Análisis Noticiosos
América Latina abraza a la izquierda y deja atrás el fantasma de Venezuela
Colombia, Brasil y Chile se han sumado a México, Argentina y Bolivia en esta segunda oleada de la izquierda latinoamericana.
Redacción América.-América Latina reafirmó su giro hacia la izquierda en 2022, dejando atrás el fantasma de Venezuela, de la mano de las victorias de Gustavo Petro en Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, dos pesos pesados que sin embargo no garantizan un entendimiento monolítico para el futuro de la región.Por primera vez, las potencias regionales están gobernadas por líderes vinculados al progresismo, pero los retos políticos, sociales y económicos hacen difícil una integración coordinada, con realidades diversas en un contexto lejos de la bonanza de comienzos de siglo.
Hay un hartazgo, una ruptura, y aunque en casos como Colombia “el proceso de paz ha hecho posible que Gustavo Petro sea presidente”, lo cierto es que “la izquierda se ha vacunado contra el ejemplo de Venezuela, que siempre el centroderecha había llevado a la mesa para tratar de asustar al electorado», agrega.
Colombia y Brasil, los recientes
El pasado 7 de agosto Petro se convirtió en el primer presidente colombiano de izquierdas, aunque con un discurso mucho más calmado y pragmático que cuando de joven militaba en la guerrilla del M-19.
En su dimensión internacional Petro aparece como el gran aglutinador de Latinoamérica, con banderas como el combate a la emergencia climática, la defensa del Amazonas y un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico, ideales que están en sintonía con otros gobiernos afines, como el que en breve asumirá en Brasil.
Consciente de que sin la derecha no podía gobernar, Petro se ha reunido con algunos de sus principales detractores y ha forjado una coalición donde tienen cabida distintas visiones, en línea con la praxis política de su amigo Luiz Inácio Lula da Silva.
El nuevo presidente brasileño asumirá el próximo 1 de enero tras una estrecha victoria sobre la ultraderecha de Jair Bolsonaro, para lo que forjó un variopinto frente político con una docena de partidos de izquierda, centro e incluso derecha.
Esto obligará a Lula a dar cabida en el Gobierno a grupos antagonistas e impondrá templanza tanto en lo económico como en lo político, en línea con la tendencia entre la mayoría de los nuevos gobernantes de la izquierda latinoamericana: la búsqueda del consenso y la moderación.
«Con la falta de crecimiento en América Latina se ha demostrado que los gobiernos de derecha no han funcionado y la mayoría de los países han elegido a líderes de una izquierda más mesurada, más comedida», explica Langer.
Perú o el desafío de la reconstrucción
La nota discordante en esta sintonía es Perú. La llegada al poder de Pedro Castillo en julio de 2021 dio acceso a un sector social tradicionalmente olvidado en la centralista Lima. Pero en año y medio de mandato ha sido una constante el enfrentamiento con el Congreso, escenario de la reacción contra un mandatario rechazado, en parte, por su origen.
“Esto demuestra la pobreza total de los partidos políticos en el Perú”, considera Eric Langer, quien hace mención también a la falta de liderazgo de Castillo, con cambios constantes en su gabinete y casos de corrupción investigados por la fiscalía.
Todo se ha empañado aún más con el fallido autogolpe de Estado que le ha llevado a prisión. En su reemplazo, la abogada Dina Boluarte ha asumido como la primera presidenta peruana de la historia, pero el movimiento que llevó a Castillo al poder afronta el difícil reto de la reconstrucción.
La “falta de legitimidad” que afecta a todo el espectro político peruano desde hace décadas también puede arrastrar a Boluarte, “que no tiene ningún apoyo político”, estima el americanista.
Los movimiento sociales rurales base del voto castillista, enardecidos tras más de una veintena de muertos en las protestas, exigen en las calles una asamblea constituyente y denuncian el recalcitrante conservadurismo imperante, que ha bloqueado en el Congreso la despenalización del aborto en caso de violación o el avance en derechos LGTBI+, entre otros asuntos.
La izquierda latinoamericana, simbolizada por Gustavo Petro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el boliviano Luis Arce y el argentino Alberto Fernández, se niega a reconocer a Boluarte como presidenta y sigue mostrando su apoyo a Pedro Castillo.
Boric, el baluarte de la nueva izquierda
Bregado en las luchas estudiantiles, con marcadas convicciones ecologistas, feministas y regionalistas, y aupado por los movimientos sociales, el chileno Gabriel Boric llegó al poder con la aspiración de desterrar el modelo neoliberal heredado de la dictadura.
El joven mandatario derrotó al candidato José Antonio Kast, de ultraderecha, moderando su discurso para convencer al electorado de centro y ahuyentar el miedo que generaba su alianza con los comunistas.
Su elección fue interpretada por muchos expertos como la irrupción de una nueva izquierda latinoamericana, alejada del bolivarianismo, como ha demostrado al condenar categóricamente los regímenes de Venezuela y Nicaragua.
Los pioneros
Colombia, Brasil y Chile se han sumado a México, Argentina y Bolivia en esta segunda oleada de la izquierda latinoamericana.
Andrés Manuel López Obrador ha hecho gala de un recatado liderazgo en diversas ocasiones, la última de ellas en noviembre, con la proyectada cumbre de la Alianza del Pacífico, de la que era anfitrión, pero que decidió cancelar en solidaridad con Pedro Castillo, a quien el Congreso peruano no dio permiso para viajar. A pesar de todo, los presidentes de Chile y Colombia (los otros socios de la Alianza) se reunieron con su colega en la capital mexicana.
Esa capacidad de convocatoria visibiliza “un pretendido liderazgo que en realidad no existe», en opinión de Jorge Márquez, profesor de historia política y globalización de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para quien «la izquierda latinoamericana no está unificada ni es homogénea».
En Argentina, la situación de la izquierda gobernante reviste características peculiares. Alberto Fernández accedió al poder en diciembre de 2019 como cabeza del Frente de Todos haciendo dupla con Cristina Fernández de Kirchner, la todopoderosa vicepresidenta.
Fernández y el “kirchnerismo”, en la actualidad abiertamente enfrentados, afrontan las elecciones presidenciales del próximo año en una complicada situación, especialmente tras la condena por corrupción de la vicepresidenta Cristina Fernández a seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El hecho de que la sentencia sea recurrible le permite presentarse a los comicios, aunque por el momento ha dicho que no lo hará.
Pero al igual que sucede en Argentina, el futuro de los gobiernos de izquierda en la región dependerá sobre todo del rumbo de la economía, en medio de un complicado escenario debido a la inflación, la baja productividad, los desfavorables términos de intercambio, la deuda externa y la depreciación de la mayoría de las monedas locales.
“Si no pueden hacer crecer la economía, van a perder popularidad» y llegarán tecnócratas prometiendo un futuro más halagüeño en vez de una mejora en la distribución de la riqueza, vaticina el profesor de Georgetown.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.