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Apoderan a un juez del archivo definitivo caso Odebrecht

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Santo Domingo, RD.- La jueza del Primer Juz­gado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apo­derada de una oposición al archivo definitivo a favor de ocho de los implicados en el escándalo de corrup­ción por los US$92 millo­nes en sobornos que admi­tió la empresa Odebrecht haber pagado en el país.

La magistrada Keila Pé­rez Santana fue apode­rada del caso por el juez coordinador de los juz­gados de la Instrucción del Distrito Nacional, Jo­sé Alejandro Vargas, lue­go de ser apoderado de una instancia por la abo­gada Evelyn Torres, repre­sentante de la Fundación Alianza Ciudadana.

Ahora la magistrada Pé­rez Santana deberá decidir si revoca o no el archivo con las firmas del expro­curador Jean Alain Ro­dríguez y de Narciso José Escaño Martínez, procu­rador general de corte de apelación, que fungió co­mo titular interino de la Procuraduría Especiali­zada de Persecución de la Corrupción Administrati­va (Pepca).

En la instancia Alianza Ciudadana pide al tribunal acoger en cuanto al fondo la objeción y en tal senti­do revocar dichos archi­vos ordenando a la Pepca, continuar y ampliar las in­vestigaciones indicadas en torno a los encartados, de­bido a las irregularidades de la que adolecen dichos archivos, tomando en cuen­ta la afectación social de los delitos atribuidos.

En la instancia de la ob­jeción, de la cual el Listín Diario posee copia, se sos­tiene que en caso de existir oposición por parte del mi­nisterio público actuante y responsable de las indaga­torias de lugar y partiendo del hecho de que los efec­tos propios del archivo no han sido declarados por la vía jurisdiccional pertinen­te, tener a bien intimar al ente acusador presentar ac­to conclusivo en contra de los 8 imputados favorecidos con la decisión impugnada.

Los autos, otorgados en septiembre de 2019 a favor de Temístocles Montás, Al­fredo Pacheco, César Sán­chez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máxi­mo D’ Oleo, Ruddy Gon­zález y Radhamés Segura, cuentan con las firmas del exprocurador Rodríguez y de Escaño Martínez.

En torno al caso, el de­partamento de Inspectoría del ministerio público inte­rrogó al procurador de la corte Escaño Martínez, lue­go de que fuera apoderado por el Pepca, para que rea­lizara una investigación por tratarse de un caso discipli­nario.

 SEPA MÁS

Giro del proceso.

El titular de la Procu­raduría Especializada de Persecución de la Corrupción Adminis­trativa (Pepca), Wilson Camacho había expre­sado que, aunque no existen querellantes en el expediente del caso Odebrecht que se conoce actualmen­te, la participación de una parte civil supone un giro en el curso del proceso.

Irregularidad.

Wilson Camacho ha dicho que los archivos definitivos se otorga­ron de forma irregu­lar, citando, entre otras razones, que se reali­zaron durante las va­caciones de la pasa­da titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelle­tier, y faltando tres días para que se reintegra­ra a sus funciones.

listindiario.com

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Ministerio Público cuestiona actitud de jueces conocen casos corrupción

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SANTO DOMINGO (República Dominicana).-Mirna Ortiz,  procuradora de corte,  cuestionó la actitud de jueces que conocen casos de corrupción, los cuales a su juicio siguen «sin asumir la magnitud” de los mismos. 

Dijo, sin embargo, que el Ministerio Público «se mantiene confiado en los procesos.

Ortiz,  coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), opinó que los tribunales continúan emitiendo decisiones «bajo un pensamiento ortodoxo”.

A manera de ejemplo citó la del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de varíar la prisión preventiva a Alfredo Alexander Solano. uno de los imputado por corrupción administrativa del Caso Medusa.

Opinó que los jueces siguen «sin asumir la magnitud de los casos de corrupción», pero dijo que el Ministerio Público «se mantiene confiado en el proceso», pese a la decisión del Tercer Juzgado. 

“El Ministerio Público continúa como siempre a pie de batalla y seguiremos presentando la acusación donde inequívocamente serán enviados todos a juicio”, subrayó.

DENUNCIA SE NIEGAN A HACER EXAMEN DE LA LEY

Al ser consultada por los periodistas sobre la decisión el juez Amauri Martínez de disponer el cese de la prisión preventiva a favor del imputado Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público,  indicó que “los tribunales se niegan a hacer un examen de la Ley conforme a las nuevas tendencias».

