Reportaje A Fondo
Berlín, París y California: tres modelos para poner freno a los alquileres
La crisis de vivienda es un creciente quebradero de cabeza en las capitales del mundo
Un bloque de apartamentos en París. ATHANASIOS GIOUMPASIS GETTY
Berlín / París / Los Ángeles.- Las medidas para frenar los precios del alquiler de la vivienda habitual han proliferado en los últimos años en varios puntos de Europa —con Berlín y París como casos más destacados— y del mundo —con el Estado de California al frente—. La capital alemana ensaya con su segunda normativa en cinco años para frenar el incremento de las rentas, con elevadas sanciones económicas para los propietarios que la incumplan. La capital francesa, una de las ciudades donde el alquiler es más caro, ha fijado una banda máxima en función de los barrios. Y California ha transitado un camino similar, hacia el control de precios, pero con un efecto indeseado: en los dos meses que transcurrieron hasta la entrada en vigor de la norma, los propietarios que se iban a ver afectados empezaron a desahuciar a inquilinos para hacer contratos nuevos.
París: límites en 80 barrios
Con el precio de venta de vivienda superando ya los 10.000 euros por metro cuadrado, comprar piso es una quimera para buena parte de los residentes de París. De hecho, el 60% de los parisinos alquila como única alternativa posible. Pero tampoco esta opción sale barata en una ciudad con una carencia habitacional fuerte debido, en parte, al escaso espacio existente para construir más viviendas «intramuros». En una década, los alquileres en la capital francesa subieron hasta el 50%, lo que llevó al Gobierno del socialista de François Hollande a aprobar una ley en 2014 que permitía la limitación de los alquileres en zonas «tensas» —donde hay mucha más demanda que oferta, lo que dispara los precios— de grandes aglomeraciones como París o Lille. La justicia sin embargo frenó dicha ley en 2017, lo que según algunos estudios disparó otra vez los precios hasta en un 25%.
Una nueva normativa, la denominada ley Elan, ha vuelto a posibilitar de forma «experimental» el límite de los alquileres. París, que lo aplicó entre 2015 y 2017, lo vuelve a implementar desde el 1 de julio de 2019 —por un periodo de cuatro años— y Lille comenzará a hacerlo el próximo 1 de marzo. La limitación del alquiler, en las zonas donde es aplicable, aplica a los contratos de arrendamiento —nuevos o renovados— de una vivienda principal. Solo quedan excluidas las denominadas viviendas sociales, puesto que ya se benefician de precios especiales. Por ley, el alquiler no puede exceder más de 20% de un precio de referencia fijado cada año por decreto en base a una serie de criterios (como barrio, número de habitaciones de la vivienda y año de construcción de la misma), ni tampoco ser inferior en 30% a esa cifra. Según la alcaldía de París, en la capital estos alquileres limitados se aplican ya en 80 barrios reagrupados en 14 sectores geográficos.
Las multas para los propietarios que infrinjan los límites del alquiler van desde los 5.000 euros para las personas físicas a los 15.000 si se trata de una persona jurídica. Además, el prefecto puede demandar al propietario que devuelva al arrendatario el dinero de más recaudado.
California: 5% anual más inflación, con muchas excepciones
La crisis de la vivienda en California ha llevado al gobernador a declarar un «estado de emergencia» oficioso para hacer frente a sus efectos más visibles: decenas de miles de personas sin hogar vagando por las calles de las grandes ciudades y viviendo en coches y furgonetas. La primera verdadera medida de calado fue la ley AB1482, aprobada el año pasado y que supone un tímido control de la subida desaforada de alquileres. La ley limita las subidas de alquiler al 5% anual más la inflación y fija las causas para el desahucio de un inquilino. No es exactamente un límite al precio alquiler, sino más bien una ley de estabilización para evitar excesos. La ley deja exentos edificios con más de 15 años de antigüedad y a las casas cuyo propietario sea un particular, no una empresa. Se calcula que afecta a unos ocho millones de californianos.
Bajo la ley anterior, no había límite de lo que un propietario podía elevar el alquiler. Si la subida era menor del 10%, bastaba con avisar con 30 días de antelación. Si era mayor del 10%, tenía que avisar con 60 días. En algunas áreas y edificios concretos, los municipios podían imponer un control de alquiler que limitaba la subida al 5% y establecía una serie de «causas justas» para el desahucio. Lo que ha hecho la nueva ley estatal es básicamente ampliar esas protecciones a todo el Estado.
