Opinión
¡Ah! La ley
Rosario Espinal
Veo con beneplácito, pero confieso que me asombra, el esfuerzo que hacen expertos constitucionalistas por encontrar salidas jurídicamente legítimas a los dictámenes del Tribunal Constitucional (TC) en materia migratoria.
Mi beneplácito es porque la racionalidad siempre es necesaria; el asombro porque en República Dominicana la ley tiene una función meramente utilitaria, y como tal, si no es útil para un propósito se cambia, reinterpreta o ignora.
La Sentencia TC 168-13 que declaró ilegal a todos los descendientes de inmigrantes indocumentados a partir de 1929 generó adeptos y adversarios en el mundo jurídico, y nunca se logró consenso entre los expertos. Lo que sentenció el TC quedó como batuta y Constitución con el remiendo de la Ley 169-14.
La Sentencia TC 256-14 que invalida la adhesión del país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también generó adeptos y adversarios entre abogados constitucionalistas, y san se acabó.
Dados los requisitos para salirse de la Corte Interamericana que establecen las normas internacionales, la Sentencia TC 256-14 es para consumo doméstico. Es decir, ante el sistema interamericano, República Dominicana sigue dentro de la jurisdicción de la Corte aunque declarada en rebeldía.
Diversos juristas han indicado que el presidente Danilo Medina tiene dos opciones: una, iniciar el proceso formal de salir del sistema denunciando la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o dos, buscar la ratificación en el Congreso Dominicano de la adhesión.
Pero sucede que el Gobierno dominicano tiene otra opción: hacerse el loco para decirlo en buen dominicano. No cumplir con las leyes cuando no conviene ha sido la ley suprema en República Dominicana. He aquí algunos ejemplos.
Uno, por 100 años, el Gobierno dominicano ha patrocinado el tráfico de haitianos indocumentados en contravención con las leyes nacionales y la prohibición internacional de la trata humana; y lo sigue haciendo a pesar de todo el revuelo nacional e internacional que ha generado el asunto.
Dos, las leyes laborales dominicanas indican que sólo un máximo de 20% de los trabajadores en las empresas pueden ser extranjeros (legales). ¿Cuántos empresarios del agro y la construcción han violado esa disposición? Ni siquiera el Gobierno la cumple porque emplea haitianos indocumentados a diestra y siniestra.
Tres, el Gobierno dominicano ha actuado desde 1999 como si el país perteneciera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, colocando incluso una jueza dominicana en la Corte por varios años. Ahora el Tribunal Constitucional ha declarado toda esa historia nula, y su disposición es ya batuta y Constitución.
Finalmente, República Dominicana ha sido condenada en varias ocasiones por la Corte Interamericana por cometer abusos en derechos humanos. ¿Ha cumplido el país con las sentencias emitidas? Casi nunca.
Un Estado que se caracteriza por formular leyes que no cumple, por cambiar las que no convienen, y que ignora los dictámenes y regulaciones internacionales, difícilmente se someta a la racionalidad jurídica.
Por eso es muy probable que este país se salga de la Corte Interamericana para fines domésticos por lo que dictaminó el Tribunal Constitucional, que no cumpla con las condenas de la Corte bajo el argumento de que la Corte se extralimitó y está desacreditada, y que el presidente Danilo Medina evada actuar porque el tema es políticamente álgido.
Así, la República Dominicana seguirá como siempre incumpliendo las leyes, cambiándolas o reinterpretándolas cuando convenga.
Por eso este país se llenó de haitianos indocumentados para ser explotados por los empresarios y el Estado en violación a las leyes laborales. Por eso la vocinglería patriotera reina hoy y bloquea la racionalidad jurídica y política necesaria para enfrentar el gravísimo problema migratorio que ha auspiciado el Gobierno Dominicano.
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes.
Por Rosario Espinal
A pesar del triunfo de Lula en Brasil, es evidente el avance de la ultraderecha en el mundo. Las causas son diversas, pero hay elementos en común: el hartazgo de muchas personas con lo existente y la búsqueda de chivos expiatorios para distraer la atención de los problemas de fondo.
Los chivos expiatorios permiten culpar a alguien (usualmente a un grupo vulnerable) de los males sentidos; males que muchos no comprenden y que unos pocos explican a su conveniencia para consumo masivo. De ahí que la ultraderecha se sustente en culpar a los inmigrantes, los gais, los trans, las mujeres, los ambientalistas, etc.
Ellos, según la agitación constante de la ultraderecha, son culpables del desempleo, del gasto en servicios públicos, de la delincuencia, de la pérdida de valores, del colapso de la familia tradicional, etc.
