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América Latina abraza a la izquierda y deja atrás el fantasma de Venezuela

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EFE

Colombia, Brasil y Chile se han sumado a México, Argentina y Bolivia en esta segunda oleada de la izquierda latinoamericana.

Redacción América.-América Latina reafirmó su giro hacia la izquierda en 2022, dejando atrás el fantasma de Venezuela, de la mano de las victorias de Gustavo Petro en Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, dos pesos pesados que sin embargo no garantizan un entendimiento monolítico para el futuro de la región.

Por primera vez, las potencias regionales están gobernadas por líderes vinculados al progresismo, pero los retos políticos, sociales y económicos hacen difícil una integración coordinada, con realidades diversas en un contexto lejos de la bonanza de comienzos de siglo.

«Evidentemente ha habido un giro a la izquierda, pero hay que pensar en las causas”, apunta a EFE el latinoamericanista de la Universidad de Georgetown Eric Langer, quien cree que esto “tiene que ver con la incompetencia de los gobiernos anteriores».

Hay un hartazgo, una ruptura, y aunque en casos como Colombia “el proceso de paz ha hecho posible que Gustavo Petro sea presidente”, lo cierto es que “la izquierda se ha vacunado contra el ejemplo de Venezuela, que siempre el centroderecha había llevado a la mesa para tratar de asustar al electorado», agrega.

Colombia y Brasil, los recientes

El pasado 7 de agosto Petro se convirtió en el primer presidente colombiano de izquierdas, aunque con un discurso mucho más calmado y pragmático que cuando de joven militaba en la guerrilla del M-19.

En su dimensión internacional Petro aparece como el gran aglutinador de Latinoamérica, con banderas como el combate a la emergencia climática, la defensa del Amazonas y un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico, ideales que están en sintonía con otros gobiernos afines, como el que en breve asumirá en Brasil.

Consciente de que sin la derecha no podía gobernar, Petro se ha reunido con algunos de sus principales detractores y ha forjado una coalición donde tienen cabida distintas visiones, en línea con la praxis política de su amigo Luiz Inácio Lula da Silva.

El nuevo presidente brasileño asumirá el próximo 1 de enero tras una estrecha victoria sobre la ultraderecha de Jair Bolsonaro, para lo que forjó un variopinto frente político con una docena de partidos de izquierda, centro e incluso derecha.

Esto obligará a Lula a dar cabida en el Gobierno a grupos antagonistas e impondrá templanza tanto en lo económico como en lo político, en línea con la tendencia entre la mayoría de los nuevos gobernantes de la izquierda latinoamericana: la búsqueda del consenso y la moderación.

«Con la falta de crecimiento en América Latina se ha demostrado que los gobiernos de derecha no han funcionado y la mayoría de los países han elegido a líderes de una izquierda más mesurada, más comedida», explica Langer.

Perú o el desafío de la reconstrucción

La nota discordante en esta sintonía es Perú. La llegada al poder de Pedro Castillo en julio de 2021 dio acceso a un sector social tradicionalmente olvidado en la centralista Lima. Pero en año y medio de mandato ha sido una constante el enfrentamiento con el Congreso, escenario de la reacción contra un mandatario rechazado, en parte, por su origen.

“Esto demuestra la pobreza total de los partidos políticos en el Perú”, considera Eric Langer, quien hace mención también a la falta de liderazgo de Castillo, con cambios constantes en su gabinete y casos de corrupción investigados por la fiscalía.

Todo se ha empañado aún más con el fallido autogolpe de Estado que le ha llevado a prisión. En su reemplazo, la abogada Dina Boluarte ha asumido como la primera presidenta peruana de la historia, pero el movimiento que llevó a Castillo al poder afronta el difícil reto de la reconstrucción.

La “falta de legitimidad” que afecta a todo el espectro político peruano desde hace décadas también puede arrastrar a Boluarte, “que no tiene ningún apoyo político”, estima el americanista.

