Nacionales
Autoferia Popular cierra con más de RD$2,500 millones aprobados
Published
12 años agoon
By
LA REDACCIÓN
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Autoferia Popular fue clausurada el domingo con uno de sus mejores resultados, alcanzando un monto preliminar de préstamos aprobados de RD$2,566 millones, cifra que supera el logro de 2013. Estos préstamos aprobados financiarán un total de 2,138 vehículos nuevos.
El promedio de los préstamos desembolsados fue cercano a RD$1.2 millones, destacando las jeepetas como los vehículos más demandados en más de la mitad de los casos.
La décimo novena versión de este evento automotriz, celebrado en el parqueo de la Torre Popular y en más de 30 dealersdel interior del país, del 4 al 7 de diciembre,contó este año con los planes de financiamiento más competitivos del mercado, ofreciendo una tasa fija de 7.50% por seis meses; préstamos a un año con tasa fija de 8.50%; a tres años, con tasa fija de 11.50%; y a cinco años,con tasa fija de 12.50%. En adición, los clientes pueden financiar su vehículo nuevo hasta en 72 meses.
Aporte a la economía productiva
Celebrada en el marco de los 50 años de operaciones del Popular, esta edición sirvió de vitrina para presentar a los dominicanos una veintena de nuevos modelos para 2015.
El vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales, señor Juan Lehoux, manifestó que,en sus 19 versiones, “Autoferia Popular ha contribuido con la sostenibilidad de la economía productiva del país, financiando más de 17,000 vehículos, que elevan los estándares de vida de las familias y empresas compradoras, al tiempo que modernizan el parque móvil dominicano con unidades más seguras, que consumen menos combustible y son menos contaminantes con el medioambiente”.
Claves del éxito
Las tasas fijas y los plazos preferenciales fueron, sin duda, uno de los factores más influyentes para el éxito de esta edición. Pero, además, se contó con la participación de más de 30 dealers a nivel nacional, que ofrecieron los mismos planes de financiamiento y condiciones.
Esto facilitó queel 36% de las ventas provinieran de clientes del interior, gracias a la activa gestión de estos dealers participantes, alcanzandocerca de las 700 unidades vendidas.
En el esfuerzo comercial fueron también destacableslos resultados obtenidos durante los días de preventa, que gozaron de las mismas facilidades dela Autoferia Popular, contabilizándose en las jornadasprevias más de 1,100 solicitudes aprobadas para adquirir nuevos vehículos.
Ante estos resultados preliminares, las casas importadoras y los distribuidores de vehículos participantes se mostraron muy satisfechos al superar sus expectativas, lo que demuestra que Autoferia Popular es la plataforma de comercialización y financiamiento automotriz más importante de la República Dominicana, donde las marcas automotrices y sus representantes se benefician además del valor agregado que en posicionamiento, conocimiento y difusión adquieren sus marcas de vehículos durante la feria.
Beneficios añadidos para los clientes
Un beneficio adicional para muchos clientes fue disfrutar de atractivos descuentos ofrecidos por los importadores en más de 30 marcas, con rebajas de hasta el 18% sobre el precio de venta.
Además, entre los compradores que desembolsaron su préstamo antes de concluir la feria se sorteó,como premio especial,el financiamiento de un automóvil 0 kilómetros.
La Autoferia Popular digital
En el portal web www.autoferiapopular.com.do los interesados pudieron revisar el catálogo de vehículos de su preferencia y calcular la cuota para planificar su presupuesto.Este sitio web recibió unos16,500 visitantes únicos desde los días previos al evento.
Como gran innovación, mediante la aplicación gratuita App Popular, en los cuatro días de feria cientos de clientes solicitaron y recibieron sus préstamos preaprobados directamente en sus móviles, de manera ágil, segura y sencilla.
Diseñada como un gran evento familiar, Autoferia Popular 2014 ofreció también pasarelas de automóviles para jóvenes, desfiles de vehículos clásicos y exóticos, animaciones, talleres de educación vial para los niños, música en vivo, sorteos y charlas sobre el mantenimiento del vehículo.
acento.dom.do
Nacionales
Obispos se reunen con Abinader en la 64ª Asamblea Plenaria del Episcopado
Published
20 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.

El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.

También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Nacionales
Garantía económica e impedimento de salida a “Onguito Wa”.
Published
20 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.

La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Published
20 horas agoon
julio 3, 2026
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
