Opinión
¡Farmacia GBC implicada en estafa Senasa!
Por Narciso Isa Conde
Cuentan con más de 188 sucursales en todo el país.
Santo Domingo.– En la página de promoción MEDICAR GBC se puede leer que ese negocio «nace en el 1996, formada por 2 hermanos con el compromiso de ser una farmacia dedicada a brindar un servicio confiable a sus clientes.
Con el transcurso del tiempo medicar GBC fue ganando la aceptación y confianza del público y hoy en día somos la farmacia de los dominicanos.»
«! ¡La farmacia de los dominicanos!» es su lema, con lo que nos quieren decir que están controlando gran parte del mercado, porque de ninguna manera pierden.
Cuentan con más de 188 sucursales en todo el país.
Creció como la espuma, con dinero fácil.
El dinero fácil facilita eso y mucho más. Los dos hermanos se las traen, saben jonronear por los 411, como reza uno de sus spots televisado y saben poner en aprieto las otras cadenas de farmacias, nada santas, pero no tan…tan diablas.
Aceptan todos los seguros y pagos, incluso el de FARMACARD, una de las empresas del GRUPO READ involucrada hasta el tuétano en el fraude colosal a SENASA y aliada a GBC en esos menesteres.
El descuento al Estado (SENASA y Salud Pública) es menor que se le otorga al cliente común en todas sus farmacias: es solo del 10%, apenas la mitad. Algo curiosamente aceptado al más alto nivel por las autoridades del seguro estatal, del servicio de salud y compra de medicamentos.
Algo curioso y gracioso, aunque no más del hecho que los contratos leoninos del Estado con GBC implican comprar las mercancías en el último escalón de la cadena empresarial, a precios de detallistas, mucho más altos que lo que ofrecen sus fabricantes o importadores
Es imposible justificar esos contratos cuando el sistema de boticas populares bien puede comprar los medicamentos directamente a los fabricantes nacionales y a las casas importadoras a precios mucho más ventajosos.
Dados tantos y tan voluminosos procesos fraudulentos es defóicil de creer que el presidente Abinader, los ministros de salud, el director de los Servicios de Salud. Promese/Cal, no supieran de esas conexiones tramposas, que por demás implican privatizaciones indirectas.
Eso huele a sobornos, a asociaciones delictivas entre altos funcionarios y los propietarios de GBS. Esos favores no son gratis.
La red de farmacias GBC es una propiedad registrada y la IA permite identificar sus dueños y su historia
La primera Farmacia GBC fue iniciada por Raymond Rodríguez (también conocido como Reymo Rodríguez), junto a su hermana Carmen Rodríguez, y su familia. Actualmente, Raymond Rodríguez se desempeña como el presidente ejecutivo de la refereida cadena de farmacias.
Pasar de una farmacia de dos hermanos a una cadena monopólica es algo fantástico. Yo conozco casos de familias ricas que, ateniéndose a las reglas clásicas del capitalismo, no lo logran. Eso necesita un EXTRA fuera de lo común.
Curiosamente en los gobiernos de Leonel y Danilo la primera farmacia se multiplicó por 50. Ya desde entonces tenían lugar sus contratos leoninos con Salud Pública.
Pero la expansión vertiginosa de GBC de cuando tenía 50 sucursales a las 188 actuales, se produjo en el periodo de sus acuerdos con entidades de Salud Publica y SENASA en el marco de la gestión privatizadora de ABINADER-PRM, que ha impuesto en muchas vertientes un régimen de asociación público-privada, aplaudido por el CONEP, y auspiciado por ciertas elites empresariales, por la Casa Blanca y la corrompida partidocracia perremeista.
La Vice, Raquel Peña, logró colocar de Ministro de Salud Pública al doctor Rincón, hoy Senador por Santiago, vinculado a fuertes negocios de salud en esa ciudad, ambos impulsores de variadas modalidades de contratos del sector público de salud con negocios privados que tienden a privatizar áreas del sistema estatal de salud.
Ricón fue reemplazado por Atalá, miembro de una familia con fuertes vínculos y muchas «cuñas» en la franja PRD-PRM.
Los silencios de Abinader, de la Vice y el Ministro de Salud sobre algo tan grave, más la actitud presidencial de referir toda esa cadena de estafa al MP, es una manera de evadir responsabilidades y encubrir las propias.
Muy conocidos son los vínculos de Abinader con Santiago Hazim, y los de ambas partes con la poderosa familia Villanueva de VIAMAR y del GRUPO READ, muy vinculada históricamente también a la franja PRD-PRM.
Es imposible de creer –reitero- que la Presidencia, el Ministerio de Salud, la Dirección de los Servicios de Salud, PROMESE-CAL, el Gabinete de Salud y la cúpula del CONEP…ignoraran por años situaciones como éstas.
Y hay que estar alerta porque estratégicamente, más allá de los primeros operativos y consiguientes estruendos, el MP y el Poder Judicial siguen conformando un sistema judicial que sirve a la impunidad de los tutumpotes políticos, empresariales y militares.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!