Los movimiento sociales rurales base del voto castillista, enardecidos tras más de una veintena de muertos en las protestas, exigen en las calles una asamblea constituyente y denuncian el recalcitrante conservadurismo imperante, que ha bloqueado en el Congreso la despenalización del aborto en caso de violación o el avance en derechos LGTBI+, entre otros asuntos.

La izquierda latinoamericana, simbolizada por Gustavo Petro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el boliviano Luis Arce y el argentino Alberto Fernández, se niega a reconocer a Boluarte como presidenta y sigue mostrando su apoyo a Pedro Castillo.

Boric, el baluarte de la nueva izquierda

Bregado en las luchas estudiantiles, con marcadas convicciones ecologistas, feministas y regionalistas, y aupado por los movimientos sociales, el chileno Gabriel Boric llegó al poder con la aspiración de desterrar el modelo neoliberal heredado de la dictadura.

El joven mandatario derrotó al candidato José Antonio Kast, de ultraderecha, moderando su discurso para convencer al electorado de centro y ahuyentar el miedo que generaba su alianza con los comunistas.

Su elección fue interpretada por muchos expertos como la irrupción de una nueva izquierda latinoamericana, alejada del bolivarianismo, como ha demostrado al condenar categóricamente los regímenes de Venezuela y Nicaragua.

Los pioneros

Colombia, Brasil y Chile se han sumado a México, Argentina y Bolivia en esta segunda oleada de la izquierda latinoamericana.

Andrés Manuel López Obrador ha hecho gala de un recatado liderazgo en diversas ocasiones, la última de ellas en noviembre, con la proyectada cumbre de la Alianza del Pacífico, de la que era anfitrión, pero que decidió cancelar en solidaridad con Pedro Castillo, a quien el Congreso peruano no dio permiso para viajar. A pesar de todo, los presidentes de Chile y Colombia (los otros socios de la Alianza) se reunieron con su colega en la capital mexicana.

Esa capacidad de convocatoria visibiliza “un pretendido liderazgo que en realidad no existe», en opinión de Jorge Márquez, profesor de historia política y globalización de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para quien «la izquierda latinoamericana no está unificada ni es homogénea».

En Argentina, la situación de la izquierda gobernante reviste características peculiares. Alberto Fernández accedió al poder en diciembre de 2019 como cabeza del Frente de Todos haciendo dupla con Cristina Fernández de Kirchner, la todopoderosa vicepresidenta.

Fernández y el “kirchnerismo”, en la actualidad abiertamente enfrentados, afrontan las elecciones presidenciales del próximo año en una complicada situación, especialmente tras la condena por corrupción de la vicepresidenta Cristina Fernández a seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El hecho de que la sentencia sea recurrible le permite presentarse a los comicios, aunque por el momento ha dicho que no lo hará.

Pero al igual que sucede en Argentina, el futuro de los gobiernos de izquierda en la región dependerá sobre todo del rumbo de la economía, en medio de un complicado escenario debido a la inflación, la baja productividad, los desfavorables términos de intercambio, la deuda externa y la depreciación de la mayoría de las monedas locales.

“Si no pueden hacer crecer la economía, van a perder popularidad» y llegarán tecnócratas prometiendo un futuro más halagüeño en vez de una mejora en la distribución de la riqueza, vaticina el profesor de Georgetown.

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Venezuela, de país de tránsito a productor de cocaína

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EE UU y un estudio de ‘Insight Crime’ sostienen que durante el mandato de Maduro se ha aumentado la producción en cultivos y laboratorios

Caracas.- Venezuela se habría convertido en los últimos años en un país productor de droga, después de décadas de ser un puente clave para el tráfico de sustancias ilegales. Así lo asegura el Gobierno de Estados Unidos y el portal Insight Crime, un monitor hemisférico que hace seguimiento al impacto del crimen organizado en la región. “En la era Maduro, el tráfico de drogas se ha atomizado con una proliferación de actores. La participación del país en la cadena global de suministro se ha expandido más allá del tránsito de drogas, con las primeras incursiones en la producción de cocaína”, dice la investigación. Caracas, habitualmente a través funcionarios militares, cuestiona el sesgo de estos informes.