La nueva ley entró en vigor este año y caduca en una década. Sin embargo, su aprobación tuvo un efecto no deseado: se aprobó en septiembre pasado y se ratificó en octubre, tiempo más que suficiente para ordenar el desalojo dentro de los 60 días legales. Los propietarios que se iban a ver afectados empezaron a desahuciar a inquilinos para hacer contratos nuevos con el máximo precio de alquiler posible antes de que la ley entrara en vigor. Ante la posibilidad de que una ley diseñada para «estabilizar el mercado», ciudades como Los Ángeles dictaron ordenanzas para prohibir los desahucios sin causa justificada.
Ninguna de estas normas para frenar los síntomas de la crisis soluciona el factor principal que está estrangulando a la clase media, que es la falta de nuevas viviendas. Los constructores se encuentran con una oposición obstinada de los municipios a ceder suelo para construir apartamentos, ni siquiera cerca de grandes centros de trabajo o de transporte, porque los vecinos consideran que afea los tradicionales barrios de bungalós y perjudica el valor de sus casas. Así hay regiones como Los Ángeles en la que, con 10 millones de habitantes, el paisaje más habitual es el de una sola familia por parcela. En un Estado con 39 millones de habitantes, el tamaño de España y el PIB del Reino Unido, no hay sitio para nadie.
Reportaje A Fondo
Estados Unidos ofrece 170 millones a Guatemala para prevenir la migración irregular
El presidente de Guatemala aprovechó su gira en Washington para pedir acompañamiento de la OEA en el proceso de elección de magistrados para las Cortes del país.
Ciudad de Guatemala.- El Gobierno de los Estados Unidos ofreció esta semana durante la visita a Washington del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que aportará 170 millones de dólares más para el país centroamericano destinados a proyectos de salud, desarrollo y seguridad con el objetivo de combatir las causas centrales de la migración.
Alrededor del mediodía, Arévalo y Harris dieron una conferencia de prensa en la que vicepresidenta reiteró el apoyo de su Gobierno hacia Guatemala. “Su elección ha traído un sentido de optimismo a la gente de los Estados Unidos y alrededor del mundo. (…) Mientras usted responsabiliza a los actores corruptos y promueve una buena gobernanza, nosotros lo apoyamos”, manifestó Harris al presidente guatemalteco.
Harris recalcó la importancia de la lucha contra la corrupción tanto para mitigar la migración irregular como para atraer inversión económica hacia Guatemala. “La corrupción empodera a las organizaciones criminales y perpetúan la violencia, factores que obligan a la gente a dejar su país de origen”, agregó.
Por su parte, Arévalo agradeció el apoyo recibido por el Gobierno estadounidense durante el “difícil proceso de elección presidencial y de transición” y reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción. “Mantendremos nuestro compromiso como gobiernos para fomentar la participación de todos los sectores para construir una Guatemala nueva, democrática y mucho más próspera”, señaló el mandatario.
El anuncio de los 170 millones más que se adicionarán para invertir en Guatemala, se anunciaron por medio de un comunicado de prensa previo al encuentro de los funcionarios. Esto forma parte de la ruta de trabajo que Estados Unidos ha implementado, según Harris, en los últimos tres años para abordar las causas fundamentales de la migración irregular de Centroamérica.
Arévalo pide ayuda a la OEA
Como parte de su gira en Washington la que inició el domingo y concluyó este miércoles, el presidente Arévalo participó el martes en la Sesión Protocolaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que manifestó su agradecimiento por todo el apoyo recibido durante la transición de Gobierno y les pidió el acompañamiento para la elección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, un proceso que se realizará en los próximos cinco meses y en el que el Congreso de Guatemala, deberá elegir a los magistrados que dirigirán ambas cortes para el periodo 2024-2029.
“Guatemala solicita a la Organización de Estados Americanos que de acompañamiento a la selección de autoridades del sistema de justicia mediante una misión de observación de este proceso”, dijo. El mandatario indicó que el país está a la víspera de iniciar una “batalla” jurídica y política contra grupos que controlan el aparato judicial y por eso pidió el apoyo de la OEA.
En la nación centroamericana, la elección de magistrados para ambas Cortes ha sido un proceso viciado en el que abogados, magistrados, exfuncionarios públicos y empresarios han estado en prisión debido al tráfico de influencias y el manejo ilegal que en su momento descubrió e investigó la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) para nombrar magistrados. Esta elección es una de las más esperadas y complejas en el Legislativo desde hace más de cuatro años.
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“Podríamos transformarnos en potencia energética”, dice el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho. Pero expertos coinciden en que es necesaria una mayor planificación
Buenos Aires.- La transición energética es una de las claves del momento en materia ambiental. El reto es reducir el uso de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) para reemplazarlos progresivamente por energías renovables. En este escenario, América Latina se encuentra ante una gran oportunidad. Con un enorme potencial para el desarrollo de energía fotovoltaica, eólica, biocombustibles o hidrógeno verde, la cuestión es cómo aprovecharla y qué camino tomar para acelerar el proceso.
