Nacionales
Banco Central rechaza versión de desencaje del Banco de Reservas
El gobernador Héctor Valdez negó tajantemente que Banreservas tenga desencaje. (Fuente Externa)
El Banco Central desmintió categórica y determinantemente que el Banco de Reservas haya presentado una posición de desencaje, y dijo que, por el contrario, la entidad cuenta con excedentes de encaje en dólares y en pesos.
El gobernador Héctor Valdez Albizu dijo, asimismo, que el Banreservas presenta un índice de solvencia de 16.89%, con el cual supera ampliamente el nivel requerido por la ley Monetaria y Financiera, que es un 10%.
Valdez Albizu destacó, en sentido general, la fortaleza de las entidades que conforman el sistema financiero dominicano, indicando que esa situación la reflejan los indicadores más recientes. En efecto, comparando el nivel de crecimiento de los activos totales del sistema, mayo 2016 con mayo 2015, ascendió a 9.06% y con un nivel de rentabilidad del capital de 15.49%, y niveles de morosidad de cartera de tan solo 1.94%, expresó.
Excedentes
Asimismo, destacó que al día de ayer, las entidades financieras tienen depositadas en el Banco Central un excedente de RD$23,242.8 millones por concepto de depósitos overnight, y un excedente de encaje legal en moneda nacional de RD$1,679.00 millones y en moneda extranjera de US$341.3 millones.
Sobre los rumores que han circulado sobre el Banco de Reservas, en algunos medios electrónicos, Valdez Albizu desmintió de manera categórica y determinante, que el Banco de Reservas, haya presentado una posición de desencaje, como señalara de forma “desaprensiva, y difamatoria”, un grupo denominado como Comité Nacional de la Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), aparecido en algunos periódicos digitales, entre los cuales se encuentran 7dias.com.do, y al momento.net, el 15 de junio de 2016.
El Gobernador enfatizó que el Banco de Reservas no ha presentado problemas de encaje legal por lo menos en los últimos 30 años, y que por el contrario, esta entidad se ha caracterizado por dar un cumplimiento estricto a la política de encaje legal y a las demás normas bancarias y prudenciales que les son aplicables conforme a las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 21 de noviembre de 2002 y a sus reglamentos de aplicación.
Valdez Albizu informó que el Banco de Reservas posee una posición de encaje legal excedentaria tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, así como, excelentes indicadores financieros de liquidez, calidad de activos y solvencia, por encima de los requerimientos regulatorios vigentes.
Además de ser el principal banco del sistema financiero nacional con una participación del 33.0% del total de activos y un índice de morosidad por debajo del promedio del sistema, así como un índice de solvencia de 16.89%, por encima del 10% requerido por la Ley Monetaria y Financiera.
Indicó el Lic. Valdez Albizu que actualmente, de los depósitos en overnight ascendentes a RD$23,242.8 millones, el Banco de Reservas posee el 35%, es decir, unos RD$8,130.0 millones, mientras que la posición excedentaria de encaje legal de la banca múltiple asciende a RD$1,292.5 millones, de los cuales el 26% corresponden al referido Banco de Reservas.
Penalidad
El gobernador del Banco Central advirtió que el artículo 80, literal A de la Ley Monetaria y Financiera 183-02, establece que aquellas personas físicas o jurídicas, que conscientemente difundan por cualquier medio falsos rumores u organicen campañas difamatorias relativas a la liquidez o solvencia de una o varias entidades de intermediación financiera y la estabilidad del mercado cambiario, podrían ser sometidas, ante los tribunales de la República y ser sancionados con multas de RD$500,000.00 A RD$2, 500,000.00 y penas de 3 a 10 años de prisión.
Finalmente, destacó el gobernador . Valdez Albizu, el sistema financiero dominicano consolidado muestra una situación económica y financiera de estabilidad, liquidez, adecuación patrimonial y calidad de sus activos, conforme se puede observar en los Estados Financieros y los indicadores que conforme a los principios de transparencia son publicados habitualmente en los periódicos de circulación nacional, en los portales digitales de las entidades de intermediación financiera y de la Superintendencia de Bancos. –
El Caribe
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.