Latinoamericanas
Ante la falta de seguridad, los haitianos se atrincheran tras barreras gigantescas
Puerto Príncipe, (EFE).- En numerosos barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe, la población levanta barreras gigantes en las entradas para impedir cualquier forma de invasión o ataque por parte de grupos armados que buscan nuevos territorios en un país asolado por una inseguridad sin precedentes desde 2018.
Hace casi un año, en abril de 2023, el barrio de Turgeau, a pocos kilómetros del Palacio Nacional, fue objeto de un sangriento ataque por parte de grupos armados que pretendían invadirlo y controlarlo.
Ese día, al menos una docena de presuntos bandidos fueron asesinados y luego quemados por la población enfurecida. Desde entonces, el barrio está a la defensiva, como muchos otros, en medio de la crisis general que afecta el país, agravada por los ataques de las bandas, que actualmente controlan el 80 % de la capital.
Indiferencia de la Policía Nacional
«Si la Policía existiera de verdad, no estaríamos pasando por lo que estamos pasando ahora. La Policía es una fuerza legal que deja que las fuerzas ilegales se apoderen cada vez más del territorio», añade este joven veinteañero, muy pesimista sobre el futuro del país, que aguarda el despliegue de una misión multinacional, autorizada por la ONU, para asistir a la Policía.
Turgeau no es el único distrito que ha adoptado una estrategia defensiva de este tipo. Al menos una decena de barreras han sido detectadas por los periodistas de EFE en las entradas de varios barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe, en particular en Tabarre, Delmas y Pétion-ville, transformando los barrios en pueblos en los que todas las entradas y salidas son examinadas con lupa.
Poco a poco, la situación ha ido cambiando: en algunas calles se han multiplicado los badenes, luego las barricadas, más tarde las barreras gigantescas y, en algunos barrios ya, auténticos muros levantados por personas abandonadas a su suerte.
Una respuesta a la pasividad del Estado
Estas iniciativas son especialmente comunes en Estados frágiles como Haití. «Estados en los que el Gobierno no tiene ni la capacidad ni la voluntad de responder a las necesidades de la población, ni de garantizar la soberanía de su territorio», explica a EFE el profesor universitario Djems Olivier.
En gestación desde 2018, este fenómeno se ha generalizado recientemente en muchos barrios nuevos en Puerto Príncipe. Ya en la década de 2000, o incluso mucho antes, los llamados barrios residenciales -donde viven los ricos- construían barreras para atrincherarse, pero también para darse autonomía frente al resto de los habitantes que viven en los alrededores.
«Es una estrategia de respuesta a lo que llamamos ‘territorios perdidos’, aunque «en realidad, no son ‘territorios perdidos’, son zonas grises, espacios que escapan al control del Estado», añade Olivier.
Estas barreras se construyen con la contribución de cada habitante del barrio en cuestión. En algunos barrios, brigadas se encargan de la vigilancia, pero en otros se contrata a agentes de empresas de seguridad para que hagan el trabajo.
El urbanismo del miedo
Desde 2018, Haití se enfrenta a un meteórico aumento de la inseguridad, marcado por el incremento del número de secuestros, ataques armados, robos y violaciones, por no hablar de los conflictos armados entre bandas que luchan por nuevos territorios.
La situación está obligando a miles de personas a huir de los barrios donde nacieron y refugiarse en campamentos improvisados en condiciones inhumanas.
En torno a este formato han surgido numerosos barrios. Se trata principalmente de los barrios acomodados de las colinas. Pero desde 2018, los barrios más pobres lo han adoptado para contrarrestar la espiral de inseguridad. Algunas barreras solo permiten cruzar a los peatones, por lo que no hay forma de pasar en vehículos.
«La práctica de levantar barreras para hacer los barrios más seguros viene de lejos. Se inscribe en la emergencia de un urbanismo del miedo, sobre todo con la construcción de barrios cerrados, es decir, complejos residenciales cerrados como Belvil, Vivy Mitchell, etc.», afirma Olivier, doctor en Geografía.
Son sectores habitados por gente acomodada. El grueso de la población, que sobrevive como puede, no tiene medios para construir barrios cerrados. «Estos residentes han tenido que recurrir a esta estrategia de erigir barreras. No pueden contar con un Estado que no existe», subraya Olivier.
Según la ONG Centro de Análisis y de Investigación en derecho humano (Cardh), más de 200 personas fueron linchadas en Haití en 2023 en el marco del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale (pene pelado), entre ellos miembros de bandas y civiles.
Esto puede considerarse un epifenómeno que se ha desarrollado en un contexto de expansión territorial de las bandas. Al no contar con la protección del Estado, los vecinos desarrollan mecanismos de protección alternativos, como levantar vallas, formar brigadas de vigilancia, añade Olivier.
«Mucho antes de este fenómeno, el Estado ya estaba ausente en todo el país. En algunas zonas, incluso urbanas, son los notables, los grupos de base y las ONG quienes sustituyen al Estado», agrega Olivier, quien concluye sus declaraciones afirmando que son «son zonas del país abandonadas por el Estado». EFE
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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