Las energías renovables, en aumento
Según el panorama energético 2023 de América Latina y el Caribe, publicado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la capacidad de generación eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales en 2022 se incrementó: la eólica, un 10% y la solar, 46%. “El 95% de la nueva capacidad instalada en generación eléctrica en el año 2022 fue renovable y aún existe una brecha que cubrir de 16,2 millones de habitantes en cuanto a cobertura del servicio eléctrico”, aclara el informe.
Brasil, por ejemplo, es uno de los líderes mundiales en inversión en energía eólica, “además de contar con un buen nivel de inversión en investigación y desarrollo tanto público como privado”, agrega Bersalli. Mientras en Chile, según María Trinidad Castro Crichton, directora ejecutiva del World Energy Council (WEC) en ese país, “las energías renovables alcanzan un 54% en la matriz energética, explica. Además, “tiene una capacidad proyectada de producir 70 veces los requerimientos en combustibles tales como el hidrógeno bajo en emisiones”. A eso se le suma, apunta la experta, la gran capacidad de generación de energía fotovoltaica, gracias especialmente a la alta radiación solar en el norte y también de energía eólica por los fuertes vientos del sur de Chile.
La importancia de la planificación
El país sudamericano se comprometió al desafío de la carbono neutralidad para el año 2050 con una transición energética que debe considerar la accesibilidad, seguridad y sustentabilidad del suministro energético, recuerda Castro. “Chile centró su política energética como parte de su estrategia de desarrollo. Es una visión a largo plazo que trasciende los Gobiernos de turno. En este sentido, contamos con una hoja de ruta que define ejes estructurales que vamos actualizando de forma participativa conforme avanzan los años”, señala.
En esta misma línea, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Andrés Camacho, destaca que hay dos elementos clave para el proceso de transición energética justa que está desarrollando su país: que sea una apuesta de todas las áreas del Gobierno —no sólo de las de energía— y que haya una respuesta favorable por parte de la sociedad. “Buscamos reducir el extractivismo, desarrollando otros sectores de la economía, como el campo, la industria y el turismo. La idea es garantizar fuentes de ingreso que sustituyan las del petróleo, gas y carbón”, detalla a América Futura el funcionario.
Incluso, recuerda que Colombia tomó la decisión de no conceder más contratos de exploración de petróleo ni hidrocarburos y, así, no aumentar más la frontera extractiva. Además, están llevando adelante un proyecto de comunidades energéticas: “Estamos en pleno desarrollo de más de 5000 comunidades energéticas en todo el país que tienen el propósito democratizar la energía. Tenemos agua, sol y viento para aprovechar. Como continente podríamos transformarnos en potencia energética, complementándonos con los países que tienen minerales, que nos daría un buen margen de competitividad en la disputa geopolítica que el mundo está recorriendo”.
En el caso de Costa Rica, “lo que más se explota es la energía hidroeléctrica que ocupa más del 70% de la matriz”, explica Federico Varela, Gerente General de HiPower, empresa costarricense líder en energía solar. ”Lo que sucede es que cuando se tiene tan alta dependencia de un tipo de energía, la planificación de la demanda es crucial. En 2023, al extenderse el fenómeno de El Niño los embalses se vaciaron, provocando que se tuviera que importar energía de otros países . Ante esto, la energía solar y eólica deberían ser alternativas a la hidroeléctrica”, sostiene. Sin embargo, la política pública actual en Costa Rica no fomenta la adopción de este tipo de energía, lo que viene con aumentos en la tarifa.
¿Y qué pasa con Argentina? Martín Dapelo, especialista en energías renovables y fundador de la empresa On Networking, afirma que, con el nuevo Gobierno de Javier Milei y los cambios que está llevando, “se quitaron beneficios a las renovables y se les mantiene a los hidrocarburos”. En ese sentido, menciona el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, que “derogó los beneficios fiscales en materia energética que tenía la generación distribuida”, aquella que permite que cada usuario de la red eléctrica pueda generar su propia energía a partir de fuentes renovables y pueda inyectar los excedentes al sistema energético tradicional. Mientras, los hidrocarburos aún tienen subsidios.
Los retos de América Latina
Los especialistas coinciden en que Latinoamérica necesita saldar ciertas asperezas para unirse en pos de una alianza regional que facilite y dé fortaleza a esta clase de políticas. “Los desafíos que impone la emergencia climática, los conflictos geopolíticos, la era post pandemia, entre otros, necesitan del liderazgo de personas que sirvan de guía para construir en conjunto una casa común mejor para todos”, asegura Crichton, de WEC Chile.