¿Qué hay realmente en el trasfondo? Sociedades que no han podido ofrecer el bienestar prometido a amplios segmentos de la ciudadanía.
En regímenes autoritarios no hay que inventar muchos cuentos porque las fuerzas represivas impiden o sofocan los brotes de insatisfacción. En sociedades con ciertas libertades públicas hay que identificar culpables para el desquite. De ahí que el auge de la ultraderecha se exprese actualmente en democracias longevas.
En el caso específico de las sociedades capitalistas hay un mal de fondo: la promesa de prosperidad que cundió por el mundo desde la década de 1980, bajo las premisas del neoliberalismo y la globalización, desencadenaron expectativas de bienestar para una gran parte de la población mundial que no se han concretado.
Tres factores claves lo han impedido:
Primero, el neoliberalismo con sus políticas de bajos impuestos al capital y la desregulación empresarial ha producido una gran desigualdad en la distribución de la riqueza: los que más tienen, tienen muchísimo más que los demás.
Segundo, la dificultad para desmontar servicios públicos establecidos después de la Gran Depresión. Si eliminan servicios hay más desigualdad y descontento. Si los mantienen, los gobiernos enfrentan mayores déficits fiscales porque han bajado los impuestos a los ricos o les perdonan la evasión.
Tercero, la inflación pospandémica, agravada por la guerra contra Ucrania y contra Irán aumenta los costos de la energía, devastador en el mundo.
Las protestas que proliferan actualmente, sea por la vivienda, el deterioro de la educación, el costo de la vida, o la corrupción reflejan el descontento. Ahí prolifera la ultraderecha con su recetario de chivos expiatorios (simples y claros) que mucha gente asume como explicación de sus males. El sistema en su último cuplé.
Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes. Esta discrepancia se presenta a través del mundo.
Cuando los gobiernos de ultraderecha arrasen con muchas de las conquistas de los últimos 70 años, dejarán detrás sociedades más desiguales y convulsas, sobre las que habrá que forjar valores de solidaridad y justicia, si es que la humanidad no ha sido vencida por los humanoides de la inteligencia artificial.
Por Miguel Guerrero
El problema eléctrico sólo se resuelve tomando al toro por los cuernos. Lo primero es reconocer que la presencia del Estado en el negocio es el principal escollo en la búsqueda de una solución a la crisis energética y su grave impacto en la economía nacional, el sosiego familiar, la estabilidad de los negocios, grandes, medianos y pequeños, y todo cuanto anhelamos con proyección al futuro.
Sin ánimo de enjuiciar la labor del actual gobierno, lo cierto es que la CDEEE es parte del problema. Para esta fecha se suponía que su papel habría dejado de ser determinante y que el Gobierno aceptaría su rol de regulador, fortaleciendo las instituciones públicas llamadas por ley a pautar las reglas del negocio. En lugar de afianzar esta irrenunciable y fundamental responsabilidad, la corporación estatal ha continuado asumiendo funciones propias de una rectoría del sector que no le corresponde.
En la medida en que ese papel se incrementa desciende el de la superintendencia y de la Comisión de Energía, supuesta esta última a pautar las políticas del sector. En un sistema bien estructurado, la CDEEE sería apenas otro agente del sector, no el ostentador de un liderazgo que no es suyo. Por esa distorsión, el sistema no funciona adecuadamente y la mejor demostración de ello son los apagones y el alza de las tarifas, que tienen al garete a la población y estrangulado a los sectores productivos.
Los gobiernos han evidenciado, además, su incapacidad para liderar el sector, se vieron obligados a recurrir a organismos internacionales en la búsqueda de una salida, después de interminables promesas de solución con plantas que nadie ha visto. Admito que es una decisión difícil para un Gobierno, pero a menos que no se delimiten claramente los roles, el sector eléctrico seguirá dando tumbos.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que la Secretaría de la Corte Penal Internacional , sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de referencia, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte Penal Internacional y de prestarle servicios.
De conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional la Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la CPI.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional señala, además, que el Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
El Estatuto de Roma también establece que los magistrados elegirán al Secretario de la Corte Penal Internacional en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.
En cuanto al procedimiento de elección del Secretario de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma establece que el mismo será elegido por un periodo de cinco años en régimen de de dejación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un periodo de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta en el entendimiento de que prestara sus servicios según será necesario.
Finalmente, el Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaria. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la CPI, y a otras personas que estén peligro en razón del testimonio prestado . La Dependencia contara con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.
Rommelsantosdiaz@gmailcom