Nacionales
Bienes de red acusada lavado superan los RD$1,000 millones
El MP solicitó prisión preventiva en contra de 16 extranjeros y un dominicano
Santo Domingo. Los bienes decomisados a una banda desmantelada por el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) con ayuda de la Procuraduría General de la República superan los mil millones de pesos, sumando otras propiedades incautadas en el día de ayer.
Esto hace pensar que es la más poderosa organización criminal desmantelada en el área del Caribe en los últimos 15 años.
«La banda de Figueroa Agosto es más pequeña que ésta, a la de Figueroa no se le decomisaron los bienes que a ésta», dijo un oficial que participó en los allanamientos practicados en Santiago.
Este grupo, que operaba a sus anchas en la República Dominicana desde hacía más de un año, exportó dinero por valor de más de US$70 millones en este año y los carros de lujo decomisados superan a los de Figueroa Agosto.
Mientras que la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República solicitó ayer la imposición de prisión preventiva en contra de catorce colombianos, un venezolano y un dominicano, acusados de formar parte de una red dedicada al lavado de millones de dólares.
La petición fue formulada por el director de la entidad, Germán Miranda Villalona, en una instancia depositada en la Jurisdicción de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Los imputados son los alegados cabecillas de la red: el venezolano Ángel María Buitrago Vacca y su hermano Santiago Castro Sánchez o Huber Buitrago Ruiz, que presuntamente operaban en Santiago.
Asimismo, los colombianos Diego María Guzmán Arango, Ginaliz Quintero Flores (La Gorda), Pedro Julio Cárdenas (El Constructor), Marcos Tulio Rivas Sánchez, Clara Maritza Jaime Romero, Mónica Carolina Jaime Romero, César Braudilio Escalante Lizarazo, Ana Milena Alfonso, Jaime Alberto Delgado Muñoz, Wilhen Bonilla Delgado, Warner Muñoz Ruiz Bernard, Ronald Jessie Mora Buitrago, Jonathan Areña Peña y Javier Carrillo, éste último venezolano. También el dominicano Pedro de Jesús.
Miranda Villalona dijo que de los detenidos, ocho personas fueron liberadas y se solicitó medidas de coerción en contra de 17.
En cuanto a los liberados, dijo que no tienen ningún tipo de implicación en el hecho. El representante del Ministerio Público dijo que los bienes que se le ocuparon superan el millón de dólares.
Explicó que el grupo viajaba con permisos turísticos. Cuando entraban el país se iban con maletas llenas de dólares.
«El mecanismo es que ellos venían, compraban maletas en Panamá, las preparaban con doble fondo especial, que no las detectaban los rayos X, las traían en paquetes y aquí las empaquetaban y las llenaban de dinero».
Precisa que llevaban en compartimientos secretos más de US$300,000 en cada maleta. «Desde el 2009 o 2010, hasta la fecha, hay una secuencia de viajes, la mayoría de ellos tienen cinco, seis, siete, ocho, diez y doce viajes en diferentes períodos».
Califican de extraño excluyeran DNCD y PN de caso
Ha llamado la atención que durante la operación llevada a cabo por el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Procuraduría General de la República, en la cual ambas instituciones desmantelaron la más grande red de lavado de dinero procedente del narcotráfico, no les hayan dado participación ni a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ni a la Policía Nacional.
La DNCD es la institución llamada por ley a combatir el narcotráfico y la Policía el cuerpo por excelencia a darle seguimiento a este tipo de casos.
La red compuesta por colombianos, venezolanos y dominicanos es más grande que la dirigida por David Figueroa Agosto, partiendo por el volumen de las operaciones que hacían ambas organizaciones criminales.
Según los datos revelados por el DNI en rueda de prensa, la banda desmantelada ayer movía US$12 millones al mes.
Diario Libre
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.