Opinión
¡Alto a la Barrick, a su presa de cola y la minería asesina!
Por Narciso Isa Conde
BARRICK GOLD, previo anunció del gobierno comprometiéndose a “ayudarla” a cometer el crimen, emprendió a tiros sucios su embestida para construir otra presa de cola húmeda en Cotuí, próxima a la ya saturada presa el Llagal.
Las presas de colas húmedas son lagunas de veneno, depósitos de desechos tóxicos derivados de los procesos propios de la minería del oro; vulnerables a las fallas geológicas, los terremotos, los huracanes, los vicios de construcción, la mala gestión y los errores humanos.
Sus derrames -y ya del Llagal estuvo agrietándose- tienen efectos catastróficos hacia las aguas superficiales y subterráneas y sobre las comunidades.
Son lagunas eternas de alto riesgo para los países que la aceptan.
Ya en Europa están prohibidas y en muchas partes son sustituidas por los depósitos secos; mucho más seguros, pero sus costos más altos las mineras se resisten a asumir.
BOMBA DE VENENO Y CONTRATO ESTAFA
A falta de valor para nacionalizar la Barrick Gold, antes de hacerle cualquier otra concesión, el gobierno de turno debería por lo menos modificar sustancialmente el contrato-estafa que le garantiza a Barrick cargar al estado los pasivos ambientales, las consecuencias de las presas de cola húmedas, las compensaciones a los propietarios de terrenos en la reserva fiscal, la toma de agua gratis de la Presa de Hatillo, la impunidad de delitos ambientales y las ventajas financieras concedidas.
Concretamente, la presa de cola húmeda del Llagal es un depósito de veneno de larga duración y altos riesgos aún después de concluida la vida útil de la mina.
Agregar en la cercanía de la del Llagal, otra presa de cola similar es como colocar una enorme bomba de veneno.
Al cierre de la mina y la retirada de Barrick, contrato estafa traslada la responsabilidad de la gestión, costos y manejo al Estado dominicano, incluyendo la responsabilidad jurídica.
Ante cualquier falla que produzca impactos significativos, ese contrato libera de manera explícita a la compañía minera.
Urge, pues la prohibición de la construcción de cualquier otra presa similar en esa zona y otras peores como el caso del proyecto Gold Quest en SJM.
NO A LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE EXPANSIÓN DE BARRICK GOLD
En tales circunstancias hemos luchado contra la expansión de la explotación minera a beneficio de la Barrick en el contexto de las leyes neo-coloniales vigentes; así como contra la propuesta de otra presa de cola húmeda.
Pero, aun así, la anterior administración de Abinader-PRM impuso el decreto 270-22, que amplía la concesión de la Reserva Fiscal de Montenegro en 3,113 hectáreas mineras, totalizando unas 7,995; reserva situada precisamente en el área de expansión de la Barrick Gold.
Se argumenta que esa expansión no es para explotación de minerales, sino solo para lo relacionado con el proyecto de presa de cola húmeda. Pero esto está muy mal, aun sea solo un proyecto sujeto, como todos, a presentación de los estudios de impacto ambiental y de factibilidad en un plazo de 36 meses, lo que no es nuevo como condicionante y constituye un simple trámite que será aprobado, como los anteriores, de manera servil sin mayor revisión.
En este caso lo diferente apunta para peor, porque al conceder nuevas áreas de expansión con el decreto gubernamental que amplía esa reserva fiscal, se cargan sobre el Estado –y no sobre la corporación transnacional- los costos de compensaciones materiales al valor de la tierra y a la reubicación de los viejos propietarios; consolidando y potenciando la estafa a los fondos que los contribuyentes aportan.
Otra diferencia es la flagrante violación por el actual gobierno de procedimientos que deberían ser inviolables, en tanto se señaló de entrada que “el proyecto es de altísimo interés para el Estado dominicano” y mas tarde se agregó que “el gobierno esta ayudando a BarricK en la construcción de la nueva presa de cola húmeda”; lo que es un respaldo anticipado inusual.
