Opinión
Biografía del testaferrato
Por Andrés L. Mateo
El rentismo y el clientelismo nacieron con la fundación de la república. Son prácticas históricamente reiteradas en la sociedad dominicana. Pero mientras el ejercicio clientelar usa los recursos del Estado para obtener beneficios políticos, el rentismo se atiene a las características más resaltantes de la inversión capitalista, cuya naturaleza es la reproducción rápida de lo invertido. Rentismo y clientelismo son afines a todos los partidos políticos que han gobernado en la era pos Trujillo.
El clientelismo propicia la inmovilidad social y almacena favores con fondos públicos (Margarita Cedeño con dos gruesas lágrimas, mientras entrega medicina comprada con dinero de todos a un niño con cáncer), que serán luego capital político; en el rentismo no hay idealismo posible porque es una transacción en la que un empresario invierte en un candidato con probabilidades de triunfo, para luego obtener contratos y otros privilegios de carácter comercial. Muchas de las fortunas tradicionales dominicanas florecieron al amparo del poder tutelar de una figura política, cuya financiación esos capitales apoyaron. Santana era él y sus compadres finqueros, Báez no se puede desligar de la industria maderera, Jiménez se expandía favoreciendo a sus amigos comerciantes, y a los gobiernos de Ulises Heureaux se vinculan ilustres prosapias del parnaso empresarial actual.
El rentismo y el clientelismo son formas de corrupción; pero lo que hemos vivido a partir de los gobiernos del presidente Leonel Fernández es el fenómeno de la hipercorrupción. La hipercorrupción es una práctica típica del leonelismo, y se evidencia en los montos de la acumulación originaria, en los niveles de reinversión del capital proveniente de la corrupción. Puede hacer brotar fortunas insólitas en sociedades que tienen un PIB muy modesto, dejando boquiabiertos al mundo. Es una maquinaria indolente de exacción del Estado. Se trata de un salto cualitativo de la concepción patrimonial del Estado. Para que la hipercorrupción opere es necesario, además, transformar la naturaleza política de un partido en el poder, y convertirla en ariete económico. Únicamente la expoliación del Estado sin ningún miramiento puede conducir a la formación de fortunas tan exageradas en poco tiempo. Y es imprescindible para ello, también, por el altísimo volumen de capital acumulado, la aparición del fenómeno del testaferrato.
Una lectura de las 412 páginas del expediente del Procurador General de la República contra el senador Félix Bautista, hace mención en por lo menos cuarenta veces de la figura del testaferro. El testaferro viene a ser un significante fundamental de todo el entramado de corrupción erigido. Un testaferro alquila o empeña su identidad, presta su nombre y sustituye al mandante. En términos simples, el testaferro permite encubrir al corrupto y facilita evadir el delito. Dado el hecho de que la hipercorrupción genera fortunas descomunales que no pueden ser justificadas, el testaferrato brota de manera natural. En “Bahía de las Águilas” un poco más del cincuenta por ciento de los “adquirientes” son testaferros, los apartamentos que repartió el INVI en la avenida Luperón eluden nombrar los verdaderos beneficiarios designando testaferros.
En las obras de construcción del Metro los dueños de muchas de las empresas que venden bienes y servicios son testaferros. Las concesiones y contratos muchas veces se escamotean con testaferros. Y no hay como las empresas de construcción cuyas personerías en esta labor de enmascaramiento, dada la cantidad de dinero que se maneja, alcanza variadas triquiñuelas jurídicas. La hipercorrupción en acto germina muy variadas maneras de aparición del testaferro. Como fenómeno, en cualquier sociedad que se presente, se hermana de inmediato con el testaferrato.
El caso es que la hipercorrupción practicada en el país en los últimos diez años ha generado la proliferación del testaferrato. Y aunque el daño económico alcanza cifras astronómicas contra el país, el perjuicio moral en la sociedad no se puede expresar en ningún valor material.
El pensamiento se hace de las cosas miradas-decía un pensador-; basta mirar a nuestro alrededor para intuir que el testaferrato convive de manera natural con nosotros, y es por eso que aparece como la figura predominante en el sometimiento del Procurador. Tanto es así, que si a los testaferros los obligaran a llevar máscaras, este país fuera un baile de disfraces.
