Nacionales
Crimen de Moïse fue parte de un plan denominado “El nuevo amanecer de Haití”
Agencias
El plan para acabar con la vida del presidente de Haití se concretó en una espaciosa sala de reuniones con vista al juzgado de Fort Lauderdale en Florida, fue donde tomó forma el plan para “salvar Haití”. Un incentivo de 83 mil millones de dólares ayudaría a reinventar la nación más pobre del hemisferio occidental, con inversiones en carreteras, redes eléctricas, puertos marítimos y aeropuertos.
De acuerdo con el diario The Washington Post, los asistentes de la reunión del 12 de mayo, se les dijo que “el nuevo amanecer de Haití”, estaría dirigido por Christian Emmanuel Sanon, un haitiano-estadounidense de 63 años que se describe a sí mismo como pastor y médico físico, que se encuentra detenido en Haití vinculado con la investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise.
La misión de Sanon durante esa reunión era convertir “Haití en una sociedad libre y abierta”, dijo Parnell Duverger de 70 años, un profesor jubilado quien asistió a la presentación en Fort Lauderdale y además, había redactado el plan de reurbanización presentado por Sanon.
Entre los asistentes a la reunión de Sanon se encontraban Walter Veintemilla, un financista de Florida que invierte en proyectos de infraestructura y Antonio “Tony” Intriago, el dueño de una firma de seguridad local también en Florida. Del encuentro surgió una propuesta ambiciosa que quedó por escrito, la cual fue compartida el mes siguiente entre Sanon y los dos dueños de negocios y a la que finalmente The Washington Post tuvo acceso.
Una empresa propiedad de Veintemilla, Worldwide Investment Development Group y CTU Security de Intriago reclutaría y reuniría un equipo privado de seguridad para proteger a Sanon hasta que se convirtiera en presidente de Haití. Esto según los detalles del borrador sin firmar obtenido por el Post. En última instancia, Sanon les reembolsaría sus servicios utilizando los activos del país, según el texto del contrato que circuló el 22 de junio.
El documento presenta los préstamos propuestos por un total de más de 860.000 dólares para municiones, equipo, transporte y alojamiento para el personal. Además, enumera las fechas de los gastos durante mayo y junio. Tres cuartos de ese monto de dinero serían cubiertos por Worldwide, según muestra el desglose, y el resto por CTU.
Las revelaciones de un gran plan para reconstruir Haití respaldado por Sanon y otros, así como el borrador del contrato y la lista de costos agregan una nueva dimensión financiera a la agitada investigación sobre un asesinato presidencial que ha trastornado el frágil Estado caribeño, dejándolo sin timón en medio de una disputa de liderazgo. Las autoridades haitianas y colombianas, junto con el FBI y la Interpol, están luchando para desentrañar un elenco de sospechosos que, según dicen, incluye a un ex informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) apodado “Whisky”, un político de la oposición, mercenarios colombianos y haitianos estadounidenses del sur de Florida.
Un comunicado emitido por un abogado de Veintemilla, Robert N. Nicholson, dijo que Sanon se acercó a su cliente para obtener fondos de infraestructura y “expresó su intención de ayudar a lograr un cambio pacífico en el liderazgo de Haití con el fin de mejorar las condiciones de vida de los haitianos”.
En el comunicado dijo que una de las firmas de Veintemilla, Worldwide Capital Lending Group, “ayudó a otorgar un préstamo a CTU” para respaldar los esfuerzos de Sanon, incluso proporcionando seguridad privada para él y “otros dignatarios haitianos debido a la violencia en curso en Haití”.
“En ningún momento durante ninguna reunión o conversación con el señor Sanon o con cualquiera de sus representantes hubo mención, discusión o sugerencia de un complot de asesinato contra el presidente Moise o la intención de usar la fuerza para lograr un cambio de liderazgo en Haití”.
Nicholson también dijo que el documento obtenido por The Post que muestra más de 860.000 dólares en préstamos a Sanon era una “solicitud de financiamiento”.
“No estoy diciendo que ninguna de estas cantidades no se pagó. Pero incluye cientos de miles de dólares que no se proporcionaron”, dijo.
The Post pudo corroborar algunas de las transacciones financieras en la lista de costos a través de entrevistas con proveedores, así como detalles proporcionados por las autoridades policiales sobre el viaje del grupo de ex militares colombianos presuntamente reclutados para la trama y que ahora están arrestados, muertos o en fuga.
Intriago no respondió a las llamadas y mensajes dejados en su negocio y dos direcciones residenciales. The Post no pudo contactar a algún abogado de Sanon y los familiares no respondieron al correo de voz ni a los mensajes de texto.
No hay evidencia en el contrato obtenido por The Post, o de las personas entrevistadas para este informe, de un objetivo de matar al presidente. La persona familiarizada con la reunión y el contrato, así como Duverger, dicen que los asistentes a la reunión esperaban crecientes protestas y la presión pública eventualmente obligaría al presidente haitiano a renunciar.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.