Opinión
Bolivia y Chile: la ola transformadora se reactiva en nuestra América
“No hay dudas de que en forma creciente nuestros pueblos no quieren vivir bajo la recolonización neoliberal ni tutelados por partidocracias conservadoras, cual sea su intensidad opresiva; menos aún cuando la “vuelta al pasado” es peor que un simple retroceso.”
El ciclo de rebeldías populares que inició la revolución cubana no se ha cerrado.
El imperialismo estadounidense no ha podido consolidar los resultados de su contraataque feroz a nivel regional. De nuevo comienza a perder terreno
Pudo desplazar temporalmente del poder estatal no pocos procesos de autodeterminación y reformas anti-neoliberales, pero sin lograr vencer la resistencia popular a sus designios y sin poder imponer una gobernabilidad colonizadora estable.
Las diversas modalidades de golpes contra-reformas y contra-revolucionarios, sus variadas fórmulas de retrocesos agravados -todas cargadas de un neoliberalismo más duro, una recolonización más drástica y una alianza público-privada de corte fascistoide y mafioso- han enfrentado altos niveles de impugnación popular; y; en varios casos, han revertido, o están a punto de revertir, la reciente imposiciones imperiales ( México, Argentina, Bolivia y Chile); en otros, la pelea sigue y las protestas se radicalizan en forma recurrente (Honduras, Haití, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia…)
El agresivo acoso contra Venezuela bolivariana y Cuba revolucionaria ha devenido en reiterados fracasos.
Ahora la formidable combinación de avalanchas populares callejeras y “pelas” electorales en Bolivia y en Chile, apuntan hacia un nuevo auge dentro de un largo ciclo de rebeldías populares y hacia una reactivación de su más reciente oleada por la nueva independencia y modelos económicos sociales con justicia social.
· LA IMPOSICIÓN DE UN NEOLIBERALISMO PEOR, Y UNA RECOLONIZACIÓN MÁS DRÁSTICA, AGRAVAN LA CONFRONTACIÓN.
El capitalismo imperialista occidental y sus expresiones locales-dependientes no cuentan con fórmulas ajenas a un neoliberalismo altamente desacreditado, repudiado e impregnado del reforzamiento de un “Destino Manifiesto”, que choca frontalmente con las ansias de autodeterminación de nuestros pueblos.
Pero resulta que a más neoliberalismo, a más conservadurismo (clasista, patriarcal, racista y ecocida…), y a más recolonización, mayor es la tendencia a la ingobernabilidad de los resultados de su rapaz contra-ofensiva y mayor la profundidad de su crisis de decadencia.
Esto ha sido así -incluso en plazos relativamente cortos- en casos donde los errores, las inconsistencias políticas y las fallas ético-morales de los llamados modelos post-neoliberales y/o progresistas, les facilitaron a EEUU, a las derechas y ultraderechas continentales, retrocesos temporales que no tardaron en recrear la indignación popular; tal y como aconteció en Argentina y como acontece ahora en Bolivia y podría producirse en Brasil, Honduras, Paraguay y Ecuador, entre otros casos no necesariamente idénticos.
No hay dudas de que en forma creciente nuestros pueblos no quieren vivir bajo la recolonización neoliberal ni tutelados por partidocracias conservadoras, cual sea su intensidad opresiva; menos aún cuando la “vuelta al pasado” es peor que un simple retroceso.
Es un nivel superior de capitalismo mafioso, de coloniaje, de privatización y saqueo de patrimonio público y recursos naturales; a base de mayor represión con alta dosis neofascista.
Es un conjunto de vieja y nuevas prácticas de corrupción impune, asociaciones delictivas público-privadas que anulan lo que resta de rol social y nacional del Estado, minería destructiva; privatización del agua, del suelo y del subsuelo; mayor crisis ambiental, alta dosis de racismo, homofobia, xenofobia, violencia de género y manipulación de las pandemias (ahora de la COVID 19) como una especie de ajuste global empobrecedor de pueblos. Todo esto no pocas veces acompañado de una religiosidad fundamentalista inducida desde las jerarquías eclesiales conservadoras y los órganos de inteligencia estadounidense.
· EL SIGNIFICADO DE LAS CONTRAPARTIDAS POPULARES EN CHILE Y BOLIVIA.
En Chile la respuesta popular tiene características de “ajuste de cuentas” con la larga oscuridad pinochetista-neoliberal, recientemente recrudecida en su vertiente socioeconómica y cultural por la ultraderecha conservadora; valioso “ajuste de cuentas” desde la indignación popular-nacional acumulada, que apunta hacia una gran transformación constitucional bajo vigilancia y presión extra-institucional del pueblo trabajador y sus diversos movimientos sociales, persistentemente insumisos y movilizados.
En Bolivia asume la condición de un contundente contragolpe de los pueblos originarios y la sociedad excluida y maltratada, que defendieron con garras anti-imperialistas, en calles, campos y urnas… lo heroicamente conquistado.
En ambos casos, cada uno con sus particularidades y distancias, están pendientes grandes y diferenciadas transformaciones institucionales y estructurales, cambios profundos en la formación económico-social, en el sistema político y el poder militar. Pero todo eso está en las calles, gestándose un poder popular paralelo, con capacidad de presionar e influir sobre la representación institucional surgida en las votaciones. Importantes aportes al acervo de la creatividad popular latino-caribeña, en gestación también en otros países de la región.
Es evidente que la radicalidad antiimperialista del pueblo boliviano está por encima de los productos institucionales de estos comicios en cuanto a las tonalidades del nuevo gobierno y a la representación partidista en los organismos del Estado; lo que indudablemente tiene que ver con las características de las fuerzas políticas más influyentes en la competencia electoral propiamente dicha.
En Chile está pendiente ese tema en cuanto a la representación y correlación de fuerzas en las próximas elecciones a la Convención Constituyente, como también respecto a los contenidos de la nueva Constitución. Pero de todas maneras la fuerzas populares desatadas en las rebeliones recientes y la capacidad demostrada para influir ejerciendo democracia de calle, es una señal esperanzadora; aun con los déficits que presenta frente a la capacidad militar y al despliegue de violencia a cargo de las derechas y EEUU.
En ambos casos -y en muchos más- sigue presente el reto de la conformación de las nuevas vanguardias antiimperialistas y anticapitalistas con capacidad de acción integral; esto es, avances pendientes en factores de conducción, articulación y creación de conciencia política alternativa en los movimientos sociales en lucha y en todas las fuerzas potencialmente transformadoras, garantía del salto de lo puramente reformista o reformador a lo consistentemente socialista-revolucionario, que incluye lo político-militar.
Mientras, lo acontecido recientemente, rebasa las fronteras de esos países hermanos, porque además de estimular otros procesos de resistencia e indignación popular, revela que en Nuestra América está nuevamente en tren de convertir en realidad el ideal bolivariano y guevarista de forjar una Patria Grande Liberada del Norte Revuelto y Brutal y su “Destino Manifiesto” bajo el ominoso lema de “América para los gringos”.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.