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada colgó hace muy poco en sus redes sociales pruebas de varios operativos documentando la quema de cultivos de coca y amapola. “Se expulsará a todos aquellos que irrespeten nuestras leyes y ofendan la patria con sus infames vicios”, advierte la publicación.

En cualquier caso, el volumen de cultivo de hojas de coca en Venezuela, contabilizadas en cientos de hectáreas, es aún muy inferior al que existe en Colombia, el mayor productor del mundo con 200.000 hectáreas, o los países que le siguen, como Perú, con 20.000 hectáreas, o Bolivia, que tiene cerca de 10.000. Algunas fuentes apuntan a que, más que cultivos, lo que ha proliferado son los laboratorios de procesamiento, sobre todo en Estados llaneros, como Cojedes, o en la zona oriental del país.

El narcotráfico ha cobrado importancia como un componente de las estrategias de Maduro para aferrarse al poder ante los embates sufridos por su Gobierno”, asegura Insight Crime. “Su objetivo no ha sido captar para sí mismo las riquezas del tráfico transnacional de cocaína, sino controlar y canalizar su flujo, usándolas como un mecanismo para premiar a los poderes políticos, militares y criminales que Maduro necesita para mantener el control del Gobierno”.

Se ha documentado la existencia de zonas de cultivo de marihuana, amapola y hoja de coca en las zonas fronterizas con Colombia: en la Sierra de Perijá, el sur del Lago de Maracaibo, el Estado Amazonas y en el Alto Apure. El abogado y criminólogo Luis Izquiel afirma que “hay zonas del departamento norte de Santander, el municipio de Tibú, en Colombia, donde el cultivo de drogas es de los mayores del mundo. Esa sobreexplotación ha permeado en Venezuela. Se están reclutando muchos emigrantes venezolanos necesitados como mano de obra por parte de grupos irregulares en las zonas de la frontera”.

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El negocio y la gestión de la producción de droga local, antiguamente con mucha presencia colombiana, ha ido pasando a manos venezolanas, si bien parece indiscutible la presencia de las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia, en la protección y el fomento de muchas de estas actividades. Los efectos del Plan Colombia, junto a los acuerdos de paz, han producido un importante desplazamiento de efectivos colombianos a Venezuela.

“Por supuesto que se ha agravado el problema del tráfico y el cultivo en el país”, afirma una conocida juez antinarcóticos que ha preferido mantener su nombre en la reserva. La magistrada explica que el Cartel de los Soles no opera bajo una organización criminal jerárquica clásica, asesinando selectivamente personas bajo el mando de un patrón, como sucede en Colombia o en México. “Es una red tupida de militares que hace negocios con los narcóticos, y son tolerados en las instancias oficiales a cambio de apoyo a la revolución. Aunque debo decir que también conozco muchos militares profesionales y honestos, empeñados en hacer su labor correctamente, con una posición inflexible sobre estos temas”, añade.

Javier Mayorca, director del portal especializado Crímenes sin Castigo, asegura que “Venezuela tiene pocos instrumentos para ubicar cultivos ilícitos y, desde la ruptura con la DEA, una ceguera voluntaria con esto. Pocas personas del exterior pueden certificar los esfuerzos locales. Lo que se ve desde Colombia es una densificación de cultivos hacia la línea limítrofe”. Mayorca agrega, además, que hay un criterio selectivo del Estado en el momento de atacar actividades de narcotráfico, y que ese sesgo se observa también en el combate al delito o a la minería ilegal. “A algunos los atacan durísimo, y a otros no los tocan ni con el pétalo de una rosa”, dice.

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Análisis Noticiosos

“Tengo más miedo de vivir en Ecuador que de cruzar el Darién”

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Más de 250.000 personas cruzaron en el último año la peligrosa selva entre Colombia y Panamá. El ecuatoriano Dany Chapi lo hizo dos veces y ya planea la tercera

Guayaquil.- Dany Chapi decidió que migrar era la única opción que tenía para sostener a sus tres hijos y a su esposa. “Fue muy duro decirle a mi familia que me iba a ir, porque nunca nos habíamos separado”, recuerda. No les dijo cuándo se iría, ni se despidió de ellos, era un 4 de julio de 2022 cuando les avisó de que estaba en Colombia, rumbo a Panamá, para cruzar el peligroso camino por el Darién, un muro de selva entre Colombia y Panamá. Uno de los pulmones de América que esconde un infierno para cientos de miles de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.

