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Crimen de Moïse fue parte de un plan denominado “El nuevo amanecer de Haití”
Agencias
El plan para acabar con la vida del presidente de Haití se concretó en una espaciosa sala de reuniones con vista al juzgado de Fort Lauderdale en Florida, fue donde tomó forma el plan para “salvar Haití”. Un incentivo de 83 mil millones de dólares ayudaría a reinventar la nación más pobre del hemisferio occidental, con inversiones en carreteras, redes eléctricas, puertos marítimos y aeropuertos.
De acuerdo con el diario The Washington Post, los asistentes de la reunión del 12 de mayo, se les dijo que “el nuevo amanecer de Haití”, estaría dirigido por Christian Emmanuel Sanon, un haitiano-estadounidense de 63 años que se describe a sí mismo como pastor y médico físico, que se encuentra detenido en Haití vinculado con la investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise.
La misión de Sanon durante esa reunión era convertir “Haití en una sociedad libre y abierta”, dijo Parnell Duverger de 70 años, un profesor jubilado quien asistió a la presentación en Fort Lauderdale y además, había redactado el plan de reurbanización presentado por Sanon.
Entre los asistentes a la reunión de Sanon se encontraban Walter Veintemilla, un financista de Florida que invierte en proyectos de infraestructura y Antonio “Tony” Intriago, el dueño de una firma de seguridad local también en Florida. Del encuentro surgió una propuesta ambiciosa que quedó por escrito, la cual fue compartida el mes siguiente entre Sanon y los dos dueños de negocios y a la que finalmente The Washington Post tuvo acceso.
Una empresa propiedad de Veintemilla, Worldwide Investment Development Group y CTU Security de Intriago reclutaría y reuniría un equipo privado de seguridad para proteger a Sanon hasta que se convirtiera en presidente de Haití. Esto según los detalles del borrador sin firmar obtenido por el Post. En última instancia, Sanon les reembolsaría sus servicios utilizando los activos del país, según el texto del contrato que circuló el 22 de junio.
El documento presenta los préstamos propuestos por un total de más de 860.000 dólares para municiones, equipo, transporte y alojamiento para el personal. Además, enumera las fechas de los gastos durante mayo y junio. Tres cuartos de ese monto de dinero serían cubiertos por Worldwide, según muestra el desglose, y el resto por CTU.
Las revelaciones de un gran plan para reconstruir Haití respaldado por Sanon y otros, así como el borrador del contrato y la lista de costos agregan una nueva dimensión financiera a la agitada investigación sobre un asesinato presidencial que ha trastornado el frágil Estado caribeño, dejándolo sin timón en medio de una disputa de liderazgo. Las autoridades haitianas y colombianas, junto con el FBI y la Interpol, están luchando para desentrañar un elenco de sospechosos que, según dicen, incluye a un ex informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) apodado “Whisky”, un político de la oposición, mercenarios colombianos y haitianos estadounidenses del sur de Florida.
Un comunicado emitido por un abogado de Veintemilla, Robert N. Nicholson, dijo que Sanon se acercó a su cliente para obtener fondos de infraestructura y “expresó su intención de ayudar a lograr un cambio pacífico en el liderazgo de Haití con el fin de mejorar las condiciones de vida de los haitianos”.
En el comunicado dijo que una de las firmas de Veintemilla, Worldwide Capital Lending Group, “ayudó a otorgar un préstamo a CTU” para respaldar los esfuerzos de Sanon, incluso proporcionando seguridad privada para él y “otros dignatarios haitianos debido a la violencia en curso en Haití”.
“En ningún momento durante ninguna reunión o conversación con el señor Sanon o con cualquiera de sus representantes hubo mención, discusión o sugerencia de un complot de asesinato contra el presidente Moise o la intención de usar la fuerza para lograr un cambio de liderazgo en Haití”.
Nicholson también dijo que el documento obtenido por The Post que muestra más de 860.000 dólares en préstamos a Sanon era una “solicitud de financiamiento”.
“No estoy diciendo que ninguna de estas cantidades no se pagó. Pero incluye cientos de miles de dólares que no se proporcionaron”, dijo.
The Post pudo corroborar algunas de las transacciones financieras en la lista de costos a través de entrevistas con proveedores, así como detalles proporcionados por las autoridades policiales sobre el viaje del grupo de ex militares colombianos presuntamente reclutados para la trama y que ahora están arrestados, muertos o en fuga.
Intriago no respondió a las llamadas y mensajes dejados en su negocio y dos direcciones residenciales. The Post no pudo contactar a algún abogado de Sanon y los familiares no respondieron al correo de voz ni a los mensajes de texto.
No hay evidencia en el contrato obtenido por The Post, o de las personas entrevistadas para este informe, de un objetivo de matar al presidente. La persona familiarizada con la reunión y el contrato, así como Duverger, dicen que los asistentes a la reunión esperaban crecientes protestas y la presión pública eventualmente obligaría al presidente haitiano a renunciar.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.