Opinión
¡Aquí, esperando a Godot!
Por Andrés L. Mateo
A finales de los años sesenta del siglo pasado, nos pasábamos de mano en mano la obra de teatro “Esperando a Godot”, de Samuel Beckett. Este texto dramático era un punto culminante de las tesis angustiosas del teatro del absurdo, que proliferaron en el mundo europeo luego de la quiebra de la razón que significó la segunda guerra mundial.
El atractivo del contenido de ese drama, para nosotros entrampados trágicamente en la historia en movimiento de los años sesenta, no es sino ahora que puede ser comprendido.
En el escenario, todo el acontecer de la obra se diluye en la desesperada situación de dos seres cuyas vidas transcurren en la vana y absurda espera de un personaje llamado Godot, que nunca aparece, pero que al cerrarse el telón ha sobredeterminado todos los actos. Godot es un referente vacío de significado, un significante que remite a otro significante, pero cada vez que es invocado en la obra, se abre una esperanza sublime que silenciosamente vuelve a sumirse en el absurdo.
¿En qué se parece a nosotros mismos, los de entonces y los de ahora, esa obra de Beckett? ¿Por qué nos encandilaba esa espera absurda, en unos años que parecíamos haber asaltado el protagonismo de la historia? ¿Qué pasta dura comenzaba a cuajarse en el alma de la pequeña burguesía dominicana, como una callosidad de la decepción de la historia, que nuestra aventura espiritual reivindicaba el absurdo?
Digo que es ahora cuando podemos explicarnos con claridad el influjo de ese libro sobre nosotros, porque hemos alcanzado el derecho a pasarle inventario a la vida, y uno puede mirar hacia atrás pensando que, como en la obra, también nosotros estábamos Esperando a Godot. Y es el caso que Godot nunca llegó.
¿Es que hemos dejado de esperarlo?
Por aquellos años, y en ciertos círculos, respondíamos al saludo ¿cómo estás? con la frase ¡Aquí, esperando a Godot! Y parecía que la expresión encontraba algún sentido profundo, alguna clave proveniente de las huecas tinieblas de nuestro acontecer, que nos reconciliaba con la vida, con la esperanza. Como si en el hondón del alma presintiéramos que nuestros sueños de igualdad y justicia serían despedazados, y que nuestro destino sería toda la vida esperar a Godot. Ese Godot del absurdo que era imagen ideal de la ausencia de corrupción, marco honorable de un proyecto social que incluía a todos, apertura celeste hacia un modo de vida que se convertiría en un sueño trágico, en una amarga emboscada del maldito tiempo circular que taladra nuestra historia.
Lo que yo no puedo explicarme es el por qué, en estos días que transcurren, cuando alguien me arroja un saludo, digo, muy hacia dentro de mí, ¡Aquí, esperando a Godot!
Y me zambullo en un paisaje con un rabo de nube- como dice el cantor- , y siento el sordo tropel de mi corazón en la sombra de una decepción que no puedo, o no sé nombrar. En la guerra de abril de 1965, nos quedamos esperando a Godot. Después de los fatídicos regímenes de Balaguer, creíamos que los gobiernos del PRD eran la llegada estruendosa de la justicia social, el cese de la corrupción y la plena libertad del espíritu. Pero Godot tampoco llegó y nos frustramos. Cuando el PLD subió al poder por primera vez, había una esperanza difusa de que ejerciera la práctica política de manera diferente. Y se creyó que el mundo deslumbrante de la riqueza material no los atraería. Pero aquel discurso ético se convirtió en su contrario, y Godot no sólo no llegó, sino que se extendió en una larga miseria moral que suena como un piano en la noche.
El día 14 de agosto pasado el diario “El País”, de España, trajo un artículo del escritor Juan José Millás titulado “Un cañón en el culo”, cruda radiografía de la inexorabilidad del capital financiero en el mundo de hoy. Y yo pensé que así mismo estamos nosotros, los dominicanos que nos hemos pasado toda la vida esperando a Godot, y que estamos a punto de descubrir que tendremos que seguir esperándolo.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!