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Advierten impedirán corte árboles Constanza
CONSTANZA.- Que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales esté resuelto a permitir la tala de árboles aquí, mediante el denominado “plan de manejo”, puede acabar en tragedia humana en este montañoso municipio, en vista de que los opositores a la tala pretenden colocarse a lo ancho de la carretera, con el objetivo de impedir el avance de los camiones y patanas hacia los aserraderos, o que les pasen por encima.
Amparado en ese tipo de permisos que, según personas e instituciones de aquí, en la práctica frecuentemente son violados por los beneficiados, el organismo medioambiental autoriza la tala de árboles, lo que no es aceptado por los defensores de que esas áreas sean protegidas.
A pesar de la reticencia de los medioambientalistas constanceros a permitir el desmonte de la zona boscosa sin que para ellos existan los controles debidos, es constante el transporte diario de cientos de troncos de árboles listos para ser procesados en aserraderos ubicados en distintos puntos del país.
La discrepancia entre la representación local del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las instituciones y personas que se oponen, ha llegado a un extremo tal que los opositores a la tala de árboles están fraguando oponerse por la fuerza a que los vehículos cargados de troncos salgan de este poblado.
Adrian Quiroz Cruz, comunicador de este municipio y quien forma parte del grupo que asegura que aquí se talan cientos de árboles cada día de manera ilegal, es de los que están en actitud de participar en el bloqueo humano que fraguan instalar en la carretera que comunica a Constanza con la autopista Duarte y por donde se desplaza la mayor cantidad de camiones y patanas repletos de troncos.
El masivo corte de árboles mediante el sistema de los denominados “planes de manejo” se viene desarrollando aquí desde hace varios años, pero no fue sino hasta ahora cuando se levantó un movimiento tendente a reclamar que real y efectivamente existan controles oficiales sobre los desmontes masivos.
Quiroz Cruz sostuvo que en los últimos meses aquí se ha llevado a efecto una “depredación brutal e inmisericorde” de los bosques, ríos y arroyos.
De manera fundamental, de acuerdo a los datos ofrecidos por Quiroz Cruz, los desmontes indiscriminados se observan en las partes altas de las montañas “precisamente donde nacen grandes fuentes acuíferas, cuyos ríos paulatinamente languidecen, hasta el extremo de que sus caudales ya comienzan a mermar de manera ostensible”.
Miguel Abréu, un experto en operaciones de montañas y que como rescatista todas las semanas se desplaza por las zonas donde se asegura ocurren los desmontes, definió la situación como si en esos lugares se esté ejecutando una especie de tabla rasa.
De manera fundamental, Abréu aseguró que ha visto la tala incontrolada de árboles en bosques localizados en parajes como La Cotorra, La Culata y La Cienaguita “y que no me vengan a hablar de que se ejecuta en base a los planes de manejo, porque lo que ocurre allí se hace de manera inadecuada”.
Dijo que para ello utilizan aparatos con tecnología de punta y que ya hasta en las carreteras se pueden observar haciendo esas labores “ante la mirada complaciente de los representantes locales de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
Frarman García, otro de los que se oponen a la tumba de árboles sin control, dijo que este municipio es víctima de uno de los mayores daños ecológicos que se han producido en el país en los últimos años.
Según datos que dijo poseer de lo que consideró como “tala indiscriminada a gran escala”, en los últimos años ha desaparecido el 33 por ciento de pino occidental, una de las principales especies que se producen aquí y que es una variedad que tarda cerca de 20 años para alcanzar un tamaño regular.
Para García, los llamados “planes de manejo” por medio de los cuales se autorizan las talas, se ejecutan de manera irregular “porque los artículos 33 y 36 de la ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecen el carácter participativo de las comunidades y organizaciones en el proceso de elaboración y ejecución de plan”.
Sin embargo, Víctor Puntiel, director en este municipio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se mostró en desacuerdo con lo expresado por Quiroz Cruz, Abréu y García.
Dijo que en la zona funcionan controles en cinco lugares, por medio de los cuales se le dan estrictos seguimiento a esos acuerdos de desmontes. También se dispone de personas que chequean las patanas y camiones que salen hacia la autopista Duarte, añadió.
EL NACIONAL.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.