Opinión
Advertencia a militares y policías
Por Hamlet Hermann
Los mercenarios que golpearon recientemente a quienes ejercían el derecho ciudadano de protestar un cínico acto de Leonel Fernández fueron protegidos por la Policía Nacional mientras, a palos, se impedía la manifestación. Por eso, los militares y policías debían cuidarse también de sus propios jefes, quienes ocupan esos cargos por un desempeño político.
Los recientes asesinatos en Estados Unidos de dos adolescentes negros a manos de policías blancos, las consiguientes movilizaciones populares y el incremento de la represión gubernamental contra quienes reclamaban justicia, debían poner a pensar sobre el futuro a los militares y policías dominicanos. Los “uniformados” de este paisito de nosotros deben reflexionar cuidadosamente porque, a final de cuentas, si el Estado de Derecho sigue deteriorándose a la velocidad de 2014, es probable que el sector político que se siente más evidenciado por la lucha contra la impunidad de los corruptos los lance a la calle a reprimir a quien exija castigo para los culpables.
La Historia dominicana está repleta de episodios en los que, después que los políticos cometen sus fechorías y el pueblo protesta, lanzan la guardia a la calle a matar o apalear a cuantos exijan respeto por la Constitución y las leyes. Luego de ordenar a las fuerzas represivas disparar a discreción, los políticos gobernantes se refugian en su “bunker” mientras la sangre corre. Con ese mecanismo hipócrita, los guardias y policías quedan como los asesinos, mientras los políticos gobernantes, quienes dan las órdenes para ultimar a los principales opositores, quedan como mansas ovejas que a nadie hacen daño.
¿Recuerda alguien que cuando asesinaron a las hermanas Mirabal el Presidente de la República era el doctor Joaquín Balaguer, gran aliado del Partido de la Liberación Dominicana? Un grupo de miserables paleros fue sometido a juicio y condenado por el triple crimen mientras los autores intelectuales de esa matanza volvieron y volvieron a gobernar una y otra vez para enriquecerse y vender este país al crimen organizado.
¿Recuerda alguien que cuando asesinan a Manolo Tavárez y sus compañeros del Movimiento Revolucionario 14 de Junio quien gobernaba este país era el grupo oligárquico pro estadounidense que derrocó a Juan Bosch y a la Constitución de 1963? Eso parece haberse olvidado aunque los militares quedaron como chivos expiatorios al cumplir la orden impartida por los golpistas. Los políticos se limpiaron con tanto cuidado de aquella sangre que su descendencia todavía controla la economía nacional y se postula como árbitro excelente de la democracia occidental.
¿Recuerda alguien la matanza de gente humilde que ordenó el gobierno de Salvador Jorge Blanco en abril de 1984? Esa masacre permanece oculta porque el Partido Revolucionario Dominicano eludió su responsabilidad culpando a militares y policías que cumplían órdenes del Palacio Nacional. Así, ellos han estado hablando de democracia sin que esa sangre haya, históricamente, coagulado. Nunca se sabrá cuántos centenares de dominicanos humildes encontraron la muerte en esos días por órdenes de los políticos.
Los mercenarios que golpearon recientemente a quienes ejercían el derecho ciudadano de protestar un cínico acto de Leonel Fernández fueron protegidos por la Policía Nacional mientras, a palos, se impedía la manifestación. Por eso, los militares y policías debían cuidarse también de sus propios jefes, quienes ocupan esos cargos por un desempeño político.
La Constitución dominicana es clara:
A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe.
Con esos ejemplos debía ser suficiente para que militares y policías, en sentido general, se abstengan de servir como instrumento represivo para proteger la corrupción y la impunidad de los políticos actuales. Ellos debían estar conscientes de que, como decía el periodista Juan Bolívar Díaz pocos días atrás:
Cada vez es mayor la convicción de que la única ley que tiene plena vigencia es la de la conveniencia política, de la que no escapan ni siquiera las llamadas altas cortes que actúan como brazo político, dejando bajo fuertes interrogantes al Estado de Derecho prevaleciente en el país.
Debíamos vernos en el espejo de México donde la profundización de las políticas neoliberales creó una rapaz plutocracia cuya única divisa es la ganancia, empobreciendo a más de la mitad de la población y anulando las conquistas que se habían logrado en la Constitución. Aquí como allá, se ha generalizado un clima de extrema violencia, corrupción e impunidad que mantiene en estado de ilegitimidad a todas las instituciones del Estado.
Visto el caso y comprobados los hechos, los militares y los policías deben cuidarse de no volver a servir de instrumento de los políticos corruptos, quienes siempre los han utilizado como escudo criminal para esconder sus fechorías. Mientras los politiqueros siguen enriqueciéndose y forjando una imagen de mansas ovejas que nunca han sido.
Ojalá los gobernantes actuales no se dejen narigonear y eviten caer en esa trampa histórica.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.