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Crimen de Moïse fue parte de un plan denominado “El nuevo amanecer de Haití”
Agencias
El plan para acabar con la vida del presidente de Haití se concretó en una espaciosa sala de reuniones con vista al juzgado de Fort Lauderdale en Florida, fue donde tomó forma el plan para “salvar Haití”. Un incentivo de 83 mil millones de dólares ayudaría a reinventar la nación más pobre del hemisferio occidental, con inversiones en carreteras, redes eléctricas, puertos marítimos y aeropuertos.
De acuerdo con el diario The Washington Post, los asistentes de la reunión del 12 de mayo, se les dijo que “el nuevo amanecer de Haití”, estaría dirigido por Christian Emmanuel Sanon, un haitiano-estadounidense de 63 años que se describe a sí mismo como pastor y médico físico, que se encuentra detenido en Haití vinculado con la investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise.
La misión de Sanon durante esa reunión era convertir “Haití en una sociedad libre y abierta”, dijo Parnell Duverger de 70 años, un profesor jubilado quien asistió a la presentación en Fort Lauderdale y además, había redactado el plan de reurbanización presentado por Sanon.
Entre los asistentes a la reunión de Sanon se encontraban Walter Veintemilla, un financista de Florida que invierte en proyectos de infraestructura y Antonio “Tony” Intriago, el dueño de una firma de seguridad local también en Florida. Del encuentro surgió una propuesta ambiciosa que quedó por escrito, la cual fue compartida el mes siguiente entre Sanon y los dos dueños de negocios y a la que finalmente The Washington Post tuvo acceso.
Una empresa propiedad de Veintemilla, Worldwide Investment Development Group y CTU Security de Intriago reclutaría y reuniría un equipo privado de seguridad para proteger a Sanon hasta que se convirtiera en presidente de Haití. Esto según los detalles del borrador sin firmar obtenido por el Post. En última instancia, Sanon les reembolsaría sus servicios utilizando los activos del país, según el texto del contrato que circuló el 22 de junio.
El documento presenta los préstamos propuestos por un total de más de 860.000 dólares para municiones, equipo, transporte y alojamiento para el personal. Además, enumera las fechas de los gastos durante mayo y junio. Tres cuartos de ese monto de dinero serían cubiertos por Worldwide, según muestra el desglose, y el resto por CTU.
Las revelaciones de un gran plan para reconstruir Haití respaldado por Sanon y otros, así como el borrador del contrato y la lista de costos agregan una nueva dimensión financiera a la agitada investigación sobre un asesinato presidencial que ha trastornado el frágil Estado caribeño, dejándolo sin timón en medio de una disputa de liderazgo. Las autoridades haitianas y colombianas, junto con el FBI y la Interpol, están luchando para desentrañar un elenco de sospechosos que, según dicen, incluye a un ex informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) apodado “Whisky”, un político de la oposición, mercenarios colombianos y haitianos estadounidenses del sur de Florida.
Un comunicado emitido por un abogado de Veintemilla, Robert N. Nicholson, dijo que Sanon se acercó a su cliente para obtener fondos de infraestructura y “expresó su intención de ayudar a lograr un cambio pacífico en el liderazgo de Haití con el fin de mejorar las condiciones de vida de los haitianos”.
En el comunicado dijo que una de las firmas de Veintemilla, Worldwide Capital Lending Group, “ayudó a otorgar un préstamo a CTU” para respaldar los esfuerzos de Sanon, incluso proporcionando seguridad privada para él y “otros dignatarios haitianos debido a la violencia en curso en Haití”.
“En ningún momento durante ninguna reunión o conversación con el señor Sanon o con cualquiera de sus representantes hubo mención, discusión o sugerencia de un complot de asesinato contra el presidente Moise o la intención de usar la fuerza para lograr un cambio de liderazgo en Haití”.
Nicholson también dijo que el documento obtenido por The Post que muestra más de 860.000 dólares en préstamos a Sanon era una “solicitud de financiamiento”.
“No estoy diciendo que ninguna de estas cantidades no se pagó. Pero incluye cientos de miles de dólares que no se proporcionaron”, dijo.
The Post pudo corroborar algunas de las transacciones financieras en la lista de costos a través de entrevistas con proveedores, así como detalles proporcionados por las autoridades policiales sobre el viaje del grupo de ex militares colombianos presuntamente reclutados para la trama y que ahora están arrestados, muertos o en fuga.
Intriago no respondió a las llamadas y mensajes dejados en su negocio y dos direcciones residenciales. The Post no pudo contactar a algún abogado de Sanon y los familiares no respondieron al correo de voz ni a los mensajes de texto.
No hay evidencia en el contrato obtenido por The Post, o de las personas entrevistadas para este informe, de un objetivo de matar al presidente. La persona familiarizada con la reunión y el contrato, así como Duverger, dicen que los asistentes a la reunión esperaban crecientes protestas y la presión pública eventualmente obligaría al presidente haitiano a renunciar.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.