La meta estaba trazada, llegar a Norteamérica a cualquier costo, pero no lo consiguió en el primer intento. Dany fue detenido por migración en México y devuelto a Quito. Esperó un poco más de un mes para recuperarse de la deshidratación que le había dejado la travesía y volvió a irse, otra vez por el Darién. En esa ocasión los vecinos de su barrio se enteraron que haría de nuevo el viaje y 40 personas le pidieron ir con él, entre ellos ocho niños. “Había una señora que era bien gordita, viajaba con sus siete hijos, yo tenía miedo que no pudiera subir la montaña de la muerte, pero tenía tantas ganas, que ahí entre todos ayudamos”, dice Dany, que esta vez hizo de guía.

Los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que más ha usado el paso irregular del Darién, según migración de Panamá. La cifra revela un aumento alarmante, para enero de 2022 se había registrado el paso de 100 personas, para octubre ya eran 8.587 en un solo mes, al finalizar el año 29.456 ecuatorianos habían cruzado esa selva. El aumento de la violencia en el país está detrás de las cifras.

De las 4.161 consultas médicas que ha realizado Médicos Sin Fronteras en las primeras semanas de enero a la salida del Darién, el 13,3% corresponden a pacientes ecuatorianos; es decir, 550 personas. En todo el 2022, el 7% de las 40.000 atenciones fueron a migrantes de Ecuador, entre ellos Dany. “Les pedí ayuda porque en el camino me dio gripe, pero lo peor es que se me hicieron cortes muy feos en las piernas y en los pies por las botas que estaban mojadas porque se entraba el agua al cruzar los ríos”, relata las consecuencias de las 12 horas caminando durante siete días.

“En el camino se ven muchas cosas, mucha gente que se rinde, mucha gente que se lesiona y no hay quien les ayude y se quedan ahí a morir”, describe Dany. Él también vio a los muertos en el río y lo subió a Tik Tok, donde fue documentando el viaje, a los niños que cruzaban por los ríos, las banderas de Ecuador que se amarraban en los árboles para dejar la huella, la pelea por los salvoconductos y los cortos recesos en los campamentos que se armaban al caer la noche. A Dany y a sus amigos también los asaltaron grupos armados en la mitad de la selva. Era la vida o 100 dólares, y en un instante perdieron todo el dinero que habían llevado.

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Dany Chapi tenía tres talleres mecánicos en la capital ecuatoriana hasta antes de la pandemia, pero como muchas otras personas, los negocios cerraron y cuando la reactivación empezó logró sostener solo un local. Daba lo justo para una familia de cinco y pagar a los empleados, pero no para la “vacuna”, la extorsión que grupos criminales piden sin discriminación alguna a los negocios en Ecuador.

“Entraron dos veces al local, le avisé a la Policía pero no hizo nada”. Decidió migrar cuando los delincuentes visitaron no solo el negocio de Dany, sino el de toda la calle, a plena luz del día, para decirles que si no pagaban el valor mensual que pedían, habría consecuencias contra los bienes y la familia.

Después de atravesar en dos ocasiones la peligrosa selva, Dany sostiene: “Tengo menos miedo de cruzar el Darién que de vivir en Ecuador”. Ahora está planeando su tercer intento para ir a Norteamérica, esta vez lo hará con su esposa y tres hijos. La compleja situación de inseguridad del país sudamericano, donde han asesinado a más de 4.600 personas en el último año, ha desplazado a la falta de empleo y de oportunidades que desde siempre han sido los motivos por los cuales los ecuatorianos migran. “Muchas de las personas que se animan a hacer esta ruta han expresado que existe un factor de violencia o no se sentían seguras en el sitio en el que estaban”, explica Cristina Zugasti, representante de Médicos Sin Fronteras en Panamá.

