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Crimen de Moïse fue parte de un plan denominado “El nuevo amanecer de Haití”
Agencias
El plan para acabar con la vida del presidente de Haití se concretó en una espaciosa sala de reuniones con vista al juzgado de Fort Lauderdale en Florida, fue donde tomó forma el plan para “salvar Haití”. Un incentivo de 83 mil millones de dólares ayudaría a reinventar la nación más pobre del hemisferio occidental, con inversiones en carreteras, redes eléctricas, puertos marítimos y aeropuertos.
De acuerdo con el diario The Washington Post, los asistentes de la reunión del 12 de mayo, se les dijo que “el nuevo amanecer de Haití”, estaría dirigido por Christian Emmanuel Sanon, un haitiano-estadounidense de 63 años que se describe a sí mismo como pastor y médico físico, que se encuentra detenido en Haití vinculado con la investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise.
La misión de Sanon durante esa reunión era convertir “Haití en una sociedad libre y abierta”, dijo Parnell Duverger de 70 años, un profesor jubilado quien asistió a la presentación en Fort Lauderdale y además, había redactado el plan de reurbanización presentado por Sanon.
Entre los asistentes a la reunión de Sanon se encontraban Walter Veintemilla, un financista de Florida que invierte en proyectos de infraestructura y Antonio “Tony” Intriago, el dueño de una firma de seguridad local también en Florida. Del encuentro surgió una propuesta ambiciosa que quedó por escrito, la cual fue compartida el mes siguiente entre Sanon y los dos dueños de negocios y a la que finalmente The Washington Post tuvo acceso.
Una empresa propiedad de Veintemilla, Worldwide Investment Development Group y CTU Security de Intriago reclutaría y reuniría un equipo privado de seguridad para proteger a Sanon hasta que se convirtiera en presidente de Haití. Esto según los detalles del borrador sin firmar obtenido por el Post. En última instancia, Sanon les reembolsaría sus servicios utilizando los activos del país, según el texto del contrato que circuló el 22 de junio.
El documento presenta los préstamos propuestos por un total de más de 860.000 dólares para municiones, equipo, transporte y alojamiento para el personal. Además, enumera las fechas de los gastos durante mayo y junio. Tres cuartos de ese monto de dinero serían cubiertos por Worldwide, según muestra el desglose, y el resto por CTU.
Las revelaciones de un gran plan para reconstruir Haití respaldado por Sanon y otros, así como el borrador del contrato y la lista de costos agregan una nueva dimensión financiera a la agitada investigación sobre un asesinato presidencial que ha trastornado el frágil Estado caribeño, dejándolo sin timón en medio de una disputa de liderazgo. Las autoridades haitianas y colombianas, junto con el FBI y la Interpol, están luchando para desentrañar un elenco de sospechosos que, según dicen, incluye a un ex informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) apodado “Whisky”, un político de la oposición, mercenarios colombianos y haitianos estadounidenses del sur de Florida.
Un comunicado emitido por un abogado de Veintemilla, Robert N. Nicholson, dijo que Sanon se acercó a su cliente para obtener fondos de infraestructura y “expresó su intención de ayudar a lograr un cambio pacífico en el liderazgo de Haití con el fin de mejorar las condiciones de vida de los haitianos”.
En el comunicado dijo que una de las firmas de Veintemilla, Worldwide Capital Lending Group, “ayudó a otorgar un préstamo a CTU” para respaldar los esfuerzos de Sanon, incluso proporcionando seguridad privada para él y “otros dignatarios haitianos debido a la violencia en curso en Haití”.
“En ningún momento durante ninguna reunión o conversación con el señor Sanon o con cualquiera de sus representantes hubo mención, discusión o sugerencia de un complot de asesinato contra el presidente Moise o la intención de usar la fuerza para lograr un cambio de liderazgo en Haití”.
Nicholson también dijo que el documento obtenido por The Post que muestra más de 860.000 dólares en préstamos a Sanon era una “solicitud de financiamiento”.
“No estoy diciendo que ninguna de estas cantidades no se pagó. Pero incluye cientos de miles de dólares que no se proporcionaron”, dijo.
The Post pudo corroborar algunas de las transacciones financieras en la lista de costos a través de entrevistas con proveedores, así como detalles proporcionados por las autoridades policiales sobre el viaje del grupo de ex militares colombianos presuntamente reclutados para la trama y que ahora están arrestados, muertos o en fuga.
Intriago no respondió a las llamadas y mensajes dejados en su negocio y dos direcciones residenciales. The Post no pudo contactar a algún abogado de Sanon y los familiares no respondieron al correo de voz ni a los mensajes de texto.
No hay evidencia en el contrato obtenido por The Post, o de las personas entrevistadas para este informe, de un objetivo de matar al presidente. La persona familiarizada con la reunión y el contrato, así como Duverger, dicen que los asistentes a la reunión esperaban crecientes protestas y la presión pública eventualmente obligaría al presidente haitiano a renunciar.
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.