Opinión
Bolivia y Chile: la ola transformadora se reactiva en nuestra América
“No hay dudas de que en forma creciente nuestros pueblos no quieren vivir bajo la recolonización neoliberal ni tutelados por partidocracias conservadoras, cual sea su intensidad opresiva; menos aún cuando la “vuelta al pasado” es peor que un simple retroceso.”
El ciclo de rebeldías populares que inició la revolución cubana no se ha cerrado.
El imperialismo estadounidense no ha podido consolidar los resultados de su contraataque feroz a nivel regional. De nuevo comienza a perder terreno
Pudo desplazar temporalmente del poder estatal no pocos procesos de autodeterminación y reformas anti-neoliberales, pero sin lograr vencer la resistencia popular a sus designios y sin poder imponer una gobernabilidad colonizadora estable.
Las diversas modalidades de golpes contra-reformas y contra-revolucionarios, sus variadas fórmulas de retrocesos agravados -todas cargadas de un neoliberalismo más duro, una recolonización más drástica y una alianza público-privada de corte fascistoide y mafioso- han enfrentado altos niveles de impugnación popular; y; en varios casos, han revertido, o están a punto de revertir, la reciente imposiciones imperiales ( México, Argentina, Bolivia y Chile); en otros, la pelea sigue y las protestas se radicalizan en forma recurrente (Honduras, Haití, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia…)
El agresivo acoso contra Venezuela bolivariana y Cuba revolucionaria ha devenido en reiterados fracasos.
Ahora la formidable combinación de avalanchas populares callejeras y “pelas” electorales en Bolivia y en Chile, apuntan hacia un nuevo auge dentro de un largo ciclo de rebeldías populares y hacia una reactivación de su más reciente oleada por la nueva independencia y modelos económicos sociales con justicia social.
· LA IMPOSICIÓN DE UN NEOLIBERALISMO PEOR, Y UNA RECOLONIZACIÓN MÁS DRÁSTICA, AGRAVAN LA CONFRONTACIÓN.
El capitalismo imperialista occidental y sus expresiones locales-dependientes no cuentan con fórmulas ajenas a un neoliberalismo altamente desacreditado, repudiado e impregnado del reforzamiento de un “Destino Manifiesto”, que choca frontalmente con las ansias de autodeterminación de nuestros pueblos.
Pero resulta que a más neoliberalismo, a más conservadurismo (clasista, patriarcal, racista y ecocida…), y a más recolonización, mayor es la tendencia a la ingobernabilidad de los resultados de su rapaz contra-ofensiva y mayor la profundidad de su crisis de decadencia.
Esto ha sido así -incluso en plazos relativamente cortos- en casos donde los errores, las inconsistencias políticas y las fallas ético-morales de los llamados modelos post-neoliberales y/o progresistas, les facilitaron a EEUU, a las derechas y ultraderechas continentales, retrocesos temporales que no tardaron en recrear la indignación popular; tal y como aconteció en Argentina y como acontece ahora en Bolivia y podría producirse en Brasil, Honduras, Paraguay y Ecuador, entre otros casos no necesariamente idénticos.
No hay dudas de que en forma creciente nuestros pueblos no quieren vivir bajo la recolonización neoliberal ni tutelados por partidocracias conservadoras, cual sea su intensidad opresiva; menos aún cuando la “vuelta al pasado” es peor que un simple retroceso.
Es un nivel superior de capitalismo mafioso, de coloniaje, de privatización y saqueo de patrimonio público y recursos naturales; a base de mayor represión con alta dosis neofascista.
Es un conjunto de vieja y nuevas prácticas de corrupción impune, asociaciones delictivas público-privadas que anulan lo que resta de rol social y nacional del Estado, minería destructiva; privatización del agua, del suelo y del subsuelo; mayor crisis ambiental, alta dosis de racismo, homofobia, xenofobia, violencia de género y manipulación de las pandemias (ahora de la COVID 19) como una especie de ajuste global empobrecedor de pueblos. Todo esto no pocas veces acompañado de una religiosidad fundamentalista inducida desde las jerarquías eclesiales conservadoras y los órganos de inteligencia estadounidense.
· EL SIGNIFICADO DE LAS CONTRAPARTIDAS POPULARES EN CHILE Y BOLIVIA.
En Chile la respuesta popular tiene características de “ajuste de cuentas” con la larga oscuridad pinochetista-neoliberal, recientemente recrudecida en su vertiente socioeconómica y cultural por la ultraderecha conservadora; valioso “ajuste de cuentas” desde la indignación popular-nacional acumulada, que apunta hacia una gran transformación constitucional bajo vigilancia y presión extra-institucional del pueblo trabajador y sus diversos movimientos sociales, persistentemente insumisos y movilizados.
En Bolivia asume la condición de un contundente contragolpe de los pueblos originarios y la sociedad excluida y maltratada, que defendieron con garras anti-imperialistas, en calles, campos y urnas… lo heroicamente conquistado.
En ambos casos, cada uno con sus particularidades y distancias, están pendientes grandes y diferenciadas transformaciones institucionales y estructurales, cambios profundos en la formación económico-social, en el sistema político y el poder militar. Pero todo eso está en las calles, gestándose un poder popular paralelo, con capacidad de presionar e influir sobre la representación institucional surgida en las votaciones. Importantes aportes al acervo de la creatividad popular latino-caribeña, en gestación también en otros países de la región.
Es evidente que la radicalidad antiimperialista del pueblo boliviano está por encima de los productos institucionales de estos comicios en cuanto a las tonalidades del nuevo gobierno y a la representación partidista en los organismos del Estado; lo que indudablemente tiene que ver con las características de las fuerzas políticas más influyentes en la competencia electoral propiamente dicha.
En Chile está pendiente ese tema en cuanto a la representación y correlación de fuerzas en las próximas elecciones a la Convención Constituyente, como también respecto a los contenidos de la nueva Constitución. Pero de todas maneras la fuerzas populares desatadas en las rebeliones recientes y la capacidad demostrada para influir ejerciendo democracia de calle, es una señal esperanzadora; aun con los déficits que presenta frente a la capacidad militar y al despliegue de violencia a cargo de las derechas y EEUU.
En ambos casos -y en muchos más- sigue presente el reto de la conformación de las nuevas vanguardias antiimperialistas y anticapitalistas con capacidad de acción integral; esto es, avances pendientes en factores de conducción, articulación y creación de conciencia política alternativa en los movimientos sociales en lucha y en todas las fuerzas potencialmente transformadoras, garantía del salto de lo puramente reformista o reformador a lo consistentemente socialista-revolucionario, que incluye lo político-militar.
Mientras, lo acontecido recientemente, rebasa las fronteras de esos países hermanos, porque además de estimular otros procesos de resistencia e indignación popular, revela que en Nuestra América está nuevamente en tren de convertir en realidad el ideal bolivariano y guevarista de forjar una Patria Grande Liberada del Norte Revuelto y Brutal y su “Destino Manifiesto” bajo el ominoso lema de “América para los gringos”.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!