“Un señor de 50 años que vino a consulta nos dijo que vendía cosas en la calle y que los grupos criminales le pidieron 2.000 dólares y él contaba que no podía pagar, entonces se fue”, añade. Hay otros casos en los que el miedo a que en cualquier momento les toque a ellos, los ha motivado a irse, como el de una mujer que en más de una ocasión la llamaron del colegio de los hijos mientras estaba en el trabajo. “Era la directora que no había pagado la vacuna y tenían que ir corriendo a recoger a los niños porque les habían amenazado con una bomba”, comenta Zugasti, en otro de los casos que han recogido en el poco tiempo que los médicos asisten con ayuda psicológica a los migrantes cuando salen del Darién.

La segunda vez que Dany cruzó la selva, atravesó Centroamérica y México y logró llegar a Estados Unidos. Empezó a trabajar ensamblando muebles de cocina a los pocos días. El sueño americano se había cristalizado. Pero su esposa decidió ir detrás de él, acompañada solo con sus hijos de 3 y 14 años, también lo hizo por la selva del Darién. “Fue muy duro pero lo lograron”, cuenta. Sin embargo, no corrieron con la misma suerte y fueron detenidos en México. Era diciembre de 2022, víspera de Navidad, cuando Dany recibió la llamada. “Mi esposa lloraba destrozada, estaba en Ecuador, los habían deportado”, y él decidió regresar a por ellos. “En junio lo intentaré de nuevo, pero con mi familia”, dice

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Análisis Noticiosos

Suiza adora el dinero en efectivo, mientras en Suecia lo odian.

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El país helvético va hacer un referéndum para prohibir que la economía vaya por completo al dinero digital

Madrid.-Suiza es el país del mundo más apegado al dinero en efectivo. Suecia, en cambio, es uno de los más partidarios del dinero digital. Los suizos acumulan de media 11.000 francos en billetes y monedas (algo más de 11.000 euros), unos 22.000 francos por familia, mientras que en Suecia la gente tiene menos de 500 euros en casa. En Suiza se va a celebrar en breve un referéndum para consagrar en la constitución el derecho a mantener efectivo. En Suecia hacen gala de ser el país más avanzado del mundo en el destierro de los pagos en metálico. Allí solo los ancianos siguen utilizando los billetes y monedas. ¿Cómo pueden ser tan distinta la relación con el dinero?

En Suiza, un colectivo denominado Movimiento de Libertad Suiza ha recogido 157.000 firmas entre la ciudadanía referéndum a nivel nacional. Detrás de esta iniciativa está el temor de que el dinero en papel desaparezca en algún momento y que todas las transacciones pasen a ser digitales, lo que consideran que aumentaría también el riesgo de ser vigilados. Curiosamente, allí ni el Gobierno ni el banco central han anunciado que quieran acabar con el efectivo.

La idiosincrasia suiza está muy vinculada a la libertad y a la neutralidad. Desde hace siglos, sus ciudades han sido refugio para perseguidos políticos y religiosos de toda Europa. También han sido la cuna de largas sagas de banqueros (los Rothschild, los Lombard Odier, los Pictet…) donde millonarios de todo el mundo podían dejar parte de sus fortunas a buen recaudo.

ABBA y la tierra sin efectivo

En el caso de Suecia, su interés por ir dejando atrás los pagos en metálico se puede rastrear hasta uno de los emblemas nacionales, el grupo ABBA. Uno de sus fundadores, Björn Ulvaeus, es el principal defensor de la deriva del país hacia una sociedad sin efectivo. De hecho, en el Museo ABBA de Estocolmo no se pueden comprar las entradas con billetes desde hace más de 20 años.

La inquina de Ulvaeus contra el dinero en metálico se remonta a 2008, cuando unos ladrones robaron en el apartamento de su hijo Christian. El joven quedó tan afectado como para decidir mudarse. Para su padre, todo el episodio fue un escándalo. “Empecé a pensar que solo habían asaltado su casa para ver si tenía billetes”, contaba Ulvaeus en una entrevista con una televisión local.