En el mismo sentido, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, dice que en la región hay muchísimo que hacer en materia de investigaciones propias y desarrollo de la ciencia, sin dejar de mirar a los pueblos originarios que “viven de manera diferente en su relación con los ecosistemas”. “Debemos ganar fortaleza para no perder el foco frente a los vaivenes políticos”, sostiene Urquiza. “Para avanzar en estas áreas, necesitamos que las inversiones sean mayores, crear institucionalidad que permita generar una articulación adecuada entre la evidencia científica, el diálogo con los territorios y las decisiones de largo plazo”. ¿Estará Latinoamérica a la altura de poder realizar una transición soberana a largo plazo, poniendo foco en las fortalezas de la región?
Cómo acelerar la transición energética
Los especialistas consultados por América Futura coinciden en una serie de pasos en los que cada país debe trabajar para acelerar la transición:
1. Focalizar en medidas de eficiencia energética e invertir en renovables.
2. A nivel macro, facilitar las inversiones en tecnologías de energía renovable pero también en infraestructura, como líneas de transmisión y distribución, sistemas de almacenamiento.
3. Adecuar normativas, legislaciones y reorientar progresivamente los subsidios energéticos que benefician a los combustibles fósiles hacia las energía limpias.
4. Desarrollar alianzas sólidas a nivel latinoamericano para crear cadenas de valor regionales en torno a las energías renovables, la movilidad eléctrica, transporte público como, por ejemplo, líneas de ferrocarriles rápidos.
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Reportaje A Fondo
El voto de castigo disminuirá en las elecciones presidenciales de América Latina de 2024
Redacción América, (EFE).- Las seis elecciones presidenciales que habrá en América Latina durante este año mostrarán una desaceleración del voto de castigo que han experimentado gobernantes y partidos oficialistas de la región en los últimos cuatro años, según proyectan los sondeos demoscópicos y opinan de los expertos.
En los próximos doce meses se celebrarán comicios presidenciales en El Salvador (febrero), Panamá (mayo), República Dominicana (primera vuelta en mayo y segunda vuelta en junio), México (junio), Uruguay (primera vuelta en octubre y segunda vuelta en noviembre) y finalmente Venezuela (previstas tentativamente para diciembre), el único de los seis países donde las presidenciales no estarán acompañadas de legislativas.
Este súper ciclo electoral comenzó en 2021 y abarca a los diecisiete países de América Latina -todos, excepto Bolivia- donde han tenido o tendrá lugar elecciones presidenciales, legislativas, regionales y locales para renovar las autoridades políticas.
Las elecciones celebradas a lo largo del pasado año han puesto de manifiesto que cuando son convocados a las urnas, los ciudadanos se decantan por opciones que representan una alternativa a la opción política que ostenta el poder, como ha sucedido en Guatemala con el inesperado triunfo del candidato del Movimiento Semilla, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
De hecho, «de las últimas diecinueve elecciones, en diecisiete perdió el partido que estaba en el Gobierno, salvo el caso de Paraguay -con el triunfo de Santiago Peña, del oficialista Partido Colorado- y salvo la farsa electoral en Nicaragua», opina en declaraciones a EFE Daniel Zovatto, hasta hace dos días director regional de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).
Lo que está sucediendo “es que todos los que están en el poder son castigados, porque la gente está descontenta», como ha ocurrido en Argentina, «donde perdió el oficialismo y ganó la oposición”, señala a EFE Patricio Navia, profesor titular de Estudios Liberales de la Universidad de Nueva York.
Menos voto de castigo
«Vamos a ver una región más multicolor, más heterogénea, más diversa, sin una ola rosa ni una ola conservadora o de centroderecha, sino con una mayor diversidad de Gobiernos», considera Zovatto.
«Habrá reelección en El Salvador, voto de castigo en Panamá (contra la socialdemocracia, actualmente en el poder) y posiblemente (Luis) Abinader pueda quedarse con la presidencia en República Dominicana, si es que no se le complica», apunta este politólogo y jurista argentino.
En el segundo semestre del año, las elecciones de Uruguay son «una moneda que está en el aire, mientras que en Venezuela no está claro qué tipo de elección va a haber, si con garantías (democraticas) o sin ellas», apostilla.
Según los expertos, la desaceleración de la alternancia en el poder y el castigo a los oficialismos tiene más que ver con las condiciones particulares de los procesos electorales de 2024 que porque esta tendencia vaya a desaparecer del panorama político de América Latina.