Ese decreto era y es legalmente innecesario, confuso, complaciente y con pinta tramposa.Y la embestida actual de la minera para imponer la presa de cola húmeda merece un gran repudio.
DERROTADOS EN YAMASÁ, VUELVEN A LA CARGA EN COTUÍ CON JUANA BARCELÓ AL FRENTE DE LA PN
El movimiento ambiental popular, exhibiendo gran poder con las movilizaciones multitudinarias realizadas en Yamasá, logró impedir la presa de cola húmeda en esa zona y conquistó la declaratoria de los Siete Picos como área protegida.
Sin embargo, la presión se ha trasladado de nuevo a Cotuí y esta vez con la avanzada atropellante de grandes contingentes policiales bajo el mando de la Presidenta de la Minera asesina, Juana Barceló.
Barrick tiene antecedentes criminales recientes en Tanzania y en Mali, que incluyen contrataciones de mercenarios empleados para desalojar, destruir viviendas, agredir violentamente y estafar a las comunidades acosadas. Las denuncias fueron hechas por Blood Gold Report y por Miningwatch Canadá.
Ese esquema criminal está aplicándose aquí a cargo de la presidenta de Barrick, Juana Barceló.
La diferencia es que todavía no han tenido que usar tropas mercenarias, porque tienen comprada a la PN y al Gobierno, sobornando y financiando áreas del presupuesto nacional con la entrega por adelantado de impuesto. Todo para imponer un depósito de veneno y prolongar un contrato estafa.
CONFLUENCIA UNITARIA Y PROPUESTAS CONTUNDENTES PARA TRIUNFAR.
La iglesia católica de base está acompañando las comunidades agredidas por la minería criminal y ha sido agredida
La alta jerarquía condenó a Barrick y defendió a los sacerdotes diocesanos.
La encíclica ecológica del Papa Francisco está influyendo en esa actitud de la cúpula católica.
Ese apoyo forzó a la negociación y el hecho encendió los motores del movimiento socio ambiental.
El Grupo de Sacerdotes en Reflexión, Herder Cámara llamó a la movilización y ya se acordó una gran marcha para el 22 de enero.
La Coalición Ecológica y Popular de Bonao decidió acompañar militantemente todas las iniciativas destinadas a impedir el nuevo intento de imponer la presa de cola en Cotuí…
La Red Nacional Socio-ambiental está en pie de lucha.
La Marcha está anunciada y Barrick y el gobierno quieren bloquearla.
En tales circunstancias es sabio desconfiar del gobierno y confiar en la movilización y la protesta popular con demandas claras y precisas.
Con la presa de cola húmeda no se debe conciliar. Tampoco con el contrato estafa.
Después del desalojo forzado, involuntario y violento de las comunidades, Barrick pretende una negociación en la que se acepte su presa de cola húmeda y el gobierno asuma compensaciones y riesgos.
Eso es minería neocolonial inaceptable. El problema no es solo compensar las familias desalojadas, sino también –y fundamentalmente- rechazar el contrato-estafa con Barrick y su presa de cola.
No olvidar que es una minera voraz y asesina y que Barrick y Juana Barceló dominan la PN y el gobierno.
Con la presa de cola húmeda no se debe conciliar. Tampoco con el contrato estafa.
Si el pueblo logró impedir su construcción en los 7 picos, puede impedir su instalación en Sambrana.
Hay otras opciones en materia de presa de cola y tratamiento de los desechos tóxicos, como las hay en los términos del contrato.
Este combate no se debe perder y hay que estar alerta y enfrentando las otras amenazas de la minería y la depredación ambiental asesinas: Gold Quest en San Juan, Uni Gold y Barrick en Dajabón, Loma Miranda, la barcaza en Los Negros, las granceras en todo el país, el Pomier en San Cristobal, Belfond y Acero Estrella en Barahona.
La cola de Barrick es larga y es justo pisársela sin contemplaciones,
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.