Por Isaias Ramos
Una carta de un grupo de obispos católicos brasileños al Pueblo de Dios, fechada el 22 de octubre de 2026, nos devuelve una pregunta urgente: ¿cómo debe responder quien tiene autoridad cuando defender sus principios exige incomodar al poder?
Sus firmantes vincularon el discernimiento ciudadano con la democracia, los derechos laborales, los pobres y la Casa Común. Fue una intervención de esos obispos, no de todo el episcopado. Podemos discutir sus valoraciones políticas y reconocer el valor de asumir públicamente un deber mientras todavía existe oportunidad de prevenir.
Nuestra historia ofrece un antecedente. En enero de 1960, los obispos dominicanos reclamaron respeto a la dignidad humana ante la represión trujillista. Su carta pastoral provocó la hostilidad del régimen contra sus firmantes. Guardando las diferencias históricas, aquel episodio recuerda que la autoridad moral se prueba cuando defender principios tiene un costo.
La responsabilidad de advertir no termina donde comienza la afinidad política. Una institución debe aplicar a sus aliados el criterio que exige a sus adversarios. La confianza se debilita cuando una misma conducta recibe condena o indulgencia según quién la cometa.
Ese examen alcanza a nuestro país. ¿Qué han hecho las autoridades, las instituciones públicas y privadas, los medios, las empresas y las organizaciones sociales y religiosas para corregir las prácticas que deterioran nuestra convivencia? ¿Qué han premiado, tolerado o normalizado?
Cuando la cercanía al poder sustituye al mérito y los indicios de irregularidad se ignoran por conveniencia, enseñamos que cumplir las reglas importa menos que conocer a quien puede dispensarnos de ellas. El daño llega también a quien empieza a preguntarse si actuar honestamente todavía tiene sentido.
La madre que espera atención médica, el trabajador que cumple sus obligaciones y el joven que busca su primer empleo necesitan algo más que exhortaciones a sacrificarse. Necesitan atención sin contactos, oportunidades sin deber favores y reglas que no los dejen atrás por cumplirlas. La igualdad debe sentirse en el trato que reciben.
En esas experiencias reconocemos dimensiones de la crisis material, moral y espiritual que denunciamos. Debemos examinar las decisiones y omisiones de quienes han dirigido la nación durante las últimas décadas y los intereses que las han sostenido. Las responsabilidades deben establecerse con hechos, según la autoridad ejercida y la capacidad real de intervenir.
Una denuncia no equivale a una condena: corresponde a la instancia competente evaluarla conforme a la ley. Cuando se comprueba una irregularidad, debe explicarse qué cambiará, quién lo hará y en qué plazo. La información pública debe respetar las reservas legales y los derechos de las personas.
Ese compromiso alcanza a todos los sectores. Las empresas deben corregir incumplimientos; los medios, investigar sin favoritismos y rectificar de forma visible; las organizaciones religiosas y sociales, sostener sus criterios cuando aplicarlos incomoda a personas cercanas.
Como ciudadanos, podemos contrastar promesas con resultados y rechazar el privilegio que nos beneficia. No podemos exigir una fila justa mientras buscamos a alguien que nos permita saltarla. Nadie necesita esperar a ocupar un cargo para comenzar.
Ningún cargo, uniforme, investidura o influencia concede una dispensa moral. Desde nuestras convicciones cristianas, sostenemos que respondemos ante Dios por nuestros actos y omisiones. Ante la sociedad, corresponde rendir cuentas y asumir las consecuencias que establezca la ley. Quienes tienen mayor autoridad deben responder por ella, pero ningún ciudadano queda exento de cumplir sus deberes.
El bicentenario de nuestra independencia debe encontrarnos en una sociedad donde el orden proteja derechos, la justicia alcance a todos y las oportunidades no dependan del apellido, la fortuna o la cercanía al poder.
La nación que queremos legar a nuestros hijos comienza en el trato que recibe hoy quien carece de influencia. Se construye en cada decisión pública, en cada institución que conserva su independencia y en nuestra conducta cotidiana. Ahí deben reconocerse los valores que les pedimos defender.
El 2044 comienza hoy.
Por Oscar López Reyes
(Exposición ante el XXX Congreso Hispanoamericano de la Prensa)
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia.- El periodismo contemporáneo humano afronta un lance incisivo con el periodismo algorítmico, por la riña de este último con los códigos deontológicos de la profesión, que enrumba hacia una nueva etapa epistemológica y académica de las ciencias de la comunicación social.
