Latinoamericanas
Ante la falta de seguridad, los haitianos se atrincheran tras barreras gigantescas
Puerto Príncipe, (EFE).- En numerosos barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe, la población levanta barreras gigantes en las entradas para impedir cualquier forma de invasión o ataque por parte de grupos armados que buscan nuevos territorios en un país asolado por una inseguridad sin precedentes desde 2018.
Hace casi un año, en abril de 2023, el barrio de Turgeau, a pocos kilómetros del Palacio Nacional, fue objeto de un sangriento ataque por parte de grupos armados que pretendían invadirlo y controlarlo.
Ese día, al menos una docena de presuntos bandidos fueron asesinados y luego quemados por la población enfurecida. Desde entonces, el barrio está a la defensiva, como muchos otros, en medio de la crisis general que afecta el país, agravada por los ataques de las bandas, que actualmente controlan el 80 % de la capital.
Indiferencia de la Policía Nacional
«Si la Policía existiera de verdad, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando ahora. La Policía es una fuerza legal que deja que las fuerzas ilegales se apoderen cada vez más del territorio», añade este joven veinteañero, muy pesimista sobre el futuro del país, que aguarda el despliegue de una misión multinacional, autorizada por la ONU, para asistir a la Policía.
Turgeau no es el único distrito que ha adoptado una estrategia defensiva de este tipo. Al menos una decena de barreras han sido detectadas por los periodistas de EFE en las entradas de varios barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe, en particular en Tabarre, Delmas y Pétion-ville, transformando los barrios en pueblos en los que todas las entradas y salidas son examinadas con lupa.
Poco a poco, la situación ha ido cambiando: en algunas calles se han multiplicado los badenes, luego las barricadas, más tarde las barreras gigantescas y, en algunos barrios ya, auténticos muros levantados por personas abandonadas a su suerte.
Una respuesta a la pasividad del Estado
Estas iniciativas son especialmente comunes en Estados frágiles como Haití. «Estados en los que el Gobierno no tiene ni la capacidad ni la voluntad de responder a las necesidades de la población, ni de garantizar la soberanía de su territorio», explica a EFE el profesor universitario Djems Olivier.
En gestación desde 2018, este fenómeno se ha generalizado recientemente en muchos barrios nuevos en Puerto Príncipe. Ya en la década de 2000, o incluso mucho antes, los llamados barrios residenciales -donde viven los ricos- construían barreras para atrincherarse, pero también para darse autonomía frente al resto de los habitantes que viven en los alrededores.
«Es una estrategia de respuesta a lo que llamamos ‘territorios perdidos’, aunque «en realidad, no son ‘territorios perdidos’, son zonas grises, espacios que escapan al control del Estado», añade Olivier.
Estas barreras se construyen con la contribución de cada habitante del barrio en cuestión. En algunos barrios, brigadas se encargan de la vigilancia, pero en otros se contrata a agentes de empresas de seguridad para que hagan el trabajo.
El urbanismo del miedo
Desde 2018, Haití se enfrenta a un meteórico aumento de la inseguridad, marcado por el incremento del número de secuestros, ataques armados, robos y violaciones, por no hablar de los conflictos armados entre bandas que luchan por nuevos territorios.
La situación está obligando a miles de personas a huir de los barrios donde nacieron y refugiarse en campamentos improvisados en condiciones inhumanas.
En torno a este formato han surgido numerosos barrios. Se trata principalmente de los barrios acomodados de las colinas. Pero desde 2018, los barrios más pobres lo han adoptado para contrarrestar la espiral de inseguridad. Algunas barreras solo permiten cruzar a los peatones, por lo que no hay forma de pasar en vehículos.
«La práctica de levantar barreras para hacer los barrios más seguros viene de lejos. Se inscribe en la emergencia de un urbanismo del miedo, sobre todo con la construcción de barrios cerrados, es decir, complejos residenciales cerrados como Belvil, Vivy Mitchell, etc.», afirma Olivier, doctor en Geografía.
Son sectores habitados por gente acomodada. El grueso de la población, que sobrevive como puede, no tiene medios para construir barrios cerrados. «Estos residentes han tenido que recurrir a esta estrategia de erigir barreras. No pueden contar con un Estado que no existe», subraya Olivier.
Según la ONG Centro de Análisis y de Investigación en derecho humano (Cardh), más de 200 personas fueron linchadas en Haití en 2023 en el marco del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale (pene pelado), entre ellos miembros de bandas y civiles.
Esto puede considerarse un epifenómeno que se ha desarrollado en un contexto de expansión territorial de las bandas. Al no contar con la protección del Estado, los vecinos desarrollan mecanismos de protección alternativos, como levantar vallas, formar brigadas de vigilancia, añade Olivier.
«Mucho antes de este fenómeno, el Estado ya estaba ausente en todo el país. En algunas zonas, incluso urbanas, son los notables, los grupos de base y las ONG quienes sustituyen al Estado», agrega Olivier, quien concluye sus declaraciones afirmando que son «son zonas del país abandonadas por el Estado». EFE
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.
Latinoamericanas
Intervienen una cárcel de Venezuela donde la directora era pareja del reo «Dinamita»
Agencia EFE
Caracas.-El Gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención en una cárcel del estado Guárico (centro), en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una «relación sentimental» con uno de los reos, que se identificaba como líder del penal, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
«Dicha funcionaria mantenía una relación sentimental con uno de los reclusos de nombre Wilfredo Sánchez, alias ‘Dinamita’, que se autodenominaba ‘pran’ del recinto carcelario», sostuvo el MP en una publicación en Instagram.
La Fiscalía indicó que durante la intervención se incautaron 110 «teléfonos inteligentes», 161 encendedores, 45 cargadores de celulares, así como 20 «armas punzo cortantes».
Igualmente, dijo que fueron decomisados 1.885 kilogramos de marihuana, 1.495 kilogramos de «pasta base» y 320 gramos de presunta cocaína.
El MP señaló que no se descartan «nuevas aprehensiones».
Los operativos forman parte de la ‘Operación Gran Cacique Guaicaipuro’, comenzada el año pasado para el desmantelamiento de «mafias carcelarias» que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos «reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena», según una nota oficial.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que fue un «despliegue masivo» de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, lo que «generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información».
En 2023, las autoridades desmantelaron ocho «mafias carcelarias» en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas.