazos amenazantes, en esa persistencia de la luz (la luz es una obsesión ingobernable en Ada, no cualquier luz, a lo Caravaggio, por ejemplo; sino la luz del trópico que es tan sugerente y omnipresente que ciega), en esa recuperación de lo ancestral que prefiguran la mirada elusiva y las múltiples tetas de “Tatica madre África”, la conga encojonada de “Robalagallina, rey del carnaval”, o el signo alegórico de una historia particular y traumática del bacá? Simplemente, el encuentro de lo múltiple en el arte y lo variado de la realidad del ser nacional. La dominicanidad había sido el discurso de lo idéntico (la hispanidad) hasta entonces, y esta pintura rescata lo múltiple, lo variado, el arcoíris infinito de nuestro ser. Nosotros no habíamos leído todavía a Claude Lévi-Strauss, ni Roland Barthes había escrito su “Mitologías”. Dagoberto Tejeda no soñaba con conseguir una beca para Brasil, y Fradique Lizardo ni pensaba en irse a Bélgica o a Venezuela a estudiar antropología y folklor. Pero ya Ada era Ada, y todos comenzábamos a ver en ella la expresión artística de una recuperación épica de lo propio de nuestro ser. Todos comenzamos a llamarle a Ada “La Bacá”, y ese sesgo denominativo, ahora lo sabemos, reinterpretaba en su persona un aspecto de la cultura dominicana que había sido clandestinizado por la cultura oficial: las manifestaciones de los mitos y leyendas populares del dominicano. La década de los años sesenta es de una gran movilidad social en nuestro país y en casi todo el continente americano. Con la caída de Trujillo se orientó un fuerte sentimiento de ruptura con la cultura anterior. En estos cuadros podemos notar cómo es en la pintura de Ada que, desde el punto de vista de la plástica, esta ruptura se instala. No era gratuito entonces que, a sus espaldas, nosotros le llamáramos “La Bacá”, y no es extraño tampoco que su serie se inscribiera bajo el título de “El bacá derribando el mito”.
Lo que estaba ocurriendo es que los mitos populares se reinterpretaban como parte de la expresión cultural auténtica del dominicano, y ello entrañaba una provocación y una revolución frente a la cual las creencias mágico-religiosas venían a ser valoradas como parte del mundo espiritual del dominicano. ¿Por qué el bacá derribaba al mito? Porque la dominicanidad había falsificado en la ideología hispanista el espejo de sí misma y apostaba a la ilusión de ser lo que no era. A las experimentaciones pictóricas de Ada vinieron a parar todos estos bríos de ruptura de los años sesenta, y solo un espíritu intranquilo como el alma de esta mujer pudo haber conseguido los dones de expresar en una obra de arte consistente todos estos valores de nuestra vida espiritual que antes no habían sido reconocidos en las artes plásticas nacionales.
Cuando Fernández Pequeño me habló de este acto, yo pensé en una mesa redonda en la que estuvieran Norberto James, René Alfonso, Miñín Soto, Carlos Francisco Elías y algunos otros que la vida ha desperdigado por ahí; o que la muerte ha entrampado en sus garras, como René del Risco. Porque entonces sí que hubiéramos molido canela fina y discutido de manera ensordecedora sobre esos años convulsos. Y tal vez, solo tal vez, hubiéramos tenido una idea de por qué en los años sesenta del siglo pasado esta mujer era “La Bacá”.
Todos comenzamos a llamarle a Ada “La Bacá”, y ese sesgo denominativo, ahora lo sabemos, reinterpretaba en su persona un aspecto de la cultura dominicana que había sido clandestinizado por la cultura oficial: las manifestaciones de los mitos y leyendas populares del dominicano.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!