El periodismo humano se esfuerza por la transparencia, la soberanía y el pensamiento crítico, buscando superar la mengua de credibilidad y confianza pública mediática, reducida por los desafueros amparados en la Inteligencia Artificial.
Aunque la IA aporta indiscutibles ventajas técnicas, como la automatización de transcripciones y el análisis de datos multitudinarios, la centralización de los modelos tecnológicos amenaza el pilar democrático de una prensa diversa y conectada con el realismo existencial.
La inteligencia artificial plantea una dualidad y un dilema ético. Concuerda que opere como un puntal técnico y deje el parámetro editorial definitivo y la sensibilidad en manos del periodista humano. Y cambia el periodismo de investigación cuando actúa como un eficaz apoyo funcional para avasallar en el trabajo de campo y el rigor crítico.
Ante el “tsunami” informativo (exceso de noticias rebosantes de ruidos y malicias), urge apelar a la curaduría periodística, separando el trigo de la paja y puntualizando en los ángulos solidarios y comunitarios, sin sesgos algorítmicos. En el arte, la literatura, el derecho y otras disciplinas la curaduría consiste en indagar, filtrar, jerarquizar y cuidar bienes para ser expuestos en público, y en la esfera digital implica testificar y contextualizar volúmenes de datos corpulentos con utilidad adicional y en la veta de la emocionalidad y autenticidades.
Voy a exponer y a clasificar en 7, que denominaré las 7D, los quebrantamientos legales y éticos, y sus formas de contrarrestarlos:
1.- Tergiversación y tejemaneje (deepfakes)
La manipulación y los sesgos informativos se atrincheran en una contienda ética primaria de la era digital, en la cual la IA generativa apalanca como un pedestal primordial, en vista de que está desprovista de entendimiento contextual o moral e inestabiliza el ejercicio periodístico. Textos, audios, videos o imágenes falaces hiperrealistas son diseñados para embaucar a la audiencia o cometer fraudes, como la suplantación de identidades, han interferido en el firmamento global –frecuentemente con eficacia – en decenas de certámenes electorales y suscitado miles de millones en pérdida financieras.
La tergiversación y el tejemaneje informativo por actores políticos o mercenarios digitales -rostros, voces o noticias inventadas- se asientan en tres cimientos: 1) la maquinación malévola de seres humanos, 2) el extractivismo de datos (recolección y monetización ilegal de compañías tecnológicas), y 3) desconfiguración propia de la tecnología.
¿Qué se hace para contenerlos?
Las regulaciones legislativas son la contención, como está siendo demostrado en distintas naciones. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, en vigencia desde el 1 de agosto de 2024, prohíbe la manipulación del comportamiento humano y castiga hasta con 35 millones de euros a las corporaciones que cometan infracciones graves. Y en Estados Unidos, la Ley Take It Down, válida desde el 19 de mayo de 2026, fija sanciones de 53 mil dólares, así como medidas cautelares y compensación al consumidor.
2.- Encubrimiento y exclusión (algoritmo)
Con la meta de jerarquizar en secreto estrategias comerciales o gubernamentales, ciertas plataformas encubren y excluyen o invisibilizan noticias, entidades y personas, a sabiendas de que sus algoritmos destilan maquiavelismos técnicos engorrosos, que fecundan adicciones y dañan la salud mental infantil.
Sin cumplir con el “derecho a la explicación” ni aclaratorias para los receptores, los algoritmos entrenados en el modelo de lenguaje perpetúan y repiten referencias históricas, prejuicios relativos a orígenes de personas, género, edad, raza, estatus socioeconómico y discapacidades que avalan para rechazar contrataciones de servicios o el otorgamiento de créditos, que denota la conculcación de derechos y oportunidades.
Para identificar, bloquear o disminuir mensajes mendaces se acude al “ojo crítico”, poniendo en tela de juicio y evaluando para la detección visual y auditiva, y a las plataformas emergentes, como Fac-Checking, la fuente, el perfil y el contexto.
¿Cómo podar los perjuicios de las corporaciones?