Sostuvo que frente a los casos de corrupción que maneja el Ministerio Público se hace necesario «sin dilaciones y conforme lo establecido por el Tribunal Constitucional, extender los plazos».

Resaltó que hay una gran  cantidad de imputados y de pruebas, y  complejidad de la obtención de estas últimas, lo cual no se había visto con otros procesos, por lo menos en la historia de la justicia penal dominicana.

“Los jueces se niegan a entender esa realidad y, en este caso, incluso, el Juez tampoco escuchó el llamado y el clamor de una víctima que le dijo a la justicia dominicana a través de una denuncia que su vida se sentía amenazada con la libertad del ciudadano Solano, y esa persona es nada más y nada menos que la exesposa del imputado”, añadió.

LA DECISIÓN DEL JUEZ

Al variar la prisión preventiva al acusado Solano, el juez Martínez le dispuso arresto domiciliario, el pago de una garantía económica de RD$10 millones a través de una compañía aseguradora e impedimento de salida del país.

La procuradora Ortiz resaltó que al tribunal se le explicó que la exesposa de Solano presentó, el día 26 de enero, una denuncia por sentirse violentada de manera persistente a través de llamadas telefónicas amenazantes, realizadas por el imputado desde la cárcel, desde dónde le advertía incluso, que la cárcel no era eterna, o sea, «poniendo fecha y hora para que a su salida resolvieran conflictos y situaciones de pareja”.

“El Juez entendió que esto tampoco era motivo suficiente para mantenerlo en prisión y que eso era un caso distinto al caso que estábamos conociendo”, dijo.

Por razones de espacio la audiencia fue celebrada en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público además de Ortiz estuvo representado por los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.

Ortiz recordó que el Ministerio Público se mantiene confiado en el proceso pese a la decisión del tribunal. “El Ministerio Público continúa como siempre a pie de batalla y seguiremos presentando la acusación donde inequívocamente serán enviados todos a juicio”, subrayó.

OTROS ACUSADOS

Además de Alfredo Alexander Solano, el proceso también se sigue en contra del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien es acusado de dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.

También, contra el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

Igualmente, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como de Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.

LOS CARGOS

Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.

of-am

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Ley prohibe ponerles nombres confusos a sus hijos ni denigrantes.

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Santo Domingo, RD.-Queda prohibido en la la nueva ley que regula los actos del estado civil que los padres asignen a sus hijos nombres que atenten contra la dignidad, que generen confusión sobre el sexo de la persona, y que ya posea uno de los hermanos.

La Ley 4-23 autoriza a los oficiales del estado civil a negar la asignación de los nombres que están restringidos, al momento de registrar la declaración del nacimiento.

“Los nombres que se le otorguen a una persona no podrán atentar contra la dignidad ni objetivamente perjudicar ni crear confusión en cuanto a la identificación del sexto de la persona”, establece el artículo 74 a ley 4-23.

Señala que en caso de que surjan conflictos en lo relativo al nombre, el oficial del estado civil queda facultado a negar la asignación de nombres que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados.

 La legislación dispone que cuando se presenten ese tipo de casos, el oficial civil debe poner en conocimiento la situación a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil para dirimir y resolver el conflicto.

“No podrá imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos con idénticos apellidos, a no ser que hubiera fallecido”, señala el párrafo II del artículo  74.

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Asaltantes de joyería «La Baticueva» mueren en enfrentamiento con la Policía

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Santo Domingo, RD.-Agentes de la Policía Nacional dieron muerte a dos presuntos delincuentes y otros dos fueron apresados  tras un enfrentamiento a tiros en la avenida Las Américas, Santo Domingo Este.

Las cuatro personas, aún no identificados, salieron huyendo tras asaltar la joyería “La Baticueva” y fueron sorprendidos en una persecución por los uniformados.

Según narran testigos del hecho a periodistas de Listín Diario, el vehículo en el que se desplazaban los individuos, un Jeep Grand Cherokee, intervino en vía contraria, produciéndose un choque con otro vehículo que los acorraló y obligó a los cuatro a “echarse a correr”.

De acuerdo con un agente policial presente, el primero de los abatidos se autopropinó un disparo para evitar caer preso, el otro fue muerto en el intercambio de disparos al intentar escapar entre unos matorrales.

Los otros dos fueron apresados.

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