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Amarante Baret traza líneas de inversión en INDOTEL y reclama calidad a prestadoras
Carlos Amarante Baret.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Carlos Amarante Baret, trazó este miércoles las “líneas maestras” que la actual gestión enfocará su trabajo institucional, y adelantó, asimismo, que esto conllevará “una importante reorientación” de la inversión de los recursos, de manera que estos lleguen a las comunidades urbanas y rurales más necesitadas.
Amarante Baret hizo el planteamiento en el acto de inicio del proyecto Formación Superior Tecnológica Virtual que desarrollará el INDOTEL conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y mediante el cual se otorgaron 100 becas internacionales para cursar carreras tecnológicas en España, con una inversión de 41 millones 700 mil pesos.
Amarante Baret dijo que los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se invertirán “allí donde las grandes prestadoras de servicios no llegan o no le interesa llegar porque económicamente no es rentable”.
En ese sentido, anunció “una fuerte alianza estratégica” entre el INDOTEL y el sistema educativo dominicano, pre-universitario y superior para avanzar, según manifestó, hacia una sociedad con menos pobres y excluidos, con jóvenes preparados para ser el relevo natural en la conducción de una mejor nación.
Amarante Baret expuso que es interés del mandatario que haya en el país “una sociedad alfabetizada digitalmente, que pueda ser cada día más justa y equitativa”.
Señaló que su gestión en el INDOTEL dará prioridad al financiamiento de proyectos de telecomunicaciones y de despliegue del uso del Internet en zonas rurales, pero que también garantizará la competencia leal entre las empresas y hará respetar los derechos de los usuarios.
En tal sentido, Amarante Baret anunció que en termino de la readecuación de la inversión “vamos a privilegiar a las comunidades rurales y urbanas más deprimidas”.
Exigirá servicio de calidad acorde con precios pagan consumidores
En cuanto a lo que respecta a la parte reguladora, Amarante Baret dijo que la actual gestión promoverá el desarrollo de las telecomunicaciones, garantizará una competencia leal entre las prestadoras “y haremos respetar los derechos de los usuarios, promoviendo y haciendo que las prestadoras de servicios, sobre todo las telefónicas, brinden un producto de alta calidad técnica acorde con los precios que pagan los consumidores”.
“El INDOTEL está recibiendo constantemente y eso ha ido creciendo exponencialmente, quejas de los usuarios de todo el país, hemos recibido quejas de los legisladores y de diferentes instituciones que sienten que el servicio telefónico de la República Dominicana y todos los productos que navegan a través de este servicio telefónico, están confrontando dificultades, que no están teniendo la calidad que deberían tener”, resaltó el funcionario.
Indicó que el INDOTEL acaba de publicar un Reglamento de Servicio Telefónico en el que se introdujeron modificaciones que van destinadas “a proteger los derechos de los usuarios, los derechos de los que tienen contratos de teléfonos, sea móvil o sea fijo, con las prestadoras telefónicas”.
noticiassin
Santo Domingo, R.D.-Será emitida este miércoles 24 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su sentencia sobre la muerte de Joshua Fernández, hecho por el cual están imputados Wesly Dicent Carmona «el Dotolcito«, Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y Luis Brito Troncoso (Luisito).
La audiencia está pautada para las 4:00 de la tarde.
El joven (19 años) murió producto de un disparo durante un asalto que presuntamente cometieron los imputados en el parqueo de la discoteca Kiss Bar, en el Distrito Nacional.
El Ministerio Pública pidió una condena de 30 años contra alias «El Dotolcito«, al considerarlo el ideólogo del asalto cometido por Chiquito y Luisito. Para estos dos solicitó 40 años de reclusión, por ser los perpetuadores del atraco en que resultó ultimado el joven.
Santo Domingo, R.D.-Los abogados del ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, plantearon este martes que su defendido fue «descargado» por el Consejo Superior del Ministerio Público de toda la acusación que le imputa el Ministerio Público «al no identificar actos irregulares durante su gestión 2016-2020″.
Conforme al MP, Rodríguez, quien está judicializado con el caso Medusa, cometió, junto a otras personas, malvensación de fondos públicos usando los recursos de la entidad mientras estuvo a su frente.
Un documento suministrado a la prensa por los abogados del imputado indica que Carlos Balcácer, Nelys Rivas y Gustavo Biaggi presentaron varios incidentes ante el juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional Amauri, que tutela la audiencia preliminar del caso.
Según la defensa de Rodríguez, luego de revisar los documentos de la gestión del imputado dijo: «se aprueba y ratifica los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el período 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y otorga descargo completo, absoluto y definitivo, tan amplio como en derecho fuese necesario, a favor del Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez«.
«El Ministerio Público revisó dos veces cada peso que se movió en mi gestión«, manifestó Jean Alain Rodríguez en una breve intervención en la sala de audiencias.
Indicó que el Consejo Superior aprobó y ratificó los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el periodo 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020, tiempo en que el imputado junto a los demás señalados en el juicio estuvieron al frente de la Procuraduría General de la República.
Dijo que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen que ese órgano ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuaciones, jerarquía e indivisibilidad, destacando la ley que sus miembros actúan como un solo cuerpo, lo que significa que si un fiscal otorga hoy un descargo o un archivo a un ciudadano, no puede mañana otro fiscal acusar ese ciudadano por el mismo hecho y es lo que sucede en este caso, solo que el descargo proviene del máximo órgano del Ministerio Público, único responsable de la administración de la institución y de la política de persecución y fue ese órgano que descargó a Jean Alain Rodríguez por los actos contenidos en la acusación.
- «Estos descargos son emitidos por los superiores jerárquicos de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), tanto así que fue este Consejo que designó a Wilson Camacho y a todos los nuevos fiscales de esta gestión«, leyó el Consejo de Defensa al juez.
- Los miembros del Ministerio Público que revisaron el uso de los recursos y que aprobaron los actos y otorgaron los descargos definitivos, incluyen a los procuradores Rodolfo Espiñeira, primer sustituto de Miriam Germán Brito; Pedro Frías Morillo, designado como Procurador Adjunto por el Presidente de la República Luis Abinader mediante decreto No.22-24; y otros 6 destacados miembros del Ministerio Público elegidos por más de 1,500 fiscales, todos los cuales permanecen en sus cargos, ya que han sido ratificados o ascendidos por esta gestión.
SANTO DOMINGO.- En segunda lectura fue aprobado en el Senado de la República el proyecto que modifica la Ley 42-01 General de Salud, para que el Estado disponga la creación de unidades de atención mental y centros de rehabilitación psicosocial en las principales provincias del país.
La iniciativa, del senador Franklin Peña por San Pedro de Macorís, modifica los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 42-01, para establecer la provisión de redes de atención comunitaria, como viviendas, tutelas, hogares de paso, hospital de días y para el seguimiento ambulatorio a través de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC).
Dice la normativa en el párrafo del artículo 18, la cual pasa a la Cámara de Diputados para su ponderación, que “es un deber del Estado propiciar de hospitales de salud mental, centro de rehabilitación psicosocial en las principales provincias.
El artículo 36 expresa que el tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención.
Agrega el numeral 3, que se debe proporcionar a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona; en tanto, el numeral 6 precisa que “la atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
“El Estado proveerá atención en salud mental a personas vulnerables, en conflicto o no con la ley, sin distinción de edad, nacionalidad, patrimonio, sexo o religión”, precisa la iniciativa.