Las recientes leyes aprobadas aseguran su invencibilidad. Fiscales, gobiernos locales y ciudadanos de Estados Unidos están ganando demandas judiciales a las gigantes Meta (Facebook, Instagram), TikTok, YouTube y Snapchat. Un tribunal de México multó a Meta (a pagar 375 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y ocultar información sobre las deficiencias y peligros de sus plataformas, las cuales facilitaban activamente la explotación sexual infantil.
3.- Infracción a privacidad y espionaje
Los códigos de ética periodística estipulan el respeto a la privacidad, como un derecho humano esencial pero, a contrapelo, la comunicación digital y su faceta avanzada, la inteligencia artificial, propagan a los cuatro vientos, sin filtro, informaciones privadas de ciudadanos de todas las estirpes. La intromisión en asuntos particulares se acoge, salvo que sean de interés colectivo, como denuncias sobre corrupción, calamidades, delitos contra la sociedad o actos de merecida exaltación.
Diariamente, medios digitales postean cuestiones personales alimentadas por la IA sin tomar en cuenta pilares éticos insustituibles, como proteger el anonimato, guardar el secreto profesional, preservar el derecho a la libre expresión, la dignidad y el dolor ajeno para lucrarse.
En contraste, menoscaban la credibilidad mediática y la confianza social, petardos como el morbo, los rumores, la obtención de informaciones mediante hackeos o filtraciones, el espionaje informático y grabaciones ocultas y telefónicas, como el software Pegasus.
¿Cómo afrontar la desprotección?
Las instancias judiciales han de seguir sentando precedentes contra las compañías que implementan algoritmos que lesionan y estropean a los usuarios, y que están conminando a las corporaciones electrónicas y computacionales a establecer controles de edad estrictos y sistemas avanzados de supervisión constantes que provocan ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios.
En agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una multa y acuerdo de 400 millones de dólares a Tik Tok, por quebrantar la Ley de Protección de la Privacidad del Menor en Internet, lo que permitió que menores de 13 años crearan cuentas sin el consentimiento de sus padres. Y, cientos de familias y distritos escolares de Estados Unidos imputaron en los tribunales a Meta, TikTok, YouTube y Snapchat por emplear artefacto como el scroll infinito y las notificaciones constantes que provocan ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios.
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Referencias bibliográficas:
1.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid,
España, España, 2017.
2.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
3.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
4.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
5.- Inteligencia Artificial. Guía definitiva desde los orígenes a la IA generativa, Adrián González Sánchez y Laura Sánchez Fernández, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2025.
6.- Liderando la era de la IA generativa: Playbook ejecutivo para convertirse en el líder que impulsa la transformación de su empresa, Adrián González Sánchez, Marcombo, Alpha Editorial, Barcelona, España, 2026.
7. Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/.
8. Noticia de Agencia (Agência Brasil). Agência Brasil. (2026, 6 de febrero). Contenidos falsos creados con IA se triplican entre 2024 y 2025.,.
9. Reportaje periodístico (El Nacional / BBC). Titheradge, N., y Malchevska, O. (2026, 22 de marzo). ¿Por qué ChatGPT aconsejó a una joven rusa suicidarse? El Nacional, p. 7.
10. Artículo de opinión/tecnología (Vía Tecnológica). Díaz, R. (s.f.). La IA no es confiable, y esta es la razón. Vía Tecnológica.
11. Artículo sobre salud (The New York Times / Estudio). Rosenbluth, T. (2025, 29 de octubre). Los consejos de salud de los chatbots de IA suelen ser erróneos, según un estudio.
12. Breve de prensa (Fraude con IA). Agencias. (s.f.). Gana millones por fraude con IA.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación para informar a la Corte Penal Internacional de que esta llevando a cabo una investigación respecto al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado. Este corto plazo asegura que la Corte no padezca de retrasos innecesarios con el cumplimiento de sus funciones.
El Estatuto de Roma prevé que el Estado podrá informar a la Corte Penal Internacional de sus propias investigaciones. Aunque los Estados no están obligados a informar a la Corte de sus propias investigaciones, sería aconsejable que un Estado informará a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.
Una vez que el Estado solicite inhibición de competencia de la CPI de una investigación , el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso..
Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes deberán responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
Aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la Corte Penal Internacional.
Finalmente, El Fiscal podrá solicitar al Estado que se trate que le comunique sobre las actuaciones y solicitar que dichas informaciones sean mantenidas bajo confidencialidad.