Así que Ulvaeus, que conserva su influyente estatus de ídolo pop (al menos en Suecia), empezó a escribir artículos de opinión para periódicos y sitios web. Su argumento era sencillo: La economía criminal depende del carácter anónimo e imposible de rastrear del dinero en efectivo. De hecho, gran parte del dinero en efectivo que hay en el mundo, quizá la mayor parte, simplemente no se sabe dónde está. A menos efectivo, menos delincuencia. Su campaña tuvo un enorme éxito

Entre 2006 y 2016 la moneda en circulación disponible ha caído a la mitad, siendo sólo el 1% de la economía frente al 10% de la eurozona. Y en 2018 sólo uno de cada seis suecos declaraba haber hecho una compra reciente con dinero en efectivo. Y ya hay más de 4.000 personas que se han implantado un microchip en la mano para poder pagar si ni siquiera utilizar una tarjeta o un móvil.

Suiza y el billete más caro del mundo

Todos estos avances, en Suiza serían impensables. Para la mayoría de suizos, los pagos en efectivos son sinónimo de anonimato y privacidad. Cuando se hacen abonos con tarjetas de crédito o con sistemas de pago vinculado a grandes grupos tecnológicos (Google o Apple Pay), siempre quedan rastros de las transacciones.

Desde el portal Moneyland explican que: “a medida que ha avanzado la digitalización, también lo han hecho la ciberdelincuencia y el fraude online. Las cuentas en bancos suizos y las tarjetas de crédito son regularmente el objetivo de ciberdelincuentes y estafadores. El dinero en efectivo puede ser robado físicamente en un lugar, pero el ‘dinero digital’ puede ser robado en cualquier lugar y en cualquier momento”.

De hecho, en ciudades como Basilea o Zúrich todavía es habitual que haya algunas personas, ya de cierta edad, que siguen pagando el alquiler de su apartamento en efectivo. Y muchos negocios en los que no se acepta el pago con tarjeta. El Banco Nacional de Suiza (BNS) sigue emitiendo billetes de 1.000 francos (unos 1.000 euros) que son el papel moneda corriente con más valor de toda la tierra. En la Unión Europea, en cambio, ya se han dejado de producir billetes de 500 euros, para tratar de reducir la economía sumergida y el dinero negro.

El vicepresidente del BNS, Fritz Zurbruegg, habla del efectivo como un “fenómeno cultural” y explica que si siguen teniendo billetes de 1.000 francos “corresponde a lo que la gente quiere”. Es popular para las compras de bienes de alto valor y el pago de facturas en la oficina de correos, además de ser “un depósito de valor”, añadió.

Convergencia: Covid y exclusión financiera

Aunque parece que Suecia y Suiza tienen dos estrategias diametralmente opuestas en relación al uso del dinero en efectivo, en cierta medida también están convergiendo. En Suiza, la epidemia del coronavirus provocó un fuerte incremento de los pagos con tarjetas y móviles, al tratarse de un método de pago más aséptico.

Antes de la pandemia, hasta el 70% de los pagos puntuales (en restaurantes, supermercados, comercios…) se hacían aún en efectivo. En cambio, en julio de 2021 esa cifra había caído hasta el 43%, de acuerdo con una encuesta del BNS.

En Suecia, que hace unos años llegó plantearse el desterrar por completo el dinero en metálico, las autoridades han visto que hay algunos colectivos de personas desfavorecidas que siguen dependiendo de las monedas para vivir. Obligar a que todas las personas hagan todos los pagos con dinero electrónico implica presuponer que todo el mundo tiene una cuenta corriente, una tarjeta bancaria o un móvil. Sin embargo, muchas personas, sobre todo migrantes, sufren exclusión financiera y no tienen acceso a esos servicios básicos.

También la Organización Nacional Sueca de Pensionistas está en contra de suprimir por completo los pagos en metálico. Incluso la Agencia Sueca de Contingencias Civiles ha recomendado a los ciudadanos que guarden en sus hogares algo de efectivo para emergencias, ya que no se sabe qué podría ocurrir en el país en caso de que cayesen los sistemas de pago, se provocase un ciberataque o, bueno, se declarase la guerra.

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